Nadie puede negar que a raíz de 1997 el Poder Legislativo en México ha asumido plenamente sus funciones y cobrado mayor importancia para el funcionamiento del sistema político del país. También es cierto que romper con ciertas inercias y lograr que el diálogo se convierta en convencimiento y reformas que faciliten la labor del gobierno ha resultado, por decir lo menos, un esfuerzo de largo aliento que algunas veces no ha tenido la velocidad deseada por los sectores más desprotegidos del país. Y justamente ello vuelve necesario que como toda institución social, el propio Congreso deba ser objeto de la modernización de su fisionomía y funcionamiento, en aras de optimizar sus resultados y volverlo un cooperante más activo en la consecución de los grandes anhelos nacionales, como lo son seguridad pública, empleo, salud, educación, crecimiento, fortalecimiento de las políticas públicas hacia el campo y la lucha contra la pobreza, entre otros. Por tales razones, diversos actores políticos han puesto la atención en llevar a cabo una profunda reforma del Congreso, respondiendo con ello a una realidad: si bien nuestro sistema político es presidencial, la colaboración del Poder Legislativo en la labor de gobernabilidad del Poder Ejecutivo es trascendental. No se trata –como algunos lo han señalado– de pretender que con la simple disminución de 200 a 100 diputados plurinominales o la eliminación de 32 senadores plurinominales se vayan a facilitar el diálogo y los acuerdos, sino de actualizar un sistema de representación de las minorías creado hace casi 40 años y que por mucho tiempo garantizó que a las cámaras federales arribaran los representantes de las más diversas fuerzas del espectro político. Pero las condiciones del país han cambiado y el fortalecimiento del sistema de partidos garantiza elecciones libres y muy competitivas. Tanto así que durante la LXIV Legislatura en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado se repetirá la integración que desde 1997 ha prevalecido: ningún partido político tendrá la mayoría absoluta por sí solo. De ningún modo se trata de desaparecer la representación proporcional ni de creer que ya no es necesaria, pues de qué otra forma los mexicanos podríamos garantizar que no existan órganos legislativos monocolores, como es el caso del próximo Congreso de la Ciudad de México, en el que de no ser por la representación proporcional sólo estaría integrado por diputados del PRD y Morena. Gracias a la representación proporcional, partidos políticos minoritarios también contarán con curules en el órgano legislativo capitalino, lo cual enriquecerá el trabajo legislativo y permitirá realizar una labor de fiscalización y contrapeso al Poder Ejecutivo local. Escenario que no será el mismo en el Congreso federal, pues si bien un partido tendrá la mayoría simple, ésta no es suficiente para aprobar reformas legales y mucho menos constitucionales, lo cual requerirá que se desplieguen las mejores herramientas de negociación y convencimiento con los otros grupos parlamentarios, para buscar su apoyo en los diversos proyectos legislativos que el partido en el gobierno proponga para cumplir las promesas hechas a los mexicanos durante la campaña. Y es que un aspecto que sería conveniente reformar es que el marco jurídico del Congreso no prevé las alianzas legislativas, agotándose las coaliciones electorales el día en que la jornada se lleva a cabo y no trascendiendo a los órganos legislativos. Nuevos tiempos se respiran en el sistema político mexicano, el cual se ve robustecido con la futura puesta en marcha de la reforma política aprobada por el Constituyente Permanente de todo el país y que incluye figuras de la democracia participativa como la iniciativa ciudadana, consulta popular y candidaturas sin partido. Se trata de dejar atrás aquel resabio de “El Ejecutivo propone y el Congreso dispone”, para dar lugar a un escenario donde “El Ejecutivo y el Congreso dialogan y ambos acuerdan”. Por tal motivo, puedo sostener sin miedo a equivocarme que el Congreso seguirá desempeñando esa labor fundamental para la gobernabilidad del país. De ahí la urgencia de modernizarlo y fomentar la cultura legislativa entre la población, que tanta falta nos hace.
@jlcamachov