Antonio Cuéllar

No existe bandera que reivindique la izquierda de forma más palmaria y persistente que la que enmarca su lucha a favor del respeto por los derechos humanos. La celebración y memoria del cincuenta aniversario de la “masacre de Tlatelolco”, constituye quizá uno de los escenarios de nuestra historia contemporánea alrededor de los cuales se ha edificado un monumento para siempre recordar, y tener presente, el límite o la frontera más allá de la cual ningún acto del Estado puede llevarse a cabo, si con motivo suyo se llegara a vulnerar la libertad o la integridad de las personas. Hasta la fecha, los sucesos ocurridos en la plaza de las tres culturas en ese mes de octubre de 1968 constituyen un elemento de identificación de los movimientos liberales de la política nacional.

Un problema que enfrentamos de manera cotidiana tiene que ver con el entendimiento generalizado, extraordinariamente limitado, sobre los alcances del “Derecho Humano”.  En el imaginario colectivo, el concepto se vincula materialmente con la privación de la libertad o la tortura; es decir, con elementos siempre presentes en el contexto de circunstancias referidas a la investigación o procesamiento penal, o con el mantenimiento de la seguridad del Estado.

Es tan amplia la gama de Derechos Humanos que, ciertamente, resultaría una tarea ardua y difícil lograr conjuntar en un solo compendio el cúmulo de tratados y convenciones internacionales elaboradas y suscritas alrededor de ellos. Existen algunos tradicionales inherentes a la vida, a la libertad o a la integridad de las personas, pero no se pueden soslayar otros como los de propiedad, igualdad o seguridad jurídica. Hoy convivimos con derechos humanos de vanguardia, como los relacionados con el acceso a la información y el libre desarrollo de la personalidad, con una serie de incidencias en los ámbitos de nuestra vida diaria que apenas se empiezan a dibujar.

El derecho a la privacidad, a la propiedad y a la seguridad jurídica, constituye una prerrogativa esencial para la conservación de un Estado en el que la sana y armónica convivencia entre gobernantes y gobernados pueda prosperar. En el estado actual de nuestra modernidad, sería impensable suponer que estaríamos dispuestos a soportar que nuestros gobernantes pudieran acceder con libertad o sin restricción alguna a la intimidad de nuestra vida o a nuestro domicilio.  Por eso es que la Constitución, al contemplar ciertas garantías de seguridad jurídica, establece que las visitas a nuestro domicilio para comprobar el cumplimiento de nuestras obligaciones, deben de verse precedidas por requerimientos formales similares a los que deben satisfacerse para la realización de un cateo.

Antes de que un gobernante pueda entrar al domicilio de una particular, deberá contar con una orden de visita, en la que se detalle con precisión el objeto de la misma y el domicilio en el que deba llevarse a cabo, las obligaciones que deberán constatarse y la duración que dicho procedimiento deberá tener. La orden deberá estar firmada por una autoridad competente y de la visita se levantará acta debidamente circunstanciada, que deberá firmarse por dos testigos.

Cabe mencionar que la violación de esas formalidades podría dar lugar a la invalidación de los actos de comprobación que realice la autoridad; y si llegara a demostrarse que la visita se hubiera practicado a manera de pesquisa y en forma irregular, cabría la posibilidad, incluso, de fincar responsabilidades patrimoniales a cargo del Estado.

Todo lo anterior viene a colación por la manera tan descuidada conforme a la cual, el Ingeniero Javier Jiménez Espriú, anunciado como próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, pretendió introducirse en una mina que suministra material para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México el 10 de octubre pasado.

Con independencia de las infracciones a la ley que pudieran imputarse a los particulares aparentemente concesionados, la verdad de las cosas es que el próximo Secretario debe tener en cuenta que sus actos, en lo sucesivo, están restringidos al cumplimiento y observancia de requisitos esenciales que contempla la Constitución y la ley.  Aún ante la amenaza de que un particular vulnere el orden jurídico y de que en tal medida, éste sea sujeto de una sanción, no puede pasar por alto el deber que la propia Carta Magna le impone de respetar los Derechos Humanos a su favor.

Apenas está por comenzar el inicio de un proceso de transformación de las actividades de gobierno, y pareciera que quienes ocuparán los cargos más relevantes de la administración y la política nacional, ignoran la importancia que reviste el cumplimiento de la ley en todos sus ámbitos.  Si un problema se ha enfrentado en esta época hasta la saciedad, es el de la impunidad provocada por errores en las acusaciones encomendadas al Ministerio Público en los procesos de orden penal. Un factor indispensable para cambiar ese derrotero será el de lograr la consolidación de un auténtico Estado de Derecho.

El ingeniero Jiménez Espriú intentó llevar a cabo una auténtica pesquisa, en la realización anticipada de un acto de autoridad, y lo único que logró evidenciar es su desconocimiento del derecho o una vocación terriblemente autoritaria, que no anticipa buenas señales en pro de la realización de actividades productivas, que tanta falta le hacen a un país que está urgido de lograr un crecimiento mediano de su economía para emplear a millones de mexicanos. El próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, de quien depende en gran medida el gobierno y desarrollo de la infraestructura nacional, ha evidenciado la urgencia con la que debe acudir a un curso de capacitación en torno de las obligaciones que deberá observar como autoridad.

@Cuellar_Steffan

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