La modificación de las reglas de operación del sistema financiero nacional es un pendiente inaplazable al que esta legislatura se debe avocar. No basta con el adecuado manejo de los recursos públicos para que las actividades económicas marchen debidamente, se necesita la adecuada organización y el empuje del empresariado, que logre poner en marcha el motor del desarrollo nacional. La intermediación financiera, en manos de múltiples organizaciones, como las instituciones de banca múltiple y las que tienen el carácter de auxiliares de crédito, resulta imprescindible.

No es un tema que recién aparezca en la agenda de los pendientes de la política nacional. Si se ve con atención, resulta que uno de los tópicos que más fricción produjeron en febrero pasado, con la aprobación de la Ley de Amparo, fue precisamente el de la inclusión de una causal expresa de improcedencia de la suspensión en el ámbito financiero, cuando con motivo de ésta se impida o interrumpa un procedimiento para la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, para la protección del público ahorrador y el mantenimiento del sistema de pagos. El supuesto venía incluido en la minuta que envió el Senado de la República a la cámara baja desde el año pasado. La reforma financiera se ha venido gestando a lo largo del tiempo.

¿Qué podemos decir al respecto? Las tasas, la solicitud y otorgamiento de créditos, no van a ocurrir porque así lo establezca la ley o lo determine un decreto. La operación efectiva del sistema, como se quiere propiciar, sólo podría suceder si se logran conjuntar una serie de circunstancias en forma simultánea, y que abarcarían, desde luego, la seguridad pública, la capacitación de nuestros trabajadores, la seguridad jurídica, la protección de la concurrencia y la libre competencia en los mercados, la construcción de infraestructura básica, la eliminación de la corrupción y la educación de los acreditados, entre otros.

Debemos pensar en que la gente tenga acceso a créditos baratos que le permitan consumir; sin embargo, ¿cómo se debe valorar este deseo ante una añeja carestía de crédito y recursos para la gente, y una ausencia absoluta de educación financiera?, ¿qué tipo de créditos se deben favorecer y cuál debe ser el impacto económico que se debe buscar?

Los Estados Unidos de América primero, y Europa occidental con mayor claridad, atraviesan una grave crisis económica que se produjo con la colocación de dinero barato en créditos destinados a la adquisición de vivienda y bienes suntuarios. El manejo de la abundancia fue terriblemente equivocado por parte de aquellos sujetos a los que dicha campaña estuvo dirigida.

Nuestro país requiere de crédito barato, pero más que dinero accesible y puesto a la disposición de la gente para gastar, hablemos de recursos frescos y accesibles para quienes se han fijado la meta y el propósito firme de producir, de fabricar y de exportar. El dinero que hace falta en México, es el que se destina a la generación de actividades demandantes de mano de obra, como camino a la estabilidad y al crecimiento ordenado y duradero. El dinero para actividades suntuarias, es el que se facilita después, cuando todo lo anterior ya se haya dado.

El proyecto presidencial en materia financiera, compuesto de trece iniciativas que impactan en treinta y cuatro leyes, puede dividirse en cuatro grandes rubros: a) mayor flexibilidad a la banca de desarrollo, que propicie el crédito privado, programas y productos financieros para el desarrollo de áreas prioritarias para el desarrollo nacional; b) fomento de la competencia del sistema financiero para abaratar las tasas, mediante el fortalecimiento de la CONDUSEF, la portabilidad de cuentas, aprovechamiento del historial crediticio positivo y la transferencia de garantías; c) generación de incentivos a la banca para la colocación de crédito, mediante la simplificación del régimen para la ejecución de garantías, y mediante la creación de un buró de transparencia en materia de entidades financieras para beneficio de los usuarios del sistema; y, d) crecimiento y fortalecimiento del sistema bancario a través de su evaluación periódica, de la coordinación de las autoridades financieras, de la adopción de Basilea III, de la especialización de los tribunales y protección de los recursos en caso de quiebra bancaria.

Las iniciativas hacen manifiesta la intención de levantar de la cama al mercado de los servicios financieros, lo cual es sumamente positivo. No apreciamos, sin embargo, que se esté valorando el riesgo que podemos correr si ponemos ese sistema a trabajar sin la preparación y el calentamiento preliminar. Obligar a prestar dinero, por la medalla misma de haberlo logrado, puede sumergirnos en un tobogán cuyo chapuzón final es muy frío y muy doloroso, como lamentablemente ya lo hemos probado y lo están atravesando otros mercados.

Es una verdadera vergüenza que el carrusel del sureste sólo sirva para hacer más larga la lista de casos similares: Coahuila, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, por citar los más recientes; y, más grave aún, que los hechos denunciados vayan quedando apilados como anécdotas periodísticas que empolvarán los rincones de las hemerotecas.

La acción oprobiosa del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, como la omisión indecente imputable a otros, por no realizar las investigaciones correspondientes, son muestra de que la corrupción en México nos carcome, nos lacera y nos empobrece. Un fenómeno que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia, pero que cada vez nos enfurece y nos lleva a revelarnos enérgicamente en contra de la clase gobernante, porque nuestra democracia es cada día más fuerte, nuestra ciudadanía cada día más activa y los medios para controlar el ejercicio impúdico del poder público cada día más críticos y certeros.

