México cuenta con amplios recursos y capital humano para actuar de modo eficaz en la prevención, enjuiciamiento y castigo de crímenes atroces. En materia de derechos humanos, México ha sido ampliamente denunciado y cuestionado a nivel internacional, y esto no necesariamente se ha visto traducido en cambios positivos ni para las víctimas ni para la sociedad en general, la problemática que enfrenta actualmente nuestro país debe ser afrontada y resuelta desde adentro, con el acompañamiento de instancias internacionales.
A nivel interno y con la participación activa de todos los niveles de gobiernos, instituciones, organizaciones y la sociedad civil se puede salir de este nivel de crisis que enfrentamos. La Open Society Justice Initiative (OSF, por sus siglas en inglés), junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes, ha dedicado los últimos tres años a evaluar la magnitud y naturaleza de esta crisis.
El resultado de esta ardua investigación está contenido en el informe: “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, en el cual concluyen que existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales (grupos del crimen organizado y cárteles) que han cometido crímenes de lesa humanidad en México. https://osf.to/22Nt7pg El término anterior es definido por las Naciones Unidas para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. En México, las víctimas de la violencia se cuentan por miles y no solo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes centroamericanos, que viajan por rutas peligrosas a través del país, y quienes después de la aplicación de políticas como el plan Frontera Sur son más vulnerables a la cruel violencia de los cárteles.
Específicamente el informe examina tres tipos de crímenes atroces o de lesa humanidad, esto son: asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente deberían luchar contra estos). Según datos recabados en fuentes y estadísticas oficiales por los autores del informe, desde diciembre de 2006 hasta finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México, y decenas de miles más han desaparecido.
Los nombres de los municipios de Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando son mundialmente conocidos, pero no por su riqueza o belleza natural, sino porque fueron el escenario de los crímenes atroces que ahí ocurrieron, no obstante no son los únicos, en casi todas las regiones del país se han documentado casos de asesinatos, desapariciones y tortura, la evidencia de esta crisis es la noticia recurrente de nuevos hallazgos de fosas clandestinas, ayer fue en Luvianos, Estado de México, el mes pasado en Chilapa, Guerrero.
Cada vez que encuentran una nueva fosa, ─algunas de estas localizadas gracias a las investigaciones de los propios familiares de los desaparecidos─ inicia el lamentable proceso de identificación de los cuerpos, algunos son reconocidos y termina así el largo martirio de alguna familia, pero comienza otro, la búsqueda de justicia para su familiar, que en muchas ocasiones no llega.
Ante miles de víctimas y años de espera, lo único que permanece es la impunidad, esta lacera a las instituciones y aumenta la desconfianza ciudadana en las autoridades que supuestamente debería encargase de proveerla. Hemos sido testigos de cómo la impunidad en México, entre otras consecuencias, provoca que quienes han sido víctimas de un delito se resignen simplemente a ya no denunciar, por ende más del 90% de los crímenes en nuestro país nunca han sido informados a las autoridades, de acuerdo con la cifra negra del INEGI. https://bit.ly/1MGm7mV
De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces, responsabilidad confirmada en virtud de la ratificación del gobierno mexicano del Estatuto de Roma el 7 de septiembre del año 2000 que derivó en la creación de la Corte Penal Internacional.
Asimismo la OSF asegura que nuestro país cuenta con amplios recursos y capital humano para actuar de modo eficaz en la prevención, enjuiciamiento y castigo de crímenes atroces, perpetrados en su mayoría por sus propias fuerzas, pero… “la incógnita es si México tiene la voluntad política de hacerlo”.
Este martes 7 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto, inauguró el “Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación”, en donde aseguró que la justicia es indispensable para que el ciudadano ejerza a plenitud sus derechos y libertades; “es una condición necesaria para construir una verdadera Sociedad de Derecho”.
Al día de hoy, este discurso oficial no ha sido del todo coincidente con las acciones del Estado, ya que ante los últimos informes recibidos de organismos internacionales como el del Relator Especial sobre la Tortura, Juan Méndez o el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta oficial en innumerables casos, ha sido la negación o confrontación.
Ante esta dinámica la OSF señala que “el obstruccionismo político –iniciado por la negación del gobierno respecto a la magnitud y naturaleza del problema– es el motivo fundamental del fracaso para establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado”. *Analista en temas de Seguridad, Educación y Justicia simon@inprincipioeratverbum.com.mx @simonvargasa facebook.com/simonvargasa Linkedin: simón-vargas-aguilar www.inprincipioeratverbum.com.mx *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n