Los delitos por los que se acusa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, son considerados no graves, por lo que podría enfrentar un proceso penal en libertad, reveló el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
Qué significa, que la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento.
“No es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave. Qué le corresponde al Departamento de Estado norteamericano, procesarlo”, sostuvo el funcionario federal durante su comparecencia en el Senado de la República como parte de la glosa por el Sexto Informe de Gobierno, al ser cuestionado por Emilio Álvarez Icaza.
Informó que han entregado a autoridades estadounidenses al menos 12 solicitudes de extradición en contra de César Duarte.
De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el Gobierno de Chihuahua. Se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición”
Gobierno federal no reconoce una crisis nacional de seguridad: Navarrete
El gobierno federal no puede reconocer, afirmar o suponer que hay una crisis nacional en materia de seguridad y derechos humanos, aunque sí haya problemas y “retos formidables” hacia adelante, afirmó Navarrete Prida.
En respuesta a la primera ronda de preguntas formuladas por los senadores en su comparecencia donde legisladores de todos los partidos le plantearon los problemas en materia de seguridad, el funcionario fue claro.
Suponer que México está en crisis, es menospreciar los esfuerzos de miles de mexicanos, de cientos de organizaciones, de un sistema que ha costado muchos lustros consolidar” en el combate a la inseguridad, afirmó, luego de que los legisladores de todos los partidos le plantearon el problema de las desapariciones forzadas y violaciones a derechos.
Al respecto, en esta primera ronda, el senador sin partido y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Álvarez Icaza, recordó que prevalecen problemas como las desapariciones, los asesinatos y la impunidad en casos como el de los normalistas de Iguala.
En el mismo tenor, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que el informe 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habla de problemas graves en esa materia, además de la violación al derecho de la libertad de expresión.
En respuesta conjunta a estos y otros planteamientos, Navarrete Prida reconoció que preocupan al gobierno la impunidad y los ataques a la libertad de expresión, aunque en este último tema detalló que de 2012 a la fecha, 900 personas se han acogido al Mecanismo de Defensa para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Por lo que toca al sistema de justicia y a la acción de las policías para combatir la inseguridad pública, el secretario de Gobernación recordó que hay indefinición en la materia que se arrastra desde hace varias décadas, sobre cuál es el modelo policial que se debe aplicar en los ámbitos locales.
En todo caso, enfatizó Navarrete Prida, existe una debilidad institucional en la que 25 por ciento de los municipios carecen de policías y de armas, en tanto 50 por ciento de los homicidios violentos ocurren en sólo 57 municipios del país.
Y en lo que toca al sistema de justicia, reconoció que es perfectible y se puede mejorar, si bien ha costado tiempo. Lo importante es mejorar la investigación policiaca, para prevenir la llamada “puerta giratoria”. RB