Antonio Cuéllar

El poderoso arrebato y conservación de las responsabilidades de gobierno en la capital de México desde el final del siglo pasado, por parte de los partidos de izquierda, ha dado como resultado el avance galopante de una agenda legislativa de ideología liberal que ha terminado por revolucionar instituciones católicas extraordinariamente arraigadas, una el matrimonio, siempre heterosexual, y otra, igualmente polémica, el derecho a la vida, que se ve vulnerado por la vía de la despenalización de la interrupción adelantada del embarazo.

El establecimiento de la libertad de interrumpir la gestación antes de las doce semanas siguientes a la concepción es un tema polémico, no solamente porque el derecho preeminente que ha favorecido esta agenda es cuestionable con relación al derecho a la vida –o sea, el derecho sobre el cuerpo de la mujer–, sino también por la forma en que fue aprobado, en el marco del hoy vigente principio de progresividad de los derechos humanos, que impide la organización de una discusión nacional seria y verdadera alrededor del candente tema.

En abril del 2007 en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se dio a la tarea de discutir, votar y aprobar la reforma al Código Penal que descriminalizó el aborto, el PRD contaba con una mayoría hegemónica que le permitió verse exento de lo que debería de haber sido una discusión científica de alto calado social.  Se trata de uno de los temas más polémicos en los que cualquier sociedad puede verse inmersa, de mucho mayor relevancia que aquellos con motivo de los cuales se han practicado consultas ciudadanas a lo largo de los últimos seis meses. Pasó inadvertido para la inmensa mayoría de quienes habitamos en la Ciudad.

La reforma se aprobó con el voto de la mayoría necesaria de los legisladores electos, pero adoleció de una discusión científica que verdaderamente recogiera el sentir de los mexicanos, no solo de la capital, sino a lo largo del territorio nacional. El sentir de la capital hizo eco y se vio repetida en otros estados de la República Mexicana.  La reforma adolece así de un sentido esencial de legitimidad.

Grupos defensores de postulados encumbrados en el feminismo radical, algunos con sólidas bases y otros cuestionables, han aplaudido la medida y se sostienen en la conveniencia de que se eleve al rango constitucional.  El problema estriba en que, según su parecer, el principio de progresividad de los derechos humanos que hoy contempla el artículo 1º del Pacto Federal impediría dar marcha atrás a la medida legislativa, sin miramiento de lo que pueda ser el sentimiento legítimo de la Nación alrededor de tan sensible problema.

Curiosamente, durante las entrevistas hechas la semana pasada a las candidatas a ocupar la vacante que ha dejado la Ministra Margarita Luna Ramos en la SCJN, sostenidas por la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, volvieron a surgir las interrogantes y alguna de las entrevistadas se pronunció en sentido de respetar el valor de la discusión que emprendan las legislaturas locales, en su propio ámbito de competencia, lo que arrancó comentarios drásticos y agresivos por parte de quienes ven en la reforma a los Códigos Penales de los Estados una conquista irreversible a favor de una agenda ideológica concebida en un lado del espectro.

La entrevista fue pertinente, en la medida en que fue realizada a la par y casi de manera sincrónica con la aprobación de la reforma al artículo 1º de la Constitución del Estado de Nuevo León, a través de la cual se protege el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción y hasta la muerte.

Por otro lado, la senadora de Morena por el Estado de Sonora, Lilly Téllez, ha anunciado que presentará una iniciativa para reformar la Constitución Federal con la finalidad de incorporar una protección similar a la aprobada por Nuevo León, hecho que revertiría la reforma procesal penal que ha favorecido el aborto en la Ciudad de México.  Los insultos y cuestionamientos en sus redes sociales no han faltado, y su estridencia ha alcanzado tal relevancia que compañeras suyas de partido, han impulsado una petición para que se le expulse de su grupo parlamentario, en lo que vendría a ser una muestra cruda de altísima intolerancia, impropia de un parlamento.

La imposición de la agenda libertaria y la hábil estrategia a través de la cual se ha etiquetado a quienes sustentan tesis ideológicas distintas a las del Presidente de la República o el partido en el gobierno, ha sido un signo distintivo que caracteriza los primeros cien días en funciones de la presente administración.  Los apelativos de conservadores, neoliberales, fifís y corruptos, son el condimento cotidiano de la narrativa matutina del Ejecutivo de la Unión.

El fenómeno constituye un atentado grave en contra del derecho humano a disentir, el derecho fundamental a expresarse libremente y a vivir en un régimen de vida auténticamente democrático, elementos clave para garantizar la paz y la concordia nacional.

Con independencia de los grados de aceptación de los que goza AMLO en este arranque de su gobierno, sería conveniente recordar que es responsabilidad del Presidente de la República la de guardar y hacer guardar el texto mismo de la Constitución. Su deseo por trascender históricamente puede conducirlo a que los libros se escriban de cualquiera de dos maneras: con la incorporación de antecedentes que describan la concepción, desarrollo y muerte de una tiranía; o con la narración del paso de un Presidente demócrata que condujo, toleró y aceptó el resultado de la auténtica deliberación política nacional, tanto alrededor de la política y la economía, como de aspectos tan sensibles como el derecho a la vida.

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