Conforme destaca la relevancia que el Pacto por México tiene para el gobierno mexicano, es mayor la tentación de vulnerarlo para los adversarios y para quienes no lo son tanto. Siendo el principal mecanismo de concertación política en el arranque del gobierno, es demasiado bueno como para dejarlo pasar incólume.

Al momento, el Pacto lleva varios hits con producción de carreras en la cuenta gubernamental, pues a su amparo han podido procesarse no sólo el primer reajuste gubernamental, sino también el presupuesto del corriente año y las trascendentales reformas laboral (proveniente de la iniciativa preferente de Calderón pero procesada en el contexto concertador de Peña), la educativa y la de telecomunicaciones, que se han combinado magistralmente con el ambiente de diálogo y acuerdos construido sobre todo en la Cámara de Diputados, a cuyo impulso, según reporta el balance de resultados legislativos del segundo periodo ordinario de sesiones difundido al cierre del periodo ordinario, se aprobaron seis reformas constitucionales más y 56 reformas o nuevas leyes generales y reglamentarias, entre las que destacan la nueva Ley de Amparo, la nueva Ley de Cultura Física y Deporte y la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental.

De ahí que, ante el eventual descalabro electoral que se avecina en los 14 procesos estatales que tendrán lugar el 7 de julio próximo ante el empuje del “efecto Peña”, los aliados en el Pacto subieron a la arena electoral y pasaron la factura ante cualquier error o impericia de los operadores priístas. Así, de la ácida exigencia de pedir algo a cambio espetado por legisladores calderonistasparapetados en el Senado, la dirigencia del PAN pasó a exhibir grabaciones y gráficas escogidas con efecto mediático que pusieron en jaque al Pacto, obligando al gobierno a firmar una adenda de once puntos para establecer, otra vez, lo que ya está en la ley, incluida la obligación de cumplirla.

Cazar mapaches es un deporte propio de la temporada electoral. Sobre todo cuando la legislación y los procesos en la materia están basados en la desconfianza, lo que multiplica los candados,  las regulaciones y lasverificaciones. Sobre esta cuestión, las elecciones en sí misma constituyen una prueba más al Pacto, pues convierte en rehén de los resultados electorales lo que todos ofrecieron blindar, que es la concertación para hacer avanzar los temas nacionales.

Las prevenciones consideradas en la adenda del 7 de mayo resultan relevantes para recordar a todos que las elecciones requieren ser procesos competitivos en condiciones de justicia e igualdad, pero en sí mismos no garantizan que los competidores vayan a aceptar civilmente los resultados. En realidad, mientras más salvaguardas existen, más se prepara el ambiente para la inconformidad electoral, trabajando sobre la subcultura del fraude anticipado, tan popular entre quienes buscan ganar en los medios y los tribunales lo que no pueden sostener en las votaciones.

Además de un resultado asimilable en las elecciones (donde los partidos de oposición quisieran no ser arrollados por el “efecto Peña”), los cofirmantes del Pacto buscan anteponer la reforma política y electoral que originalmentehabían convenido revisar en el segundo semestre del año.

Conforme a la estrategia del Pacto, debieran instalarse mesas de negociación para convenir los contenidos; sin embargo, por razones propias, en el PAN decidieron adelantarse y enviar a la Comisión Permanente no una, sino dos iniciativas de Reforma Política y Electoral, mostrando la división profunda que aqueja a las facciones en pugna por el control del partido.

La dirigencia nacional encabezada por Gustavo Madero presentó a la opinión pública una propuesta de reforma más electoral que política, buscando la transformación del Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones que, de prosperar, le daría un sesgo centralista a la función electoral del Estado mexicano, como también dejar la justicia electoral en manos de la instancia federal, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta es algo que pareciendo bueno, en realidad mutila la esencia del federalismo que es, precisamente, la riqueza y el vigor de la vida local. En el mundo, los principales federalismos dejan la mayor parte de los procesos electorales en los órganos e instancias locales; así sucede en Estados Unidos, en Reino Unido y en numerosos países de la Unión Europa, como Alemania y España, en donde las elecciones se organizan y contabilizan municipal y distritalmente y son compiladas nacionalmente sólo cuando corresponde.

Yendo a contrapelo de la tendencia mundial, el PAN de Gustavo Madero, al mejor estilo de Antonio López de Santa Anna, no buscaría fortalecer, transparentar y ciudadanizar los órganos electorales locales, sino concentrarlos todos en una férula centralista, como si no hubiera ya demasiado centralismoen el país. En la explicación que dan se percibe la verdadera razón de lo que en realidad pretenden: cuando el PRI perdió la Presidencia, sostuvo su presencia nacional en los Estados y Municipios, en muchos de los cuales se vivió la alternancia y en otros no, al impulso de la incapacidad mostrada por el gobierno central del PAN para realmente superar los escollos del desarrollo nacional.  En esos doce años, los pasos de la federalización se revirtieron y la educación, la salud pública, la seguridad y el ejercicio mismo del presupuesto retornaron a la horma centralista. Así, los malos resultados del gobierno central se tradujeron en los problemas que ahora viven las regiones, entre ellos el de la abultada deuda estatal que compromete las participaciones federales, al grado de que de cada peso del presupuesto nacional, 75 centavos los gasta la Federación y 25 corresponden a los Estados y Municipios, siendo éstos últimos quienes reciben únicamente 5 centavos del total.

Ahora, en la nueva lógica santannista, centralizando los procesos electorales se reducirían los temores del PAN cuando no puede competir en todos los terrenos o sólo cuando éste les favorece. Quizá si de agregar transparencia y certidumbre se tratara, lo procedente sería proponer lo que funciona en los países democráticos del mundo, que es la cédula de identidad ciudadana. En España, por ejemplo, existe un Instituto de Identidad Ciudadana como órgano del Estado español, que desde el momento del nacimiento le otorga a cada nacional de ese país un documento único de identidad, el cual, al llegar a la mayoría de edad, es el documento que sirve para votar. El listado nominal de electores lo proporciona este Instituto de Identidad a las autoridades electorales, lo que lo hace inmune a la discrecionalidad o a cualquier tentación fraudulenta.  

La propuesta de un Instituto Nacional de Identidad Ciudadana, también conautonomía constitucional, se realizó en la consulta para la Reforma del Estado organizada por la CENCA en 2007, en el contexto de la Ley para la Reforma del Estado y fue rechazada, como muchas otras, por el entonces gobierno del PAN.

Por su parte, los senadores Ernesto Cordero y Miguel Barbosa, en su rol de la coalición perrepán en el Senado, presentaron una propuesta alterna de reforma política y electoral, apelando a la facultad legislativa que les es innata, pero en abierta contradicción de las dirigencias nacionales que estarían por convenir el tema en el Pacto por México.

La actitud contradictoria ya encontró una repuesta rápida en la dirigencia nacional del PAN, que decidió llamar a cuentas al senador Cordero en atención a la facultad del presidente del Comité Ejecutivo Nacional para nombrar al coordinador de los senadores, para lo cual se revisará su actuación en un pleno de senadores panistas en los próximos días. En el campo del PRD, elpresidente del mismo, Jesús Zambrano, cobijó al senador Barbosa señalando que la iniciativa perrepán sería incorporada a la mesa del Pacto por México.

El proyecto en comento recoge todas las propuestas que se realizaron en momentos anteriores de la reforma política y electoral, buscando integrar la segunda vuelta electoral, la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales; con dedicatoria, la eliminación del fuero presidencial, gobiernos de coalición con un jefe de gabinete y la autonomía del Coneval y de la PGR; en el plano electoral, buscarían integrar la causal de nulidad por rebase de topes de campaña, la fiscalización anticipada de los recursos de partidos y candidatos, destitución e inhabilitación de funcionarios públicos y la revocación de concesiones de radio y televisión cuando algún medio realice propaganda simulada como información, entre los principales planteamientos, sin hacer alusión a la figura de un Instituto Nacional Electoral, contrariando claramente la postura de la dirigencia y los diputados del PAN. A ello se suman las constantes descalificaciones del senador Cordero a los diálogos del Pacto, que en su opinión, se realizan “en lo oscurito”. Por ello, con conjunción con su aliado, el senador Miguel Barbosa, contando con las firmas también de los senadores Armando Ríos Píter, Manuel Camacho Solís y Roberto Gil Zuarth, plantearon la realización de consultas para la reforma política fuera del Pacto por México.

