Estamos viviendo una transformación de fondo en los parámetros de la economía mundial, en el que habrá ganadores y perdedores, dependiendo de la manera en que las diferentes economías nacionales logren procesar los cambios 1- Ajuste prudencial en el gasto público El recorte “preventivo” al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace algunos día es muestra clara de que lo que acontece en el mundo no puede ser ajeno a lo que pasa en el interior del país; si el precio del petróleo ha caído más que drásticamente, si la economía mundial está desacelerando y si los Estados Unidos están concentrando recursos, inversiones y crecimiento, lo que ha revaluado su moneda ante todas las demás, entonces lo prudente es ciertamente prepararse para un muy probable período de “vacas flacas”. Estamos viviendo una transformación de fondo en los parámetros de la economía mundial, en el que habrá ganadores y perdedores, dependiendo de la manera en que las diferentes economías nacionales logren procesar los cambios. Para el país, lo importante ahora es poner a salvo el potencial de crecimiento y desarrollo, que podría ser afectado de prevalecer un enfoque irresponsable en el ejercicio del gasto público. Las bíblicas “vacas gordas” sucedieron en los gobiernos del PAN, que tuvieron a su disposición los mayores volúmenes de producción petrolera, los mejores precios del petróleo que siempre generaron cuantiosos excedentes conforme al precio programado, y disfrutaron de los presupuestos más copeteados en la historia nacional, sin que ello hayan significado algo bueno para el país, que, por ejemplo, impactara en la mejoría del potencial de crecimiento o en la reducción de la pobreza. Los gobiernos panistas derrocharon en gasto corriente, crearon multiplicidad de plazas (el problema de miles de puestos homólogos y adjuntos que en realidad duplicaron o triplicaron la estructura gubernamental en la alta burocracia) y generaron programas clientelares de transferencia de subsidios que, ya se vio, no redujeron sino incrementaron la pobreza, por hoy del orden de 53 millones de habitantes. Paradójicamente, no obstante esta bonanza, la deuda pública llegó a un nivel sin precedentes, pues en ausencia de reforma fiscal, dejaron crecer el llamado “presupuesto de gastos fiscales” en el orden de los 500 mil millones de pesos anuales, que se financia, precisamente, con deuda pública. El gobierno de Calderón hizo otras dos cosas terribles: inexplicablemente, la deuda pública nominada en dólares creció de 47 mil millones de dólares como se la dejo Fox, a 130 mil millones al cierre de 2012, en tanto que la deuda interna la pasó de 1.8 billones de pesos a casi 4 billones en su sexenio. La otra cosa que hizo, ante los elevados precios del petróleo y para evadir la obligación de incrementar las participaciones a las entidades federativas por excedentes petroleros, fue que en 2011, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, eliminó el enfoque prudencial e hizo saltar el precio estimado del petróleo, de 65 a 86 dólares el barril, así, sin más, lo que incrementó necesariamente el dinero público en manos de Calderón, que no hizo otra cosa que evaporarlo en más gasto corriente. De esta forma el gobierno de Calderón gastó más sin realizar una reforma fiscal a fondo, dado que tenía disponibilidad de ingresos petroleros como no tuvo ningún otro gobierno. Ahora, al gobierno del PRI le tocará desempeñarse en condiciones muy distintas, pues, como señalara el titular de Hacienda, Luis Videgaray, no se percibe un horizonte de recuperación a los niveles anteriores en los próximos 3 o 4 años, lo que obliga a realizar un ajuste preventivo y controlado antes que seguir gastando alegremente y enfrentar después problemas mayores. Si se quiere que las “vacas flacas” no afecten lo esencial, que es el potencial de crecimiento y ahorro de la economía, entonces se requiere prepararse y controlar el gasto ahí donde se desbordó, que es el gasto corriente. En esta ocasión, será el Gobierno Federal el que realice el esfuerzo de ajuste por 124 mil 300 millones de pesos, que representan 0.7% del PIB o el 2.6% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, dejando de gastar en partidas no esenciales, como son la comunicación social, asesorías y honorarios, pasajes y viáticos así como en aquellos rubros de inversión que es posible diferir en tanto mejoran las condiciones prevalecientes. 