Redacción ejecentral
Con 315 votos a favor y 97 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura, que busca erradicar estos delitos y proteger los derechos humanos.
En tanto, la CNDH reconoce la aprobación de los legisladores a la Ley lo que permitirá garantizar a la población el derecho humano a la integridad personal.
El diputado Armando Luna Canales, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que es necesario aprobar esta ley pues resulta alarmante que un porcentaje importante de la población apruebe la violación a los derechos humanos de las personas, así como el empleo de medios violentos para combatir el crimen.
Esta ley manda “un mensaje a la comunidad internacional de que México está en el camino al respeto a los derechos humanos”, ya que establece que nadie, bajo ninguna circunstancia, quedará exento de responsabilidad porque se podrá sancionar a toda la cadena de mando.
Explicó también que la ley hace imprescriptible el delito de tortura para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, además de que éste se perseguirá de oficio.
La iniciativa considera que “comete el delito de tortura, el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, [la usa] como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas de discriminación o cualquier otro fin”.
También quien “cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. [Quien] realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo”.
El documento, aprobado por el Senado en abril 2016, también establece penas de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.
La ley que consta de 96 artículos plantea el establecimiento de competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otras prácticas inhumanas.
CNDH celebra decisión
La CNDH celebró la decisión adoptada por la Cámara de Diputados y expresó su convicción de que mediante su análisis, el Senado también se pronuncie sobre las modificaciones incorporadas y pueda la sociedad mexicana ver lo antes posible aprobarla en su totalidad.
Dijo que mediante esa disposición legislativa se pretende erradicar una añeja práctica que también ha evolucionado con el tiempo al aplicar métodos sofisticados que atentan contra la integridad personal, bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal, ya que se trata de un derecho consustancial a toda persona.
El Estado mexicano da plena vigencia al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la tortura, y al artículo 29 de la propia Carta Magna, el cual enfatiza que la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá observante de la evolución de los acontecimientos y, en el ámbito de sus competencias, refrenda su compromiso para lograr la total erradicación de ese flagelo en nuestro país.