Hace más de una década que empezó un cambio profundo en la forma de vida de todos los mexicanos, un viraje que provino de un proceso de alternancia en el poder que puso fin, legítimamente, a excesos expuestos a lo largo de más de siete décadas de ejercicio hegemónico del poder. La lectura de la decisión apabullante de la ciudadanía sigue siendo la misma.

El Partido que hoy nos gobierna lo sabe hacer, porque tiene oficio y experiencia para llevarlo a cabo, y lo está demostrando. Esa misma organización política y quienes la representan, sin embargo, han ganado legítimamente el proceso que los ha llevado a ejercer el poder con apoyo en el mismo discurso por el cual lo perdieron: el combate a la corrupción. La única forma que permitirá el resurgimiento auténtico y para siempre del Partido Revolucionario Institucional, será demostrando que, en ese particular aspecto del servicio al pueblo, efectivamente, hoy es distinto, no es corrupto.

El discurso se ha pronunciado y las iniciativas que se han presentado se enderezan en esa dirección: para favorecer la erradicación de la corrupción mediante el fortalecimiento e institucionalización de la transparencia como modo de gobierno; y la rendición de cuentas como única opción para quien goza del gran privilegio de cumplir una función pública.

En el ámbito Federal, la rendición de cuentas corre a cargo de todo servidor público al que corresponde ejercer el presupuesto y cumplir con los programas de gobierno, y es a cargo de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que corre su vigilancia y fiscalización. Es éste órgano auxiliar de la Cámara baja, sin embargo, el que también tiene atribuciones para imponer sanciones, denunciar los delitos que llegue a advertir en esa labor de auditoría y fincar responsabilidades resarcitorias, que le permitirían al Estado lograr la reparación del daño sufrido por la mala gestión financiera de los entes fiscalizados.

El problema de la corrupción no es privativo de la función pública federal, de hecho, por lo menos en forma aparente, es el que menos apremio genera estos días. Los graves quebrantos están teniendo lugar a nivel estatal.

Así como el Presidente de la República ha hablado de la conveniencia de tener un Código Penal único, bien valdría la pena valorar la posibilidad de crear un sistema único de fiscalización de la gestión financiera y del cumplimiento de los programas, para que el mismo tamiz por el que atraviesan los servidores públicos que cumplen funciones con impacto presupuestal en el ámbito federal, sea el que atraviesen aquellos encargados de las funciones locales, aunque la fiscalización corra por cuenta de los Congresos estatales.

Otra metodología que no debemos soslayar, tiene que ver con la posibilidad de que la función de verificación sobre la honradez y eficacia en el ejercicio del gasto público, no se ejerza con respecto a ejercicios concluidos y presupuestos ejercidos, sino con relación a decisiones que hayan de tomarse hacia el futuro, es decir, con la posibilidad de una labor de fiscalización preventiva, en la que el órgano auxiliar de la representatividad popular se cerciore, para bien y para siempre, de que las decisiones tomadas por quien ejerce el presupuesto son aceptables y apegadas al mandato que deriva de la ley.

Una fiscalización ex ante daría certidumbre a todos los que intervienen en la riesgosa labor de efectuar las tareas de contratación gubernamental –por parte del gobierno y de sus contratistas–, hecho que sería congruente con el resto de iniciativas que se están abordando, a través de las cuales se quiere crear en México un mejor ambiente para hacer negocios.

El problema que presentó el mandamiento gubernativo que aunque se concretó, debió abortarse, se sitúa en el distanciamiento indeseable que existe entre aquello que plantean las normas jurídicas y la realidad a la que se deben adecuar.

Es absolutamente cierto que por virtud de las nuevas tecnologías y el mejor aprovechamiento del espectro, se pueden ofrecer mejores servicios en el ámbito de la televisión; y es también correcto asumir que, con una mejor calidad televisiva, gozaremos de mayor información que nos convertirá en un país más democrático.

Sin embargo, todos estos postulados ideológicos no tienen significado sino se aterrizan en el campo de la realidad. El apagón analógico y el panegírico de la democracia sólo podrían concretarse en la medida en la que los usuarios de los servicios de televisión tengan los aparatos necesarios para recibir la señal.

Podríamos señalar inversamente que, cualquier tropiezo en el ámbito de la evolución de la televisión nacional, hacia la desinformación, actualiza exactamente la antitesis de aquella que sustentamos. El apagón analógico es sinónimo de desinformación y antónimo de democracia, si en aquél momento en que haya de concretarse no se satisfacen las condicionantes categóricas que se han propuesto como presupuesto esencial de procedencia de la campaña: asegurarnos de que las personas tengan aparatos televisivos aptos o adaptados con suficiencia, que les permita seguir gozando del servicio.

El proceso inició y en la antesala de un proceso de sufragio popular, a petición del Comité de Radio y Televisión del IFE y de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha debido suspender y postergar hasta el 18 del mes que viene. Llaman la atención los hechos que han justificado la decisión, según manifestación hecha a través de las redes sociales por el propio Presidente de la actual autoridad competente, la Cofetel: “es posible –concluir las transmisiones analógicas de la televisión abierta en 2015- con recursos suficientes, aprendizajes de pilotos, NOM de comercialización y una intensa campaña”.