2- Reacción de los mercados Los mercados reaccionaron dualmente ante el ajuste. En el exterior, se mira bien la medida prudencial mexicana, pues habría sido preocupante que el gobierno mexicano no diera señal alguna de reaccionar controladamente ante la reducción de sus ingresos petroleros. En el interior, no obstante, la primera reacción ha sido un minipánico o minidecepción, si se le quiere mirar así, por lo que sicológicamente significa un recorte, esto es, menor disponibilidad de incentivos en la economía. La Bolsa Mexicana de Valores continuó estancada, y el tipo de cambio se disparó hacia los 15 pesos por dólar, señales ambas de que el mercado nacional aún no asimila las medidas. Por lo pronto, los distintos agentes económicos han realizado también ajustes en sus previsiones. La tasa de crecimiento esperado para 2015 se ha ido hacia el 3.2%, en tanto que la inflación, ante la contracción de la demanda, se estima estará también en ese orden del 3.2%; la paridad peso-dólar se considera en torno a los 14 pesos en promedio durante el año, lo que estaría previendo una recuperación importante del tipo de cambio, todo ello según la Encuesta de Expectativas del Banco de México, institución que, por lo demás, considera indispensable y necesario el ajuste preventivo que ha realizado el gobierno mexicano en estos momentos. 3- Reforma del Gasto Público Por ello quizá la noticia de más fondo que diera la Secretaría de Hacienda, que ha sido leída en los mercados, es que si bien hay prevenciones suficientes para este año, el 2016 tendrá necesariamente condiciones diferentes, de menor disponibilidad de ingresos públicos dado que las coberturas petroleras no estarán disponibles como lo están ahora, con un precio estimado del petróleo quizá alrededor de los 50 dólares para la mezcla mexicana, lo que llevaría a considerar un redimensionamiento del gasto y la estructura gubernamental. El Secretario Videgaray dijo que desde ahora habremos de prepararnos para planear el gasto de una manera diferente, no inercial como tradicionalmente se ha hecho (que mantiene prácticamente todos los programas y les agrega un porcentaje de incremento para el siguiente ciclo). La nueva forma de planear el presupuesto será en base cero, esto es, partiendo de evaluar cada programa en su utilidad, funcionalidad y eficiencia, para después medir sus resultados y, en función de ello asignarle presupuesto (reducirlo, desaparecerlo o darle más recursos dependerá de su utilidad y desempeño). Conforme a esta hipótesis, un gran segmento del gasto público pudiera racionalizarse (quizá entre 15 y 20 por ciento), pasando del presupuesto por programas que se implementó en 1979 con la reforma administrativa de López Portillo, a un presupuesto por desempeño, que lo haría más ágil, eficiente y útil a un menor costo. Se trataría de una gran reforma que pudiera ir acompañada, de una reingeniería burocrática para eliminar la duplicidad en las estructuras de gobierno que introdujeron las administraciones panistas, desde los “head hunters” gerenciales de la era de Fox, hasta el auge de la “burocracia dorada” que metiera Calderón para hacer de la administración pública un gran botín. 4- Combate a la corrupción A la par del ajuste presupuestal, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, decidió reactivar a la Secretaría de la Función Pública para arrancar la estrategia anticorrupción que por distintas razones se ha entrampado en el Congreso. Es cosa de recordar que intentando darle prioridad al tema, el entonces Presidente Electo Peña Nieto envió al Senado una iniciativa para crear un órgano autónomo que de haber sido aprobado, se llamaría Comisión Nacional Anticorrupción. Dos años después, los distintos partidos políticos no han logrado aún ponerse de acuerdo, y en este momento, tras la reforma política que creó con autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, en cuyo seno está considerada una Fiscalía Anticorrupción, en la Cámara de Diputados se discute una reforma que incorpora la nueva fiscalía anticorrupción, fortalece la Auditoría Superior de la Federación, crea un Tribunal de Rendición de Cuentas transformando el actual Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa y, por supuesto, busca refuncionalizar la Secretaría de la Función Pública como contraloría interna y, ahora considerando la reactivación presidencial, con importantes tareas preventivas. El Presidente de la República instruyó al nuevo titular de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, a transparentar, investigar y resolver