Jose Luis Camacho

La Comisión Permanente del Congreso mexicano, órgano sin facultades legislativas que funciona durante los recesos del Poder Legislativo y que se integra por 19 diputados y 18 senadores, ha reanudado actividades en este nuevo año enmarcada por dos acontecimientos: el 3 de enero el debate se centró en los hechos que cobraron la vida a la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle; mientras que siete días más tarde lo ha sido la escasez de gasolina en diversas entidades del Centro del país.

 

Mientras el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha centrado su argumentación en defender los bienes nacionales y no seguir permitiendo el robo millonario de combustibles, las bancadas de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han pedido que se dé a conocer la estrategia, plazos y acciones que se están tomando para evitar el robo, al tiempo de no perjudicar no sólo a los usuarios de automotores, sino también a la cadena productiva del país.

 

Y es que la vulnerabilidad que los medios de transporte tienen respecto a la gasolina y el diesel es innegable, basta un par de días de escasez para soltar las alarmas y dar inicio a un plan de contingencia.

 

Los propios empresarios en voz de Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX, han expresado su disposición para colaborar con el gobierno y evitar que la falta de abastecimiento redunde en una mayor afectación al consumidor y al sector productivo del país.

 

Sin embargo, del otro lado de la calle, en el gobierno, pareciera no haber un interlocutor designado con los empresarios, que tenga la autoridad de tomarles la palabra, explique la estrategia y cierre filas para evitar los daños. No existe esa comunicación.

 

Entre curules, los legisladores comentan que el gobierno pide a la población que le firme un cheque en blanco, que confíe en que están tomando las mejores decisiones y que es por su bien, pero a cambio no ofrece elementos de certidumbre ni confianza.

 

Los días pasan y la situación no ha tenido solución. Las gasolineras cerradas, las largas filas de espera en las que están funcionando, los buques tanque con gasolina estacionados en el Golfo de México, los gasoductos cerrados y la falta de información son la realidad que el consumidor mexicano está consumiendo cada jornada.

 

Ante ello, la Comisión Permanente ha invitado a una junta de trabajo a las y los servidores públicos del sector energético para el próximo lunes, cita que no es obligatoria, pues como parte de sus atribuciones la Permanente no puede llamar a comparecer a servidor alguno.

 

Ello ha prendido aún más las alarmas en San Lázaro, en donde el próximo miércoles los legisladores federales podrían estar dando inicio al periodo extraordinario en medio de una gran crisis por la falta de combustibles.

 

@jlcamachov

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