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Julio Pérez de León

Preocupa a la Comisión de Derechos de Humanos de la Organización de naciones Unidades, al menos, cuatro puntos esenciales de la iniciativa de reforma que concretará la figura de Guardia Nacional en México. Tal y como está en los términos de la propuesta de modificación constitucional propuesto por el Ejecutivo federal “no cumple con los parámetros establecidos por la Corte Interamericana”.

Así lo dijo el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, quien puntualizó los elementos de mayor inquietud para el organismo internacional:

1.- Nada garantiza que no se repitan, como sucedió en el pasado, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

2.- Que la fusión de la Policía Federal con las policías militares evite los esfuerzos de construir a las corporaciones civiles. No queda claro el futuro de la Policía Federal.

3.- El impacto en la investigación del delito y el sistema de justicia pena llegaría a tener la reforma.

4.- La idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad, pues desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, la violencia se ha disparado.

Al participar en la Cámara de Diputados, en las audiencias públicas que este jueves abordan el tema Derechos Humanos y Guardia Nacional, el representante de la ONU instó a los legisladores federales a debatir de manera “pausada y reflexiva” este tema, porque en el dictamen aprobado en comisiones no se garantiza que no habrá violaciones graves a los derechos humanos con la fusión de las fuerzas armadas.

“En lo que muy probablemente será la definición constitucional más relevante que adopte la presente legislatura en materia de seguridad, la ONU reitera la invitación para que se realice de manera pausada y reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales”, señaló.

Sin precisar cifras delictivas o de violación a los derechos humanos registrados en administraciones pasadas, Jarab explicó que “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debería ser excepcional, hace permanente lo que debería ser temporal y amplia indebidamente una labor que debería estar circunscripta a criterios de estricta necesidad”.

Por su parte, María Elena Morera Mitre, de la fundación Causa Común, aseguró que en los “regímenes autoritarios buscan enfrentar la inseguridad mediante doctrinas y capacitaciones militares”, y al igual que gobernadores y presidentes municipales, insistió en el rescate de las policías federal, estatales y municipales del país.

En su ponencia ante diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, la activista social, aseguró que en las instituciones civiles se pueden generar las capacidades de investigación criminal.

En tanto, el consultor en materia de seguridad, Alejandro Hope Pinson, adelantó que la caída en el presupuesto de los fondos participables destinados a las corporaciones policiacas local y federal las debilita en el cumplimiento de sus tareas y recordó que el despliegue de elementos militares no tiene efectos notables en la disminución de la violencia.

Cuestionó a los legisladores sobre la “evidencia empírica en la que basan la idea de que a mayor despliegue militar menor incidencia delictiva y violencia criminal”. Explicó que, que ya existen “las brigadas de las policías militar y naval, que formarían parte de la Guardia Nacional, ya están desplegadas en el territorio y ya realizan labores de seguridad pública” como parte de los operativos en administraciones federales del pasado, y cuyos resultados no son para tomarse en cuenta.

Al cierre de la mesa matutina de las audiencias, públicas, cuando toman la palabra los legisladores, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Tatiana Clouthier, aseguró que es falso que se finja escuchar a la sociedad, y agregó que ella está en contra de la militarización de la corporación.

Destacó que está en favor de que la Guardia Nacional sea encabezada por un mando civil y la temporalidad de la corporación sea de 3 años y no de 5, como está planteada en origen.

Ello que en respuesta al posicionamiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH), Luis González Pérez, quien en su ponencia sentenció que “era una simulación la propuesta presidencial de no militarizar a la Guardia Nacional”.

Clouthier enfática afirmó: “aquí le digo al presidente de los Derechos Humanos, no hay simulación, aquí no hay simulación legislativa y al contrario agradezco lo que usted nos ha puesto en la mesa, porque parte de lo que tenemos el día de hoy, en estas mesas, tiene y obedece al que no queremos simular”.

El ombudsman nacional pidió al Congreso de la Unión que se escuche la voz de las víctimas en el debate sobre la creación de la Guardia Nacional, y rechazó su creación en los términos que indica el dictamen que ya fue aprobado en comisiones.

“Sentimos la ausencia de las víctimas, no solo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino de quienes han sufrido los abusos del poder, que han visto sus derechos humanos vulnerados, no en pocos casos por los miembros de las Fuerzas Armadas”, concluyó. RB

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