Significativa derrota sufrió el Presidente Trump la semana pasada, al no juntar el voto suficiente de los integrantes del Partido Republicano en el Senado para impulsar una trascendente promesa de campaña: dar reversa a la ley que permite la implementación de un seguro universal de salud, concebido por el Expresidente Obama. Era previsible y habría valido la pena que su equipo valorara la dificultad de atravesar ese proceso parlamentario, por sí mismo, antes de emprender el camino.
La noticia llama la atención y nos lleva a reflexionar al respecto, por el paralelismo que existe entre la tan estruendosa proposición norteamericana y aquella que, en el pórtico de nuestros propios enredos electorales, adelanta con singular desdén Andrés Manuel López Obrador con respecto a la reforma educativa. La semana pasada, después de que el Secretario de Educación Pública afirmara que el aspirante tabasqueño revertiría los éxitos ya alcanzados por la reforma al artículo 3º de la Constitución de llegar a la presidencia, aquel respondió y advirtió con contundencia que no sólo daría marcha atrás a ésta, sino que, además, revisaría todas las otras reformas aprobadas en este sexenio. Resulta oportuno recordar que durante la legislatura pasada, en la que se aprobaron las reformas que arrojó el Pacto por México, un grupo minoritario de diputados, casi todos pertenecientes a Movimiento Ciudadano, al PT y al PRD -después disidentes que se adhirieron a Morena-, tuvieron la vocación y llevaron a la práctica la estrategia de oponerse a cualquiera de las propuestas que provinieron del resto de los grupos parlamentarios. No se trató de una campaña que persiguiera posicionar su propio ideario político o alguna iniciativa en lo particular, sino simple y sencillamente, la de denostar al gobierno y vilipendiar el esfuerzo que todos los demás legisladores venían llevando a cabo con el propósito de dar un paso adelante, en le mejor sentido político posible, para poner fin a toda una época de letargo legislativo que tenía al país detenido en una multiplicidad de ámbitos de la vida nacional. El resultado de las reformas es muy vasto, permitió modificar la normatividad laboral, en primer lugar, pero después provocó una avalancha de cambios que atravesaron desde la supresión del amparo contra actos de la COFETEL, que obstaculizaban un cambio en el sector de las telecomunicaciones; o impulsó la creación misma de un Instituto en ese campo que acabaría con los monopolios y propiciaría una mejor competencia en el sector, de la que todos nos venimos beneficiando; o modificó las leyes bancarias para permitir un mayor impulso a las actividades financieras, lo que ha permitido que la semana pasada se reconociera por la ABM que podrá duplicarse el crédito a lo largo de este año; o cambió las leyes fiscales para terminar con la elusión de dichas obligaciones del contribuyente, hecho que ha consumado un mejoramiento ejemplar en la recaudación; y, entre muchas otras más, también modernizó los principios esenciales conforme a los cuales se lleva a cabo la labor del Estado en el ámbito de la educación, obligándose al personal docente a someterse a una evaluación ante un Instituto independiente, que permitirá su profesionalización para beneficio de la niñez. El candidato del sureste propone dar marcha atrás a la reforma educativa y revisar las demás, pero no se puede alcanzar a comprender la razón de su propuesta; ¿Pretende acaso que la educación permanezca en el deplorable estado en el que se encontraba antes de la reforma?. La verdad es que esboza la misma estrategia del espectáculo electoral por la que ha ganado tantos seguidores, pero no advierte ideología propia que la sustituya y que mejore el escenario que ya ha sido construido y se encuentra en proceso de operación. El candidato no guarda distancia alguna con aquellos ruidosos legisladores que eligieron actuar como auténticos opositores de todo, sin proposición concreta de ningún tipo. La semejanza de los hechos que hoy nos llama la atención, sin embargo, no se halla en la espectacularidad de la proposición populista que criticamos, sino más bien, en los resultados que han venido a darse alrededor suya. En el mejor de las previsiones posibles y aún en el supuesto de que AMLO llegara a ganar la Presidencia de la República, resulta constitucionalmente imposible que pueda revisar y revertir las reformas, como jactanciosamente lo anuncia. Nuestro sexagenario candidato incursiona en la misma estrategia de campaña, y con los mismos previsibles resultados que hoy enfrenta el hombre más poderoso del planeta, por desconocimiento del derecho y sus instituciones. Quizá sería bueno que alguien explique al aspirante de Morena que la reforma educativa está inscrita en el texto del artículo 3º de la Carta Magna, y que su modificación, como la de la mayoría de aquellos cambios que “someterá a revisión”, está supeditada a la aprobación de dos terceras partes del Congreso General, así como a la de la mayoría de las legislaturas estatales. Latinoamérica en general, y México en lo particular, han sido presa de incontables hazañas dictatoriales a lo largo de su historia, y el descrédito que cuanto cacique tropical que ha ocupado la función de gobierno ha ocasionado, se ha tenido que pagar en forma muy cara. No obstante lo anterior, el doloroso ejemplo de las dictaduras populistas de los últimos lustros ha ofrecido una enseñanza que la sociedad no ha dejado pasar en vano: con toda fortuna para nosotros, hoy contamos con sólidas instituciones construidas a lo largo de los años, que se anteponen a las propuestas de la superioridad presidencialista que la semana pasada se dejó entrever. Qué lamentable ha sido observar la manera en que a nuestra Constitución han venido añadiéndose interminables listas de disposiciones que parecieran secundarias para un documento de su valía político-nacional. La entrevista que hoy mencionamos demuestra con claridad la justificación por la que, los grandes acuerdos de transformación nacional, no pueden quedar plasmados solamente en una ley, en ningún ordenamiento que pudiera cambiarse por el voto de grupúsculos de legisladores dispuestos al servicio de quien se ufane de contar con la representación nacional.