Por donde se quiera ver, la confrontación ya está planteada: es en primer término al interior del PAN, para determinar el futuro de este instituto político, y contra el Pacto, al que se le quisiera minar como mecanismo de legitimación de las iniciativas concernientes a la agenda nacional.

En realidad, como se ha visto en los dos periodos ordinarios de sesiones que han transcurrido desde que iniciara la transición del gobierno federal, la facultad de legislar del Congreso se ha ejercido en plenitud, en donde las iniciativas provenientes del Pacto por México se han integrado a la agenda legislativa y procesadas en atención a la calidad de quienes las firman, que poseen facultad de iniciativa, como son el titular del Ejecutivo Federal y los coordinadores de los grupos parlamentarios de alguna o de ambas Cámaras. Ni la labor legislativa se ha constreñido a lo que proviene del Pacto, ni es el Pacto el que determina la agenda legislativa. Ambos mecanismos se han engarzado mediante el diálogo, la negociación y los acuerdos, para hacer avanzar los temas de la agenda nacional, que solían permanecer inmóviles por décadas. Lo demás, como sucede en la democracia,  corresponde a las pugnas e intereses de los partidos.

Finalmente, tras ver las barbas de los vecinos cortar, la economía mexicana ha puesto las suyas a remojar. El reporte de crecimiento del primer trimestre del año publicado por el INEGI fue mucho peor de lo que se esperaba, llegando aun raquítico 0.8%, lo que de inmediato provocó el reajuste de la cifra de crecimiento esperado para el año a un 3.1% y la aceptación, en palabras del Presidente Peña Nieto, de que la magra cifra de crecimiento, inaceptable pero real, se debe sobre todo a la falta de dinamismo de la economía mundial (“si México no ha crecido más, es porque el mundo no está creciendo” dijo el Primer Mandatario).

El pronóstico para el resto del año sigue siendo reservado. Nada hace suponer que la reducción del crecimiento vaya a detenerse, pues en la Eurozona están viviendo el sexto semestre de recesión y, salvo Alemania (+o.2%), tanto Francia como Italia y España han registrado decrecimiento, con un (-0.2%) promedio para la zona euro. En los Estados Unidos, el crecimiento se ha desacelerado y aún subsisten los problemas para la aprobación del techo de endeudamiento y el presupuesto para 2014, técnicamente están operando con aprobaciones parciales y entró en vigor el “sequestration”, es decir, la reducción programada del gasto, sobre todo en defensa y seguridad socialhasta por 85 mil millones de dólares. Por su parte, la economía china ha moderado su crecimiento, situándose entre 7 y 8%, provocando la caída de los precios internacionales de las materias primas y reduciendo el consumo de combustibles, con la consiguiente afectación del precio internacional del petróleo, nuestra principal mercancía de exportación.

En el plano interno, las cosas no van mucho mejor. Tanto la prolongada sequía, que ha devastado las zonas productoras de grano y cárnicos, como la extensión de la gripe aviar, han elevado los precios de granos, huevo y carne de res y de pollo, llevando la carestía en productos básicos otra vez a niveles del 30%, y rebasando con mucho el reporte esperado de inflación del Banco de México, que anda ya en el 4.65%, lejos de la meta soñada del 3%. Adicionalmente, los principales voceros de la iniciativa privada han declarado que no existen proyectos ni condiciones para invertir, por lo que la generación de empleos se ha detenido, continuando la prevalencia de la economía informal como el principal mecanismo de alivio del desempleo formal.

Estamos a mediados de mayo y el contexto internacional e interno siguenmostrándose adversos. Nada hay afuera o dentro del país que haga suponer que la producción repuntará y se reanudarán las exportaciones. Por ende, es dable suponer que el crecimiento del segundo semestre del año podría ser si acaso muy similar al del primero, con lo que el acumulado de dos trimestres rondaría el 1%, presionando los indicadores para el segundo semestre hacia un 6% para permitir que la cifra de crecimiento del año llegara al 3.1% que está proyectando la SHCP.

Dado el elusivo entorno internacional y el débil aliento del mercado interno, es muy probable que, más allá de la buena marcha de las reformas estructurales, el crecimiento de este año se sitúe en torno al 2%, sobre todo porque losefectos económicos de las principales reformas, que estarían abriendo nuevos espacios a la inversión pública y privada, en especial las de telecomunicaciones y energética, habrán de notarse a partir del próximo año.

Entretanto, ¿por qué no hacer caso de las recomendaciones de los expertos en crisis económicas, que siempre señalan que lo que hay que hacer, hay que saber hacerlo a tiempo? ¿Cuándo aplicar políticas anticíclicas que protejan el empleo y el ingreso de los mexicanos, aplicando los recursos públicos ahora que se necesitan y no cuando la veda electoral haya concluido y quizá sea demasiado tarde para reponer lo perdido? Vaya paradoja del gobierno, atrapado entre quienes quieren que no actúe y se quede quieto por cálculos electorales, y las necesidades de proteger  el empleo y el ingreso de las familias, como es usual en tiempos de adversidad económica.

Al concluir los procesos de refrendo constitucional de las reformas en materia de Competitividad y de Telecomunicaciones, además de la educativa que ya fue publicada, pareciera más que necesaria la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para procesar los paquetes de legislación secundaria, que los artículos transitorios suelen establecer en 180 días.

Debido a las sutilezas del proceso legislativo, un periodo extraordinario de sesiones es aquél que las fuerzas representadas en el Congreso consideran necesario para votar alguna legislación o conocer un tema de impostergable urgencia, cuando existen acuerdos para ello, es decir, cuando se tienen dictámenes favorables ya definidos y votados en las comisiones respectivas. Conforme a la Constitución, un periodo extraordinario lo convoca la Comisión Permanente, señalando explícitamente el tema o temas que deberán abordarse, por lo que suelen ser de corta duración. No se convoca a un periodo extraordinario para conocer, turnar e iniciar la deliberación de un tema fundamental, sino esencialmente, para conocer, debatir y votar un dictamen que refleja ya el acuerdo de las fuerzas políticas que lo firmaron.

En este sentido, con el efecto mediático asociado, distintas fuerzas políticas apelan a la convocatoria a un periodo extraordinario para tratar todo tipo de asuntos. Por ejemplo, el PAN, al presentar la iniciativa de reforma política, cree posible que pudiera debatirse en un periodo extraordinario, cuando no existe siquiera un consenso básico sobre los temas que debiera incluir una reforma tan importante. Lo mismo sucede respecto de los paquetes legislativos reglamentarios de las reformas constitucionales anteriormente aludidas, que si bien fueran acordadas en el seno del Pacto por México y si fueran firmadas además por las coordinaciones parlamentarias respectivas, debieran ser primero turnadas por la Comisión Permanente a  comisiones de dictamen, paraque, una vez elaborado y votado éste, pudiera ser conocido por el pleno en un periodo extraordinario.

Es el caso, por ejemplo, del procesamiento legislativo de la iniciativa de Reforma Financiera enviada por el titular del Ejecutivo Federal en el marco de concertación del Pacto por México. El paquete legislativo de la Reforma Financiera, con 13 iniciativas que abordan 38 reformas legales, fue recibido por la Comisión Permanente y turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados. De inmediato, estas Comisiones dictaminadoras iniciaron los trabajos de elaboración del dictamen, que en las próximas semanas habrá de elaborarse y construirse el consenso respecto de su aprobación o no, tras lo cual deberá ser votado y el resultado del mismo, comunicado a la propia Comisión Permanente.  

Si el sentido del dictamen fuera positivo y contara con el voto mayoritario de ambas comisiones (de Hacienda y de Justicia), entonces existiría materia para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que el Pleno del Congreso pudiera conocer, debatir y votar el dictamen; primero en la Cámara de Diputados, y después, en secuencia, por la Cámara de Senadores.

