Como se esperaba, el actual proceso electoral para renovar al Poder Ejecutivo Federal se encuentra en alto grado de ebullición, pues los perfiles, propuestas y ataques están a la orden del día, lo cual no debe espantar a nadie, al ser propio del acto electoral más relevante de cada seis años.
Lo que sí debe llamar la atención es que quien resulte electo enfrentará el reto de encabezar una Presidencia de la República más acotada y con mayores obligaciones de diálogo y consenso con el Poder Legislativo. Como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia política, a partir del 1 de diciembre de 2018 seremos testigos de cómo la figura presidencial tendrá un papel crucial en la conducción del país, pero con un mandato que debe compartir trilateralmente, con el fin de apreciar las decisiones que debe tener una democracia como la nuestra, en la que trabajen de la mano el Congreso y el propio Presidente. A reserva de que el próximo Primer Mandatario opte por un gobierno de coalición, figura con la que todo su gabinete –con la excepción de los titulares de la SEDENA y SEMAR- tendrá que ser aprobado por el Senado, es un hecho que el nombramiento que realice de su secretario de Relaciones Exteriores deberá pasar por la aprobación del Senado y de su secretario de Hacienda y Crédito Público por el rasero de los diputados federales. El Plan Nacional de Desarrollo que es el documento rector del actuar del Poder Ejecutivo Federal y precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país, deberá por primera vez ser aprobado por la Cámara de Diputados, con lo cual será coparticipe en la determinación de los instrumentos y ejecución de la política social en México. Se trata de un hecho jurídico de la mayor relevancia en la lucha contra la pobreza y la marginación, y en esta nueva etapa quienes converjan en la Cámara de Diputados y el próximo Presidente de la República harán equipo para perfeccionar esa hoja de ruta que es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El mismo Plan está enmarcado dentro nuestra Constitución en el artículo 74º, fracción VII: Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley (6 meses a partir de la toma de posesión del Presidente). En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá por aprobado… Asimismo, bajo el liderazgo del próximo Presidente de la República se deberá presentar al Pleno del Senado su propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el cual es un programa que presenta los fundamentos de una política de Estado para la Seguridad Nacional en el siglo XXI. Sustentado en el análisis de la posición de México en el mundo y de sus retos internos, responde a los desafíos de una nación democrática y moderna que deberá consolidar su condición de potencia emergente en un escenario global complejo y definido por cambios constantes. En aras de fortalecer la integridad nacional y brindar al Estado la máxima seguridad, la Constitución expresa que La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, […] Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública… Se trata de una segunda política que debe ser de Estado, y la aprobación del Senado del principal instrumento para lograr la paz y seguridad en México es un primer paso en ese sentido. La designación hoy en día del Fiscal General de la República representa la oportunidad de fortalecer institucionalmente el nuevo Sistema de Justicia Penal (que coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar los delitos), además de buscar convertir esta dependencia en un contrapeso para el próximo gobierno gane quien gane la Presidencia de la República el próximo 1º de julio de 2018. El debate que gira en torno a la Fiscalía General se ha centrado en el nombramiento de su titular. El núcleo de la reforma es la transformación de la actual PGR en una Fiscalía que esté dotada de autonomía y que sea ajena a las directrices de la administración pública o de las presiones políticas Al día de hoy, paradójicamente, los esfuerzos constitucionales por consolidar la Fiscalía -que deberá entrar en funcionamiento en 2018- se han visto obstaculizados por los desacuerdos y la falta de voluntad política. Y ese es el reto que enfrentará quien llegue a la silla presidencial, en materia de procuración de justicia y seguridad. Se trata de tres cambios que empezarán a ser una realidad a partir del 1 de diciembre próximo y que me permiten hablar de una nueva Presidencia, una más moderna, equilibrada y efectiva.
@jlcamachov