La caravana de migrantes hondureños que atraviesa nuestro territorio en búsqueda de asilo en los Estados Unidos, se convierte en un fenómeno social que alcanza nuevas dimensiones por minuto. A pesar de su aparente sentido humano, el fenómeno no puede aislarse y calificarse como una mera crisis política desatada por la violencia que azota a Honduras y El Salvador. Su relevancia incide ya en el proceso electoral intermedio en los Estados Unidos de América y, sin quererlo, impactará el cambio de administración en México, en la víspera de la ratificación de un tratado comercial de vital relevancia para nuestras exportaciones.
Decenas de miles de centroamericanos, alentados por una dirigencia todavía no bien identificada, han emprendido camino a través de la República Mexicana para alcanzar la frontera con los Estados Unidos. Como era de esperarse, la ilegalidad del propósito y la dimensión de esta nueva diáspora ha desatado la retórica anti inmigrante en la víspera de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, con toda una serie de consecuencias sociales que conservan en el enfrentamiento a su electorado.
Más allá de la lógica reacción solidaria a favor de quienes sufren en su propia cuna la constante vejación a sus derechos humanos, de quienes en la búsqueda de una mejor oportunidad de vida emprenden el camino azaroso de la migración, no podemos dejar de ver el impacto que la falta de contención del movimiento puede traer implícito en perjuicio de nuestra propia política y economía.
Desde hace tres años que el discurso del Presidente Trump ha ido y venido hacia la frontera, con relación a la cual ha hecho palmaria la necesidad de construir un muro, un obstáculo que impida la invasión ilegal de su territorio cuyo costo será absorbido por México.
La caravana viene a producirse en el peor momento posible para México; no solamente encuentra en nuestros país el último territorio de procedencia -desde la perspectiva de grupos de milicianos opositores que la reciben en los Estados Unidos-, sino que además se organiza en la víspera del cambio de gobierno y de la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, del que dependen en buena medida nuestras exportaciones. La caravana deja al descubierto fuertes debilidades imputables al Gobierno Mexicano y su política tolerante a favor de la migración.
Los Presidentes de Guatemala y Honduras ya se han adelantado, y piden con toda razón que se realice una investigación para deslindar responsabilidades con motivo de la organización del fenómeno migratorio irregular que hoy ocupa los titulares. La migración desordenada de hondureños no solamente pone en riesgo la vida de quienes conforman ese grupo, sino también la estabilidad y la seguridad en la región.
México tiene ante sí el reto de desentrañar el objetivo de la marcha, de demostrar unidad en torno de la necesidad de impulsar el Estado de Derecho como único camino para tolerar y proteger cualquier fenómeno migratorio, y de ser solidario con dos pueblos a los que está íntimamente unido: el pueblo centroamericano, invadido por la violencia y la pobreza; y el pueblo estadounidense, afectado por un fenómeno de inmigración incesante que, así como trae a extraordinarios trabajadores, también arroja olas de delincuentes.
Hemos estado las dos últimas semanas sumidos en el entendimiento de un cambio de régimen y, sobre todo, de un nuevo estilo de gobernar. El gobierno del Presidente Peña ha debido enfrentar las consecuencias que derivan de la organización de las consultas para la cancelación del Nuevo Aeropuerto. Afortunadamente, la problemática referente a la caravana de migrantes ha ocupado un lugar preeminente en la agenda del proceso electoral intermedio, pero no ha opacado la relación bilateral entre los Estados Unidos y México.
Cada día se hace más evidente la inminencia con que la nueva administración deberá atender el problema dentro de la legalidad y con sujeción a los compromisos internacionales, porque la seguridad fronteriza ocupa un lugar principal tratándose de la solución de los problemas de violencia que afectan a México.
El Presidente Electo tiene una propensión natural a defender al desvalido y a pronunciarse a favor del pueblo. En este caso, ¿Cuál será el pueblo que ocupará su pensamiento? Con miras a solidarizarse con la caravana, ¿arriesgará el futuro de la relación bilateral entre nuestra Nación y su principal socio comercial?
El apremio obliga a que la nueva administración identifique su postura con relación al fenómeno de la migración masiva; a que adopte políticas que permitan la defensa del territorio nacional, la atención humana a los problemas que auténticamente enfrentan los migrantes, el procesamiento criminal en contra de quienes hubieran alentado un movimiento ilegal de tan graves dimensiones, y el establecimiento de un nuevo orden tratándose de la vigilancia y control del paso transfronterizo -todo con miras a lograr un polo de crecimiento económico ordenado, que brinde bienestar para Centroamérica-.
Sería venenoso y contraproducente hacer un uso faccioso de la retórica para alentar el crecimiento de la migración ilegal, ante el fervor de la retórica electoral estadounidense y la circunstancia práctica de que, hasta hoy, el nuevo compromiso comercial internacional al que está vinculada la producción y nuestro crecimiento, simplemente, no está confirmado.