Por ello, aún en esta situación de dictaminación que ya ha iniciado, no es probable que existan condiciones para convocar a un periodo extraordinario sino hasta después de concluida la temporada electoral del 7 de julio próximo, cuando los partidos cesen de atacarse mutuamente. Ya hemos visto que nada presiona tanto la mesa de diálogo como las cuestiones electorales. Así que, dependiendo de cuándo estén listos los dictámenes y cuándo éstos puedan ser conocidos por el Pleno del Congreso, entonces podría haber no uno, sino varios periodos extraordinarios, a partir de la tercera semana de julio, cuando los 14 procesos electorales habrían concluido y, es de esperar, no existieran discrepancias irreconciliables.

1. 1.    Sigue el Pacto.

El Pacto por México, que es la estrategia de concertación política elegida por el gobierno mexicano para convenir estrategias con las principales fuerzas de oposición, ha superado su primer revisión seria de propósitos y objetivos, con una amplia concesión del propio gobierno para tranquilizar las aguas.

Tras las denuncias por el presunto uso clientelar de políticas sociales sobre todo en el estado de Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó a su propio costo las reconvenciones y dispuso que se evitara una confrontación que pondría a prueba la viabilidad del Pacto. Como lo diría el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en vez de volver las críticas un conflicto permanente, se optó por resolverlo rectificando todo lo que había que rectificar.

En la adenda al Pacto, se agregaron 11 compromisos adicionales a los 95 originalmente pactados, además de cambiar el calendario en que se presentarían. Son compromisos que obligan tanto al gobierno federal como a los otros niveles, así como a los partidos firmantes, si bien el principal efecto es para el partido gobernante, el principal acusado de uso clientelar de recursos públicos.

Esta adenda permite transitar el periodo electoral inminente, que tendrá su punto culminante el próximo 7 de julio, lo que habrá de encauzar un gran cúmulo de artilugios y denuncias porque todos, todos los partidos y gobernantes suelen utilizar la obra, resultados y recursos a su disposición y arbitrio para obtener ventajas político-electorales.  En el pasado reciente, fue proverbial cómo los titulares de las dependencias del gobierno federal, como el entonces secretario de Hacienda, hoy senador Ernesto Cordero, hacía campaña al amparo de su cargo, ofreciendo a los votantes carnets del Seguro Popular, afiliaciones al entonces programa 70 y Más o programas de becas escolares, subsistiendo el reclamo a sus partidarios porque no sabían propalar lo que consideraban eran buenos resultados del gobierno en turno.  En el momento actual, los denunciantes panistas omiten, por supuesto, mostrar las fotografías del uso clientelar de recursos que hace el gobierno de Baja California, con el apoyo del gobierno de Sonora, ambos de filiación panista, para hacer propaganda por sus candidatos; basta abrir la página web del gobierno de Baja California para ver una gran concentración de “camisetas azul marino” con el gobernador Osuna Millán al Centro, en plena temporada electoral.

Y ni qué decir del gobernante PRD en la ciudad de México, cuyo titular, Miguel Angel Mancera, sin militar aun en este partido, negó la participación del programa de la Cruzada contra el Hambre en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Alvaro Obregón, porque implicaría la acción de un programa federal en territorios que ahora controla la política social del gobierno del D.F., aún cuando no hayan erradicado la pobreza o el hambre de estas zonas populares, haciendo prevalecer el cálculo político-electoral que el PRD le suele dar a la política social como multiplicadora del voto.

1. 2.    Adenda al Pacto.

Tratándose de 11 nuevos compromisos, lo que se firmó no es un “adéndum” sino una adenda, esto es, la adición de esos 11 nuevos compromisos al Pacto por México (escrito ademas incorrectamente con acento, cuando por tratarse de una etimología del latín no debe llevar acentos).  Más allá de lo anecdótico, lo relevante es que se vuelve otra vez a la cuestión de considerar que lo electoral puede ser negociable, que las elecciones podrían ganarse fuera de las urnas, creando presunciones y sospechas, estableciendo la lógica de fraudes anticipados.

Esto, que ha sido el sustento de la subcultura del fraude, es el principal tufo de los nuevos compromisos incluidos en el revisado Pacto. El primero, es el respeto a la ley y la limpieza electoral, con la exigencia de que los funcionarios que hayan cometido o llegaran a cometer delitos electorales sean sancionados. Al respecto, el gobierno federal separó de sus cargos a los servidores públicos implicados, al tiempo que en el gobierno de Veracruz renunció al secretario de Finanzas, abonando a la hipótesis de que “en política, lo que parece, es”, de manera que si parecía que habían realizado actividades clientelares, entonces se les debe sancionar como si lo hubieran hecho realmente.

El segundo compromiso se refiere a establecer un “blindaje electoral”, esto es, suspender los movimientos de altas, bajas y cambios en los padrones de programas sociales en los 14 estados en que habrá elecciones (lo que, de hecho, deja estos padrones con la impronta azul que le imprimieron los gobiernos panistas cuando ellos hacían el manejo clientelar a su favor), suspender la realización de asambleas o reuniones públicas de operadores de estos programas con los beneficiarios en los 45 días anteriores a las elecciones y hasta revisar, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, los movimientos de las cuentas de los gobiernos estatales.

En los subsiguientes compromisos adicionales, se incluye la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los programas sociales, la instalación de Comisiones Plurales Estatales en cada una de las 14 entidades para atender denuncias y vigilar el comportamiento de funcionarios; la creación de una Comisión Nacional Plural de Preservación del Entorno de Equidad que globalizará la labor de las comisiones estatales; la actuacion de observadores electorales nacionales e internacionales, culminando con la creación futura de un Sistema Nacional de Programas Sociales, buscando lo que el PAN rechazó siendo gobierno, esto es, la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales.

Y, la cereza del pastel, el adelanto de la Iniciativa de Reforma Política y Electoral, con la instalación de la mesa de trabajo respectiva para construirla, buscando su aprobación en un periodo extraordinario de sesiones, que por cierto, se estrella de inicio con la actitud del bloque perrepán en el Senado que ha declarado enfáticamente la no existencia de condiciones para periodos extraordinarios inmediatos.

Son sin duda objetivos plausibles que permitirán al Pacto por México transitar el impasse electoral que se avecina y obtener algo a cambio de lo que parece podría ser una derrota inminente en las elecciones. Como sea, lo que fue adicionado al Pacto son los componentes mismos de la subcultura del fraude, la misma que permite al PAN explicar sus derrotas  con el argumento de que los comicios los gana el PRI a base de billetazos, en tanto que el PRD utiliza el imaginario para construir toda suerte de maquinaciones de la supuesta compra masiva de votos. El Pacto, en todo caso, ha sido demasiado bueno para dejárselo solo al Gobierno Federal; por ello, a partir de su viabilidad, se ha convertido ahora en rehén de los partidos y sus necesidades políticas.

1. 3.    México adelante.

En el exterior, México sigue siendo la estrella más brillante entre los países emergentes, en donde se le percibe con un futuro promisorio a partir de las reformas que el gobierno está construyendo en la pluralidad y la democracia. No son los resultados inmediatos de la economia, sujeta al vaivén de lo inmediato, sino las perspectivas de mediano y largo plazo lo que sustentan la fortaleza del peso al igual que el refrendo de las calificaciones del país.

La calificadora Fitch Ratings le devolvió al país el grado de inversión que había perdido tras la gran crisis global del 2009 y el pésimo manejo contracíclico que tuvo el gobierno mexicano en esa ocasión. Ahora, la calificadora devuelve el grado de inversión con perspectiva estable, siendo muy probable, de lograrse las reformas energética y fiscal, que la calificación de la deuda soberana mexicana entre al grupo de las economías de la zona “A”. Las firmas Standard and Poor’s y Moody’s aún siguen valorando las expectativas mexicanas, siendo muy probable que también reflejen la apreciación realizada por Fitch en los próximos meses.

No es sólo la estabilidad macroeconómica lo que nutre el optimismo del exterior en nuestro país; es sobre todo, la viabilidad de la estrategia del nuevo gobierno mexicano lo que motiva el entusiasmo; en poco tiempo, con la nueva estructura de diálogo y concertación contenida en el Pacto por México, se ha logrado impulsar la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones y se ha presentado la reforma financiera para devolver al crédito el rol que requiere en una economía que se prepara para volver a crecer. En los próximos meses, se esperan las reformas energética y hacendaria, además de la política y electoral que la oposición exigió recalendarizar, con lo que el Pacto habrá cumplido sus principales objetivos para devolverle a México vitalidad y opciones de futuro. 

