Un gran ejemplo de democracia participativa moderna y efectiva lo aporta la Confederación Helvética al mundo, en donde la consulta a la ciudadanía es un instrumento cotidiano de la política, y un factor indispensable para el entendimiento del sentir popular y para la gestación de una sana convivencia entre el Estado y sus súbditos.
Además de esta figura constitucional suiza, existe otra que en estas épocas nos puede convenir y de la que debemos empezar a tomar ejemplos: la que concierne a la composición colegiada y multifacética de su Consejo Federal, que viene a hacer las veces de un Poder Ejecutivo encomendado a siete personas.
Algunas razones que nos llevan a pensar en la necesidad de voltear a conocer alternativas referentes a una asociación de gobierno, son precisamente las que viene arrojando el proceso electoral del Estado de México, y su inminente repercusión en las elecciones del año entrante.
Tantas opiniones y análisis se inclinan a re-encontrar en esta nueva embestida de Andrés Manuel López Obrador contra los medios informativos, la verdadera faceta del arrebatado aspirante que, de llegar a la presidencia el año entrante, arremetería decididamente contra todo un sistema constitucional de gobierno que, por lo menos formalmente hablando y dejando a un lago el factor humano y la aborrecible corrupción que todo carcome, dibuja un panorama o un diseño de país que podría insertarse en el desarrollo y la competitividad global.
La jornada electoral del próximo domingo trascenderá y definirá los caminos que seguirán el PRI y Morena en sus campañas hacia el 2018. Podremos prescindir ya de la volatilidad de las encuestas y encontrar en el resultado objetivo de la votación popular, el sentimiento auténtico y legítimo de la ciudadanía alrededor de un gran cuestionamiento que provoca zozobra: votar contra el PRI o votar contra el Peje. Mentada elección…por exclusión.
Porque nadie lo puede negar, existe un indiscutible fastidio colectivo contra la figura presidencial y la del partido en el gobierno; un sentimiento que se ha nutrido por una abotagada lista de fechorías, errores o arbitrariedades cometidas a lo largo de todo este nuevo período de recuperación del poder; aunque por otro lado existe también un sentimiento que convive con el anterior, de terrible incertidumbre y pavor, provocado por la personalidad indescifrable del más populista y demagogo candidato de Morena y su desdén por las instituciones jurídicas que definen la marcha del país.
De esta forma, cualquiera que sea el resultado, que se adelanta como una contienda cerrada entre sus dos candidatos --pues los que postularon el PAN y el PRD vienen muy atrás en la carrera--, resulta innegable que quien pierda la carrera por la gubernatura mexiquense deberá comenzar a esbozar estrategias que le permitan competir con mediana capacidad en la carrera por la Presidencia de la República el año entrante.
Ante la inexistencia de una segunda vuelta electoral y ante la prácticamente imposible capacidad del Poder Legislativo para procesar una reforma constitucional --pues sería de ese calado la necesaria para dar cabida a las segundas vueltas en nuestro sistema político--, no queda otro remedio sino el de hacer uso de las figuras que nuestra codificación electoral contempla. Ahí es en donde cobra relieve la figura de la “coalición entre partidos”.
El artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa. La coalición total comprenderá, obligatoriamente, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales. La validez de la coalición se supedita, en los términos de la misma disposición, a la firma y aprobación del convenio de coalición correspondiente.
En la coyuntura que se viene comentando y ante la dimensión de la afrenta política que cualquiera de los partidos existentes deberán sortear, consideramos que la figura concebida en la norma nos queda muy corta. Sería necesario contar con todo un capítulo de directivas que hicieran mucho más explícitas las obligaciones que el convenio de coalición debiera comprender para efectos de que la coalición fuera real y efectiva, de cara a la ciudadanía. Una coalición electoral es menor contra lo que podría llegar a ser una asociación partidista con miras a co-gobernar al país, ante la participación coordinada real de dos partidos con poder hegemónico entre el electorado.
Es ante este vacío que deviene absolutamente indispensable sopesar la mejor manera en la que el estudio de figuras concebidas y experimentadas en otras latitudes puede significar un abono para la solución de la problemática que se aproxima. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de que la aprobación de toda coalición imponga a los partidos coaligados la obligación de hacer expreso y anticipado el anuncio de los integrantes de un gabinete asociado?
No es deleznable el ejercicio, pues esa posible transparencia de los partidos en épocas de campaña ofrecería una certidumbre sobre el rumbo que el país seguiría ante el triunfo de cada contendiente.
Sería fabuloso poder votar por un Presidente del PRI al que acompañaran Secretarios de Estado de probada honestidad y capacidad, o poder votar por Morena, a sabiendas de que el gabinete que acompañe al tabasqueño estuviera conformado por individuos con compromisos conocidos a favor de la legalidad y el respeto por las instituciones. ¿Porqué el futuro de los mexicanos debe de quedar siempre depositado en la voluntad de una sola persona?