14 promesas de AMLO costarán 800 mil mdp

19 de Abril de 2024

14 promesas de AMLO costarán 800 mil mdp

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Los especialistas financieros se preguntan cómo hará López Obrador para cumplir sus compromisos sin recurrir a la deuda, pues el monto equivale a 15% del presupuesto de 2018

El dinero no es elástico. Financiar los principales programas sociales y proyectos que prometió Andrés Manuel López Obrador costará más de 800 mil millones de pesos; eso sin contar con los gastos fijos del gobierno como servicio de la deuda, salarios de los servidores públicos, pensiones y jubilaciones, y participaciones de los estados, entre otros.

La reingeniería financiera que en este momento realiza el equipo económico de López Obrador deberá considerar además el reembolso de las inversiones realizadas en el cancelado aeropuerto de Texcoco.

Esos recursos, según cálculos hechos por ejecentral, suman 807 mil 445 millones de pesos y corresponden a 14 compromisos confirmados AMLO ya como presidente constitucional.

Ese dinero alcanzaría para construir 425 hospitales regionales de 260 camas del IMSS, como el de Tepotzotlán, estado de México; o bien, equivale a 15.3% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2018 que fue de 5.28 billones de pesos.

Tan sólo para los cinco programas sociales cuantificables, la inversión necesaria es cercana a los 317 mil millones de pesos.

El mayor gasto será la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, con alrededor de 253 mil 450 millones de pesos, 1.7 veces la inversión del Tren Maya, que requerirá 150 mil millones de pesos.

A esos compromisos hay que sumar el gasto fuerte, el de sueldos y salarios, que según declaraciones de López Obrador para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 será 1.25 billones de pesos.

Además, de los 928 mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones; 725 mil millones del pago del pago de intereses (técnicamente llamado “servicio de la deuda); otros 703 mil millones de las participaciones federales a estados y municipios, y los 36 mil millones de pesos de pagos pendientes de la administración de Enrique Peña Nieto y del mes de sus presidencia. A esto se le conoce como adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)”.

Esos cinco rubros del gasto suman 3.64 billones de pesos, que comparado con el PEF 2018, representa 69 pesos de cada 100 presupuestados.

Matutinas. El presidente López Obrador destina al menos una hora a los diálogos con la prensa. Foto: Cuartoscuro.

“Lo queremos ver”

Además del elevado costo económico que tendrá que cumplir Andrés Manuel, los números podrían no cuadrarle.

Los mercados financieros se preguntan cómo hará para financiar el gran gasto social sin aumentar impuestos, sobre todo porque, a raíz de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, las principales variables económicas cambiaron.

Los ingresos del gobierno federal “van a ser suficientes para cubrir el gasto adicional que contemplan en gasto social e inversión (de infraestructura). Eso es lo que queremos ver”, comentó el director general de análisis de la calificadora HR Ratings, Félix Boni, en entrevista con la cadena de televisión CNN.

La actual administración ha dicho que buscará que sus ingresos presupuestales excedan al gasto (lo que los economistas llaman un superávit primario) equivalente al 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Eso es muy importante porque si están hablando de un punto del PIB como superávit primario, mi pregunta es cómo lo van a conseguir. Sería maravilloso si lo pueden hacer, pero cómo y cuáles serían los ingresos adicionales. No sé si el programa de austeridad” sea suficiente, enfatizó Boni.

Sin embargo, el banco británico de inversión Barclays estima que en 2019 el gasto superará a los ingresos, es decir tendrá un déficit primario equivalente a 1.6% del PIB, lo que detonaría un mayor endeudamiento para financiar ese diferencial y con lo cual las evaluadoras de riesgo crediticio podrían degradar la calificación de México y con ello entrar en un círculo vicioso de la economía por el mayor costo del dinero.

Según el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, estarían rehaciendo el PEF, el cual deberá estar aprobado por el Congreso antes del 15 de diciembre, porque con la cancelación del aeropuerto las variables macroeconómicas cambiaron.