1. 4.    Presiones inflacionarias.

No deja de sorprender el repunte inflacionario, que supera el 4.5%, sobre todo en los productos básicos, como también la caída en la producción industrial del 6%) y el crecimiento (1%) del primer trimestre del año, que habrán de presionar los resultados del ciclo economico actual.  En el contexto del desempeño general de México, puede tratarse de una burbuja que amerita el debido cuidado de los instrumentos económicos para hacerle frente, pues el país está afectado por una severa sequía, además de que prevalece el impacto que está teniendo la gripe aviar en la producción de huevo y pollo, que es lo que está impactando con severidad los precios de los alimentos.

En lo que se refiere a la contracción de la producción manufacturera, el país registra el efecto de la contracción de la demanda de China, Estados Unidos y de la Unión Europea, en donde aún subsisten procesos de contracción de las actividades económicas. En la zona Euro, hasta el próximo año se espera la recuperación del crecimiento económico ante el severo problema de deuda pública que les ha afectado; en tanto que en los Estados Unidos, aún se sigue negociando el presupuesto para el 2014 así como el techo de endeudamiento y el plan del gobierno para incrementar impuestos y recortar gastos sociales, en tanto que China, al reducirse su perspectiva de crecimiento al 7 u 8% este año,  ha dejado de importar los combustibles y materias primas acostumbrados, afectando los precios de los “commodities” y reduciendo el ritmo de la economía mundial.

En ese contexto, nuestra mejor opción es el impulso al mercado interno, que es hacia donde apunta la reforma financiera al fin presentada por el gobierno mexicano.  Si el costo del dinero se reduce, si el crédito se reactiva y la banca de desarrollo vuelve a su vocación original, que es financiar proyectos de impacto social y regional, el mercado interno podría compensar la pérdida del crecimiento económico. Sin embargo, el hecho de que en el primer trimestre el crecimiento haya sido del 1% y si el segundo trimestre prosigue por este orden, entonces el crecimiento que el país necesitaría en el segundo semestre para reponer la tasa esperada al inicio del año, sería del 6%, que en las condiciones actuales, aún con las reformas estructurales, puede ser imposible. 

La cuestión podría llevar a que este año sigamos todavía en la paradoja señalada por el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, quien dijera en la Convención Nacional Bancaria que en México todo funciona bien, menos el crecimiento, por lo que, ante un contexto internacional aún complejo debido al bajo crecimiento de los países avanzados y los elevados niveles de desempleo y deuda pública prevalecientes, nuestro país podría seguir todavía este año en la situación de bajo crecimiento que se ha observado en la tragica docena anterior, esto es, del 2% si acaso.

1. 5.    La violencia que no cede.

En lo que se refiere a la violencia heredada del gobierno del presidente Calderón, aún cuando no se habla de ello en estos términos debido a la corrección política del gobierno ante las expectativas del Pacto por México, las cifras de muerte y desolación en el país siguen a un ritmo trágico. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, al cierre de abril, la cifra de ejecutados asociados con la delincuencia organizada supera los 5 mil 200, lo que hace pensar que, de proseguir la tendencia, al darse el primer informe de gobierno del Presidente Peña Nieto, esta cifra podría rondar los 10 mil, lo que supondría una fuerte presión sobre la eficacia de la política de seguridad implementada.

Si bien es cierto que el gobierno del Presidente Peña Nieto pidió un año para dar resultados en la nueva estrategia de seguridad, que ha puesto el énfasis en la prevención del delito y los servicios de inteligencia para focalizar las acciones de contención y combate a la delincuencia organizada, también lo es que la sociedad espera resultados, perceptibles sobre todo en la disminución absoluta de esa insostenible espiral de violencia.

De lo contrario, lo observable conforme se acerca la fecha del primer informe de Gobierno será el contraste entre un México que se pone en pie y puede volver a crecer a tasas históricas del 6%, pero todavía flagelado por una violencia criminal lacerante, que pone a prueba todo lo realizado. Por lo pronto, inflación, violencia y disminución trimestral del crecimiento difícilmente son buenas noticias para el Gobierno y para la sociedad. 

1. La visión norteamericana.

Con la reciente visita del Presidente Barack Obama a México, se reanuda la relación bilateral entre ambos países a una escala que hace años no se veía. De un enfoque monotemático y servil, se abre paso una relación diversa, compleja y con respeto a los intereses de ambas partes.

Difícilmente se pensaba que el presidente norteamericano reconocería la parte que les toca en el problema del narcotráfico y ofrecería cooperar para detener el flujo de armas a nuestro país así como contener la demanda de enervantes, que es lo que en realidad detona el narcotráfico. Es sabido que mientras haya consumo y buenos precios allá, en este lado de la frontera no hay manera de detener a los narcotraficantes.

De igual forma, existe hoy una manera mas comprensiva de atender el problema de los migrantes, que está impelido sobre todo por razones económicas, pues proveen la mano de obra necesaria para importantes sectores de la economía norteamericana como son los servicios de menor tecnología y las actividades agrícolas, ambos intensivos en mano de obra. De la intención de sellar la frontera, se busca ahora modernizarla, regularizar los cruces y dotar de seguridad la zona fronteriza, ofreciendo un camino de legalización a casi 12 millones de indocumentados de origen mexicano.

Figura también en el interés mutuo el crecimiento del comercio y la inversión, que alcanza cifras record al amparo del Tratado de Libre Comercio (mil millones de dólares diarios), al igual que el interés energético en el que, paradójicamente, ahora son los norteamericanos quienes tienen energéticos que ofrecernos. Con la revolución del “shale gas”, existe una altísima disponibilidad de gas barato, a tres dólares el millar de pies cúbicos (frente a casi 16 dólares en el resto del mundo) que México podría importar y, con ello, reducir significativamente el precio de generación de la electricidad. Imaginemos el impacto de un carburante barato cuando la CFE acaba de elevar el precio del fluido eléctrico debido, sobre todo, a que no hay disponibilidad de gas en nuestro país y ha tenido que utilizar más combustóleo para generación, a 9 pesos el litro.

En realidad, si nuestro país no hace pronto una reforma energética profunda para por lo menos aprovechar la disponibilidad de gas norteamericano en lo que desarrollamos nuestras propias cuencas, en ocho años seremos dependientes del exterior en materia energética, al mismo tiempo que los Estados Unidos serán superavitarios porque desde ahora, en la estrategia energética norteamericana, se han propuesto no sólo producir el gas shale y compartirlo en la zona geográfica, sino también reducir en 30% el consumo de combustibles fósiles, utilizando energéticos renovables (biocombustibles, eólica, solar y térmica, entre otras).

Así, una relación bilateral mas rica y compleja que el ominoso enfoque de la narcoviolencia, preludia lo que podría ser una nueva época en la relación bilateral, que camina en el sentido del interés geoestratégico estadunidense. Ante los retos globales que se avecinan, el paso inmediato habrá de ser la integración de un bloque norteamericano con Canadá, Estados Unidos, México y quizá Cuba y Centroamérica, en vinculación con la prometedora región Transpacífico, para competir exitosamente ante el otro gran bloque mundial, que es la Unión Europea, por ahora inmersa en una crisis de deuda y recesión de pronostico reservado. Para ello se ha creado un grupo de Alto Nivel, que habrá de atender no sólo los temas económicos inmediatos sino, como habría de suceder hace 50 años con la Comisión del Carbón y el Acero europea, los asuntos del largo plazo para la región de América del Norte.

Es, con mucho, una nueva época en la relación bilateral. Ya no mas vecinos distantes, patios traseros ni osos y puercoespines; puede ser el inicio de la visión de un destino compartido para resolver los problemas y prosperar en ello, en donde se requiere una relación de socios estratégicos en el patio principal.

2. El balance del Congreso.

El segundo periodo legislativo del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión tuvo un cierre en términos generales excelente, con una productividad legislativa que no se había visto hace mucho tiempo, en la pluralidad, el diálogo y el toma y daca propio de todo proceso de negociación y búsqueda de acuerdos.

