El sufrimiento que atraviesa el pueblo de Venezuela, por los estragos de su economía, hace surgir en el corazón de todos los mexicanos un sentimiento de sincera solidaridad. La traición y desfalco del que fue objeto su democracia el domingo pasado, ocasiona una frustración compartida que enardece el sentido de justicia que hermana a todo latinoamericano. La posibilidad de ser víctimas de un contagio que nos lleve a seguir equivalentes derroteros, sin embargo, produce estremecimiento, preocupación y sosiego del que hoy, estoy seguro, muchos están hablando.
Venezuela es presa de los atropellos y abuso de su propio gobierno -de derecha e izquierda-, que ha encontrado en sus enormes recursos petroleros un botín con el que unos cuantos acumularon riquezas exorbitantes de las que gozarán varias generaciones. La mayoría de los venezolanos, desgraciada y lamentablemente, se mantendrá en la pobreza, la desatención, la inmovilidad y el subdesarrollo, como ha venido sucediendo desde hace muchos años, hasta que este destino cambie diametralmente y se ponga fin al asalto del que son presas.
Tomemos nota y subrayemos el hecho de que fue precisamente en ese escenario de desequilibrio económico, que rindió frutos el discurso de la revolución bolivariana que ha llevado a ese país a este enorme desencuentro, que amenaza con su liquidación.
La relevancia estriba en que México, a pesar de enormes diferencias que nos distancian de este querido país sudamericano, y de la consolidación de un sistema democrático-electoral más o menos funcional, se adolece ciertamente de condiciones inequitativas graves que podrían ser discursivamente aprovechadas con propósitos equiparables.
Las administraciones del gobierno de la República de los últimos sexenios han emprendido acciones para atajar la pobreza y combatir condiciones de mercado que habían privilegiado el surgimiento de cotos de riqueza a favor de unos cuantos, como lo fue la existencia y operación de monopolios públicos y privados que dañaron la economía. Ha habido cierto éxito en ese propósito, y la pobreza, que desde luego subsiste y sigue siendo grave, de cualquier modo se encuentra en un nivel inferior al que había ocupado hasta hace algunos años; -y es menester señalar que existen datos duros que lo soportan-. Hay mucho camino por andar todavía, indiscutiblemente, pero el acceso a la educación, a la salud y a la alimentación, a pesar de la gran explosión demográfica que caracteriza al México de nuestra época, es más cercano y hace que los niveles de pobreza extrema hayan disminuido.
Hay otros problemas mayores que son propios de esta época, quizá circunstancias con mayor impacto social que pueden ser sustancia de mucho mayor crítica por parte de una clase media creciente, siempre más analítica y mejor preparada: la inseguridad y la corrupción, causantes de un grave y justificado descontento social.
Se trata, así, de tres elementos que nutrirían perfectamente cualquier movimiento político desestabilizador: el de la pobreza extrema, el de la corrupción y el de la inseguridad, siendo solamente el primero, el de la pobreza, el que nos importa para efectos de la presente reflexión (no encuentro justificación por el que los dos segundos no puedan ser severamente criticados en un Estado auténticamente democrático, por parte de una sociedad claramente civilizada).
Es en la concepción misma de la miseria y su erradicación que puede echar raíces esa retórica peligrosa que afectaría el sano desarrollo del país, ya que constituye un terreno fértil para una semilla esencial de la que florecen movimientos como el que hoy tiene a Venezuela sumido en la desgracia: el rencor y la desavenencia social.
A pesar de la necesidad lógica imperante de impulsar el voto a favor de cualquier gobernante que firme compromisos con ideas serias para combatir la inseguridad y la corrupción, constituye una obligación preeminente la de atajar los efectos inminentes del uso de la falacia como instrumento retórico electoral, porque ese proceso se encuentra en la antesala de un proceso electoral determinante para nuestro país.
El problema práctico más próximo tiene que ver con la manera de impedir el efecto más nocivo del uso indiscriminado e impune del lenguaje político para la fabricación de mentiras, en uno u otro sentido, y la utilización de los programas asistenciales como mercadería electoral por la que se prostituye la democracia y se socava el ejercicio libre y responsable del derecho humano, individual y social, a ejercer el voto como mecanismo para determinar el devenir histórico de nuestro país.
El populismo está fundado en el engaño, en la posibilidad irresponsable para que cualquier candidato que sea parte de los procesos electorales, enarbole ofertas a favor de las clases marginadas que, en una economía funcional, resultan notoriamente insostenibles. La causa original del mal que atraviesa Venezuela, proviene de esa posibilidad impune de engatusar al electorado y ofrecer recursos líquidos de los que no debería de disponer un representante popular.
Hoy, más que nunca, las autoridades que conforman el Estado Mexicano en todos sus órdenes, los medios de comunicación y la sociedad civil profesionalizada, tienen el deber de intervenir, con el objeto de asegurar la entrega puntual de información real a todos los ciudadanos, que les permita tener un conocimiento cierto de las consecuencias de su voto y del futuro de su decisión. Debería de ser un objetivo inaplazable el consistente en erradicar a toda costa, la posibilidad de que el reparto de recursos a través de programas sociales provenga de candidatos de elección popular, o por lo menos de que las ofertas formen parte de la discursiva electoral, porque son equivalentes a la compra del voto y afectan la autonomía del votante.
Así como al CONEVAL, encargado de evaluar el desarrollo y la pobreza, o al INEGI, les fue concedida autonomía constitucional, nada impide pensar que la distribución presupuestal para la asignación de recursos a favor de las clases más necesitadas, mediante programas de asistencia pública probadamente necesarios, quede igualmente encomendado a un órgano que no sea electo por el pueblo.
Advertimos una necesidad apremiante de desasociar el voto y la suerte de los recursos para atender necesidades inmediatas de quienes lo emiten. La demagogia nubla el sano juicio de quien debe decidir la forma en que el país se debe de gobernar. Gobernar no debe ser sinónimo de regalar.