La idea del corporativismo administrativo a través de una multiplicidad de órganos autónomos, a los que se dotó de un cúmulo de atribuciones que de manera originaria pertenecían al Poder Ejecutivo, con la finalidad de cifrar el destino de algunas áreas estratégicas del gobierno y de la economía en entes de decisión colegiados, por cuya conformación escalonada se logró sacar ventaja de la memoria histórica, ha representado un acierto que ha dado solidez al rumbo del país y serenidad a inversionistas nacionales y extranjeros. La cuarta transformación se anuncia como un parte-aguas que encuentra en la lucha contra la corrupción su principal punto de apoyo. En el ámbito administrativo y en el económico, sin embargo, pareciera enfilar el rumbo en franca reversa, con el riesgo de sepultar los aciertos de una época que, neoliberalista o no, sin lugar a dudas fue claramente beneficiosa para ese movimiento democratizador que hoy permite tener una pluralidad de partidos políticos gobernando a lo largo de todo el territorio nacional. Entre tales aciertos nos encontramos con el origen y destino de los constitucionales autónomos. A través de un ajuste presupuestal poco meditado, se ha vulnerado el desempeño de Banco de México, el INE, el INEGI y el IFETEL, que han presentado al respecto la demanda de Controversia Constitucional que podría conducir a la SCJN a definir cuáles son las amplias o restringidas facultades con que cuenta el Presidente de la República y la Cámara de Diputados para efectuar observaciones y ajustes a los presupuestos que elabora, en su propia esfera soberana, cada uno de esos organismos. Más allá de la valoración banal en torno de si los servidores públicos ganan o no un sueldo desmedido, y dejando a un lado la discusión en torno de si resulta o no conveniente que la SCJN se pronuncie con relación a este problema presupuestal, merece la pena recapacitar en torno de las ventajas que ofrece la conformación colegiada de los órganos administrativos, y sobre la vigencia de la unipersonalidad presidencial, en lo que se supone tendría que ser una preeminencia constitucional superada. La primera decisión de este gobierno cuyos aspectos técnicos exigían una intervención científica y económicamente soportada del Presidente de la República, con la finalidad de evitar descalabros en materia de transporte y de progreso, en el mediano y largo plazo, era la atinente al nuevo aeropuerto. Lo más criticado es que una resolución tan evidentemente trascendente, haya quedado en manos de una sola persona, a partir de una consulta totalmente ilegal. La segunda decisión relevante que ameritaba una estrategia y una dirección apegada a cánones industriales y en materia de seguridad para los que debió consultarse a un grupo de especialistas, fue la de cerrar los ductos para el transporte de combustible como método para acabar con el robo del hidrocarburo. La imprevisión provocó un desabasto de gasolina que perdura, que ha ocasionado no solamente un disgusto injustificado de la población, sino también un daño de consideración a la economía sobre el que poco se escribe. Lo doloroso de la medida es que, nuevamente, la haya tomado una sola persona; --seguramente con información incompleta o incorrecta--. Con relación a la misma problemática, el Presidente ha tomado la decisión, en forma ajena al marco constitucional y de adquisiciones, de llevar a cabo un proceso de compra de pipas en el extranjero, que se dedicarán en forma evidentemente más costosa e ineficiente a transportar la gasolina que hasta ahora se venía entregando por ductos. El gasto, a cargo de la Empresa del Estado o del contribuyente, se debe sumar al quebranto que ocasionó la decisión de cerrar los ductos y al sobrecosto que se agregará por el retroceso en el proceso de transporte. Lo grave, nuevamente, es que la resolución se deba atribuir a la voluntad de una sola persona. La cuarta decisión que se debe sumar a las anteriores, que forma parte de un cúmulo mayor de actos adoptados a lo largo de estos dos meses, que perjudica la marcha de nuestra economía, fue la cancelación de la subasta de largo plazo 2018, para la generación de energía eléctrica, emitida por el Centro Nacional de Control de Energía el jueves pasado. La resolución, a pesar de que se materializa en un descentralizado encargado de la operación del sistema eléctrico nacional, obedece a la voluntad y responsabilidad cierta del Titular del Ejecutivo, de quien depende la integridad de la Administración Pública Federal. Como todos los actos mencionados, se concretarán más a lo largo del tiempo, en este sexenio y en todos los que vengan. Esa dolencia nos mueve a reflexionar sobre la conveniencia de preservar o cambiar un modelo de gobierno que, por el avance de nuestra joven pero bien formada democracia, y por el grado de información y conciencia de la Nación con relación a su futuro, se puede o se debe modernizar. La conducción personalizada del destino nacional es anacrónica. En algunos países con mayor experiencia democrática, la toma de decisiones en el ámbito administrativo se deposita en un Consejo de Estado, compuesto por un número determinado de miembros, que se encargan de la resolución colegiada de los aspectos que atañen a la Administración Pública. Se trata de un órgano ejecutivo electo por la Asamblea, de acuerdo con su propia representación partidaria. Esta circunstancia permite que la suerte de una decisión ejecutiva, se logre a través de un consenso alcanzado entre miembros electos por la ciudadanía, a la que rinden cuentas de su proceder y a favor de la cual asumen las políticas cuya validez científica y económica resulta la más adecuada. Un modelo de administración de este tipo es el que contempla el artículo 174 de la Constitución Helvética. A pesar de que contamos con un Poder Legislativo en el que la voluntad popular se encuentra representada, los desaciertos de políticas administrativas emprendidas por períodos sexenales, cuya falta de continuidad acaba por descarrilarlas, nos demuestra que la unipersonalidad del Poder Ejecutivo y el debate político que genera cada elección, podría estar agotado. Los tres presidentes anteriores al actual, vieron disminuida su esfera de atribuciones para favorecer la consolidación de los constitucionales autónomos y, por consiguiente, nuestra democracia. La cuarta transformación que recién comienza, puede seguir los pasos en retroceso que bien han quedado evidenciados, o puede encontrar en un ánimo de colaboración, otros caminos que aseguren un gobierno honesto, basado además en la experiencia y en la asertividad de sus decisiones.
El anquilosado presidencialismo