En la Cámara de Diputados, con el claro empuje, capacidad y habilidad política del coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se aprobaron siete ciclos de reformas constitucionales y mas de 40 reformas legales o creación de nuevas leyes, en contraste con el paso lento y farragoso adoptado por el Senado, en donde el triunvirato de los senadores Cordero, Barbosa y Gamboa, en ese orden, han logrado entablar polémicas y detener con ello el tren de las reformas necesarias.

En el caso, por ejemplo, del proyecto de regulación de la deuda de Estados y Municipios, problema que se ha desbordado en numerosas entidades, y en el cual el Senado, impulsivamente, decidió invadir competencias exclusivas de la Colegisladora, establecidas explícitamente en el articulo 72, inciso H, que otorga la facultad de iniciar leyes en materia de empréstitos a los diputados. Si además, el articulo 135 constitucional establece el procedimiento a seguir en las reformas a la Carta Magna, entonces una reforma constitucional en materia de empréstitos debe iniciar en la Cámara de Diputados, pues la Constitución debe interpretarse armónicamente en su totalidad, no como le convenga a cada quien.

Así, por ejemplo, si la Cámara de Diputados deseara ratificar un Tratado Internacional, que es facultad exclusiva del Senado, no podría recurrir al truco de inventar una reforma constitucional para arrogarse esa facultad y argumentar que como se trata de un cambio a la Carta Magna, el artículo 135 le permite invadir las competencias del Senado e iniciar la reforma de la ratificación de los Tratados.

Ha sido la propia Cámara Baja la que decidió encauzar la cuestión e incorporar en una nueva iniciativa, presentada en la Cámara de origen por los diputados de todos los partidos, que recoge los elementos de la pretendida minuta senatorial y corregir los aspectos que chocan con la facultad exclusiva en materia de empréstitos, que sigue siendo de los diputados.

Otro caso de rudeza innecesaria es la homologación de los criterios de declaración de salarios al IMSS con los que los patrones emplean para declararlos al Sistema de Administración Tributaria. Esta homologación, que permitiría reducir la elusión y captar mayores recursos para los derechohabientes del IMSS, ha sido detenida por el Senado, en palabras de su presidente, el senador Ernesto Cordero, porque se tomarán su tiempo para reflexionar si es válido subdeclarar salarios al IMSS, defraudando también las aportaciones al SAR de los trabajadores y continuar al mismo tiempo la sangría de recursos de la seguridad social.

Las reformas, en todo caso, han encontrado su camino en la Cámara de Diputados, impulsadas por quien desde hace una década ha sido un hábil negociador y constructor de acuerdos, el diputado Beltrones, lo que ha permitido sostener el ánimo por las reformas en los diputados Villarreal, del PAN, y Aureoles, del PRD, además de los coordinadores del PVEM y hasta del PANAL.

3. El sentido de las reformas.

Las siete reformas constitucionales aprobadas en la Cámara de Diputados representan un hito de modernidad en el país, pues corrigen situaciones que venían de siglos pasados y en el México actual, más global e interdependiente, simplemente ya no se justifican.

La primera de ellas se refiere a la reforma estructural en materia de Telecomunicaciones, que una vez sea promulgada al concluir su ciclo en el constituyente permanente, abrirá el camino a la ampliación de los servicios digitales, la plena convergencia tecnológica, con nuevas cadenas de televisión y radiodifusión, mayor competencia, mejores precios para el publico consumidor y una regulación efectiva y eficaz para combatir los monopolios y dominancias excesivas, hasta de caricatura, que han representado tanto Telmex como Televisa en las últimas décadas. No dejó de ser proverbial el asunto de las “meras palabras” adecuadas por los diputados y satirizadas por los senadores, las que se referían a “las resoluciones” y quedarían en simplemente “éstas”, lo que cambia el sentido que los amparos podrían tener respecto de las resoluciones que adopte el órgano regulador, refiriéndolas únicamente a la suspensión del acto reclamado cuando se disponga la desincorporación de activos o sanciones económicas de gran impacto, en tanto el Poder Judicial resuelve el amparo, pero no respecto de todas las resoluciones del órgano regulador. En realidad, como se ve, el cambio de esas “meras palabras” sí tiene un significado profundo, el de precisar en qué caso procede la suspensión provisional en el amparo contra actos de la autoridad reguladora, lo que no es de modo alguno superficial.

La reforma en materia del fuero, esa protección decimonónica a legisladores y altos servidores públicos, que protegió excesos y propicio impunidad y abusos en tanto ha existido, ha transformado este recurso en una moderna y acotada inmunidad constitucional que protege al beneficiario sólo durante el ejercicio estricto de las funciones encomendadas, además de que somete a todo servidor público salvo el Presidente de la Republica, al imperio de la ley y la acción de la justicia. Ahora, un juez podrá entablar una causa penal por ofensas graves, emitir sentencia y retirar la inmunidad en casos en que ésta sea condenatoria. Está en manos de los senadores el aprobar también esta reforma.

La reforma al articulo 27 constitucional que permite transparentar y regular apropiadamente la propiedad inmobiliaria unifamiliar de extranjeros en las zonas litorales, permitirá deshacer el entuerto actual en el que los extranjeros realizan hoy en día, amparados en el derecho humano a la legitima propiedad que las convenciones internacionales que México ha firmado les garantizan, en donde se valen de fideicomisos o prestanombres para gestionar sus propiedades.

Esta reforma, una vez validada por el Senado y el Constituyente Permanente, habrá de permitir a los municipios costeros tener un mayor flujo de turismo, mayores ingresos por catastro y prestación de servicios municipales, así como generación de empleos al resultar atractivo para la población en retiro de Europa y Norteamérica, que suelen buscar costas como las mexicanas para radicarse con la consecuente derrama económica.

La reforma al artículo 35 constitucional que actualiza y agiliza el otorgamiento de permisos del Congreso para portar y usar condecoraciones extranjeras así como permisos a mexicanos para prestar servicios en embajadas extranjeras, permitirá no solo facilitar el trámite de una situación que se castiga con la pérdida de la nacionalidad, sino liberar al pleno de las Cámaras legislativas la administración de tiempos excepcionales para atender otros dictámenes, en beneficio de los temas congresionales de fondo.

Se reformaron las facultades del Congreso en el artículo 73 constitucional para legislar en materia de protección a víctimas de violación a los derechos humanos, que permite esencialmente subsanar la plena vigencia de la Ley General de Víctimas, que distribuye competencias para reparar, restituir y no repetir casos de violación de los derechos de las victimas, Ley que fue también perfeccionada en el actual periodo ordinario.

Con la reforma al artículo 116 que establece la facultad de las Legislaturas Estatales para legislar en materia de candidaturas independientes, se acerca esta importante figura de participación ciudadana a las elecciones locales, devolviendo poder a los ciudadanos y contribuyendo a despartidizar la vida política en los planos estatal y municipal.

En materia de arraigo, el artículo 16 constitucional fue reformado para acotar la aplicación de esa medida cautelar sólo a casos de delincuencia organizada y delitos graves, reduciendo de 80 a 20 días y prórroga excepcional hasta por 15 días más su vigencia, siempre con la autorización y supervisión de un juez competente. Ello pone fin al abuso cometido en el pasado reciente, cuando se arraigó a 4 mil 700 personas, remitiendo a los jueces sólo a 300 de ellas.

4. Las reformas que vienen.

En el receso legislativo, las comisiones ordinarias del Congreso, al menos las de la Cámara de Diputados, habrán de seguir su labor de construcción de acuerdos y elaboración de dictámenes.

En la semana que ocurre, será presentada la reforma financiera, pospuesta con motivo de las denuncias por supuesto uso clientelar de programas sociales en Veracruz, que puso en jaque al Pacto por México y lo ha tornado rehén de los partidos políticos.

La reforma financiera pretende corregir los excesos en el otorgamiento de créditos de la banca privada, que requiere excesivas prendas para prestar dinero y lo hace a tasas leoninas, al tiempo que buscará reorganizar la banca de desarrollo, devolviéndola a su objetivo original, que es financiar los proyectos de desarrollo regional, al igual que apoyar las cadenas productivas de las medianas y pequeñas industrias, corazón del empleo y el mercado interno.

