La principal nota distintiva asociada a la administración del Presidente Trump tiene que ver con su marcado nacionalismo, su propósito inamovible de resucitar una época de bonanza económica cifrada en una posición preeminente y hegemónica de los Estados Unidos en occidente. Sobre ese recuerdo, que comparte un número importante de sus conciudadanos, fundó su lema de campaña, “Make America Great Again”.
La votación a favor de sustraer al Reino Unido del acuerdo de la Unión Europea, el Brexit, tiene la peculiaridad de haber apelado a la nostalgia de un grupo de votantes cuyas características subjetivas es coincidente con la del elector que llevó al Presidente Trump a la Casa Blanca, ciudadanos mayores que ven en el nacionalismo una medida para proteger sus intereses de una ola de invasión migrante que termina con las oportunidades de empleo.
De una manera tan extraña como ignominiosa, esta semana se ha esparcido un ánimo anti inmigrante en el territorio de la República Mexicana, que ocupa las redes sociales y las protestas en la frontera con San Diego, en los Estados Unidos.
El hecho viene a coincidir con la publicación de artículos aparecidos en los más prestigiosos periódicos y revistas dedicadas a la economía en los Estados Unidos, en los que se informa del temor que tienen los mercados a las señales equívocas que ha propalado la administración que el próximo primero de diciembre habrá de tomar las riendas del país, tras la cancelación del NAICM y la realización de consultas populares para construir el Tren Maya y la Refinería de Tabasco.
Los hechos, de la mano de la retórica nacionalista que emplea con astucia el Presidente Electo, podría conducirnos a suponer que el próximo titular del Ejecutivo Federal tiene como objetivo importar a México un modelo nacionalista como el que predomina en otros lugares del mundo, o sea, un modelo para “Hacer a México Grande otra vez”.
Se antoja difícil cumplir el propósito, si tomamos en cuenta la pluralidad de acuerdos comerciales que comprometen a México en el rumbo de la globalización y nuestra obligación formal por impulsar políticas de mercados abiertos, a la cabeza de los cuales se encuentra el Tratado México-EEUU-Canadá que el Presidente EPN firmará esta semana en Argentina.
No es una idea descabellada, si miramos la alta exposición que deben enfrentar las empresas mexicanas en los mercados internacionales en que compiten, caracterizados por enormes asimetrías que, aún habiéndose reconocido en su origen, jamás lograron superarse por condiciones, a veces, ajenas a ellas y propias del país al que pertenecen; el nuestro.
De ser cierta esa hipótesis y de encontrarnos en la antesala de una nueva era, en la que se impulsará otra vez una política anticíclica de sustitución de importaciones, o cualquiera que se le parezca, debemos advertir que algunas de las decisiones ya tomadas por la administración entrante parecieran ser inadecuadas para alcanzar esos fines.
En ninguno de los casos en los que el motor nacionalista ha obtenido el beneficio del voto popular, los gobiernos entrantes han arrancado su administración destruyendo las instituciones democráticas con fundamento en las cuales alcanzan el poder.
Muchas de las iniciativas que ha presentado y discute Morena, parecen ser auténticamente sordas al reclamo de quienes invertirán en nuestro país el capital necesario para impulsar su competitividad, un factor esencial para proteger a la industria nacional ante las imprevisiones del neoliberalismo: son capitalistas mexicanos los que venden sus propiedades en busca de un refugio seguro que evite el declive que atraviesan los mercados del país.
Aún en el supuesto de que se pretendiera dar un nuevo impulso a la economía nacional, la consolidación del régimen democrático de elección, la autonomía del Banco de México y los órganos electorales, la subsistencia de la CNDH y una Fiscalía autónoma que combata de manera efectiva la impunidad, y la preservación de medios de información libres, en un ámbito de sana competencia económica, supervisada por el Estado, son presupuestos esenciales para que el país avance.
La protección de los intereses nacionales, como está planteada, es deficiente, si se abandona el plan emprendido por la administración de EPN, a favor de la evaluación docente y la reforma de nuestro sistema educativo.
El plan del Presidente Electo es contradictorio en este punto, al haber asumido como lema de campaña la destrucción de la reforma educativa y haber tolerado, otra vez, un nuevo liderazgo de Elba Esther Gordillo en el SNTE, que destruye por completo el propósito loable concebido en el seno de la reforma constitucional en este ámbito.
Con el ánimo de fortalecer y dar dinamismo a la economía nacional, el propósito esencial del nuevo gobierno debe de ser la educación, respetar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, y generar alicientes fiscales que favorezcan la investigación tecnológica y su aplicación al ámbito de la productividad.
La realización de consultas ciudadanas produce una incertidumbre política y económica que, como está planteada, sólo es un augurio de una seria recesión.