Uno de los factores que da solidez a la economía tiene que ver con la perdurabilidad de la política que el Estado ejerce alrededor de una actividad dada; las resoluciones de la administración y el respeto al esfuerzo que realiza la sociedad y el empresariado para ejecutar un proyecto que se hubiera propuesto.
La idea antigua de que las decisiones las debe de adoptar el soberano ha sido abandonada, y la práctica democrática de delegar funciones estratégicas del Estado a favor de cuerpos colegiados, agencias del Gobierno, cobra mayor fuerza en las sociedades más avanzadas.
A lo largo de las últimas décadas, México ha caminado a través de ese mismo derrotero para transitar del ejercicio hegemónico de la fuerza del Estado, otrora depositada en el Supremo Poder Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, hacia la conformación de una Administración Pública repartida y extendida, en la que aquél hoy convive con idéntica jerarquía constitucional, con una docena de órganos colegiados a los que nuestra Carta Magna concede autonomía técnica y de gestión para la expedición de sus actos, que deben estar siempre alineados a las condiciones que más convienen al país.
Un gran acierto ha existido alrededor de las reformas constitucionales que han permitido la colección de todos estos órganos, que dan solidez y continuidad a las políticas que el Gobierno de México asume en el ámbito del desarrollo económico y explotación de las áreas estratégicas para el progreso del país, esto es, la selección de los integrantes que conforman sus órganos de gobierno siempre recae en personas con solvencia profesional y moral probada, que califica soberanamente el Senado de la República, órgano de representatividad nacional integrante del H. Congreso de la Unión.
A la par que la pulcritud técnica de sus integrantes, otro mecanismo contemplado en la Ley garantiza la preservación de la memoria histórica que la marcha de esas agencias del Estado va ganando a través de sus actividades cotidianas, esto es, el legislador ha tomado siempre la acertada medida de contemplar mecanismos escalonados de nombramiento y remoción de sus miembros, lo que permite que el conocimiento de sus resoluciones se transmita entre generaciones, un medio para asegurar la congruencia de su visión del desarrollo.
Entre los múltiples organismos que hasta hoy habían ofrecido esa seriedad en torno de sus resoluciones y políticas, debe nombrarse a la Comisión Reguladora de Energía, que en unión con la Comisión Nacional de Hidrocarburos cumple un papel vital en el ámbito de la regulación de la energía, un insumo esencial para las actividades productivas de México.
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, a dicha Comisión compete definir, entre otras cosas, lo concerniente al desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural y gas LP; como también la generación de electricidad, la prestación de los servicios públicos de transmisión y distribución de electricidad por parte de la CFE, o de la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público.
Además, entre otras actividades sensibles que la ley delega a favor de la CRE, se halla la concerniente a la autorización de tarifas, o de la metodología que los proveedores de tales servicios deben seguir para establecerlas -un tema que concierne de manera directa a la ciudadanía-.
Una de las muchas notas que en esta pretendida reforma del Estado ocuparon la atención de la opinión pública la semana pasada, tuvo que ver con la distorsión de la que fue objeto la Comisión Reguladora de Energía, por virtud de la descalificación de la segunda ronda de candidatos designados por el Presidente de la República para integrarla.
Tras el descalabro sufrido en la Cámara de Senadores, la designación pasó a ser una decisión unilateral y unipersonal del propio Titular del Ejecutivo, lo que acabó por trastocar todo un régimen constitucional que busca a toda costa el distanciamiento entre la política y el quehacer técnico depositado en dichas agencias del Estado.
Con independencia del resultado y de la evidente ingerencia que a través de personas que le deben lealtad, el Presidente de la República acabará por imponer una agenda en el ámbito de gobierno que la Constitución y las leyes confieren a la Comisión Reguladora de Energía, debe destacarse el grave daño que una política así edificada acabará por ocasionar a nuestro sistema democrático de gobierno y, a la postre, a la economía del país.
La violación al ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución confiere al Senado para designar a los integrantes de la CRE, de la manera en que dicho ejercicio de pretendida colaboración republicana se fraguó la semana pasada, entraña un abierto retroceso a la época en la que la marcha del país residía en la voluntad de una sola persona, el Presidente de la República.
La retrotracción de la política de colegiación de la administración hacia la personalización de las labores de gobierno, vulnera cualquier visión de largo plazo que pudiera ser concebida en un sexenio, y nos somete a la incertidumbre de la efímera periodicidad sexenal, en la que con el carácter urgente que caracteriza el ánimo del ocupante en turno siempre se han venido haciendo las cosas.
El retorno del presidencialismo a través de la visión narcisista del país que a través de cada conferencia por la mañana se viene dibujando, constituye una mala receta para lograr un crecimiento armónico y ordenado de la economía y los alicientes de empleo y bienestar que a través suyo pueden alcanzarse. La apuesta de que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto superarán las previsiones hechas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, así lanzada por el propio Presidente López Obrador, no dejan de ser una buena broma ante la anticipación cada día más evidente de que, su administración, corre a pasos acelerados a convertirse en una auténtica autocracia.