El tipo de cambio pasó de una paridad de 18.80 pesos para el cierre del año a 20.30 pesos por dólar. Además, hay un escenario de mayores tasas de interés, por ejemplo, la tasa del bono a 10 años aumentó a 8.9%, que es uno de los niveles “más altos desde 2009, año en que estalló la crisis financiera global”.

El mercado también espera un incremento de tasas por parte del Banco de México y “podrían aumentar todavía más si las agencias calificadoras reducen la calificación soberana del país”.

En un reporte del 5 de diciembre, Citigroup advirtió que contrario a la canasta de monedas de países emergentes, el peso se depreció y el riesgo país de México, medido por los Credit Default Swaps (CDS), aumentó.

La incertidumbre se reavivó, según Citigroup, por el riesgo de una recesión económica derivada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ante la falta de acuerdos y, en lo local, “pudo deberse a la lectura negativa del proceso de recompra de bonos que respaldan la deuda del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por parte del gobierno mexicano”.

La madre de todas las deudas

El domingo 12 de octubre de 2014, en Jalisco, AMLO dijo que “la determinación de los corruptos salinistas: Enrique Peña Nieto y Pedro Joaquín Coldwell –secretario de Energía del gobierno federal—, de cancelar la construcción de la refinería Tula, Hidalgo, se ‘tirarán’ por la borda 3 mil 500 millones de pesos” de la construcción de la barda perimetral.

Sin embargo, cuatro años y 17 días después, él mismo anunció la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que por el monto de dinero será la “madre de todas las deudas”. Guardando sus debidas proporciones, AMLO tendrá su propio Fobaproa con los pasivos que asumirá con dicho proyecto.

Del estudio de Scotiabank, titulado: “Comenzando con el pie izquierdo: La impensable cancelación de Texcoco” se desprende que el pasivo será de 253 mil 450 millones de pesos. Esto de los seis millones de dólares en bonos colocados en Nueva York; mil 600 millones de dólares a través de la Fibra E emitida en la Bolsa Mexicana de Valores; 1.25 millones de dólares del presupuesto y 100 mil millones de peso de obras hechas y materiales comprados. Que al igual que la barda perimetral de la refinería en Tula “se tirarán por la borda”.

Esos recursos se podrían haber utilizado para amortizar el 4.0% de la deuda interna del gobierno federal, que a septiembre el saldo era de 6.36 billones de pesos.

En los últimos 28 años, sólo tres veces se ha reducido ese pasivo y el más “importante” fue en 1992 con 25 mil 600 millones de pesos, prácticamente una décima parte de lo que será el nuevo pasivo por la obra en Texcoco.

Al gasto por Texcoco habrá que sumar la inversión para todos los estudios reales para construir las dos pistas en la base militar de Santa Lucía y la modernización del actual aeropuerto, la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec, los precios de garantía al sector agrícola, entre otros tantos compromisos del ya presidente en funciones.

Prevención o corrupción

Después del discurso del combate a la corrupción y la austeridad a la que se someterá el gobierno, destaca que desde ahora ya se hayan concretado compra de materiales y servicios para 2019 por un monto ligeramente superior a los cuatro mil millones de pesos, de ellos más de 60 millones de pesos se asignaron por adjudicación directa.

Sobresale el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que en adjudicación directa asignó a la empresa “El mundo es tuyo, SA de CV” para transportación aérea en el primer trimestre por un monto de 2.2 millones de pesos.

Y el mismo Indaabin y también en asignación directa otorgó un contrato de arrendamiento de vehículos a la empresa Jet Van Car Rental, SA de CV. Si bien el monto es mínimo (263,430 pesos), sobresale la empresa que concentra buena parte de las asignaciones en el gobierno federal.

Otro punto que sobresale, porque se contrapone a la palabras de “no habrá compras de vehículos para funcionarios”, es que para eludir las adquisiciones se puede contratar el uso de vehículos a través del arrendamiento o leasing.