La justificación dada es paradójica, es increíble, porque se hace alusión a políticas y resoluciones que debieron adoptarse antes de que el proceso de transición comenzara, y no durante la tramitación del mismo. ¿Cómo justificar la inexistencia de normas de comercialización de aparatos inservibles en el camino del desechamiento de esa tecnología?; ¿cómo justificar el inicio de campañas de información que debieron ser anteriores a la conversión del sistema?. En el desplegado de la autoridad competente no dejamos de observar sino una justificación tardía que evidencia un desacierto en la toma de algunas decisiones.

Se dice que fueron alrededor de 60 mil personas las que se vieron impedidas de gozar de la televisión durante el período en que se concretó el apagón analógico en Tijuana. El universo es importante para efectos de un proceso electoral estatal y municipal.

Qué lástima que falló la previsión; que pena que no se anticiparon las inversiones de recursos y de esfuerzo que eran necesarias para que el apagón se concretara; que bueno, sin embargo, que en el contexto de la actual pertenencia de la COFETEL a la Administración Pública Federal, alguien pudo valorar la pertinencia de aplazar la medida a fin de salvaguardar los intereses nacionales, con una mirada y visión transversal de la vida nacional.

La reforma constitucional aprobada dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de las Telecomunicaciones, naturaleza jurídica que lo convertirá en un órgano colegiado soberano, no subordinado a ninguno otro de los poderes constituidos. El éxito de su autonomía radica en la calidad de quienes integren al organismo.

Viene el calendario del apagón analógico por concluir hacia el final del 2015; pero vienen también procesos electorales y múltiples circunstancias que acontecen en el devenir cotidiano de nuestra historia. Crucemos los dedos para que el mismo acierto que puede apuntarse a favor de la COFETEL con motivo de la postergación del calendario de digitalización de la televisión mexicana, se convierta en un vaticinio de éxito en la visión de Estado que deberán tener los comisionados que habrán de quedar al frente del Instituto que lo sustituya, porque para entonces, ya no dependerán de nadie más, y el orden público no puede ser un caso fortuito. Siempre necesitaremos comisionados sensibles y bien preparados.

Afortunadamente, este indudable avance de un sector industrial mexicano que exporta su producto a todos los rincones del planeta, acontece a partir de un Acuerdo administrativo publicado el 4 de mayo del 2012 por la que desde el origen fue la autoridad competente en esta materia: la COFETEL; y se logra, ahora sí, sin que hubiera existido juicio alguno del que penda una sentencia que pueda colocarlo contra las cuerdas, por lo que pudiera referirse a su validez o su oportunidad.

El Acuerdo que prevé el proceso para la transición de la televisión analógica a la digital contempla un calendario muy preciso que comienza el día de hoy y termina en el mes de noviembre del 2015. Impone obligaciones específicas a cargo de los concesionarios, pero también cargas administrativas muy concretas que permitirán un abaratamiento del proceso para beneficio indirecto de todos los mexicanos, que de otra manera tendríamos que contribuir fiscalmente para subvencionar la adquisición de aparatos de decodificación.

En sendas publicaciones se leen los grandes avances que traerá aparejada la transición a la televisión digital, como también la importancia de que sea México el primer país latinoamericano en concretarlo. El apagón analógico ha comenzado exclusivamente en la ciudad de Tijuana desde el primer minuto de este 28 de mayo, y terminará hasta las 23:59 hrs de este mismo día. Mañana 29 de mayo no existirá este formato de televisión en esa ciudad fronteriza del noroeste del país.

Entre los avances más importantes que la transición al formato digital brindará a los televidentes de esta zona de la Baja California, se encuentra, desde luego, el de la posibilidad de ver la señal en un formato de alta definición, que supera en calidad a la señal acostumbrada. Además, el de contar con la comodidad de obtener información simultánea referente a la programación difundida, lo que ofrece al usuario la oportunidad de organizar su período de esparcimiento. La tecnología que envuelve a la televisión digital permite la inclusión de mayor información en la señal transmitida, hecho que se traduce en la posibilidad de que el programa se reciba en varios idiomas o con subtítulos, en su caso, o el de la multiprogramación.

En síntesis, no cabe la menor duda de que, desde hoy, México, comenzando por Tijuana, tendrá una mejor tecnología en el ámbito de la televisión, lo que mejorará la calidad de vida de la población y nuestra medición como un país en auténtico crecimiento y transformación hacia la modernidad y el desarrollo.

Dicho esto, sin embargo, la verdad es que el análisis de la transición de la televisión hacia el formato digital acabaría por ser terriblemente vano e insuficiente. La verdadera importancia de la digitalización de la televisión no se vincula con el color ni la nitidez de la imagen, sino con la protección del derecho humano a la información.