Una vez que concluya la temporada electoral el 7 de julio próximo, cuando se haya sosegado la estridencia política, el Congreso estará listo para recibir la reforma energética, la piedra angular del brillante ciclo de reformas emprendidas por el gobierno del Presidente Peña Nieto. La reforma deberá permitir la modernización de Pemex, transformándolo en un jugador global y permitiendo la participación de los particulares en petroquímica, refinación, distribución y almacenaje de petrolíferos, así como la importación primero y el desarrollo después, del nuevo energético de futuro, el llamado “gas shale” o gas de lutitas (arcillas o esquistos).

Vendrá, asimismo, el paquete de reformas secundarias, en materia educativa (para crear el servicio profesional docente, otorgar autonomía constitucional al Instituto de Evaluación Educativa y fortalecer la labor de los Consejos de Participación Comunitaria al nivel de centro escolar) así como en materia de Telecomunicaciones (para reformar, por ejemplo, los órganos reguladores Cofeco y Cofetel, que se transforman en Competencia Económica e Ifetel, respectivamente, así como crear los tribunales especializados en materia de competencia en el Poder Judicial).

Estos proyectos, consensables en el marco del Pacto por México, podrían encontrar una vía de solución en la realización de uno o varios periodos extraordinarios, si hay materia para ello, o si se supera el escollo que el binomio perrepán busca establecer, al pretender primero una reforma electoral que blinde los programas sociales, requisite el perfil de los delegados federales y cree el Instituto Nacional Electoral, antes que otras reformas puedan proceder.

5. Hacia el 15 de mayo.

Se acercan varias fechas emblemáticas para los mexicanos: la batalla del 5 de Mayo, vista como la fiesta de la soberanía nacional entre los mexicanos residentes en los Estados Unidos; el 10 de Mayo, Día de las Madres y la verdadera gran fiesta nacional; y el 15 de mayo, Día del Maestro, inmersos ahora en una confrontación a fondo con la reforma educativa y su ancestral lucha por más canonjías y mejor salario (incluyendo el derecho a heredar las plazas).

Conforme se aproxime el 15 de mayo, la movilización magisterial que se extiende por Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas  y el Distrito Federal tenderá a exacerbarse, reduciéndose una vez se conozca el porcentaje de incremento salarial y su referente en prestaciones, que bien podría quedar ahora en 4% al salario y cerca del 3% en prestaciones.

La protesta magisterial, como históricamente ha sucedido, tenderá a desvanecerse al paso de las concesiones gubernamentales como por la proximidad del fin del ciclo lectivo y el inicio de las vacaciones largas, que representan cinco quincenas que se pagan juntas a los profesores, quienes por ninguna razón dejarán de cobrar, además, sus salarios caídos. Como sea, mayo apunta a ser  un mes candente para los capitalinos, caracterizado por la movilización y la protesta social. 

1. 1.    El Pacto en crisis.

El Pacto por México, la excepcional plataforma de concertación negociada entre el Gobierno del Presidente Peña y los dirigentes de los tres principales partidos políticos nacionales, a los que después se sumaría el Partido Verde, está en crisis, puesto de rehén precisamente por los partidos políticos.

En la semana, asistimos al espectáculo originado en los videoescándalos de Veracruz, en los cuales presumiblemente funcionarios federales, estatales y operadores políticos estarían alineando la política social federal con los objetivos electorales en esta entidad. Esto, que constituye evidencia de la intención de cometer un delito, tuvo una respuesta rápida de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien dispuso la inmediata separación de los cargos de siete servidores públicos federales, entre ellos, el delegado en la entidad.

El PAN, partido denunciante, no estuvo satisfecho y presentó denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la PGR, y, sin esperar al desahogo de las indagatorias, con motivo del respaldo del titular del Ejecutivo Federal a la secretaria de Desarrollo Social, de inmediato escaló el conflicto y puso en jaque al Pacto por México, anunciando su presidente, Gustavo Madero, que no asistiría a alguna actividad pública del Pacto hasta que obtuvieran la satisfacción de sus denuncias. A esta posición se sumó el presidente en turno del Pacto, Jesús Zambrano, con lo que al gobierno federal no le quedó más remedio que suspender la presentación de una iniciativa de reforma financiera para abrir el espacio al diálogo y poner a salvo la plataforma de concertación.

En el camino, los partidos coaligados fustigaron a la secretaria de Desarrollo Social, la increparon  en el Senado y exigieron su renuncia; tras ello, se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y convinieron en que la PGR desahogará las averiguaciones, en tanto que la política social se blindará a los propósitos electorales.

Sin embargo, lo que queda claro es que el Pacto por México será ahora rehén de la agenda política de los partidos que lo integran. El proceso electoral que se avecina tendrá lugar el próximo 7 de julio, esto es, dentro de dos meses aproximadamente, periodo en el cual los avatares de las campañas habrán de presionar cualquier propuesta y seguramente el desenlace de las mismas arrojará presiones adicionales sobre la manera en que partidos y gobernantes suelen operar para favorecer sus intereses.

Poco importa que en el pasado inmediato, los funcionarios y delegados del PAN en la política social operaron abiertamente para favorecer a sus candidatos. Aún se recuerda, por ejemplo, al actual senador Ernesto Cordero, secretario de Hacienda hace un par de años, haciendo campaña para favorecer la candidatura de Luisa María Calderón en Michoacán, cuando prometía abiertamente que votar por ella significaría más apoyos de Oportunidades, Seguro Popular becas y recursos federales para la entidad. Tampoco, que fue el gobierno federal del PAN el que rechazó una iniciativa legislativa para requisitar a los delegados de la política social, entre otras cosas, para que no pertenecieran a los partidos políticos y que tuvieran experiencia demostrada en el área en la que prestarían servicios, claro está, para nombrar libremente a panistas recalcitrantes en las delegaciones.

Ahora, el PAN reclama lo que rechazó cuando ocupó el gobierno federal. Sin embargo, en el plano de los gobiernos locales, los gobiernos del PAN siguen todavía una conducta abiertamente clientelar. En  Baja California, por ejemplo, el gobierno panista reparte millones de camisetas azules con cargo al erario estatal y sus funcionarios están realizando proselitismo abierto por Francisco Vega de Lamadrid; lo  mismo sucede en Puebla, donde el gobernador perrepán Rafael Moreno Valle, opera electoralmente para favorecer a los candidatos que más le convienen. De igual manera aplica al gobernador perrepán de Oaxaca, Gabino Cué.

Así, el Pacto seguirá siendo rehén de las valoraciones políticas de los partidos que lo integran. De ahí que, prácticamente, será un Pacto en crisis, que suele ser el problema fundamental de una estrategia de concertación de corte voluntarista, es decir, no institucionalizada. Al depender de la voluntad política de sus integrantes, el Pacto por México estará siempre fuertemente influido por el contexto, cuando aún faltan por procesarse temas fundamentales: las reformas secundarias en Educación y en Telecomunicaciones; la reforma financiera; las reformas energética y fiscal, así como la necesaria reforma en seguridad social.

1. 2.    La visión de los mercados.

En el mundo, la valoración por México se ha incrementado sustancialmente. En tan sólo cinco meses, pasamos de ser un país prácticamente en guerra, a ser la estrella de los países emergentes; de tener un presidente de la República postrado por la inseguridad y los pésimos resultados de la guerra del narco, a la percepción de un titular del Ejecutivo capaz de poner al país en movimiento y procesar las reformas estructurales que han esperado por décadas su realización.

Así, al conocerse en el exterior que los partidos de oposición pusieron a prueba la estrategia del Pacto, los mercados reaccionaron con cautela, atisbando más a la reacción del gobierno que a la conducta de los partidos, por lo demás, predecible. El gobierno federal pasó de minimizar la cuestión a operar  un control de daños, reculando del desdén inicial a intentar realizar un arreglo. Este, en principio, despresurizó el problema y abrió  nuevamente la expectativa de que las reformas finalmente podrán transitar no obstante los conflictos políticos que se lleguen a suscitar.

Las principales calificadoras, como Standard and Poor’s, reiteraron su confianza en el Pacto por México y en la capacidad del gobierno federal para procesar las diferencias, si bien aún consideran que se requerirá tiempo para redondear las reformas. De hecho, dijeron, dentro de 18 meses S&P estaría considerando devolver el grado de inversión perdido por México en la gran crisis global de 2009, a la espera, seguramente, del balance de las reformas logradas. Esos 18 meses podrían ser, en realidad, el horizonte de la vida útil del Pacto, tras lo cual todo volvería a ser visto a través de los intereses de los partidos.

