MARÍA IDALIA GÓMEZ Y MÓNICA VILLANUEVA
Los Caballeros Templarios conservan su capacidad táctica y operativa. El sábado pasado lo probaron: en un paraje conocido como Las Curvas de El Cajón, en la carretera entre Ciudad Altamirano y Huetamo, emboscaron a Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, Guerrero. Lo mataron.
Si bien para las autoridades oficialmente sólo opera en células y pequeñas regiones, el cártel con este crimen desafió nuevamente al Estado. Tuvo la capacidad de penetrar el círculo de confianza del alcalde, amenazarlo públicamente en por lo menos tres ocasiones, anunciar su muerte y planificar una emboscada para consumarla, en la que usaron, por lo menos, a 10 de sus mejores tiradores con armas AR-15 y AK-47.
Las primeras investigaciones muestran que se trató de una operación bien planificada, con información de inteligencia. Los disparos se concentraron en las ventanas y puertas de la camioneta Chevrolet gris en la que viajaba Soto Duarte con su chofer.
En el caso de la patrulla de la Policía Federal que escoltaba al alcalde y en la que viajaban dos elementos que resultaron gravemente heridos, los disparos fueron dirigidos a puertas, ventanas y al motor. En total encontraron 200 casquillos en el lugar, eran calibre 7.62 y .223.
En la carretera, además de dos camionetas que obligaron a detenerse al vehículo en el que viajaba el funcionario y a los que usaban sus escoltas, los sicarios abandonaron el cuerpo de uno de sus compañeros al que abatieron los federales cuando repelieron el ataque. Se trata de un hombre que podría superar los 50 años de edad, tez morena clara con profusas arrugas marcadas, manos gruesas y callosas, cabello entrecano casi al rape, chamarra y playera negra; ya se tienen los primeros datos de su identidad, pero se continúa verificando, aunque el rastro lleva a Michoacán, a Huetamo, a Los Caballeros Templarios.
Por ahora, los principales sospechosos de ordenar y planear el asesinato del alcalde de Pungarabato, son dos: Rodolfo Maldonado Bustos, mejor conocido como José Pineda o Don José, y Salvador Navarro Peñaloza, alias El Zarco. El primero de ellos lugarteniente y el segundo su principal operador en la zona de Tierra Caliente.
Ambos son conocidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades de Guerrero y Michoacán desde 2007, ya que fueron detenidos en el municipio de Zirándaro cinco integrantes de su organización, entre ellos Iván Nájera Suazo, quien era pieza clave en la operación de trasiego de drogas a Estados Unidos, y también estaban Don José y El Zarco.
Inexplicablemente fueron liberados meses después, a pesar de haberles encontrado rifles de asalto, droga, celulares y joyas.
En octubre de 2012 las autoridades se volvieron a acercar a Don José, cuando el Ejército capturó en el municipio de Cutzamala de Pinzón, tras un enfrentamiento en el que a los efectivos militares les lanzaron granadas y les dispararon con rifles de asalto, a siete sicarios con un arsenal tipo militar que incluía una Barret AK-47 y AR-15, además de dinero y droga. En ese enfrentamiento lograron huir José Pineda, El Zarco y su aliado Gregorio Abeja Linares, El Güero Abeja.
Fue en 2013 cuando nuevamente la PGR obtuvo pruebas contra Don José y a El Zarco, por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y en el caso del segundo también por secuestro.
El poder templario
Don José y El Zarco se convirtieron en sicarios violentos y temerarios, hasta que los embates del gobierno federal eliminaron uno a uno a los líderes de Los Templarios, el último fue Servando Gómez, La Tuta, capturado en 2015, y así se acomodaron a la cabeza de la organización. El cártel de los Beltrán Leyva dominaba la zona de Tierra Caliente, la célula de Los Pelones era la encargada de mantener el control en la zona. Entonces Maldonado Bustos y Navarro Peñaloza formaban parte de la organización, hasta que Arturo Beltrán fue abatido, las células operativas cobraron vida propia y se convirtieron en Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Fresas y los que se aliaron a La Familia Michoacana y a Los Templarios.
Aunque Los Caballeros Templarios se replegaron ante el despliegue de las fuerzas federales entre 2013 y 2015, nunca abandonaron Michoacán y, por el contrario, afianzaron el control en gran parte de la Tierra Caliente, que abarca más de mil kilómetros en 33 municipios de esa entidad y de Guerrero y el Estado de México, donde habitan 786 mil 474 personas.
En los últimos años Don José ha logrado consolidar una estructura entrenada, con capacidad de movilidad y de fuego, que impide la invasión de sus enemigos: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y Guerreros Unidos.
El corredor de Tierra Caliente, por su agreste topografía, funciona como centro de operaciones clandestino para la construcción de laboratorios ilegales para elaborar drogas sintéticas; para la siembra de marihuana y es paso obligado en el trasiego de cocaína procedente de Sudamérica.
La región ofrece beneficios económicos adicionales. Se trata de una de las zonas mineras más ricas en fierro, oro, plata, zinc, plomo y cobre; minas que apenas comienzan a operar y otras que ya producen diversos minerales.