El gran esfuerzo que han realizado y realizarán a partir del día de hoy todos los concesionarios involucrados en la rama de la televisión abierta, así como los órganos de gobierno encargados de vigilar la estricta observancia de las leyes, no tiene como propósito otro que el de habilitar las frecuencias del espectro nacional para dar cabida a un mayor número de productores de contenido. La televisión se suma así, a un fenómeno mundial que favorece el intercambio de documentos, de bases colmadas de contenido ideológico y cultural del que se favorece la educación de los seres humanos. La televisión se agrega al universo de contenidos digitales en la red, en el que su función social se satisface con la inclusión de más información.

En este trascendental proceso de reformas al artículo 6º constitucional en el que México ha estado inmerso, vemos hoy la materialización de un reclamo de varios lustros a favor de la pluralidad de contenidos en televisión, que habrán de nutrir nuestra democracia y los fenómenos de competencia y de mercado que se vienen reclamando.

Comienza una nueva etapa de la televisión, y comienza también otra nueva que tiene que ver con el fin del otro discurso, aquel que muchos no hemos creído, el que temerariamente asegura que, no obstante la consolidación de la independencia constitucional de nuestras autoridades electorales, y los escrupulosos mecanismos de control en los que se sustenta la imparcialidad y el equilibrio de las jornadas en las que se expresa libremente el voto de la ciudadanía, los procesos políticos para la conformación del gobierno del país han sido producto de la manipulación televisiva.

El proceso de transición de la televisión, más que un triunfo tecnológico, se convierte así en un parteaguas nacional en la consolidación del acceso a la información, en un paso sin regreso hacia la vida en un estado de auténtica democracia, una nueva página de la historia en la que los partidos políticos no tendrán otro instrumento para defender sus plataformas, más que sus propios resultados.

Ante la cercanía de los dos primeros centenares de jornadas de gobierno de la administración del Presidente Peña Nieto, resalta espectacular y horrorosamente la noticia adelantada por las autoridades financieras, de que la economía crecerá a una tasa inferior a la esperada, esto es, sólo a un 3.1% anual. ¿Qué pasó?

Todo gobierno se mide en función de sus resultados, y ante la presencia de catorce procesos electorales estatales, es menester analizar y advertir qué está pasando, porque de ello pueden derivar consecuencias que nos benefician o nos afectan a todos.

Descartando la irremediable trascendencia y el impacto que tiene sobre la demanda interna la desaceleración global, y en particular el de los Estados Unidos de América, sabemos que el gobierno ha enfocado todos sus esfuerzos para lograr una transformación sustancial de nuestro marco jurídico que pueda servir como detonador de un crecimiento de la productividad, con un ánimo profundamente democrático. ¿Ha funcionado?

Se aprobaron ya la reforma laboral, la educativa, la de amparo, la de telecomunicaciones y la de competencia económica. La semana pasada ya se anunció y es de preverse la apertura de un período extraordinario de sesiones para discutir una reforma financiera que impactará más de 34 leyes, por medio de la cual se está persiguiendo propulsar la colocación de crédito. ¿Qué más se necesita?

Indudablemente que el Pacto por México ha sido un mecanismo idóneo y necesario, insustituible, al que deben apuntarse los méritos de haber logrado llevar a buen fin algunos procesos de reforma a nuestra Constitución y nuestras leyes que, en otros tiempos, habían sido impensables. La concurrencia de voluntades es determinante para que nuestra democracia avance.

El conservadurismo irreal del discurso corderista, de que el Senado es reflexivo con relación a las iniciativas que se le plantean, no convence, porque la verdad de las cosas es que para eso sirven los partidos, para alcanzar acuerdos. El proceso para la reforma de las leyes sí ha tenido como punto de partida el pacto alcanzado por la cúspide de cada representación política nacional, que con ese propósito ha concentrado el sentir político de cada uno de los que participan en ellas. No podría supeditarse ningún acuerdo a la negociación individual de 628 legisladores que conforman el Congreso General.

El Gobierno Federal sí tiene una anotación favorable al haber intervenido activamente en la construcción de acuerdos que han permitido entender cuáles son las prioridades que deben privilegiarse para lograr la concreción de modificaciones del marco jurídico del cual dependerán sus acciones futuras. ¿Porqué no avanzamos?

La ley establece el ámbito de lo que debe de suceder; la idealidad a la que se supeditan todas las cosas. La reforma de las normas jurídicas no se traduce en proyectos concretos que toda administración debe echar a andar para lograr la concreción de los objetivos de bienestar de la generalidad a la que toda sociedad aspira.

El Pacto por México no sustituye a la administración pública federal, y no suple tampoco el cúmulo de proyectos y decisiones que se deben tomar para lograr la materialización de todas aquellas acciones de orden económico que se traducen en actividades concretas de las que depende el pago de un dividendo, un honorario o un salario. En esta época, el subejercicio presupuestal del que está siendo víctima nuestra economía es un auténtico pecado.

La administración peñista no está concretando a tiempo los programas y proyectos que permitan la construcción de la infraestructura nacional, de la que dependerá el cumplimiento de las normas jurídicas que el Congreso está aprobando.

