Antonio Cuéllar

Desde el principio supimos que se trataba de un negociador, y que sus estrategias empresariales acabarían por convertirse en el sello que él imprimiría en su administración. Encima, también supimos que su nacionalismo no constituía mera retórica, sino que evidenciaba un sentimiento auténtico en contra del cual se tendría que trabajar. En el comienzo de lo que vendrá a ser un nuevo proceso electoral, no existe discurso que pueda tomarnos por sorpresa, las amenazas debieron valorarse …. el único elemento nuevo, quizá, es que, en este caso, de llegar a ejecutarse, sus efectos serían desastrosos.

La advertencia que lanzó apenas la semana pasada, de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas dirigidas a los Estados Unidos si nuestro país no coopera en la solución del grave problema migratorio que enfrenta la frontera norte, no es una mera estrategia de negociación del Presidente Trump; no puede serlo, porque no tiene nada que negociar con México.

Sin dejar de tomar en cuenta su alto significado electoral, el aviso se debe de tomar con mucha seriedad, no sólo por su costoso impacto social y el sentimiento antimexicano que provoca, sino más bien, por su efecto terriblemente negativo en contra de nuestra economía, la que por sí sola, de hecho, ya se viene desacelerando.  Por si fuera poco, es el primer reto de alto calado que enfrenta en el ámbito de la política exterior la administración de López Obrador.

El problema es que, distinguir el fondo del entuerto en medio de un ataque al orgullo nacional siempre resulta complicado. El himno nacional nos lo impone y siempre estamos prestos para aprestar el bridón, y defender nuestro mexicanismo frente a cualquier agravio que provenga del exterior –en especial de nuestro vecino del norte–, un hecho que nos ciega e impide ver con naturalidad el extremo de cualquier reclamo.

La respuesta natural, visceral, ante tan estruendosa afrenta, ya la emprenden los usuarios de las redes sociales, que hacen llamados a no comprar productos ni consumir servicios ofrecidos por empresas estadounidenses; la otra, que se valora incluso a nivel gubernamental, de imponer aranceles a productos estratégicos que se fabriquen en estados en los que el voto para el partido republicano pueda ser sensiblemente importante, ya la publican los periódicos.

La imposición de aranceles podría no encontrarse legitimada desde un punto de vista internacional, ya que entraña una violación a un acuerdo comercial fuera de las causas expresas que lo permiten.  Quizá la medida podría ser impugnable.  Desde un punto de vista económico, lógicamente que la imposición de aranceles a los productos provenientes de México implicará la adición de un costo que los consumidores estadounidenses deberán de acabar pagando.  Imponer aranceles al comercio bilateral es una mala medida, pero políticamente encuentra una justificación.

El desprestigio país que implica el hecho de que el Presidente de los Estados Unidos acuse al gobierno mexicano de no hacer cumplir sus propias leyes en el ámbito migratorio, constituye una grave marca que la administración de López Obrador no debe de querer cargar –falta mucho tiempo antes de que termine el período para el que fue electa y apenas empieza a consolidar las reformas que definirán el rumbo de su “transformación”–.  El calificativo es demoledor si se le asocia con el concepto de “inexistencia de un estado de derecho”, –concepto con el cual convive–, ya que ahuyenta al capital productivo; en este caso, la única fuente de recursos con que el gobierno puede contar para hacer frente a la amplia agenda social sobre la cual construyó la plataforma que lo impulsó a ganar la elección.

Es por eso que, en la posible discusión que se deba tener con el Gobierno de nuestro vecino, el fenómeno de la migración tenga que ocupar el lugar principal que le corresponde, por encima inclusive del comercio bilateral, que aún frente a la importancia del mecanismo de imposición de aranceles, ocupa un lugar secundario en este caso.  Se abre una muy buena ventana para resolver el fenómeno, inclusive tratándose de aquel que concierne a mexicanos en los Estados Unidos, con el beneficio adicional de la enorme oportunidad que se le brinda a México para construir un liderazgo regional en el que ocupe la posición de dirección que lógicamente le corresponde en Centroamérica y el caribe.

Debe de entenderse de una vez por todas que existe una clara armonía entre lo que es el Derecho Humano a buscar vivir mejor y la responsabilidad paralela del Estado de hacer cumplir la ley para generar condiciones, dentro de la legalidad y el orden, para permitir un flujo ordenado de personas.  Es la única forma de garantizar el desarrollo estatal productivo y sustentable, en el que el migrante puede llegar a tener una posición factible.  El respeto por el Derecho Humano a vivir mejor, en el contexto del desorden migratorio, constituye una contradicción o un verdadero sinsentido.

Con la finalidad de crear condiciones de desarrollo para Centroamérica, no hay que hacer otra cosa sino la de emular a muchos otros países que, ahora, nos anteceden en las salas del desarrollo económico, como Corea, Tailandia, Singapur, Polonia o la misma Turquía: generar condiciones de estabilidad democrática, de gobernabilidad de acuerdo con la ley, de paz social y desarrollo de infraestructura útil, que hagan atractiva la inversión privada en la generación de bienes y servicios que demandan mano de obra.

El empleo del discurso político y la retórica de los sociales demócratas con el ánimo de justificar una política migratoria de puertas abiertas, en la mesa del país que ha definido los caminos más certeros para el involucramiento del capital destinado a la producción, constituirían una mala tarjeta de presentación ante un Gobierno nacionalista que, hoy, exige una fórmula bien simple que aquí parece desconocerse o pasarse por alto: orden.

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