Al acordar la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal se sujeta al escrutinio público y al rigor y sanción de las leyes
1. Anticorrupción a fondo En febrero de 2012, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz organizado por el Senado y la UNAM, el doctor Jorge Carpizo McGregor haría un llamado a emprender una gran cruzada contra la corrupción, que ya se veía entonces que desbordaba la conducta pública en el corolario de la primera alternancia política en nuestra democracia, amenazando con carcomerlo todo. El tema fue punto medular en la campaña electoral de ese año, por lo que, durante el periodo de transición de gobierno, el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, encomendó la presentación de una iniciativa anticorrupción por los grupos parlamentarios del PRI y el Partido Verde en una primera oleada de reformas previo al inicio del nuevo gobierno. Después, vino el Pacto por México, en cuyo seno se buscó aprobar la legislación más apropiada, sin embargo, no es sino hasta 28 meses después de que fuera presentada en el Senado tal iniciativa anticorrupción, que la Cámara de Diputados logró finalmente construir los acuerdos necesarios y aprobar un conjunto de reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que es finalmente como habrán de quedar identificadas las leyes e instrumentos para atajar y combatir ese cáncer que corroe la vida nacional. Distintos investigadores, entre ellos Elinor Ostrom y los ya mencionados en anterior columna, Francis Fukuyama y Robert Putnam, han considerado que la confianza es hija de las prácticas correctas, del cumplimiento del deber, de la transparencia y de la convicción de que la conducta se apega a la letra y el espíritu de la ley. La corrupción es entonces un acto ilegal, opaco y dañino en el que unos logran beneficios particulares a costa del interés general, que encarece las transacciones de toda índole en la sociedad y el Estado. De ahí la importancia de que en una sociedad moderna, las instituciones formales coincidan con las instituciones informales, es decir, las prácticas comunes y cotidianas en la sociedad. Realmente, si queremos que los nuevos instrumentos contra la corrupción funcionen, también es preciso erradicar prácticas que pretenden procurar ventajas individuales, derivadas del ofrecimiento o recepción de dádivas (la “mordida”), el tráfico de influencias, el influyentismo o el nepotismo, fenómenos descritos por Francisco Bulnes hace más de cien años en el origen de la administración pública mexicana, quien describiera la “amigocracia” con la que se cubrían los cargos, en un “sistema de botín”, que premiaba a los cercanos con puestos públicos a cambio del apoyo político otorgado o la simple cercanía filial o emotiva. Es decir, para que haya corrupción, deben existir condiciones de opacidad y complicidad, además de corruptores y víctimas, unos que ofrecen dádivas a cambio de canonjías, y otras, la mayoría, que sufre las consecuencias de bienes y servicios malos y caros. Finalmente, ante el clamor existente, en la Cámara de Diputados se logró romper el impasse de la malograda Comisión Nacional Anticorrupción y se buscó lograr el mismo fin por un camino distinto, en este caso a partir de la reforma política del Pacto por México que creó la Fiscalía General de la República y, conforme a iniciativas del PAN, PRD y PRI, tras arduas negociaciones se integraron los instrumentos constitucionales y jurídicos necesarios para aclarar las dudas existentes que han nublado la credibilidad pública, al tiempo que sistémicamente se combata la corrupción en todas sus formas, públicas o privadas. El balón se encuentra ahora en la cancha del Senado de la República, a quien corresponde como Cámara revisora hacer transitar la reforma anticorrupción, es de esperar que en un tiempo acorde a la urgencia nacional. Por lo pronto, el Presidente de la República llevará en el portafolio en su gira al Reino Unido, en donde se han vertido severas críticas al respecto, el propósito transformado en ley de combatir a fondo la corrupción, la impunidad y el conflicto de interés, mismo al que se obligan él y su gobierno. 2. Las partes del Sistema Nacional Anticorrupción Como lo ha explicado el diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, se dispondrá ahora de un sistema basado en cuatro pilares, una “mesa de cuatro patas”, con una Fiscalía Anticorrupción con autonomía constitucional y capacidades de Ministerio Público para integrar averiguaciones previas y consignar ante un juez a los presuntos corruptos y corruptores; una Auditoría Superior de la Federación, con más facultades y dientes para auditar y revisar los recursos públicos en los tres niveles de gobierno, contando además con la facultad de atracción en aquellos casos graves que acontezcan en Estados o Municipios. Habrá además un Tribunal de Justicia Administrativa investido de capacidades propias de un tribunal de rendición de cuentas, para aplicar las sanciones de índole administrativa que resulten, y una Secretaría de la Función Pública renovada, cuyo titular será ratificado por el Senado, en la que habrán de realizarse la vigilancia propia de la contraloría interna, la aplicación de normas internas, las actividades preventivas –entre las que destacan la presentación de declaraciones de bienes y de intereses en posible conflicto—así como aquellas correctivas a que haya lugar, una vez sustanciadas observaciones de auditoría o prácticas de las