Vaticinando un previsible fin del pacto, la Coparmex sugirió la adición de la iniciativa privada al mismo. No podemos diferir más de la idea. ¿Porqué proponer la unión de aquello que debe forzosamente estar separado?. Sociedad civil y gobierno persiguen un mismo fin, pero son conceptos independientes.

En la visión del México de mañana, hace falta que la sociedad civil y los emprendedores de nuestro país se organicen y den claras señas del rumbo que habrán de emprender, y que el Gobierno decida cuáles son los ámbitos del desarrollo nacional que habrá de enfrentar. El gobierno está hecho para servir a la sociedad, pero la sociedad no gobierna. Debe decidirse pronto qué es lo que habrá de hacerse con todas las leyes que se están aprobando y habrán de aprobarse en el futuro. Urge. ¿Para que, sino, se hacen las leyes?

No cabe la menor duda de que un ordenamiento de tal naturaleza es imprescindible en una sociedad como la nuestra, que está cansada de atropellos y negligencia por parte de algunas autoridades encargadas de la procuración de justicia. Es justo que en la relación entre la víctima y el Estado, entre la víctima y la sociedad, adoptemos mecanismos legales que nos hagan empáticos con el sufrimiento que las víctimas atraviesan.

El problema que se presenta con esta ley, no tiene que ver con el objetivo primario que persigue, sino con la interpretación que se puede dar al texto que consigna y su desviación con relación a otra actividad cotidiana del Estado en la que, regularmente y en el cause ordinario de las cosas, no existen “víctimas”: el amparo. La lectura tendenciosa de ambas leyes puede traer resultados catastróficos en el ámbito de la gobernabilidad.

Resulta que los movimientos progresistas que lograron cambiar la esencia del amparo en el 2011, modificaron su objeto de tutela. Este mecanismo fundamental para la seguridad jurídica del individuo, procedía siempre en contra de actos de la autoridad que violaran garantías individuales que otorgaba la Constitución. Desde hace dos años, sin embargo, procede contra actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte.

Al final de cada juicio de amparo, de los que se promueven por miles en contra de los actos de autoridades administrativas o tribunales, se dictan sentencias, algunas de las cuales, si conceden el amparo, presuponen desde luego una violación a un derecho humano, así provenga de una inadecuada interpretación a la ley, pues se trataría también de un derecho a la legalidad reconocido por los tratados internacionales.

Pues bien, en los diversos artículos que contempla la renovada Ley General de Víctimas se establece que tiene el carácter de víctima, precisamente, quien sufre un delito o, también, y esto es lo importante, quien sufre por parte de un servidor público una violación a sus derechos humanos. Se prevé la figura del error judicial como causa de la violación a tal derecho. Se reconoce el carácter de daño a aquel que proviene de la violación a un derecho humano. Se establece la obligación de reparación del daño y, además, la compensación, que cubriría la afectación emocional, el menoscabo patrimonial sufrido y las ganancias no percibidas con motivo de la violación, entre muchas otras cosas más.

Llevadas las nuevas figuras contenidas en la Ley General de Víctimas a la materia del amparo, el efecto que pueden llegar a producir es devastador, porque se multiplica el efecto de restitución de derechos del amparo y se extiende al ámbito patrimonial del Estado. Dicho en otras palabras, en cada amparo que se conceda en contra de los actos de cualquier autoridad o tribunal, por incorrecta interpretación de una ley laboral, civil o administrativa, por citar algunas, automáticamente se detonará la legitimación procesal para que la parte beneficiada acuda a las instancias correspondientes para exigir la compensación patrimonial y el daño moral sufrido por la indebida aplicación de la ley o por el error judicial.

El riesgo de que esto suceda puede llegar a tener tres desenlaces indeseables: uno, acabará por minar el ánimo de cualquier servidor público que deba asumir una decisión que provenga de una interpretación de la ley, pues un error en esa actividad le llevaría a poner en jaque su propio patrimonio; dos, de resultar procedente dicha reparación no acotada en la ley, se abrirá un ostensible boquete en el presupuesto del Estado, sobre el que se lanzarán avariciosos “afectados”; o, tres, existiendo tales riesgos, los tribunales acabarán por no conceder un amparo jamás, de lo que no andamos muy distantes. La única forma de evitarlo sería logrando una aplicación perfecta del derecho, inhumana pues.

Qué bueno que existan los mecanismos adecuados para defender a quienes son víctimas de un delito, sobre todo de aquel que sufren por parte de quien ostenta un cargo público. Sin embargo, el concepto de “derechos humanos” al que el legislador deseó referirse al momento de hablar de víctimas, en la ley a la que nos referimos, es sumamente amplio conforme a la actual redacción de la Constitución o de la Ley de Amparo. No se trata del mismo “derecho humano”.

Será necesario un nuevo proceso legislativo para limitar el concepto, o muy probablemente, un criterio judicial interpretativo que ponga pronta solución a los procedimientos que indebidamente pretendan sacar jugo del desconcierto que ha generado una labor parlamentaria excepcional, que ha sobrepuesto el deber de actualizar nuestro marco jurídico al de vigilar la exquisitez de normas impecables.

