México se encuentra conmemorando el centenario del movimiento constitucional que lo dotó de la norma fundamental que a lo largo de cien años ha sido instrumento para la estabilidad, el desarrollo y la paz. En un contexto convulso, los mexicanos de 1916 encontraron los motivos suficientes para apegarse a la legalidad y reformar la Constitución que en 1857 había sido aprobada, permitiendo dar paso al México de las instituciones del que hoy gozamos.
Una de ellas son las Fuerzas Armadas, herederas del contingente que en 1913 apoyó al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para restablecer el orden constitucional y expulsar del poder al usurpador. Sobra decir que dichas intenciones triunfaron y desde entonces, México cuenta con un Ejército, Fuerza Aérea y Marina-Armada leales no a los hombres ni a los grupos, sino a las instituciones públicas que se deprenden del ordenamiento constitucional. Y es justamente en este contexto político-social que el Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos, ha llamado la atención sobre el pendiente legislativo que resulta necesario atender, no sólo para dar certidumbre a las Fuerzas Armadas, sino sobre todo a la sociedad en la participación de los militares en tareas de seguridad pública. A diferencia de lo que algunos han querido malinterpretar, el llamado del general de cuatro estrellas, quien ha sido formado en centros militares mexicanos y es heredero de una institucionalidad, nacionalismo y lealtad irrebatibles, no es un chantaje al Poder Legislativo Federal ni mucho menos al Presidente de la República, sino una muestra más de la urgencia de desaparecer laginas legales que a nadie benefician. No obstante, han surgido algunas voces que seguramente por falta de conocimiento acusan al Ejército de buscar protección legal. Nada más alejado de la realidad que esta aseveración a todas luces calumniosa, injustificada y falta de sustento legal y fáctico. El Ejército Mexicano no es el violador de derechos humanos que algunos han querido hacer creer, y por más que repitan esa mentira no se volverá realidad. Se trata de la institución mejor evaluada por la población, prestigio que se gana a pulso todos los días gracias a la labor que realiza en todos los rincones del territorio nacional y ante lo cual no cabe mentira ni calumnia alguna. Es una realidad que las Fuerzas Armadas lograron frenar el avance del crimen organizado. Ni impunidad ni privilegio es lo que busca el Ejército mexicano, sino certidumbre jurídica para dejar perfectamente delimitadas las atribuciones de cada uno de los órganos con que cuenta el Estado mexicano en la lucha contra la delincuencia. No obstante, se ha llegado a señalar que los militares buscan dar un golpe de estado “volviendo legal lo que realizan extralegalmente”. Se trata de un juego de palabras que tal vez resulte llamativo, pero que en la realidad jurídica se trata de un galimatías propio de un ignorante del Derecho, siendo obra de un ocurrente que sólo busca llamar la atención. Norberto Bobbio señala que el golpe de estado es un cambio de gobierno que viola la constitución legal del Estado, generalmente de manera violenta, y por parte de los detentores del poder político. Es decir, es ir en contra de la norma fundamental con el objetivo de hacerse del poder y cambiar el régimen político imperante. Con base en esta concepción clara, documentada y bien delimitada de lo que es el golpe de estado, no existe acoplación alguna entre lo expuesto por el Gral. Cienfuegos y un supuesto golpe de estado, sino una clara contradicción. Las Fuerzas Armadas llaman a respetar y actuar con base en la Constitución y el ordenamiento jurídico. Asimismo, la regulación pendiente no será hecha por el Ejército, sino por el poder que la propia Constitución prevé y que reconoce atribuciones para hacerlo, como lo es el Constituyente Permanente. Regulando figuras como los estados de emergencia que se encuentran contemplados en la legislación francesa y que permitieron hacer frente a los ataques terroristas en Paris y Niza, es como mejor se garantiza la observancia de los derechos humanos. Del lado contrario se encuentra el desorden y la anarquía. México debe dar un paso adelante en la actualización de su legislación en materia de seguridad interior, que permita al gobierno hacer frente a determinada emergencia y garantizar que los culpables sean encontrados y detenidos. Me queda claro que ésa es la intención del General Salvador Cienfuegos.
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