Se acerca la fecha del segundo debate y ante la aparente contundencia de las encuestas, crece el nerviosismo de quienes desean promover un gobierno que mantenga un modelo de país basado en una economía de libre mercado e impulso de la inversión productiva. Muchos mexicanos son los que se resisten a tener un dirigente socialista que pudiera llevar al país por sendas que ya se recorrieron hace cincuenta años.
En la asincronía de las propuestas de campaña, ante la retórica sin sentido de quien supone que con su sola presencia se resolverán los problemas de corrupción e inseguridad en el país, ante la temeridad de la propuesta de llevar la participación ciudadana al terreno del relevo a mano alzada, ¿qué peso debe tener el inicio de vigencia de la nueva Constitución de la CDMX en el ámbito judicial?
La insensatez de cualquier política impuesta desde un poder demagogo y locuaz, puede soportarse socialmente en la medida en la que existan instituciones sólidas que la reciban y contrarresten.
México goza de instituciones sólidas que parecerían estar listas para enfrentar algunos desvaríos del mandato presidencial, como lo son el Banco de México, el Ejército y Fuerzas Armadas, o incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargado de velar por la observancia de la ley y la adecuada utilización del espectro para el ejercicio del puntual derecho a informar. Una pregunta que hoy podemos formularnos tiene que ver con si el Poder Judicial de la Federación es esa institución sólida que está lista para cumplir su función.
¿Se imagina usted cuál sería la sentencia que podría dictarse en contra de las instituciones bancarias o financieras del país en materia de ejecución de garantías, si quien asumiera el papel de Ministro de la Suprema Corte de Justicia fuera el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, fundador del PRD?
El punto al que deseamos llegar tiene que ver con la necesidad imperiosa de mantener intacta la autonomía del Poder Judicial Federal o de los órganos de justicia estatales, como instrumentos de garantía del equilibrio de poder e instituciones de seguridad republicana a través de las cuales se pueda impedir un desmedido uso de la fuerza por parte de cualquiera de los otros poderes constituidos.
La receta que el gobierno chavista aplicó en Venezuela para consolidar el poder que hoy mantiene a Maduro a cargo de la Presidencia de dicho país sudamericano, inició con la toma de los canales de divulgación de la información --como periódicos, radiodifusoras y televisoras--, siguió con el aseguramiento del legislativo, y culminó con el rediseño del aparato de justicia, a fin de que los encargados de ejercerla fueran servidores públicos nombrados a modo de los intereses apegados a su propio comandante.
Se debe evitar a toda costa que cualquier aspirante a ejercer la máxima función de gobernar lleve a sus últimas consecuencias cualquier intención que debilite a las instituciones del país.
Nada se ha dicho realmente sobre los pasos que en la capital se han venido dando con el propósito de imponer en el Judicial local, un modelo que podría desencadenar en la cooptación de sus integrantes por parte de un órgano ciudadano local que politizaría negativamente una labor imprescindible de cuya profesionalidad e independencia parte la adecuada vigencia de la legalidad.
A partir del mes de septiembre próximo iniciará su vigencia la nueva Constitución de la Ciudad de México, en la que fue inserta la figura de un Consejo Judicial Ciudadano, al que le ha sido encomendada la función de designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura local, que a su vez designará a Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Visto este nuevo órgano desde la perspectiva de las campañas electorales, apreciamos con facilidad la abierta posibilidad para que el partido que domine la votación mayoritaria en el Poder Legislativo de la CDMX, tenga la hegemonía suficiente para también decidir la integración del órgano que designaría a aquel otro que nombraría a nuestros jueces. Legisladores y Jueces así, quedarían inmersos en la misma vorágine partidista encargada de ejercer el poder público.
El tema que resulta inquietante gira en torno de la posibilidad de que, quienes hubieran conducido el diseño de la Constitución de la CDMX, puedan tratar de reproducir el modelo a nivel Federal. ¿Se imagina usted quién podría llegar a dominar el proceso partidista para la conformación de un Consejo Judicial Ciudadano a nivel Federal y cuál sería su objetivo tratándose de la designación de los jueces y magistrados en quienes está depositada la función de protegernos a través de sus sentencias?
Ante la fuerza de las imágenes y testimonios que nos llegan de Sudamérica, la preocupación que debemos tener por el aseguramiento de la funcionalidad y solidez de nuestras instituciones se hace mayúscula, en la víspera de un proceso electoral complicado. El Poder Judicial Federal es una de las instituciones que se deben preservar a toda costa.
Como meros espectadores de esta función de relevo gubernamental, no olvidemos jamás que aquello que llegará a suceder, no tiene otra fuente distinta de aquella que brota de la voluntad ciudadana, a través del ejercicio del máximo derecho político que la Constitución nos concede: el voto.