El problema que se plantea es sumamente relevante y trasciende a la esfera de interés de todos los mexicanos sin distinción; y, lo digo de verdad, en una sociedad democrática como en ésta en la que vivimos, la única manera de resolverlo es estando a lo que establece el derecho, pero siempre un derecho bien meditado y escrupulosamente dictado, obviamente, por quien representa a las mayorías.

Una corriente pujante de pensadores de corte liberal han venido impulsando sendas reformas a leyes locales con el propósito de incorporar mecanismos que posibilitan la interrupción del embarazo sin consecuencia alguna para la madre. A contracorriente, tres estados incorporaron en su constitución o legislación local, disposiciones que protegen la vida humana desde la concepción.

La semana pasada se resolvieron tres controversias constitucionales que tienen que ver con la protección de la vida del concebido. Las sentencias pronunciadas en dos de los tres casos parecerían contradecir lo sustentado en la otra. Mientras que se declaró fundada la controversia planteada por el municipio de Arroyo Seco en contra del Estado de Querétaro, con lo cual se invalidó la reforma constitucional conservadora, fueron infundadas las controversias constitucionales planteadas contra los gobiernos de Oaxaca y Guanajuato, por lo que en esos Estados subsistieron las disposiciones conducentes.

A pesar de que puede resultar sumamente interesante leer el cúmulo de consideraciones y razonamientos que de acuerdo con los ministros justificaron o no la procedencia de la controversia constitucional en uno y otros casos, no puede dejar de destacar el hecho de que, en todos ellos, el punto central del conflicto tuvo que ver con temas inherentes a los procedimientos legislativos del Estado y la distribución competencial entre Estados, Municipios y Federación, y no con relación al aspecto sustantivo que nos interesa.

No ha habido hasta ahora procedimiento legislativo alguno en el que se plantee una discusión seria en torno de las consecuencias del aborto, no sólo la dolorosa muerte para el niño concebido, sino también a favor o en perjuicio de la madre que interrumpe el embarazo, del padre y, desde luego, para la sociedad. Se siguen aprobando normas que favorecen la cuestionada figura del aborto en función de un discurso político que ha venido imponiéndose, siempre sin meditación fundada por parte de quien debe aprobar el derecho.

Por cuestión de proceso le ha tocado a los ministros enfrentar el tema, y el resultado ha sido tan interesante como preocupante. La votación no ha sido unánime y siempre han sido superiores los votos que favorecen la despenalización del aborto. Con respeto a quien así lo ha decidido, yo me pregunto, y esa es la razón de mi preocupación, ¿cuál es la causa por la que un aspecto de naturaleza esencialmente política, como lo es este, quede expuesto a la decisión de un órgano de control constitucional conformado por once notables que, sin embargo, no gozan de la representatividad popular?, ¿no acaso la justicia debe ser ciega?

Existen decisiones en el campo de la hermenéutica jurídica que incumben y conforman la altísima responsabilidad que deben afrontar los jueces. Existen otras, sin embargo, que expresamente deberían eludir quienes se encargan de hacer justicia, porque esencialmente no corresponden al ámbito del derecho, sino al de la política. Los jueces no deben hacer política.

La protección a la vida sin violencia o su subordinación frente a la vida del concebido, no son cuestiones que provengan de una interpretación universal del derecho humano a engendrar un ser o el derecho a nacer. Se trata, ante todo, de una cuestión de orden moral, pública, que debe tratar y decidir la sociedad misma, por sí o por conducto de quien la representa.

El ejercicio deliberativo que muestran los ministros los coloca en una posición sumamente delicada, pues cae en un terreno político-filosófico que está fuera del orden constitucional que les ha sido encomendado. El derecho a la vida se debe decidir en los Congresos Estatales, en función de la realidad y convicción moral de cada conglomerado al que las normas están encaminadas. Qué terrible podría ser aquella resolución que acabe por imponer, a rajatabla, un criterio liberal o conservador, cual fuere, en la totalidad del territorio nacional.

Qué deseable sería que se permita a quienes hacen política discutir con toda profundidad sobre este tema, sin el temor de que su decisión pueda verse truncada por algún criterio judicial que se atraviese en el camino. Urge el criterio novedoso en el que la SCJN establezca el límite de su propia competencia.

Ante la ventaja cuantitativa y cualitativa de armas que ha venido acaparando la delincuencia organizada, y ante el crecimiento irracional de acusaciones, se concibió una figura cuyo propósito era dar tregua al Estado en la conformación de los expedientes y pliegos de acusación contra los criminales: el arraigo.

Se trataba de una medida provisional o cautelar, dentro del amplio procedimiento penal, que tenía como fin el aseguramiento de la persona de un probable responsable de la comisión de un delito, ante una doble circunstancia: la posibilidad de que evadiera la acción penal; y, la recaudación de elementos de prueba que hicieran viable la acusación.

La verdad de las cosas es que la medida de arraigo, desde la perspectiva de su propósito, sujeta a una temporalidad que se encontrara debidamente fundamentada, no era “tan” mala. Se encontraba limitada a la persecución de delitos graves, y siempre acotada por la intervención de las autoridades judiciales. No podía ejecutarse el arraigo de una persona sino mediante la solicitud que, en su caso, formulara el ministerio público y previo obsequio de la medida por parte de un juez del orden penal.