los supuestos de conflicto de interés en que pudieran haber incurrido él o algún integrante del Gabinete que han sido señalados por la opinión pública, buscando corregir ese déficit de opinión en que alguna opacidad le hubiere colocado, al tiempo que instruyó una serie de medidas orientadas a combatir desvíos en tanto el Congreso logra acodar el Sistema Nacional de Integridad Pública en construcción legislativa, tomando en consideración diversas medidas recomendadas por la OCDE conforme a las mejores prácticas internacionales. Entre ellas, la instauración, junto con la Declaración Patrimonial obligatoria, de una Declaración de Revelación de Intereses en que los servidores públicos pudieran incurrir; la creación de una Unidad Especializada en Etica y Prevención de Conflictos de Interés; el establecimiento de protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de contrataciones públicas así como la identificación por las dependencias y entidades, de los servidores públicos responsables de éstas, entre las principales medidas inmediatas que habrán de implementarse. Es obvio, el problema mayor es la restauración de la confianza en las medidas institucionales adoptadas para controlar y sancionar en su caso, actos de corrupción y ahora, de posible conflicto de interés. Hacia allá van estas medidas, que buscarán llenar en tanto se aprueba, el vacío creado por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios que ha pospuesto por más de dos años el funcionamiento de una estrategia institucional contra la corrupción y a favor de la integridad pública. 5- Ebrard ante su responsabilidad en la “Línea Dorada” Por otra parte, al presentarse en la Cámara de Diputados las conclusiones del Grupo Especial creado para investigar el problema de la fallida Línea 12 del Metro, construida en el gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, el gran escándalo ha sido el enésimo protagonismo precisamente del ex jefe de Gobierno, quien se dice víctima de un caso politizado para dañar sus aspiraciones personales. En el documento de conclusiones, que Ebrard dice lesiona sus derechos humanos, lo que se documenta es el cúmulo de desviaciones y excesos cometidos en el diseño, construcción, inauguración y puesta en marcha de la proverbial línea dorada del Metro, que aún antes de arrancar presentó deficiencias tales que debió suspenderse para evitar un accidente de maýusculas consecuencias. Las decisiones que malograron este proyecto pensado para el beneficio colectivo fueron asumidas, como ha sido documentado más allá de la duda razonable, directamente por Marcelo Ebrard, el titular de entonces de las finanzas locales, ahora senador Mario Delgado, y el director del Proyecto Metro, entidad creada expresamente por Ebrard para dirigir la obra, en la persona de Enrique Horcasitas, casualmente hermano del vicepresidente del consorcio constructor de Ingenieros Civiles Asociados en conjunción con Grupo Carso y Alsthom, por si quisiera suponerse que hubo algún tráfico de influencias. El costo del proyecto “saltó” de 17 mil millones de pesos originalmente considerados, a más de 45 mil, en donde se incluyen los fondos federales aportados. Ya ni hablar de que se hubieran rentado los carros a la española CAF, en lugar de comprarlos, lo que, sigue diciendo el documento, fue tres veces más caro y a un tipo de cambio de 16.20 cuando el dólar estaba por debajo de los 13 pesos en ese tiempo, o que se optara por utilizar ruedas metálicas en vez de llantas como en la Línea A que construyó la misma ICA y que ha funcionado perfectamente a pesar de que así se había recomendado en el proyecto original. La línea fue inaugurada por Ebrard el 30 de octubre de 2012 en la estación Parque de los Venados, teniendo, por primera vez en un acto público del GDF al presidente Felipe Calderón, buscando ambos servir sus aspiraciones políticas. Hoy, la línea dorada tiene cerradas la mitad de sus estaciones, afectando a 475 mil personas al día que supuestamente debía beneficiar y por cuyos “derechos humanos” el ex jefe de Gobierno del DF parece no inmutarse al buscar desviar su responsabilidad hacia quienes fueron sus subordinados o hacia otras instancias del gobierno federal, como intentó hacer en su comparecencia ante la Comisión Especial del Congreso. El simple contraste entre lo que hizo y lo que dice ahora establece claramente su responsabilidad, por la que debería responder ante la justicia y ante los capitalinos.
Ajuste prudencial en el gasto público
