El viaje del presidente Peña a los EU tiene hoy, más que nunca, un enorme significado. En tiempos en los que la economía permanece persistentemente estancada, el precio del barril del crudo mexicano se desploma, y la salida de capital presiona insistentemente el tipo de cambio, qué conveniente sería lograr la definición de una agenda que mire por la inversión productiva y el mejoramiento de la relación económica con el país que, hasta hoy, es por mucho el mayor socio comercial de México, además de la primera economía del planeta y la única en crecimiento. En el contexto de las elecciones intermedias y los eventos que han mermado la imagen nacional en términos de gobernabilidad y Estado de Derecho, la reunión del Presidente Peña se ha sometido a un escrutinio terriblemente crítico y prejuicioso. ¿Qué valdría la pena considerar? Sin duda alguna que los eventos de Tlatlaya e Iguala representan un reto único y superlativo en términos de legalidad y respeto por los Derechos Humanos en el país. A pesar de que hubiera sido deseable que la reunión entre los Presidentes Peña y Obama se centrara en los temas que más podrían interesar a la economía, sería imposible suponer que la reunión de la que se desprenderá la agenda de ambos países para el resto del año no atienda la problemática de seguridad que nos ha ocupado los últimos meses. Muy a pesar de que los deseos del Gobierno de la República se encaminen a subrayar las ventajas y condiciones idóneas para la ejecución de actividades productivas generadoras de empleo, derivadas de la concreción de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso, primero se deberá atender al tema de la seguridad y preeminencia de la legalidad como condición para lograr la materialización de las anteriores. Hay mucho que decir en torno de la legalidad y el Estado de Derecho en México. Sin disminuir el carácter crítico desde el que se deben apreciar los hechos de finales de septiembre y los que le sucedieron, Iguala no debe impedir apreciar la magnitud del esfuerzo emprendido para modificar el status quo en materia de impartición de justicia y legalidad. Sólo si se valora en su justa dimensión el objetivo del proceso que se ha echado a andar en términos de justicia, podrá anticiparse la posible existencia de la resolución que la ciudadanía exige a gritos, justificadamente. La lentitud con la que ocurre la averiguación y enjuiciamiento de los aparentes asesinatos perpetrados en Guerrero, como en el resto del país, está relacionada con la complicada manera en que los ministerios públicos deben efectuar sus actividades de investigación, obtención y preservación de los elementos de prueba que permitan demostrar, ante un Juez Penal, la consumación de un delito. El cúmulo de formalidades que se deben observar, en la inconveniencia de la falta de recursos y de preparación de aquellos a los que por mandato constitucional les corresponde defender a las víctimas, provocan un cúmulo de horas hombre de trabajo que, ante la dilación y los riesgos que produce una equivocación, acaban por generar, al final del día, la terrible impunidad que nos duele. En los cuestionamientos sobre lo que en México se hace para combatir el delito y la corrupción, el Presidente Peña podrá hablar muy alto sobre la pronta y acertada culminación de un complejo proceso político-jurídico que dio lugar a una reforma constitucional y legal, que mira por la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, oral, acusatorio adversarial, ante órganos de persecución de los delitos más profesionalizados e independientes, con respeto íntegro por los Derechos Humanos, que nunca antes habían existido y que están en franco proceso de preparación. Es verdad que fue en 2008 cuando se concretó la primera reforma constitucional que abría paso a la modificación de nuestro sistema penal; pero no fue sino con la incorporación del sistema penal único a nivel nacional, amén de una iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, que la culminación del proceso de transición, a través de un único Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá llevarse a cabo. México ha adoptado en el texto de su Constitución un compromiso inequívoco a favor de la observancia de los Derechos Humanos, tal y como sean concebidos en los Tratados Internacionales, una obligación superior que salvaguardan los jueces del país y la SCJN en su última instancia, en una posición vigente que, incluso los países más avanzados no se atreverían a adoptar. La nueva Ley de Amparo, en pleno vigor y observancia desde abril de 2013, garantiza el acceso de la pluralidad de mexicanos a los órganos y mecanismos de impartición de justicia del país. Mucho se ha opinado en los medios en torno de cómo debiera haberse actuado alrededor del caso Ayotzinapa; poco se ha dicho, sin embargo, sobre el marco jurídico vigente de conformidad con el cual debieron actuar las autoridades investigadoras, y aquél que permitirá en el futuro mediato resolver cualquier delito que pudiera parecérsele. Falta mucho por hacer, es cierto, pero nadie puede decir que en México, quienes gobiernan están parados. En el entendimiento de los compromisos del Gobierno de la República por hacer valer el Estado de Derecho, mucho habla del Presidente la aceptación de las condiciones políticas que desmembraron al Procurador General de la República de la rama de la Administración Pública Federal dependiente del Ejecutivo, como también el impulso de la reforma constitucional que permitió la aceleración de la transición de nuestro sistema penal. Aspectos de la labor pública que no se deben perder de vista.
Acciones concretas que no se deben perder de vista
