Cada vez son más los especialistas, los verdaderos, que hablan sobre la posibilidad de que surja una ola de violencia provocada, que inyecte incertidumbre, no sólo en una región del país, sino en general en los electores y, con ello, azuzar el voto del miedo que favorezca a un partido político.
Ese mismo escenario ha llegado también a algunas oficinas de seguridad de Estados Unidos, que no descartan esa posibilidad. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ya comenzó a tomar nota de esto, aunque las decisiones políticas no se han adoptado, pues la mayoría de los precandidatos no cuentan con la protección institucional que disminuya cualquier riesgo o amenaza.
Lo que ocurrió esta semana con el panista Ricardo Anaya, cuando lo seguía un agente del Cisen para reportar cualquier eventualidad en sus traslados por las carreteras veracruzanas, en realidad no forma parte de una estrategia de seguridad seria, es sólo una persona que debe hacer un reporte. Simplemente no hay una estrategia y debería comenzar a preocuparles a los que toman estas decisiones.
El director nacional de Inteligencia estadounidense, Daniel Coats, sostuvo ante el Congreso de su país que hay una extendida actividad criminal en el territorio mexicano. Para agencias como la DEA y el FBI, ese será uno de los factores que incidan en las elecciones, y son temas que ya se están tocando con preocupación en Washington. Es por ello que se comenzaron a monitorear las elecciones mexicanas con más cuidado, y se enviará a un número importante de agentes observadores que pasarán como turistas para poder tener, de primera mano, un diagnóstico postelectoral de México.
Los grupos criminales están muy activos, defendiendo sus territorios y avanzando en los vacíos que las luchas políticas, por un lugar en las candidaturas, ya está generando en 30 estados del país donde habrá algún proceso electoral. A sólo seis semanas de que arranquen formalmente las campañas, hemos visto en diferentes estados bloqueos y enfrentamientos armados, ataques y asesinatos contra funcionarios y aspirantes a cargos públicos, así como el asesinato de sacerdotes y activistas.
Aunque Guerrero es el punto más visible de este brote de violencia, los grupos criminales están mostrando capacidad en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Ciudad de México, por lo menos.
El secuestro, en Nayarit, de dos agentes federales de la Procuraduría General de la República y la difusión de un video en el que aparecen “acusando” a la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas de no respetar los códigos en el combate al crimen organizado, y el asesinato en Cancún de un agente de la Policía Federal adscrito al área de antinarcóticos, no son ataques que puedan pasarse por alto. Se trata de embates directos al Estado, en un contexto electoral, en donde se requiere tener un enorme control que permita garantizar elecciones pacíficas y seguras, principios elementales de la democracia.
En Tamaulipas prácticamente ha sido toda una semana en que la ciudad de Reynosa ha vivido bajo fuego, y en otro de los municipios, el de Güemez, muy cerca del de Ciudad Victoria y colindante con Nuevo León, un comando mató a un caballerango, y a 22 caballos pura sangre, de un empresario posiblemente ligado al exgobernador Tomás Yarrington.
Y en la Ciudad de México apareció una manta asegurando que había llegado un cártel. Además, ocurrieron los ataques a Vicente Onofre Vázquez, líder del Partido Encuentro Social (PES) en el estado de México, y Francisco Lenin Portal Sánchez, precandidato del PRI a la alcaldía de Santa Rita Tlahuapan, Puebla; así como los asesinatos de Teodoro Ortiz Barragán, exalcalde de San Miguel del Puerto, Oaxaca, y de Francisco Rojas San Román, precandidato priista a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli.
Todo esto, sólo puede entenderse como un escenario de grave riesgo.