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Jonathan Nácar

A 20 años de la matanza de Acteal, cuando 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por grupos paramilitares, la región de Los Altos de Chiapas se mantiene en vilo. El conflicto de tierras en las colindancias de Chenalhó y Chalchihuitán mantiene un “alto riesgo”.

Organismos civiles advierten que los mismos que actuaron en Acteal en 1997 están vinculados con los grupos que actualmente aterrorizan a la población, han provocado la muerte de una decena de personas y el desplazamiento de más de 6 mil de ambas comunidades, con un riesgo latente de que alrededor de 2 mil habitantes de cinco comunidades más se sumen a los desplazados.

Luego de que el pasado 13 de diciembre el fallo del Tribunal Unitario Agrario que resolvió en favor de otorgar la titularidad de tierras a la comunidad de Chenalhó, como parte de la pugna entre ambas poblaciones por 365 hectáreas de dominio, asociaciones civiles y las representaciones clericales de ambas comunidades advierten que los hechos de violencia y el riesgo de que haya más desplazados se mantienen en la región, ante la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

A la preocupación por dictamen del Tribunal Agrario se sumó la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, quien, a través de su arzobispo, Fabio Martínez Castilla, señaló que el fallo daba lugar a “situaciones que vulneran directa e injustamente a los desplazados en su vida y sustento”.

El prelado reiteró que desde el pasado 28 de noviembre el clérigo advirtió de “la grave situación provocada por el desplazamiento de miles de personas, agredidas por grupos armados ilegales que habían quemado viviendas, robado pertenencias y aterrorizado a la población con disparos de día y de noche, por la disputa limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, con una violación masiva de derechos humanos, con riesgos para la salud y la vida de las personas desplazadas, creando una grave emergencia humanitaria”.

El miedo los está matando

Son más de 5 mil personas de Chalchihuitán y alrededor de mil más de Chenalhó, quienes desde el pasado 15 de noviembre se han visto forzadas a dejar sus hogares ante la irrupción de grupos de civiles armados. Durmiendo en la tierra, ocultos en montañas, con frío, hambre, sin acceso a ningún tipo de atención médica, hombres, mujeres, algunas de ellas embarazadas, adultos mayores y niños sobreviven bajo un hostigamiento y estrés permanente, señalaron testimonios recabados por organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

En entrevista con este semanario, Azalia Hernández Rodríguez, representante de comunicación del centro, acusó que el gobierno estatal no ha brindado la atención humanitaria que exigen los estándares y protocolos nacionales e internacionales necesarios para la atención y protección de población en situación de desplazamiento forzado, pues “las brigadas médicas que ha anunciado el gobierno sólo llegan a la cabecera municipal”. Sobre la “impunidad” con la que operan los grupos armados que siguen atemorizando a las comunidades tampoco se ha actuado, aseveró.

“Hay periodistas que entraron a la zona y documentaron en audio y video, hay reconocimiento directo de los agresores y el gobierno estatal los dejo actuar. El Frayba ha documentado que los paramilitares responsables de Acteal nunca han sido castigados y las armas han estado presentes en esta región desde hace 20 años, identificados en la masacre de Acteal están vinculados con los grupos que están operando en Los Altos de Chiapas (…) Del estado no hay ninguna acción ni siquiera para investigarlos, es una de las exigencias de las organizaciones, que se investiguen y se desarmen a estos grupos que están elevando los niveles de violencia”.

Aunque las parroquias de ambas comunidades han hecho llamamientos para resolver por la vía pacifica el conflicto territorial que se remonta a 45 años atrás, a través de peregrinaciones, marchas y pronunciamientos, documentando los hechos violentos y las carencias en alimentos, medicinas y cobijas, Hernández Rodríguez, advirtió que de las comunidades de Patkanteal, Pacanam, Lobolaltik, Kotolchij y Balunaco en Chalchiuitán hay riesgo de que al menos 2 mil habitantes más sean desplazados.

El centro Frayba denunció la omisión del Estado mexicano en don sentidos: “que los grupos armados actúan con impunidad porque no hay una investigación abierta, y no ha habido ayuda de atención humanitaria a la población (…) El gobierno tiene una responsabilidad muy fuerte en cuanto a omisión”, acusó.

Tras cinco días de las brigadas médicas en Chalchihuitán, que es el tercer municipio más pobre de Chiapas, las organizaciones, Salud y Desarrollo Comunitario A.C. y Casa de La Mujer, Ixim Antsetic A.C, reportaron el miércoles 20 de diciembre que en esos cinco días de trabajo asistencial en las comunidades se logró brindarles atención médica a 230 personas, 173 mujeres y 57 a hombres, 80 de ellos fueron menores de 15 años, 47 menores de 5 años, y 12 adultos mayores de 65 años.

Entre los principales padecimientos, que fueron 275 diagnósticos, se encontraron en su mayoría 46% del total con enfermedades respiratorias, 41 casos de padecimientos gastrointestinales, 27 trastornos de ansiedad, 7 padecimientos osteomusculares, 11 problemas relacionados con la mala alimentación, ocho infecciones de vías urinarias, el mismo número de problemas de la piel, entre otras condiciones. (FOTO: Jacob García/Cuartoscuro)

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