El gobierno de la Ciudad de México, la mayor economía del país, pretende cobrar un impuesto adicional al impuesto federal a una parte de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en la entidad, lo cual cuatro cámaras empresariales señalan que además de ser discriminatorio, incentiva el mercado negro de ese tipo de productos que ha alcanza el 36% a nivel nacional.
“La aplicación de una tasa del 4.5% sobre el precio de venta final de las bebidas alcohólicas es una premisa equivocada y discriminatorio, toda vez que el impuesto no está concebido para aplicarse a todas las bebidas alcohólicas”, denunciaron la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), el Consejo Regulador del Tequila (CRT), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) en un desplegado en los diarios.
Ese impuesto está contemplado en la Ley de Ingresos que presentó el Gobierno de la Ciudad de México al Congreso local, el cual tiene hasta el 27 de diciembre para su aprobación.
La iniciativa del ley considera el impuesto a solo una parte de las bebidas alcohólicas (que contengan entre 3% y 55% de alcohol), sin embargo exime del cobro a la cerveza (la bebida alcohólica de mayor consumo en el país) y a todos los productos derivados del aguamiel, como el pulque.
“Dicho impuesto es meramente recaudatorio y de aprobarse, se generaría una alza en el mercado ilegal que ya representa el 36% del total de consumo de bebidas alcohólicas en México, afectando directamente a más de 70,000 familias mexicanas que viven solo de la agroindustria del tequila”, señalaron las organizaciones.
Ese impuesto local se suma al federal (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS) de 10% para los comercializadores y 21% para los productores de bebidas alcohólicas, excepto cerveza. Para los productores de cerveza, como Heineken México (la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma) o Grupo Modelo (propiedad de Anheuser-Busch InBev), entre otros, el IEPS es de 10%. Esto último solo se cobra al productor, el comercializador queda eximido.
Para 2020, el gobierno federal estima que los consumidores pagarán alrededor de 18,900 millones de pesos (unos 980 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy) por IEPS a las bebidas alcohólicas y unos 43,300 millones de pesos (unos 2,250 millones de dólares) por IEPS a cervezas.
Además de los impuestos locales y federales, estos productos también pagan el Impuesto al Valor Agregado de 16%.
Según las organizaciones, con los impuestos, la venta de bebidas alcohólicas apócrifas y las producidas en la informalidad, “crecerán exponencialmente” porque se encarece el producto frente a bebidas que tienen precios más bajos porque no pagan impuestos (ISR, IVA, IEPS), seguridad social, impuesto a la nómina, energía eléctrica de uso comercial o industrial, por la carencia de controles de sanidad, entre otros.
Así, ante un crecimiento exponencial del mercado negro de bebidas alcohólicas, también las arcas de la nación tendrán un impacto negativo por la menor recaudación de impuestos.
El argumento de la Ciudad de México es que el impuesto adicional a la venta es una herramienta “correctiva” para los “comportamientos nocivos” de los consumidores, con lo cual el gobierno se hará llegar recursos para financiar el gasto en salud y educación, entre otros.
Sobre esa herramienta correctiva, las organizaciones empresariales puntualizan que “está comprobado que cualquier incremento en impuestos, no reduce el consumo, sino que propicia y aumenta el comercio ilegal de bebidas alcohólicas”.
Según las organizaciones, están abiertas al diálogo para promover el consumo responsable y el combate frontal contra el comercio ilegal de bebidas alcohólicas.