Durante el año pasado se presentaron dos iniciativas de ley referentes a la seguridad interior nacional; el objeto de ambas se remite a la regulación de lo que habrá de reconocerse como una “ley de seguridad interior”, la cual, según ha dicho el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, será analizada y aprobada antes del 30 de abril próximo.
Fue en septiembre de 2015 cuando surgió la primera iniciativa de ley que trataba estos menesteres, suscrita por el senador integrante de la bancada panista Roberto Gil Zuarth.
Dicha iniciativa hizo mención de aspectos presumiblemente importantes para la cotidianidad nacional, como lo es la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, así como la intervención de éstas en apoyo a las tareas de seguridad pública y seguridad jurídica.
La iniciativa del senador Roberto Gil versa sobre la definición de los supuestos que afectasen a la seguridad interior, la misma resalta de igual forma la integración de un comité de seguridad interior. En este sentido, se sustenta esencialmente en la participación de las Fuerzas Armadas en atención a una posible declaratoria de afectación a la seguridad interior y fundamentalmente la conformación de Fuerzas Especiales de Apoyo Federal.
De la misma manera, luego de lo mencionado el 27 de octubre de 2016 se conoció una segunda iniciativa que circula en la misma dirección, ésta presentada por el diputado priista y doctor en Derecho, César Camacho, y la legisladora del mismo grupo parlamentario Martha Sofía Tamayo Morales.
La propuesta tricolor destaca la expedición de una ley de seguridad interior, definiendo las acciones que se refieren al propio concepto de seguridad al interior y las acciones de orden interno, y esclareciendo atinadamente lo que habrá de entenderse como seguridad interior, seguridad nacional, fuerzas armadas, fuerzas federales, inteligencia para la seguridad interior y uso legítimo de la fuerza.
Para tal fin, el doctor César Camacho contempla dos tipos de operaciones las que podrían realizar las Fuerzas Armadas. La primera de ellas es para restaurar el orden y la segunda para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y desastres que constituyan una afectación a la Seguridad Interior.
Se trata de una iniciativa que reglamentaria la insuficiencia legal a la que hoy se enfrenta nuestro Ejército y que le permitiría contar con una hoja de ruta clara y certera, la cual el día de hoy las propias Fuerzas Armadas han tenido que cubrir con reglamentos y directivas que no tienen el mismo carácter que una norma general.
En la citada iniciativa se diseña un procedimiento específico para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, siendo éste que el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o por su Ejecutivo cuando éstas no se encuentren reunidas, ordenará por conducto de la Secretaría de Gobernación, la implementación gradual de Acciones de Seguridad Interior, cuando se presente alguno de los supuestos que esta iniciativa contempla en su artículo 7, como lo son actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes integrantes.
Asimismo, sería la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico y cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas.
Se trata de una iniciativa seria, bien diseñada y pensada.
Es deseable que en el Poder Legislativo Federal se logren los acuerdos y consensos necesarios para responder de la misma forma en que nuestras Fuerzas Armadas le han respondido al pueblo mexicano.