Jose Luis Camacho

El año 2019 ha comenzado y con él, cambios trascendentales en otras esferas del gobierno mexicano. El Poder Judicial de la Federación ha renovado a su presidente, en el cual si bien no recae únicamente la integración del órgano impartidor de justicia, sí es su representante ante el resto del gobierno del Estado mexicano.

Se trata del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien hace nueve años fue propuesto por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y elegido por las dos terceras partes del Senado como integrante del tribunal constitucional de México.

Desde ese momento se ha caracterizado por elaborar proyectos de resoluciones liberales y vanguardistas en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos. Se trata de un jurisconsulto que había desarrollado la mayor parte de actividad profesional en la academia y el litigio, pero no en la carrera judicial, lo cual no ha sido un impedimento para su eficaz y oportuno desempeño.

Con el voto de siete de los once ministros del Pleno logró ser electo como Presidente tanto de la SCJN como del Consejo de la Judicatura Federal, que se trata del órgano administrativo que auxilia a la SCJN para el buen funcionamiento del Poder Judicial Federal.

Se trata de un hombre que se ha planteado modernizar al Poder Judicial, teniendo como base la legitimidad democrática ciudadana, pero no porque esté planteando la renovación y elección periódica de ministros, magistrados y jueces, sino por la transparencia y comunicación que este Poder debe ofrecer a los Justiciables.

Para ello, el Ministro Zaldívar busca que cada sentencia que emane de los tribunales jurisdiccionales debe convertirse en un instrumento de comunicación social por la claridad, razonamiento y fundamento de sus actos.

Se ha trazado el reto de convertir a cada juez, magistrado y ministro en el autor del cambio que requiere el PJF, por medio de la capacitación innovadora y permanente de la que deben ser objeto invariablemente.

La austeridad también forma parte de su plan de trabajo, pero no una que vuelva vulnerables a los impartidores de justicia, sino una que deje atrás los excesos y dé paso a un gasto más racional a través de compras consolidadas y redireccionamiento del gasto.

Pero no todo son acciones al interior, sino también atender los grandes retos que el PJF enfrenta para con la sociedad mexicana.

Uno de ellos deriva de la reforma constitucional de 2017 que crea los tribunales laborales dentro de la jurisdicción judicial, que no solo implican crear juzgados y oficinas, sino también a los profesionales del derecho del trabajo, capaces de impartir la justicia que los trabajadores, empresarios y gobierno requieren hoy día.

Asimismo, es justo mencionar que la SCJN debe consolidarse como tribunal constitucional de México por medio de resoluciones con trascendencia para el funcionamiento cotidiano del gobierno y del sistema de convivencia social.

A ello se suma la relevancia de las decisiones que las y los ministros deben tomar en las siguientes semanas, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad que legisladores federales y diversas instancias gubernamentales han entablado con motivo de los topes salariales, reformas a la Ley de la Administración Pública Federal y las que se sumen.

La civilidad y visión con que fue electo el nuevo presidente de la SCJN y la prudencia con que éste se ha expresado don alicientes para confiar en la independencia con que se desempeñará y la responsabilidad con que se conducirá.

@jlcamachov

Compartir