que hubieran derivado hechos de corrupción. En la cúspide del Sistema, es decir, sobre la mesa propiamente dicha, se ha previsto (artículo 113 constitucional reformado) una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, que incluye un Comité de Participación Ciudadana para vigilar que los otros vigilantes facultados por las leyes no se desvíen del cumplimiento de su principal responsabilidad, que es garantizar la integridad del servicio público y combatir y erradicar la corrupción. Es decir, se trata no solamente de lamentarse porque la corrupción exista y se encuentre ascendrada en nuestra sociedad, sino de iniciar el camino que permita cambiar el estado de las cosas. Para comprender la complejidad de la tarea, baste señalar que el 25% del valor total de la economía nacional según cifras del INEGI, se mueve en el sector informal, es decir, al margen de lo legítimo, que para existir involucra alguna forma de corrupción tanto pública como privada. Podrá decirse que lo que se pretende será poco si no hay una aplicación draconiana en los casos que han exacerbado a la opinión pública sobre posibles conflictos de interés en el primer círculo del gobierno; sin embargo, estas dudas o revelaciones están siendo investigadas por el órgano competente, que es la Secretaría de la Función Pública, además de que lo relevante es realizar la transformación institucional necesaria para que la corrupción pública no sea posible en nuestro país. Es claro que al acordar la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal se sujeta al escrutinio público y al rigor y sanción de las leyes. 3. Cinco meses después Cinco meses después de los trágicos acontecimientos de Iguala, en que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, situada a 200 kilómetros de este lugar, fueron secuestrados y desaparecidos en una enorme pira funeraria en el cercano municipio de Cocula, delito perpetrado por la colusión criminal de la autoridad y policías municipales con la banda de narcotraficantes llamada “Guerreros Unidos”, en la entidad guerrerense se vive una situación de insubordinación que pone en riesgo el proceso electoral en la entidad. Los grupos que, bienintencionados o no, dicen representar el dolor de los padres y familiares de las víctimas, prosiguen su labor hacia el desdoblamiento de las demandas; primero, que se presentara “vivos o muertos” a los desaparecidos; después, que se responsabilizara al Estado mexicano de lo hecho por el grupo de criminales, luego, enarbolar las reivindicaciones gremiales de los maestros aglutinados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) para obtener plazas y el pago de salarios caídos de paristas, aviadores y marchistas, y, ahora, revelando el objetivo último, que es lograr la suspensión o anulación de las elecciones en Guerrero, con la consecuente desaparición de poderes y clímax del conflicto político en uno o varios de los estados del sur. En la ruta de la sedición, de la que adviertiera incluso la jerarquía eclesiástica que le informara al Papa Francisco sobre la “mexicanización” del narcotráfico y la violencia en varias entidades del país, se encuentra ya un movimiento de insurgencia con la participación de grupos guerrilleros, del Frente de Liberación Nacional que actuara en Chiapas con el EZLN; el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el ERPI, desprendimiento de este último, entre los principales grupos guerrilleros que al amparo de la teoría del foco de conflicto buscan enfrentar y derrocar al Estado mexicano. Los choques recientes en Acapulco, Chilpancingo y la ciudad de México, así como los constantes bloqueos de vialidades e instalaciones estratégicas, muestran que lo que viene es un escalamiento de la confrontación con la que estos grupos contestatarios, apropiados de una causa justa, como es la de las víctimas de desaparición forzada, buscarán confrontar al Estado mexicano y polarizar a la sociedad. Entretanto, en el contexto de los reacomodos políticos derivados de la próxima contienda electoral y una vez concluida jurídicamente la investigación de los hechos de Iguala, la titularidad de la PGR hará de renovarse, pasando su anterior titular, Jesús Murillo Karam, a desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quedando al frente la senadora con licencia Arely Gómez, significando un viento fresco en la dependencia. Es de desear que la inconformidad y el descontento se logren encauzar mediante el diálogo y la inclusión. Entretanto, una vez más, la voz de los ciudadanos que han construido la democracia mexicana requiere hacerse oír claro y fuerte para frenar la algarada mediante la participación en el proceso electoral y el ejercicio del voto cuando corresponda, que será siempre la mejor manera de elegir opciones y renovar tanto la representación política como la mejoría de expectativas de la sociedad. 