La vergüenza de la que se duele nuestro sistema de procuración de justicia en materia penal se refleja en las estadísticas: en un informe de la CNDH, se refleja que entre 2008 y 2011, se recibieron por el organismo 405 quejas por violaciones de derechos humanas relativas al arraigo, 38% de ellas fueron relativas a la comisión de una detención arbitraria y 41% a tratos inhumanos y degradantes, antes o durante el arraigo. Del total de las denuncias, 26% correspondieron a ambas violaciones. Del total de medidas de arraigo concedidas por los jueces penales, sólo el 3.2% de personas sometidas a arraigo recibe una sentencia condenatoria. Es una medida que no ha sido efectiva en modo alguno.

Podemos decir sin temor a equivocación alguna que, el arraigo, es un instrumento con dos facetas del que se ha abusado impunemente. Sería deseable que, en la medida en que nuestra policía perfeccione su desempeño y el tipo y número de delitos que se cometen en México disminuyan, ésta desaparezca. Su mantenimiento es sumamente polémico en el entorno de la defensa de los derechos humanos en el concierto internacional.

El día de hoy que aparece publicado este artículo, se discutirá en la H. Cámara de Diputados un dictamen de la comisión de puntos constitucionales, en el que se propone una modificación a la figura del arraigo. Se mantiene en su esencia, pero se limita y se disminuye, específicamente por cuanto a su plazo de duración, que en su máxima vertiente disminuye de 80 a 35 días.

Quizá sería mucho más popular y mejor bienvenida una reforma que terminara con el arraigo. La experiencia le da la razón a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, recuerdo la faceta “legítima” de la providencia y el carácter atípico de la criminalidad nacional. Veámoslo como un escalón intermedio al que debemos acceder en este proceso de transición hacia un sistema penal más racional, en el que nuestra policía y nuestros procuradores, también, acabarán por ser profesionistas más preparados. Aceptémoslo como una medida menos mala de la que se tiene, que probablemente deberá ser utilizada extraordinariamente, para combatir a una delincuencia que, hasta ahora, no ha cejado en atentar contra los intereses de México.

La iniciativa del Ejecutivo es sumamente ambiciosa y persigue concretar y materializar a favor de la población una oferta de campaña: el acceso de los mexicanos a las tecnologías de la información, como el Internet, en un mercado ágil en el que exista competencia, que asegure mejores tecnologías y precios accesibles para todos.

Además de la definición de dos nuevas autoridades a las que se encomendará la función autónoma de regular el mercado –desde la asignación de concesiones, pasando por la vigilancia y regulación de los actores, hasta la posible expedición de órdenes que impliquen una desincorporación de activos, para impedir que un solo agente acapare más de la mitad del mercado relevante–, la reforma plantea lineamientos específicos tratándose de los procesos judiciales para el cuestionamiento legal de las resoluciones que dicten aquellos y la especialización de los tribunales que se encargarán de cumplir dicha labor, entre otros muchos temas.

A lo largo de los últimos años hemos presenciado buenas intenciones de los presidentes en el gobierno, encaminadas a resolver el mismo problema que ahora se atiende, relativo a la terminación de la grave concentración que vicia el funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones en México. Sin embargo, con desánimo generalizado, hemos visto también cómo, mediante la interposición de recursos o la promoción de juicios administrativos o de amparo, cuan loables pudieran haber sido dichas intenciones, siempre se quedan en el camino.

El cumplimiento de las funciones que la Constitución le impone a los jueces y la complejidad que un proceso de esta naturaleza puede llegar a tener, han provocado que con la admisión de demandas y, sobre todo, con la concesión de medidas de suspensión, después prolongadas con la misma tramitación de los juicios que se alargan, no se puedan tomar decisiones propias de todo gobierno, que resolverían de manera inmediata los distintos fenómenos económicos que nos obligan a pagar por servicios caros y deficientes.

Uno de los grandes puntos de la reforma constitucional que se tramita tienen que ver, precisamente, con el amparo y esa intervención judicial que impide la pronta actuación de las autoridades reguladoras para atajar cualquier práctica indebida en el mercado.

En la iniciativa, aprobada al inicio por la Cámara de Diputados, se estableció que las resoluciones de las nuevas autoridades, la COFECOE y el INFETEL, sólo podrán combatirse a través del juicio de amparo en el que, por oposición a lo que sucede en el resto de los casos, no procedería la medida de suspensión en su contra; además, se tramitará ante órganos judiciales especializados.

Ante la Cámara de Senadores, en su calidad de revisora, se ha modificado el dictamen y se ha previsto que, contrariamente a lo aprobado ante la Cámara de Origen, la suspensión sí proceda, pero solamente tratándose de actos de dichos organismos que impliquen una orden para desconcentrar activos, acciones o partes sociales, o también respecto de sanciones impuestas a los agentes económicos.

Algunas voces se han elevado para señalar que la modificación incorporada es un retroceso, pues en dichas materias sí podrá proceder la suspensión. No compartimos dicha opinión.

