Antonio Cuéllar

El Estado de California pelea el quinto lugar con el Reino Unido entre las economías más desarrolladas y prósperas del planeta.  Tiene una producción anual de 2.3 trillones de dólares, que la convierten en el verdadero motor que propulsó a los EU después de la crisis financiera del 2008, con una población de 39 millones de habitantes, mayoritariamente liberales.

Desde el 1 de enero pasado está legalmente permitida la expedición de autorizaciones para el cultivo y apertura de establecimientos dedicados a la comercialización del cannabis para uso lúdico en el Estado de California, en los EU, siendo este uno de los ocho estados, más el Distrito de Columbia, en los que su uso recreativo es permitido, o uno de treinta en los que ya se permite su utilización de algún modo, preponderantemente científico.

A pesar de que en Arizona y Nuevo México se permite su utilización para efectos medicinales, es realmente California el Estado fronterizo con México en el que la legalización del uso general de la mariguana vendrá a significar un cambio drástico, no en términos de salud pública o de seguridad fronteriza, sino para efectos económicos y de seguridad nacional, en el caso de nuestro país.

Lamentablemente, el año pasado se ha registrado como el más violento de la historia de México, con una suma total de más de 25 mil homicidios dolosos; crímenes que se abonan a una guerra emprendida a lo largo de los últimos doce años, que suman más de 234 mil muertos totales.  El origen de la violencia se halla en el estado de pobreza y subdesarrollo nacional, pero la causa inmediata se ubica en el trasiego de droga, principalmente, y actividades delictivas paralelas, algunas de las cuales tienen incluso un mayor impacto social, como la trata de personas, la extorsión o el secuestro.

La distribución y comercialización de la droga a nivel general constituye un problema de salud pública con respecto del cual ningún gobierno puede ser tolerante. Sus efectos inmediatos en contra de la conciencia, su carácter adictivo y alta dependencia, son factores determinantes que deben llevar a la implementación de programas para su erradicación absoluta, de la misma manera en que ya se llevan a cabo con relación a productos menos nocivos para el cuerpo humano como el alcohol, el tabaco o el azúcar.

Un cuestionamiento importante que se debe solventar tiene que ver con la canalización del esfuerzo del gobierno.  ¿Debe combatirse la comercialización de las sustancias prohibidas, o los recursos del Estado deben canalizarse a la atención de los enfermos?

El problema que arroja la comercialización de las sustancias prohibidas en nuestro país, lamentablemente, no puede verse como un tema de salud pública de manera aislada.  La falta de inversión, de capacitación de la gente, las malas condiciones geográficas o la inexistencia de infraestructura suficiente, lo convierte, además de todo, en un problema económico de primera índole.  Regiones enteras están directamente vinculadas a los recursos económicos que provienen del trasiego de droga hacia los Estados Unidos, su principal destino.

La semana pasada se publicó la nota en la que apareció el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aludiendo a la necesaria reapertura de la discusión nacional en torno de la legalización de las drogas.

El fracaso de las estrategias emprendidas por las dos administraciones recientes en la lucha contra la delincuencia organizada, evidente ante tan oprobiosas estadísticas de violencia, arroja la necesidad de diseñar nuevas rutas para el enfrentamiento del problema.  En el fondo y en el largo plazo, no resulta desacertado el diagnóstico de que la delincuencia se acabará cuando los jóvenes tengan un modo honesto para vivir; sin embargo, la inversión, la capacitación y formación generacional necesaria para remediar el problema de esa manera, está a varias décadas de poder suceder.

Desde la perspectiva criminal, el transporte y transferencia de droga a los EU concede recursos frescos y suficientes a miles de mexicanos que encuentran en esa actividad su único sustento.  La desaparición del producto no producirá la desaparición de la necesidad, sino una redirección del mercado hacia otros productos, siempre que sean igualmente lucrativos.  La falta de mariguana orillará a los criminales a profundizar sus actividades criminales hacia sustancias aún más dañinas para la salud pública, como la heroína o las metanfetaminas, o peor aún, hacia conductas con mayor impacto social, como la trata, la extorsión y el secuestro ya mencionados.

Con la apertura del mercado de California, se advierte la posibilidad de que surjan productores más capacitados y con condiciones de exportar esa mercancía, con los debidos controles del gobierno norteamericano, a precios que acabarán por ser mucho más baratos que aquellos a los que se vende el día de hoy.  Muy a pesar de los cuestionamientos de constitucionalidad de la autorización de venta del cannabis para fines lúdicos que emprenderá el Fiscal General desde Washington, D.C., el funcionamiento inmediato de las economías de escala y la alta competitividad comercial de nuestros vecinos del norte ya operan para atender un mercado que será altamente redituable.

A pesar de que nos hemos posicionado en contra de la legalización de la mariguana en México, precisamente por las implicaciones económicas de este fenómeno criminal, no dejamos de apreciar cómo el cambio de circunstancias nos orillan a tener que abrir el mercado del cannabis en México, no con el objeto de resolver un problema de salud pública que en el caso de nuestro país es menor, sino para evitar un desbordamiento de la delincuencia hacia otras actividades delincuenciales que les resultan rentables, y a la sociedad insufriblemente dolorosas.

Nuestro gobierno está superado por la delincuencia. Una lucha por la generación de fuentes lícitas de riqueza no constituye una solución en el corto plazo. La recuperación del Estado de Derecho es más factible ante la ausencia de violencia. La conservación de un producto que vender, que ante su abaratamiento sólo se puede sustituir con el incremento de la cantidad producida, ofrece un paliativo inmediato altamente necesario para reencausar la lucha por la civilidad.

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