También porque no son tomados en cuenta, más que en el Discurso por los otros órdenes de Gobierno, el Federal no se diga, ha llegado incluso a quererles quitar la administración del impuesto predial que les asigna el artículo 115 Constitucional, como potestad exclusiva, a través de un Convenio promovido el año pasado por el Gobierno Federal, para que las entidades federativas, asuman el cobro del predial, y que los “municipios bien portados” han firmado, pero que los más importantes no lo han hecho, ni lo deberían hacer, en virtud de que se está invadiendo, así venga en la Ley de Coordinación Fiscal, la autonomía de las entidades federativas, ya que la relación con los ayuntamiento corresponde a ese ámbito de Gobierno, así como a los Congresos locales.
Las organizaciones de Presidentes Municipales están conscientes de lo anterior, en el seno de la Conferencia Nacional de Municipios de México 9CONAMM), así como en lo individual. Por cierto recientemente en la toma de protesta del Consejo Directivo, con la presencia del Secretario de Gobernación, pude observar como hay alcaldes muy conscientes en temas que tienen que ver con la defensa de las escasas potestades fiscales municipales, particularmente los de las capitales económicas y políticas de varias entidades federativas, como los de Quintana Roo.
No fueron considerados cuando muchas entidades decidieron no cobrar el impuesto a la tenencia, que ahora es estatal, perdiendo el 20 por ciento que recibían del mismo, ni tampoco cuando decidieron subsidiarlo, en algunos haciendo irrelevante el potencial recaudatorio del mismo y por lo tanto la participación municipal.
Menos fueron considerados cuando en 2008 se decide dividir el Fondo de Fomento Municipal, en dos fracciones, una conservándole 15 por ciento del mismo como el Fondo de Fomento Municipal, y el otro 85 para los municipios de las entidades coordinadas en materia de derechos. Esto significó un golpe para las finanzas municipales, ya que si una entidad decide descoordinarse en derechos, sus municipios pierden sin saber por qué. En una medida totalmente regresiva, se modificó un derecho ganado en la coordinación fiscal por las entidades federativas, ya que recibían un punto más de la recaudación participable, cuando se coordinaban en derechos, como todas lo hacían, prácticamente formaba parte ya del Fondo General de Participaciones, que así pasaba del 20 al 21 por ciento. Sin embargo en lugar de mayores incentivos apara la colaboración administrativa, se recurrió a condicionar ese punto a la misma, distribuyéndose en función del esfuerzo en esa materia de cada entidad federativa. En última instancia si se quería hacer eso, tendría que ser con recursos federales “frescos”, esto es adicionales. Por ejemplo es notorio que para el DF o Nuevo León, sería mejor descoordinarse en materia de derechos, sin embargo perderían ese 85 por ciento del Fondo de Fomento Municipal.
Eso y lo de quitarles el predial por la puerta de atrás es regresivo, propio de una economía centralista o unitaria y poco democrática.