La razón constitucional por la que los jueces deban negar la suspensión, tiene que ver con la existencia de un interés social preponderante. No se puede conceder la suspensión con relación a un proceso de licitación o el establecimiento de una tarifa de interconexión, porque la sociedad está interesada en que ambos surtan sus efectos de inmediato. Así las cosas, ¿Qué interés tiene la sociedad en que una multa se pague de inmediato, pudiendo ser excesiva, sin que previamente la califique un juez?, ¿Qué interés tiene la sociedad en que una empresa venda sus activos antes de que un órgano de justicia imparcial valore la legalidad de la resolución que así lo ordena? Ambas son sumamente trascendentes.

El reclamo histórico que nuestra ciudadanía podría ver satisfecho por medio de la reforma no puede llevarnos a caer en excesos. La modificación que ha aportado el Senado es beneficiosa, pues garantiza el mínimo de seguridad jurídica al que cualquier ciudadano puede acceder de acuerdo con los compromisos asumidos por el país en convenciones internacionales; con mucho más razón, el mínimo de certidumbre que exigiría cualquier inversionista.

Con miras a la generación de competencia en el sector, y de inversión directa de largo plazo que pueda concretarla, es válido que se analicen métodos expeditos de acceso a la justicia que hagan efectivos, los propósitos del gobierno, por un lado, como el reclamo a favor de legalidad de quienes tienen que ver con la actividad concesionada, por el otro.

Muy a pesar de que el propio Secretario de Educación Pública y los líderes en el Congreso declaran que no habrá marcha atrás respecto de la reforma educativa, lo cual es absolutamente claro, previsible y deseable, algunos maestros o algunas agrupaciones de ellos, se organizan con el propósito de expresar una oposición incomprensible a la determinación del Constituyente, a la que se suman, sorprendentemente, algunas organizaciones de alumnos, o que se hacen llamar así.

Más allá del efecto político inmediato que deriva del ejercicio público del derecho a manifestarse que la Constitución le otorga a los propios maestros de marras, efecto con el que no simpatizamos, no dejamos de ver la consecuencia directa del paro magisterial en agravio de los niños que la reforma pretende proteger, como también del resto de los ciudadanos que, espectadores del proceso de reclamo de los trabajadores de la educación, nos vemos impedidos para transitar en el territorio nacional.

La problemática en la que nos vemos envueltos, así, se cifra en el entendimiento sobre los límites y preeminencia de derechos fundamentales en disputa: el derecho de los maestros a manifestarse públicamente, el derecho a recibir educación del Estado por parte de los niños, y el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, sin mengua de persona alguna que no sea, propiamente, una autoridad competente.

Esta administración tiene ante sí el gran reto de hacer entender a los manifestantes opositores, la carencia de lógica del reclamo y su improcedencia, como método para lograr la terminación inmediata del ejercicio al derecho de manifestación que equivocadamente vienen ejerciendo. La consecuencia de no lograrlo podría implicar la continuación del quebranto a los dos derechos mencionados que se oponen, la educación y el tránsito.

Es en este punto en el que también deberá valorarse hasta qué momento se tolerará el ejercicio del derecho por encima del derecho mismo, en detrimento de la gobernabilidad que nos interesa a todos.

Toda norma jurídica tiene como propósito esencial establecer el orden conforme al cual deben regirse las cosas. De dicho orden se desprende la posibilidad de que la ciudadanía conviva armónicamente y se desenvuelva de acuerdo con todas sus posibilidades para acercar el bienestar general que legítimamente persigue. Se trata de un orden público, pues interesa al colectivo.

El ejercicio al derecho fundamental que la Constitución otorga a favor de los manifestantes se limita, no sólo a partir del comienzo del derecho mismo a la educación y el derecho de tránsito que le corresponde a los educandos y a la ciudadanía a la que nos hemos referido, sino también por el indudable deber que la Constitución le impone a todo gobernante, de hacer valer puntualmente sus atribuciones para hacer imperar el orden público, en el que el Estado mismo ve justificada su existencia.

La intervención gubernativa para conciliar los intereses en disputa, o para resolver ésta conforme a la puntual aplicación de la ley, está perfectamente legitimada por la Constitución, que protege los intereses de los niños, no porque las normas le concedan al Estado la atribución para conducirse arbitraria o despóticamente, no porque sus resoluciones sean tiránicas ni represivas, sino porque el derecho es esencialmente coercitivo, y porque su concepción tiene como finalidad primera la de lograr su observancia y cumplimiento. Para eso existe el gobierno que elegimos y que, además, necesitamos.

Es nuestro sincero deseo que los problemas que aquejan a los maestros se puedan resolver, para beneficio de ellos y la estabilidad de todo el país. La reforma educativa trasciende a nuestra generación y depende de ella el futuro promisorio de los mexicanos. La viabilidad de los planes de desarrollo que todos nos proponemos, exigen superar paradigmas que han convertido en sinónimos, indebidamente, a la represión y a la coercitividad del derecho.

Otro sí digo

Continúa el proceso de discusión de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que, de concluir, logrará el establecimiento de un nuevo orden en ese mercado, ávido de proveedores de servicios. El reloj no se detiene y el calendario no deja de perder sus hojas.