Por lo pronto, los mercados han ratificado su confianza en las expectativas sobre el futuro de nuestro país. Será cosa de los partidos si lo echan a perder.

1. 3.    Pausa en la Reforma Financiera.

La primera víctima de la crisis del Pacto por México ha sido el proyecto de reforma financiera, que había sido anunciada para ser presentada el miércoles pasado, pero debió diferirse para un  mejor momento; no sólo porque el presidente del Pacto en turno, Jesús Zambrano, señaló que no habría tiempo legislativo para procesarla, sino porque en efecto, se necesitaba quitarle presión al momento político.

La reforma financiera se encuentra contenida en los acuerdos firmados por los partidos y el gobierno federal en el Pacto por México. Parecía atípico que se hubiera decidido enviar al proceso legislativo a pocos días de que éste concluyera el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio, sobre todo porque, según trasciende del proyecto, implica reformas a un paquete de 40 leyes, todas ellas regulatorias de las funciones de banca y crédito del país, en los sectores público y privado.

En esencia, la reforma financiera lo que busca es acercar el crédito una vez más a quienes necesitan de él, tanto consumidores como productores, dado que, no obstante la solidez de la banca en nuestro país, por las situaciones del elevado riesgo crediticio existente se encuentra alejada de su función principal, que es el crédito a los usuarios.  La banca en nuestro país, de primer y segundo piso; comercial y de desarrollo, en realidad opera con mercado cautivo, con excesivas garantías y sus mayores utilidades provienen del cobro de comisiones por la prestación de servicios en el sistema nacional de pagos, como en el financiamiento al erario, vía las emisiones de Certificados de la Tesorería.

En la reforma financiera, de lo que se trata es, primero, establecer las condiciones para que la banca comercial vuelva a prestar a los usuarios del crédito de manera más ágil, con la posibilidad de hacer efectivas la garantías prendarias que se le presenten, pero también con reducción del diferencial existente entre las tasas activas y pasivas, que en nuestro país son de las más altas del mundo. La desconfianza que impera en el mercado crediticio ha provocado que se exijan demasiadas garantías, al grado que la banca sólo le presta a quien tiene mucho dinero, eludiendo en todo momento cualquier nivel de riesgo. En los países más competitivos, se le presta a quienes lo necesitan, tienen proyectos viables y pueden pagar, no solamente a quienes tienen dinero.

En lo que se refiere a la banca de desarrollo, ésta también requiere importantes adecuaciones. La banca de desarrollo perdió la razón esencial de ser durante las administraciones del PAN, porque de financiar proyectos en los estados, municipios y zonas metropolitanas para promover precisamente el desarrollo, pasó a ser  una competidora más de la banca privada, canalizando financiamiento a pequeñas y medianas empresas u operaciones de factoraje, con el cobro de comisiones y altos intereses, con la intermediación de la propia banca comercial.  Ahí está el caso de Nacional Financiera, que dejó de financiar los proyectos de infraestructura pública y se concentró en operaciones de financiamiento a empresas o cadenas productivas, que si bien le han permitido recuperar los números negros, también le han alejado de su objetivo fundamental, que es promover proyectos prioritarios del desarrollo nacional. En el exterior, se dice que se tiene una banca que gana dinero, pero alejada del objetivo para el que fue creada  y debiera servir, que es financiar los proyectos del desarrollo.

En algún momento en los próximos días se conocerá el contenido del proyecto de la reforma financiera. Dadas las condiciones actuales en la crisis del Pacto, es poco probable que se logre procesar en el Legislativo con antelación al desahogo de las elecciones del 7 de julio próximo mediante algún periodo extraordinario de sesiones, y lo más probable es que se sume al cúmulo de proyectos legislativos a ser enviados al Congreso a partir del 1º de septiembre, cuando inicie un nuevo periodo de sesiones.

1. 4.    Balance Legislativo.

En un par de días concluirá el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura. Como suele suceder, muy pronto veremos ejercicios de numeralia realizados muy a la ligera sobre lo que se hizo y lo que se supone debió hacer el Congreso, como si la función esencial de un Congreso fuera el procesar, cual simple maquinaria, todas las iniciativas y puntos de acuerdo que los legisladores presentan, en ejercicio de la libérrima facultad de iniciativa que tienen.

De esta forma, cada mes del periodo de sesiones, son presentados a la consideración de alguna de las Cámaras del Congreso un promedio de 100 iniciativas, con lo cual, en los siete meses y medio de actividad legislativa correspondiente a los dos primeros periodos de sesiones de la actual Legislatura, se habrán presentado unas 750 iniciativas, de las cuales habrán sido aprobadas o desechadas (es decir, procesadas) unas 100, lo que daría según los numerólogos una eficiencia del 14%.

Nada más injusto que evaluar así el trabajo de un Congreso, dado que la función parlamentaria se refiere a tres grandes componentes por lo menos: la representación política, que requiere, sobre todo, dialogar, debatir y controvertir; la función legislativa, inherente a la gestación de las leyes, que nunca es conveniente ejercer a la ligera; y el control político, necesario para la rendición de cuentas.

De esta forma, el trabajo legislativo tiene que ver más con la relevancia de los asuntos que son encauzados y resueltos por el Congreso, que con el número de proyectos legislativos que son llevados a su consideración. Lo relevante es que los temas procesados tengan que ver con la agenda de las prioridades nacionales, así como con la gobernabilidad democrática, es decir, que el gobierno cumpla sus deberes y sea respaldado por los ciudadanos.

Con este enfoque, la labor del Congreso resulta fundamental y de resultados notables y acreditables. Durante el periodo que concluye, tan sólo en la Cámara de Diputados se habrán procesado positivamente varias de las reformas que el país ha estado demandando, muchas de ellas durante décadas. Por ejemplo, la nueva Ley de Amparo, que viene a transformar esta noble institución jurídica mexicana, para actualizarla a nuevas realidades; así, en vez de tener efectos sólo para quien lo promueve, ahora será posible que tras dos reiteraciones en casos de inconstitucionalidad de leyes o actos administrativos, pueda surtir efectos generales y proteger a todos por igual.

Se aprobó la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, algo sobre lo que se había venido discutiendo por más de una década, incorporando las transformaciones idóneas para contar no sólo con nuevas cadenas televisivas, sino con acceso universal a la banda ancha, convergencia tecnológica digital, instituciones reguladoras autónomas y sobre todo, una orientación que salvaguarda el interés del consumidor, al abogar por mejores servicios y a precios más bajos.

Se aprobaron otras reformas constitucionales; una, para regular en el artículo 27, la propiedad inmobiliaria de extranjeros en zonas litorales con fines habitacionales; otra, para modernizar los permisos para aceptar y usar condecoraciones extranjeras o prestar servicios en embajadas; una más, en el artículo 166, para facultar a las Legislaturas Estatales a legislar en materia de candidaturas independientes. Se reformó la Constitución también para transformar el impopular fuero, sinónimo de impunidad en los altos servidores públicos, en un moderno recurso de inmunidad constitucional, que permite a los jueces iniciar procesos penales, imponiendo el retiro de la inmunidad al final del proceso en caso de resultar culpable el infractor.

Fueron aprobadas también diversas leyes, entre las que sobresalen la Ley General de Víctimas, perfeccionada por las organizaciones victimales y los juristas más ortodoxos, que permitirá a esta moderna ley de reparación y restitución de daños en las violaciones a los derechos humanos, sea útil y efectiva para atender las reivindicaciones de miles de víctimas del combate a la delincuencia organizada, suscitadas en su mayoría en el cruento periodo de la guerra del narco.

Se aprobó también una nueva Ley de Cultura Física y Deporte; se procesaron reformas a las Leyes Minera y de Coordinación Fiscal para determinar un derecho especial del 5% aplicable en un 70% al mejoramiento y bienestar de las entidades y municipios en donde se realiza la extracción de sustancias minerales; se modificó la Ley del Seguro Social en su artículo 27, que permitirá homologar los criterios de determinación de los salarios y por ende las cuotas obrero-patronales, con aquellos que los patrones utilizan en las declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria; se actualizó la Ley del Infonavit, para permitir que los beneficiarios de créditos puedan renegociar los términos en caso de pérdida del trabajo, evitando el abandono o la pérdida del patrimonio inmobiliario del trabajador.

