En la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que además de universidades públicas se ha extendido la práctica de contratar entes públicos para evitar licitar la contratación de bienes y servicios a nivel estatal y federal, como uno de los factores que propician recurrencia de observaciones. Al asistir a la Cámara de Diputados para entregar el tercer y último paquete de auditorías individuales de la Cuenta Pública 2016, el auditor suplente de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, describió que los equipos de auditores encontraron seis áreas que se estiman relevantes como factores relevantes de la operación gubernamental que generan la emisión de observaciones con efectos económicos y sociales significativos. “Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, aseguró el encargado de despacho. El encargado de despacho de la ASF indicó que se formularon mil 865 auditorías y que se emitieron dos mil 557 pliegos de observaciones, en que se presume daño o perjuicio a la Hacienda Pública, así como dos mil 504 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, notificadas a su vez a los órganos internos de control de los entes auditados. Como parte de esta primer área relevante señala las contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esquema en que sobre todo participan universidades y entes públicos, y que la Auditoría ha señalado que pone en riesgo el adecuado uso de los recursos públicos, “generan una ambiente de discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades”.
Por cambio de régimen, nuevos riesgos en empresas productivas
Otro riesgo que puso bajo la mira Pérez Saavedra fue el relacionado con las empresas productivas del estado luego que se cambió su régimen jurídico con la reforma energética, su mecanismo de gobernanza ha variado y sus consejos de administración han tomado decisiones equivocadas. Puso como ejemplo la adquisición de Agro Nitrogenados, comprada por Pemex a través de una subsidiaria, sin embargo se encontraba inactiva y la mayor parte de sus instalaciones era chatarra. “Ejemplos de dicha toma de decisiones serían: adquisiciones de complejos industriales no vinculados directamente con los objetos sociales de las empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado, como son los casos de las plantas de fertilizante de agronitrogenados y de tipo fosfórico”, dijo.
Riesgo de un auditor “carnal”
Existe el riesgo que, ante el freno de los diputados federales a nombrar al nuevo titular de la ASF, se elija a un “auditor carnal”, señaló el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Javier Pérez Saavedra, quien presentó los informes y reportes individuales, de la revisión a la Cuenta Pública 2016. En el documento entregado a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por más de 98 mil 102 millones de pesos en el gasto federalizado ejercido ese año por estados y municipios.
Veracruz y los estados más irregulares en sus cuentas
Veracruz (19 mil 728 millones de pesos), Nuevo León (9 mil 841 millones), Estado de México (7 mil 634 millones), Michoacán (6 mil 246 millones) y Tamaulipas (5 mil 437 millones de pesos), son los estados que encabezan los mayores volúmenes de recursos observados. Los señalamientos a entidades federativas y municipios se dividen en “observaciones con impacto económico”, por 78 mil 853 millones de pesos, montos pendientes de aclarar, por 4 mil 252 millones, y subejercicios, por 14 mil 997 millones. La ASF entregó este martes a los diputados federales un tercer paquete de 699 auditorías practicadas a entidades del gobierno federal, estados y municipios, las cuales se suman a las mil 166, para sumar un total de mil 865 revisiones.