La zona de Michoacán de Tierra Caliente lidera en la producción de limón, aguacate, jitomate y fresa, y de maderas preciosas. Por todo ello, Los Templarios, de acuerdo a informes del gobierno federal, cobran extorsiones mensuales que van de los cinco mil a los 30 mil dólares mensuales, dependiendo la capacidad de producción de cada empresa.
Control institucional
Han sembrado el terror en toda la región, a partir de secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos. Y es que la tercera fuente de ingresos de las organizaciones criminales de la zona y específicamente de Don José, que al mismo tiempo le permite el control territorial, es la intervención en la política municipal. Desde el cobro del 10% por cada obra o servicio, o la asignación de contratos y la colocación de sus aliados en puestos públicos, especialmente en finanzas y las áreas de seguridad y emergencia. En caso de que las autoridades no cedan, se les amenaza, después secuestra y al final se les asesina.
Este patrón ha ocurrido desde 2007, en ocho municipios de la Tierra Caliente, en donde han sido asesinados siete funcionarios municipales, otro sufrió un atentado y dos más han huido de la zona por las amenazas. Esto ha ocurrido en las alcaldías de Zacualpan y Tlatlaya, Estado de México; Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y en La Huacana, Tepalcatepec, Turicato y Aguililla, Michoacán.
Y el sábado se repitió la historia con el alcalde de Pungarabato, a quien desde el primer día de su gestión, el 30 de septiembre de 2015, se negó a darles dinero o permitirles la asignación de personas dentro de su administración. Desde entonces comenzaron a enviarle mensajes de texto a su celular, llamarle por teléfono, incluso subir a las redes sociales las amenazas y también por esa vía comenzaron una campaña de desprestigio en su contra, asegurando que habían financiado su campaña y que ahora debía pagarles. Los autores eran “Don José” y “El Zarco”.
Cumplieron sus amenazas el sábado. Mataron a Soto Duarte, pero para hacerlo mostraron su capacidad para el diseño de estrategias de inteligencia y contrainteligencia. Obtuvieron información precisa del alcalde, de sus movimientos y se enteraron que viajaría a Huetamo, a una de sus tiendas de refacciones, pero regresó rápido, antes de las nueve de la noche. Pero los sicarios ya lo esperaban, sabían la hora en que pasaría y la cantidad de personas que viajaban con él. Los emboscaron, le dispararon directo y huyeron.
La conexión Atlanta
En el asesinato del alcalde no sólo significa someter a las autoridades, para los investigadores también representa mantener el control territorial para poder traficar con drogas sintéticas, marihuana y cocaína, en una operación que llega hasta Georgia, Estados Unidos.
Desde hace cuatro años, una investigación en la que participaron varias agencias estadounidenses, pudieron identificar la red de traficantes que tiene su centro de operaciones en Tierra Caliente y que dirige “Don José”, junto a su colaborador más cercano que es “El Zarco” .
Los documentos de las Cortes Federales de Atlanta, muestran que la red lleva a Estados Unidos por tierra las drogas ya procesadas y listas para su distribución al mayoreo. Los cargos son por traficar metanfetaminas y cocaína, además de realizar operaciones de lavado de dinero.
Es en esta operación trasnacional, de acuerdo con los expedientes, en donde sustenta su poder Los Caballeros Templarios. Las agencias estadounidenses identificaron apenas una de las células operativas que respondía directamente a “Don José” y que encabezaba Iván Nájera Suazo, el mismo que en México fue liberado años atrás, pero que ya está preso en Estados Unidos, y que se vinculó con mafias locales para la distribución. Los investigadores creen que existen otras células de la misma organización operando en Georgia.
Se trata de dos acusaciones que involucra a 14 personas entre ellas: Nájera Suazo; Domingo Nájera Pérez; Rogelio Benetiz, “Roy”; Alejandro Santana; Luis Santabanas, “Neco”; Alejandro Maldonado, “Patiño”; Eduardo Rentería Maldonado, “Quinni”; Jay Hernández Santana, “Borrego”; José Luis Cano Pacheco; Aly Lozano, David Gómez; Nicholas Jackson; Darren Dunlap, y Jesus Uriel Celis Pineda.
El juicio continúa y en Estados Unidos se mantiene abierta una investigación contra Los Caballeros Templarios, porque existen datos que muestran la recuperación de este cártel y con ello la expansión en su territorio del trasiego de drogas, aunque no se especifica la cantidad de drogas que estarían enviando a ese país desde los laboratorios de Tierra Caliente.
Los Templarios fueron desmantelados… aseguraban autoridades.Como si una frase repetida decenas de veces se hiciera realidad, desde hace dos años, a fuerza de declaraciones, autoridades federales y estatales desarticularon al Cártel de los Caballeros Templarios, y con ello supuestamente su poder y capacidad.
El primero en asegurarlo fue el procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, quien declaró en septiembre de 2014 que 98% de esa organización había sido desmembrada, no tenían dinero y ni presencia en Michoacán.
