Las proyecciones de crecimiento de nuestra economía y las perspectivas de que ésta pueda empeorar, dadas a conocer por el Banco de México, son una pésima noticia para arrancar la semana. El hecho de que, además, el Gobierno Federal o los gobiernos de los Estados -o como en este caso se explica, de la Ciudad de México-, emprendan acciones dirigidas a perturbar el orden y la paz en el ámbito industrial y comercial del país, reflejan una falta de sensibilidad con relación al manejo de la administración pública que, de perdurar a lo largo del sexenio, son un vivo augurio de una era obscura para quienes vivimos en este país.
La ley establece mecanismos generales a través de los cuales el gobierno y los particulares pueden emprender actividades a las que está íntimamente relacionado el progreso del país. Como todo acto que resulta de la intervención del ser humano, las normas jurídicas son objeto de interpretación por parte de aquellos que las aplican, quienes encuentran en ellas un camino a través del cual impulsar un plan de gobierno y una visión de lo que, de acuerdo con quien la hace cumplir, debe de ser.
En el ámbito del desarrollo urbano, la Ciudad de México ha venido soportando la aplicación de políticas sexenales a través de las cuales cada uno de los órganos de gobierno que se encargan de su dirección, imprimen un sello a través de obras de infraestructura. Lamentablemente, algunas de éstas, inacabadas o superfluas, van sembrando imágenes sepulcrales que le dan esa rítmica de sinfonía inconclusa a la capital, fenómeno que demuestra la falta de entendimiento sobre la importancia de las políticas urbanas de largo plazo.
Resulta lamentable que los proyectos que inicia un gobierno no los respete y los termine el subsecuente por el celo absurdo de no haberlo concebido. Impone a los gobernantes esta prisa ilógica por imaginar, implementar administrativamente, construir y acabar, por mal que sea, cualquier proyecto propio, con el único propósito de alcanzar a salir en la foto. El resultado más palpable lo vimos en la Línea 12 del Metro.
Cuando los proyectos los llevan a cabo los particulares, la suerte de la fotografía sexenal deviene irrelevante, porque los tiempos políticos no son sincrónicos con los tiempos empresariales. La realización de muchas obras de orden privado persiguen otros propósitos y no buscan sino la consolidación de un objetivo económico y urbano que se somete al juicio y calificación de la sociedad. Las obras privadas bien ejecutadas, son monumentos que adornan y enaltecen la vida de quienes habitamos en la ciudad, y obtienen por ello el premio o galardón de los conocedores.
La presente administración parece haber reclutado a todo un grupo de profesionales del urbanismo que no tiene una visión coincidente con la de las administraciones pasadas, sobre cómo debe crecer la Ciudad de México. Se trata de una posición ideológica que busca preservar las distintas áreas de valor ambiental de la capital, e inclusive otras que hoy no existen, para impedir la explotación de los usos de suelo a lo largo de las distintas demarcaciones que la conforman. Quienes hoy se encargan de revisar los proyectos autorizados por la administración pasada, parecen tener la encomienda de terminar, sin importar el costo implícito, con la vigencia de cualquier permiso expedido a favor de los particulares durante el sexenio del Doctor Mancera.
Con esa mística y propósito, se han venido iniciado procedimientos administrativos a través de los cuales, a partir de esta visión ideológica no propiamente apegada a la pura interpretación de la ley, se desconocen los derechos que a lo largo de los seis años anteriores fueron concedidos a favor de los particulares. La revisión de la legalidad y no corrupción alrededor de los proyectos revisados es válida; sin embargo, ¿es válida la revocación del derecho por no haberse otorgado en términos urbanísticos compatibles con el plan bajo el cual se pretende ahora gobernar?, ¿puede reinventarse la ciudad cada seis años?
A diferencia de lo que sucede con los proyectos gubernamentales, el inicio de los procedimientos administrativos que se vienen impulsando están dejando inconclusos proyectos empresariales de gran envergadura, aún y cuando para la obtención de las autorizaciones administrativas conducentes se hubieran seguido al pie de la letra las reglas expresamente previstas en las Leyes de Desarrollo Urbano y conexas. El resultado no solamente será un cúmulo de edificios fantasmales en las principales Avenidas de la Ciudad, sino una pléyade de tropiezos financieros que dejaran una huella muy difícil de borrar en contra de cualquiera que busque capital para emprender negocios en nuestro país.
La decisión, que parte en forma original de la interpretación del derecho, es injusta y equivocada, porque no entraña una visión del derecho desde la perspectiva netamente administrativa y jurídica, sino desde un punto de vista político o ideológico, lo que provoca incertidumbre y coraje, pues arroja el arranque de una política urbanística local en forma retroactiva, en perjuicio de desarrolladores y constructores con derechos perfectamente adquiridos en un momento dado, con aspiraciones legítimas y en la inmensa mayoría de las veces honestas, para conducir al país un escalón más arriba en el ámbito de la arquitectura mundial.
Como en el caso del Nuevo Aeropuerto, la orquestación de estos procedimientos manda una pésima señal al sector privado, no sólo en el ámbito constructivo, sino en cualquier renglón en el que, en algún momento, demande inversión de capital nacional e internacional para actividades productivas.
Siendo la construcción uno de los principales motores para la generación de empleo y mano de obra, y para la transferencia de capitales en actividades que impulsan la economía, resulta esencial que se reflexione sobre la validez de esta nueva premisa sobre la que se pretende edificar el nuevo paradigma del desarrollo urbano de la capital.
Urge que el Gobierno Federal, como también el Gobierno de la Ciudad de México, asuman con serenidad el papel que les ha tocado desempeñar, y ofrezcan señales que permitan entender su serio compromiso con la legalidad a favor de la inversión del sector privado. En el contexto de buscar mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, todos necesitamos saber qué áreas sí podrán desarrollarse en el terreno de la cuarta transformación. Hasta hoy, en ese ánimo de dejar claramente sentada la identidad de quien manda en el país, el Presidente de la República y la Jefa de Gobierno, solamente han dicho qué es lo que no se aceptará….y la lista, demasiado extensa, no deja de crecer.