El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 sobre seguridad revela y confirma que las políticas públicas en la materia son una farsa, que el tema no es prioritario, que no existe una visión de Estado y que la situación no cambiará en los años inmediatos, por el contrario, existe el riesgo que empeore ante el abandono.
Si se revisa la propuesta de la Secretaría de Hacienda que deberán discutir los legisladores, se descubre que los programas de prevención prácticamente desaparecen, que la inyección a los sistemas de inteligencia y equipamiento disminuyen entre 80 y 60%, y las Fuerzas Armadas, quienes juegan un papel esencial en los temas de seguridad pública tendrán que posponer inversiones y compra de equipo por las reducciones.
En resumen el gobierno federal abdicó ya a sus compromiso de atender de manera integral el tema de la inseguridad y elimina los recursos disponibles que pretendían fortalecer a los estados y municipios en el tema. Es así que el presupuesto redefine las políticas públicas, pero haciéndolo incongruente con el discurso político y las metas que estaban planteadas.
El golpe más contundente y contradictorio lo recibe la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, encargada del Programa Nacional de Prevención del Delito. Le dota de recursos suficientes para no tener que correr a sus funcionarios que despachan en Gobernación, pero le quita todo el dinero que se convertían en acciones específicas en las entidades.
Le quita 97.66% del dinero. Es decir, ni siquiera queda algo para evaluar lo que se hizo en 2014 y 2015, cuando recibió por año 2 mil 500 millones en promedio, para por lo menos saber si funcionó.
El segundo golpe fulminante fue para el Programa Nacional de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, que simplemente desaparece. Tampoco se podrá evaluar si los 10 mil millones que se gastaron en este gobierno sirvieron para algo; si como se planteó en algo reconstruyó el tejido social que ha debilitado la guerra contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad.
Y a ello habrá que sumar la reducción de casi mil millones de pesos que sufre la transferencia de recursos a estados y municipios para temas de seguridad pública, en total 952 millones de pesos.
Sólo estas reducciones serían suficientes para afirmar que habiéndose convertido la Secretaría Gobernación en la institución que diseña e implementa las políticas en materia de seguridad pública, el golpe financiero que sufren todos sus programas derrumba todo avance posible.
Si a esto le sumamos otros recortes estratégicos que influyen directamente en una seguridad efectiva, por ejemplo, Plataforma México sufre una reducción de 68.48%. Y en el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aunque la reducción es sólo de 5% eso le impedirá invertir en equipo. Algo similar sufren las Fuerzas Armadas que ya desde el año pasado padecieron una disminución que frenó parcialmente continuar con el desarrollo de nuevas tecnologías y equipamiento.
Incluso el presupuesto hace creer premisas falsas, como el caso de la inseguridad en Michoacán, porque de acuerdo al documento ya allí no hay problemas, porque al menos para el gobierno federal ya no es necesario una oficina encargada de ello. Esto a pesar que hace poco fue asesinado el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, o que un helicóptero de la Procuraduría de Justicia de la entidad cayó a tierra consecuencia de un ataque de civiles armados o de los secuestros, extorsiones y ataques que han ocurrido en los últimos meses.
Y es que en la propuesta de Hacienda simplemente borró la Comisión para la seguridad y desarrollo integral en el estado de Michoacán, la misma que creó Alfredo Castillo (ahora en la Comisión Nacional del Deporte). Este año le fueron entregados casi 21 millones de pesos, para el próximo no tiene recurso alguno.
Habrá que esperar las discusiones en el Legislativo y revisar los cambios que sufre el resto de las áreas sustanciales en materia de seguridad y justicia, para confirmar plenamente si el Estado abdicó o no.