El pago de cuotas diarias de apoyo para policías que ya habían causado baja, pidieron licencia o estaban de vacaciones; así como la entrega de recursos a elementos de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería de la desaparecida Policía Federal que no acreditaron sus asistencias, causaron un probable daño en la Hacienda Pública Federal por un monto de 7 millones 712 mil 382 pesos, en 2018.
Así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, que en la auditoría de cumplimiento sobre los gastos de instalación del personal federal detectaron afectaciones presupuestarias en la aplicación de los recursos de la dependencia que en esta administración fue disuelta para integrarse a la Guardia Nacional.
De acuerdo con los resultados que detectó el órgano fiscalizador, el pago indebido de cuotas diarias de apoyo a 203 elementos, siete de los cuales ya habían causado baja de la Policía Federal antes de que recibieran el pago; un elemento más que no se localizó en la base de datos del personal activo; 26 elementos más que estaban de vacaciones.
Así como 65 uniformados que gozaban de un periodo de licencia, y 104 elementos adscritos a la División de Fuerzas Federales, que debieron recibir una cuota diaria correspondiente a los 327 pesos por día, se habría causado un probable perjuicio a las arcas federales por 6 millones 871 mil 338 pesos.
Como parte del pliego de observaciones de la ASF, también señaló el probable daño a la hacienda pública por un monto de 841 mil 044 pesos en consecuencia del pago irregular que el año pasado se le hizo a 411 efectivos de la Gendarmería y las Fuerzas Federales que no comprobaron haber cubierto la totalidad de días a los que fueron comisionados, pues la revisión a las listas de asistencia evidenció que esos policías hayan firmado las listas de colaboración.
En ambos casos, la ASF determinó que la probable causa raíz de las irregularidades recayó en la falta de supervisión de las personas encargadas de solicitar los pagos, que terminaron por generar un monto por aclarar superior a los 7 millones 712 mil pesos; sobre los hallazgos de la Auditoría se determinaron seis recomendaciones, tres correspondieron a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y dos más a pliegos de observaciones, lo cuales detallaron los probables daños patrimoniales.
De igual manera, el ente fiscalizador descubrió que, “se determinaron deficiencias en el llenado de los oficios de comisión emitidos de diciembre de 2017; de enero, y de marzo a octubre de 2018, debido a que se omitieron datos, tales como la fecha del oficio,, el lugar de destino donde se realizaría la comisión y el mes al que corresponden los días establecidos en el periodo de oficio (…) agosto y septiembre de 2018, no se describió la totalidad de oficios de comisión que respaldan las cifras asentadas en dichos formatos”.
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