4. Lecturas demoscópicas Prácticamente todas las casas encuestadoras que han publicado resultados de preferencias hacia las elecciones federales del 7 de junio próximo, coinciden en una distribución que pone al PRI a la delantera, pero que puede ser leída de diferentes maneras. Conforme a los datos, descontando los efectos de la baja popularidad presidencial y el impacto de la crisis de Iguala y la confrontación del magisterio disidente contra la reforma educativa, el PRI ha pasado de 40% de preferencias hace seis meses a entre 30 y 32%, en tanto que el PAN ha ascendido del 22 al 26% aproximadamente, con lo que la carrera se estaría dando entre estas dos fuerzas políticas nacionales. En el tercer nivel, más o menos en el orden de un tercio de las preferencias el PRI o la mitad de las del PAN, se debate la división del PRD y Morena y el Partido Verde, disputando la tercera posición, entre 9 y 12% de las intenciones electorales. Al fondo de la cubeta, estarían cinco minipartidos en el límite del registro o por debajo de éste, que es del 3%, demasiado cerca de la marca del error estadístico que suele ser de este orden como para emitir un pronóstico, por lo que todo apunta a que Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, PANAL, Parido Humanista y el de Encuentro Social estarían en riesgo de no lograr mantener el registro. En estos datos, debe tenerse en cuenta que aún hay entre 25 y 30% de indecisos, es decir, quienes aún no definen su preferencia, por lo que los partidos estarían apostando a menguar la apatía y abatir el abstencionismo, que es en donde pueden incidir las próximas campañas que oficialmente arrancarán el 5 de abril; entre el 5 de marzo y el 4 de abril, la ley electoral prevé un periodo de veda, por lo que los partidos y candidatos entrarán a la pelea con las cifras antes mencionadas. La revelación del caso ha sido el Partido Verde, que ha crecido de un histórico 5 ó 6% a una perspectiva del 10 u 11, que evidentemente se sumarían al porcentaje que obtuviera el PRI dada la coalición existente entre ambos, para mantenerse como el grupo mayor en la Cámara de Diputados. Esto explica en buena parte la virulencia de los demás partidos contra la exitosa campaña del Partido Verde, aprovechando las oportunidades y resquicios que ofrece la ley electoral para posicionar su marca como el partido que “sí cumple” lo que promete. Por supuesto, para buscar atajar la profecía electoral que estarían anticipando las encuestas, los partidos adversarios a la coalición gobernante se han lanzado a fondo para desacreditar al árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, que en estos comicios estará siendo sometido a la prueba del ácido, dada su reciente creación en la reforma política y electoral de hace apenas un año. En esta lógica, siete partidos representados en el INE, que tienen voz más no voto en las deliberaciones del Consejo General, atacaron decisiones polémicas sobre dos asuntos medulares; el primero, que el Instituto sancione al Partido Verde por utilizar la propaganda y los medios que utiliza, que evidentemente le han ganado un mayor lugar en las preferencias del público; y la segunda, que el Instituto constriña al gobierno federal para que minimice la política social o cualquier política que le suponga alguna ventaja, so riesgo de ser considerado parte de la propaganda electoral. 5. El Instituto Nacional Electoral a prueba De poco habrá servido entonces que el Instituto Nacional Electoral fuera construido conforme a las exigencias de los partidos de oposición, el PAN y el PRD, para centralizar las decisiones y dotarle de una mayor autonomía respecto de los partidos políticos, dado que lo que se pretende ahora es que sirva al interés de los partidos de oposición, que se sienten en la parte baja de las preferencias electorales. Al retirarse de las sesiones del Consejo General, los siete partidos que lo hicieron, esto es, el PAN y las izquierdas, están volviendo a sabotear el concepto de un INE autónomo y equidistante de los partidos políticos. Los analistas señalan que el problema del diseño del INE pudiera ser el sistema de cuotas, si es que éste se utilizó para integrarlo, pero que en todo caso es también responsabilidad de los propios partidos políticos que en su momento así lo convinieron. Cosa de recordar cómo la integración del INE en la Cámara de Diputados se logró por mayoría calificada previo acuerdo de los partidos políticos, en el tiempo y forma establecidos. Debilitar al Instituto Nacional Electoral no hace sino nutrir la posibilidad de un proceso electoral controvertido, en el que las denuncias semánticas, propias de la estrategia del “fraude anticipado”, buscan obtener resultados más allá de las urnas y de la voluntad ciudadana. De esta forma el INE estará sometido a un doble fuego, de un lado, la escalada que está preparando el magisterio disidente en los estados de la cuenca del descontento, que evidentemente habrá de problematizar las elecciones en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; por el otro, la profusión de denuncias para que el gobierno y los partidos de la coalición gobernante prácticamente cesen sus actividades, como si no fueran a estar sometidos a una especie de referéndum en las elecciones. Bien dice el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que a nadie conviene que la autoridad electoral esté a merced de los partidos políticos. La ley del INE establece que los representantes de los partidos políticos participan con voz pero sin voto en las sesiones del Consejo General, lo que de ninguna manera supone que los representantes de los partidos pretendan capturar al Consejo sometiéndolo a tal chantaje; no es vano suponer que tras las elecciones y sus inevitables controversias, habrá materia para otra ronda de reforma electoral, por lo que cabría considerar ahora sí, un órgano electoral sin presencia de los partidos políticos, que debieran acatar las resoluciones del Consejo General que ellos mismos diseñaron e integraron y no pretender coaccionarlo conforme se muevan las preferencias electorales.