❝Los Caballeros Templarios están completamente abatidos y desarticulados, sin posibilidad de reorganizarse. Ya ni siquiera tienen presencia en la entidad ❞, expresó entonces.
Cuatro meses más tarde, en enero de 2015, el ya ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, aseguraba que parte de su legado era que la estructura de Los Templarios había sido “prácticamente desarticulada”.
Al festín de declaraciones se sumó el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien dijo en marzo del año pasado –después de que fuera detenido Servando Gómez, “La Tuta”-, que en gran medida el cártel había sido “desestructurado”.
“En el operativo que inició el 15 de enero del año pasado (2014) a la fecha, nada más Policía Federal detuvo a más de mil 500 personas relacionadas con su estructura criminal. Hay todavía un par de pendientes que atender, que detener a algunas personas, pero es un grupo que prácticamente perdió fuerza, perdió control”, expresó.
El general Pedro Gurrola Ramírez, mando designado para la seguridad de Michoacán, por esos días fue aún más lejos:
“No hay indicios de que existan Los Caballeros Templarios como una organización delictiva que podamos ubicar, entonces si no existen como tal, podría haber en algún lugar algún reducto, pero como organización criminal está desmantelada, y entonces, es difícil que alguien se haga cargo de una organización que no existe, es difícil que alguien se haga cargo de algo que no tiene presencia”.
Ocho meses más tarde, el gobernador Silvano Aureoles reconocía que operaban células del cártel, pero pronto se resolvería:
“Estamos en alerta total. Tenemos la información de células que se quedaron dispersas; traemos en la mira por lo menos 12 células u objetivos que se quedaron dispersos después de haber desarticulado este grupo, pero eso pronto será resuelto”.
En los meses siguientes hubo expresiones públicas sobre la merma sobre los Templarios, ante la captura de la mayoría de sus líderes visibles. Sin embargo, las denuncias de la población sobre extorsiones y secuestros han continuado e incluso el cierre de carreteras y los asesinatos selectivos. Con información de Jonathan Nácar
Terrorismo contra alcaldes
Fue a partir de 2010 cuando los ataques contra los presidentes municipales y sus familias se recrudecieron, dejando al descubierto, por una parte, la vulnerabilidad de las autoridades y, por otra, la capacidad del crimen organizado para corromper, presionar y extorsionar al eslabón más desprotegido del sistema de gobierno.
Una base de datos compilada por ejecentral indica que, a partir de 2005 al menos 232 alcaldes, ex alcaldes, funcionarios municipales y sus familiares han sido víctimas de asesinato, atentado, secuestro, desplazamiento forzado o desaparición.
De 2005 a 2009 los ataques contra las autoridades locales y sus familiares sumaron 40, en ese periodo el peor año había sido 2009 con 15 casos, pero en 2010 la cifra tuvo un alza drástica al llegar a 32. El año con más casos fue 2013 con 42 ataques, en lo que va de este suman 21, siendo los más recientes los asesinatos del alcalde Ambrosio Soto, de Pungarabato, Michoacán; y el de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López.
Aunque miembros de los gobiernos edilicios, como síndicos y regidores también han sido víctimas, son los alcaldes en funciones y los ex alcaldes los receptores de la gran mayoría de la violencia; 67 presidentes municipales en funciones fueron blanco del crimen, 52 de ellos fueron asesinados (cuatro eran mujeres), uno secuestrado y asesinado, siete sufrieron atentados, cinco se desplazaron y dos permanecen desaparecidos.
En cuanto a los ex presidentes municipales, fueron 74 los que padecieron los ataques, además, siete alcaldes con licencia, seis suplentes, cinco candidatos, cinco directores de organismos, 16 funcionarios y ex funcionarios en distintos cargos, y 52 familiares.
Son los priistas los que más han sufrido ataques, esto en la lógica de que históricamente gobiernan la mayoría de los municipios; el conteo muestra que son 69 ediles del PRI los que han padecido los embates, 34 del PRD, 26 del PAN, siete por Usos y Costumbres, seis del PVEM, cinco del PT, dos de Movimiento Ciudadano, uno de Morena.
Pocos son los ediles, funcionarios y familiares que lograron salir con vida tras un hecho violento o amenaza; 199 fueron asesinados, otros 10 primero sufrieron secuestro y luego los mataron, 15 sobrevivieron a un atentado, cinco se desplazaron de sus lugares de origen y tres están desaparecidos.
Michoacán, Oaxaca y Veracruz son los estados donde más ataques se han dado (33, 31 y 25, respectivamente), pero otros también reportan casos: Guerrero con 23; Chihuahua, 20; Estado de México, 11; Tamaulipas, 11; Durango, 10; Jalisco, 10; Morelos, 8; San Luis Potosí, 7; Sinaloa, 6; Chiapas, 5; Coahuila, 5; Sonora, 5; Puebla, 4; Zacatecas, 4; Nuevo León, 3; Quintana Roo, 3; Colima, 2; Hidalgo, 2; Tabasco, 2; Guanajuato, 1 y Tlaxcala 1.