No hay duda de que el problema de la inseguridad y el crecimiento de la violencia es el que más afecta y más preocupación genera entre los mexicanos de todos los niveles sociales. Quienes se han acercado al problema y lo han estudiado más allá del mero análisis estadístico configuran una problemática compleja en la que se mezclan desde los intereses de grandes y cada vez más diversificadas organizaciones criminales, hasta comportamientos y conductas sociales e individuales patológicos y culturalmente difíciles de delinear. Adicionalmente, el problema se complica con los impresionantes niveles de impunidad e incapacidad de órganos y servidores públicos involucrados en la procuración e impartición de justicia, así como un marco regulatorio y de control sumamente laxo e inoperante para controlar armas, municiones y otros elementos que la delincuencia y la violencia requieren. Si a ello agregamos las múltiples manifestaciones socioculturales que exaltan la violencia y que alientan la actividad delictiva y la falta de una educación cívica que promueva valores dirigidos a fomentar una convivencia social pacífica, tenemos una mezcla aterradora, porque nos muestra las múltiples facetas del problema y la complejidad de enfrentarlas. El caso de los feminicidios nos ayuda a entender la vastedad de esta problemática: muchos homicidios en contra de mujeres tienen como agresor a la pareja sentimental o familiares cercanos de la víctima. Ante la cantidad de casos, impresiona que los que han dado con el culpable y se han enjuiciado representan una cantidad mínima. Muchos casos empiezan por la desaparición de la víctima y en muchos casos los cadáveres son descubiertos en fosas clandestinas. Algunos de los casos que se han aclarado, dan cuenta de horrorosos métodos de tortura y de sacrificio de las víctimas, y aún más escalofriante revelan que el o los homicidas aparentaban ser personas comunes y corrientes. Lo paradójico es que vivimos una época en la que suponemos que comportamientos machistas y de degradación de la mujer son cada vez menores. Entonces, ¿qué está pasando?, ¿por qué crece el número de feminicidios?, ¿son todos los casos producto de delitos asociados con trata o con prostitución? El tejido social está deteriorado: familias enteras están inmersas en actividades criminales o al menos al margen de la ley y miles más viven en un clima de inseguridad permanente. Hoy la confianza en los otros está en niveles deplorables y ya ni siquiera hay certeza de que el marco jurídico y la intervención de la autoridad podrán mantenernos a salvo de los efectos de la inseguridad y la violencia. Ante esta realidad, el gobierno en su conjunto no ha definido una política pública efectiva, que permita la reconstrucción del tejido social y cese de una vez por todas esa ilusión de riqueza criminal que crece a pasos agigantados entre la población a costa de nuestros jóvenes. Es momento de alcanzar nuevos consensos y fortalecer la cultura de valores y principios cuya ausencia ha permitido que el crimen engrose sus filas. Es tiempo.