El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable de todos los cargos federales que se le imputan durante su audiencia de proceso abreviado, por lo que fue sentenciado a nueve años de cárcel y 990 días de multa por los delitos de operación de recursos con procedencia ilícita y asociación delictuosa. “En base a los principios de lealtad y legalidad que me rigen acepto mi responsabilidad” , dijo durante la audiencia. A la sentencia dictada por el juez Marco Antonio Fuerte, se le reducirá el tiempo en la cárcel un año 5 meses y 11 días, debido a que se toma en cuenta su detención en Guatemala e inició su proceso de extradición. Los delitos fueron encontrados formales, es decir, que no afectaron a terceras personas y por ello no habrá reparación del daño. Sin embargo, si habrá retención de los que ya fueron incautados por la PGR. Se trata de 21 parcelas en Campeche y 20 edificios entre casas, lotes y departamentos. Con la sentencia, Duarte pierde sus derechos políticos, pero no ha sido inhabilitado para ocupar algún cargo público.
Admite culpa porque era requisito de ley: abogado
La defensa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que encabeza el abogado Ricardo Antonio Sánchez de Retana informó que su cliente optó por la terminación anticipada del proceso en la modalidad de “procedimiento abreviado” por la cual recibió una pena de prisión mínima al asumir la culpa, obligado porque en su caso han influido factores ajenos al derecho y al acceso a justicia. Explicó que el exgobernador de Veracruz aceptó su responsabilidad en los delitos que se le imputan, únicamente porque de acuerdo con la ley en vigor, era un requisito para acceder a dicho procedimiento. En una carta dirigida a la opinión pública, Sánchez Reyes Retana precisó que con la resolución fijada en la audiencia intermedia este miércoles se fijó un máximo de pena que “por ningún motivo” podrá ser aumentada en caso de que se opte por impugnarla. Añade que esperaran los tiempos procesales oportunos para solicitar los beneficios correspondientes de acuerdo con las nuevas normas del sistema penal acusatorio para que en un tiempo mínimo Duarte pudiera recobrar su libertad. Las cuales consideran que una persona puede salir de prisión tras cumplir la mitad de su castigo. El defensor agrega que “no hay medio de prueba alguno dentro de las constancias que integran el expediente penal”, que acredite que algún recurso procedente del gobierno de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de forma ilegal. “Se considera que existen anomalías, sobre todo al obtener por parte de la representación social, criterios de oportunidad de personas que expresamente confesaron haber sido actores materiales en la comisión de los hechos que se imputaron a nuestro cliente y que, a cambio de declarar en su contra, han gozado de su libertad sin haber mediado prueba diversa que corrobore la veracidad de sus declaraciones”, señala la misiva.