Primer Acto. Mi amigo Ricardo, de Venezuela, me preguntó el lunes pasado “¿Por qué no participaste en la consulta ciudadana del fin de semana?” A lo que respondí de manera inmediata, “porque se trató de una convocatoria que no tiene cabida en la ley en modo alguno; un ejercicio con una apariencia estética de democracia que no buscaba sino convalidar una resolución que ya se había tomado desde antes de que el proceso iniciara”.
Siendo honestos, mi convencimiento para no participar en ese proceso, tuvo que ver con mi idea de no aportar números y “votos” a un ejercicio que buscaba legitimar un mecanismo de encuesta, a través del cual se fragua una estrategia futura que le servirá al Presidente para evadir responsabilidades que debiera asumir en ejercicio de la función para la cual fue electo. Mientras más numerosa la participación, más exitosa una consulta ilegal ¿no?
En síntesis, mi tesis se reduce a esto: ¿Para qué participo y ayudo a legitimar un proceso que, en esencia, es ilegal e inmoral desde su origen?
Después de explicarle todo lo anterior, el comentario que me hizo Ricardo me dejó perplejo: “Qué curioso, fíjate Antonio que eso mismo decimos nosotros, pero no de un aeropuerto, sino de las consultas para elegir al Presidente”.
Como abogado, a él le ha tocado ver y juzgar la grave incógnita que se plantea periódicamente la ciudadanía, cuando tiene ante sí la responsabilidad de decidir si participa o no en una elección, de la que depende la prolongación de su agonía. La consulta popular como mecanismo democrático para la decisión del futuro de Venezuela está acabada, porque todo el mundo desconfía de la institución.
Nadie ha pensado en el grave daño que MORENA le ha infligido a México y a los mecanismos de participación directa que, en el cauce auténtico de la ley, podría haber concebido para impulsar la verdadera intervención de la ciudadanía en la definición de su destino.
UBS, la mayor banca privada de Suiza, un país con añeja tradición en materia de referéndum popular, identificó de inmediato el problema e hizo un diagnóstico atinado, al advertir la posibilidad de que en el ejercicio de una de democracia participativa no contemplada por la Constitución, el próximo Presidente de México pueda perseguir la reelección.
El peligro mayúsculo y trascendente que deriva de la consulta popular hecha por MORENA el fin de semana, no es la suerte que pueda llegar a tener la conclusión del Aeropuerto o el inicio de una obra nueva en Santa Lucía, sino la instauración de la consulta misma como instrumento de gobierno y el uso arbitrario que a la consulta se pueda dar; o, peor aún, habiéndose instalado, provocar que por su desaseada manipulación, ésta acabe por convertirse en un procedimiento del que no pueda derivar credibilidad alguna.
El mismo fenómeno de desconfianza para el que se debió crear al Instituto Federal Electoral, hoy INE, acaba de renacer, ahora multiplicado hacia todas las vertientes a las que pueda llevarse, en el intrincado concepto relacionado con “decisiones de trascendencia nacional”, para las que una consulta popular podrá llegar a tener lugar.
Y no es el hecho de que la consulta deba o no de tener lugar, sino cuáles son los actos públicos a los que se puede referir, qué alcance se le deba conceder y a qué órgano le competa organizarla. No hablamos en contra de la materialización de procesos de consulta auténticos, que fortalezcan nuestra democracia, sino de la manipulación de las instituciones para la legitimación perversa de fines controversiales.
Segundo Acto. En el torbellino de la revolución mexicana se planteó la incógnita sobre si reconocer o no validez a los actos de Victoriano Huerta, en ejercicio de las funciones de Presidente de la República. Desde entonces la Suprema Corte de Justicia distinguió entre los actos de autoridad legítima y aquellos de autoridad competente. Aun habiendo sido aquél un Presidente ilegítimo, lo cierto es que al desplegar en el ejercicio de esa función de titular del Ejecutivo Federal actos que estaban encomendados a la competencia del propio Presidente, éstos debían de ser reconocidos.
Los contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto nacieron válidos, y fueron perfectamente legítimos y constitucionales en el momento mismo en que se firmaron. El uso de los resultados de una consulta popular dirigida a modo, organizada fuera del marco de la ley y con tanta posterioridad a la firma de los compromisos internacionales de los que México es parte, es una afrenta a principios fundamentales del derecho, universalmente reconocidos, de la que deben existir escasos ejemplos registrados por la historia, y seguramente en latitudes marcadas por un arraigado subdesarrollo económico y social. El caso es --o será si se concreta--, un vergonzoso precedente del que los mexicanos no merecemos ser parte.
A ninguna consulta, aún en el supuesto de ser legal, debería concederse efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Tercer Acto. El Presidente electo ha decidido emprender un camino que descarrilará un proyecto de infraestructura en ejecución, apoyado en la fortaleza de un capital político que dilapida irreflexivamente.
No podemos perder de vista que la gravísima violación a la legalidad y al Estado de Derecho de la que la administración entrante se jacta, que vulnera las instituciones, sienta precedentes que el día de mañana podrían utilizarse para juzgar, con severidad, el grave quebranto a las finanzas públicas que de manera caprichosa se está consolidando.
Como tanto se ha dicho en las redes sociales, el domingo pasado retrocedió el reloj y el calendario, pero la falta todavía no se comete. El rumbo que puede tomar el futuro de México puede ser terriblemente peligroso, doloroso y mortal para nuestra sociedad, si la premisa en la cual se apoya, si la toma de muchas decisiones que deberán tener lugar, claudica a la observancia y cumplimiento del derecho.