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Jonathan Nácar

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “desconoció” la situación de más de ocho millones 750 mil damnificados y los daños causados en más de dos millones 451 mil casas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. En total, la dependencia no censó 343 municipios que fueron declarados en situación de desastre, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Como parte de la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, el ente fiscalizador que encabeza David Rogelio Colmenares dio constancia de la serie de omisiones, fallas y deficiencias en las que incurrieron tanto la Sedatu, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el proceso de reconstrucción y entrega de apoyos tras los desastres naturales de hace un año.

Aunque para Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, el censo de los damnificados y las viviendas dañadas se realizó bajo “un proceso muy transparente, con folios y la participación de los tres niveles de gobierno”, refirió en su comparecencia ante Comisiones de la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, en noviembre de 2017, dos meses después de los sismos.

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El diagnóstico realizado por la ASF contradice lo expuesto por la funcionaria. Al advertir que la Secretaría a su cargo “no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación”, lo cual limitó programar y priorizar los apoyos para los damnificados.

En total, Sedatu desconoció el diagnóstico de los daños de 2 millones 451 mil 407 viviendas y ocho millones 750 mil 407 personas que habitaban en los 343 municipios que no fueron censados pese a contar con declaratoria de desastre.

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño que la ASF realizó sobre la cobertura del levantamiento de información de los damnificados, se constató que en Veracruz, estado de México, Guerrero y Morelos el censo de daños fue de 100%; mientras que en Oaxaca, sólo abarcó el 28.7% (104 municipios de los 362 con declaratoria) y en el caso de Tlaxcala se levantó información, pero la Sedatu no justificó las causas por las cuales no la incluyó en las bases de datos correspondiente.

72 por ciento de las personas afectadas por los sismos de 2017 en Oaxaca no fueron incluidos en el levantamiento de información de la Sedatu, reveló la ASF

Con base en el análisis del órgano fiscalizador, se constató que de los mil 422 municipios y delegaciones que se enlistaron en las 11 declaratorias de desastre natural y seis de emergencia extraordinaria, y que fueron susceptibles de evaluación de daños en las viviendas. Sólo se levantó información en 370 municipios y 7 delegaciones, lo que representó una cobertura total del 52.4% de las zonas afectadas.

Los resultados de la fiscalización evidenciaron una secuencia de errores que se desprendieron desde la deficiente información que la Sedatu proporcionó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros respecto de los registros de damnificados en los denominados censos y padrones. Lo cual se vio reflejado en “la falta de sustento en la priorización en la entrega de apoyos, así como una coordinación interinstitucional insuficiente en cuanto al intercambio de información y el desarrollo de procesos”.

Como parte de la auditoría hecha al Bansefi en cuanto a la participación en el otorgamiento de apoyos a los damnificados por los sismos, la ASF detectó la existencia de fallas en los mecanismos de control de dicho banco, debido a que no otorgó “una seguridad razonable” de la correcta programación y entrega de los más de seis mil 405 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), entregados al banco y que serían destinados a la reconstrucción de las viviendas de los 171 mil 507 damnificados por los sismos de septiembre de 2017.

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De éstos, refiere el documento, 59 mil 897 (34.9%) correspondieron a viviendas con daño total y 111 mil 610 (65.1%), y que derivaron en riesgos de que los apoyos no fueran recibidos de manera eficiente, oportuna y completa por los beneficiarios con corte al 31 de diciembre de ese año.

El señalamiento de la ASF sobre la deficiente regulación y falta de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Bansefi presentó problemas de oportunidad, debido a que antes de los siniestros de septiembre pasado no existía normativa que regulara la atribución de la Banca de Desarrollo para la distribución de apoyos ante fenómenos naturales.

No obstante que “la CNBV realizó una investigación al Bansefi por presuntas infracciones de la normativa bancaria en la dispersión de recursos del Fonden a los damnificados por los sismos de septiembre de ese año, no instruyó al banco de manera oportuna las modificaciones a su marco normativo para regular su actuación”.

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