Se reformó también la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haciendo posible la regulación de la facultad de investigación en caso de violación grave a derechos humanos, que fue transferida de la Suprema Corte de Justicia a la CNDH.

En los dos días que restan para concluir el periodo de sesiones, habrán de aprobarse también las reformas constitucionales para otorgar autonomía al IFAI, así como la relativa a acotar la figura del arraigo a sólo 20 días, con posibilidad de ampliación a 15 días más, evitando con ello que se siga recurriendo abusivamente a este recurso de investigación que es sólo excepcional y bajo supervisión del Poder Judicial.

Habrá, por supuesto, siempre pendientes en la labor legislativa. Por ejemplo, los paquetes secundarios o reglamentarios de las reformas constitucionales en materia educativa y de telecomunicaciones, así como el atípico envío del Senado de una reforma constitucional en materia de deuda pública de Estados y Municipios en lo que pudiera ser una invasión de facultades exclusivas de la Cámara Baja. Sin embargo, dada la politización que las venideras elecciones habrán de generar, como también las dificultades de los dirigentes perrepán que deberán renovarse próximamente,  hacen suponer que no habrá condiciones para convocar algún periodo extraordinario sino hasta después de que hayan tenido lugar los 14 procesos electorales de este año, lo que sucederá después del 7 de julio próximo, constituyéndose en una especie de “veda legislativa o sufre el Pacto”.

1. 5.    Ingobernabilidad en Guerrero.

En Guerrero, como tiende a suceder en la cuenca centeísta (las entidades en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es dominante) el movimiento magisterial pasó de las reivindicaciones gremiales a la abierta confrontación con el Estado. El jueves pasado, una turba recorrió Chilpancingo como si de Somalia se tratara, atropellando, tumbando y quemando lo que encontrara a su paso, debido a que el Congreso del Estado no aceptó crear una legislación educativa de excepción, que mantuviera los vicios y privilegios de  una casta magisterial casi divina en tanto se rehúsa a ser evaluada, quiere mantener los usos y costumbres para heredar plazas o acceder a ellas de manera patrimonial, además de suspender clases y labores cuando mejor lo deseen.

Las autoridades locales, tanto municipales como estatales, simplemente dejaron hacer y pasar; el conflicto ya les superó, pues parece estarse eslabonando con otras movilizaciones y expresiones de descontento y lucha popular, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), las llamadas “guardias comunitarias” de algunas zonas guerrerenses, así como grupos estudiantiles y afines de los ex luchadores normalistas de Ayotzintla,  de la Universidad Autónoma de Guerrero y de todo lo que se acumule.

El Gobierno Federal podrá actuar y enviar fuerzas federales a establecer perímetros de seguridad en Chilpancingo; sin embargo, conforme se aproximen tanto el 15 de mayo, en que tradicionalmente se dan a conocer los resultados de la negociación contractual con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como la conclusión del periodo escolar, cuando los maestros buscan cobrar sus salarios caídos para irse de vacaciones de verano, es previsible el escalamiento del conflicto, como también el eslabonamiento con la movilización de la Coordinadora en otras entidades (Michoacán, Chiapas y Oaxaca)  con la inevitable marcha y su cauda de intolerancia y violencia, hacia las calles del Distrito Federal.

Para resolver este entuerto, habrá de requerirse, como dirían en otros tiempos, de política, mucha política, al igual que de políticos y gobernantes con mayor entereza y disposición para hacer valer el Estado de Derecho. 

1. 1.    Renovación de la  agenda bilateral.

Los días 2 y 3 de mayo tendrá lugar la visita de Estado del Presidente Barack Obama a nuestro país, quien trae en el portafolios importantes temas de la agenda bilateral que, por vez primera en muchos años, no versará únicamente sobre seguridad y violencia.

Sin duda, en los Estados Unidos se están viviendo momentos difíciles, dados los tristes acontecimientos en Boston y vistas las consecuencias que otros atentados, desde el fatídico septiembre 11 de hace doce años pasando por las tragedias en varios centros escolares y centros comerciales y de entretenimiento. Estas situaciones han elevado las exigencias de la seguridad interior y potenciado la desconfianza sobre el exterior, por lo que resulta relevante que el encuentro entre los presidentes Peña Nieto y Obama en la ciudad de México se haya sostenido en sus términos.

En la agenda bilateral figuran las posibilidades que para México significan los acuerdos bipartidistas en aquél país sobre una nueva legislación migratoria y otra sobre la lucha por el control de armas, que se han ido configurando positivamente entre legisladores demócratas y republicanos, reconociendo las nuevas realidades, muy complejas, de la población aún en situación de ilegalidad así como la necesidad de controlar la libérrima venta de armas de todo tipo y calibre con las que se cometen la mayoría de los delitos y abusos.

La agenda bilateral se carga entonces del efecto benéfico que sobre los temas de interés de ambos países traería la distensión generada por un acuerdo migratorio y, en menor medida, el sostener la lucha por lograr un mayor de control de armas en los Estados Unidos no obstante la derrota sufrida en el primer round librado en el Senado. Estos puntos significan mucho más que un gesto de buena voluntad entre las naciones y sí un componente fundamental para millones de connacionales.  Es más que sabido que once millones de migrantes de origen mexicano viven y trabajan en aquél país sujetos a todo tipo de vejaciones no obstante que contribuyen a la economía y al fisco con su esfuerzo, trabajo e impuestos, en tanto que las armas a las que tiene acceso todo el que puede pagarlas sin limitación alguna, provocan miles de muertos en ambos lados de la frontera. Así como han caído numerosos ciudadanos norteamericanos victimados con estas armas, así han caído miles de ciudadanos mexicanos ultimados en la cruenta guerra del narco como en la explosiva espiral de violencia en que nuestro país aún se encuentra  sumergido.

Ciertamente, el presidente Obama no va a negociar con nuestro país los términos de la legislación norteamericana como tampoco el Presidente Peña lo haría con asuntos interiores, pero es indudable apreciar la influencia que estos temas  habrán de tener en las relaciones comunes. Nunca será lo mismo percibir la relación bilateral sólo como un riesgo en la frontera sur, que verla como un área de trabajo y beneficios comunes. Migración y armas son dos temas domésticos de Estados Unidos con un profundo efecto en la agenda binacional.

Así,es posible encontrar mayor comprensión y disposición constructiva para  otros temas de interés fundamentales para nuestros países, como son el comercio, las inversiones que la nueva estabilidad mexicana hacen fluir a nuestro país, la posibilidad de la integración Trans Pacífica, nueva locomotora del crecimiento mundial, así como los términos de la nueva cooperación contra la violencia y el narcotráfico más allá de una visión simple en blanco y negro, reconociendo que nuestro país no es el punto de destino final de los enervantes y sí está sufriendo los efectos de una criminalidad transnacional  incentivada por la tolerancia y las enormes ganancias  que se obtienen en el mayor mercado de consumo de drogas del mundo situado precisamente al norte de la frontera común.

En materia de seguridad se percibirá indudablemente un enfoque distinto al del pasado inmediato, buscando la cooperación más que la subordinación o las injerencias, para hacer un frente común contra las drogas y las actividades ilegales y contener con ello, la violencia y la inseguridad.  Es posible entonces que en el encuentro entre los Presidentes Peña y Obama, surja un nuevo espíritu en la relación bilateral, apuntando más a una constructiva vecindad que a la antigua lógica de los vecinos distantes.

1. 2.    El acuerdo migratorio.
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En septiembre de 2011, el tema de un acuerdo migratorio que entre otros beneficiara a los migrantes mexicanos constituía el sueño del gobierno mexicano. El entonces canciller, Jorge G. Castañeda, se refería a él como “la enchilada completa”. Sin embargo, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, la posibilidad de un acuerdo migratorio fue sepultada por más de doce años.  El efecto de la guerra contra el terrorismo que llevaría a los Estados Unidos a invadir Afganistán primero e Irak después congeló el acuerdo migratorio que podía legalizar tanto a la población indocumentada como crear una manera legal de que millones de trabajadores temporales pudieran laborar en actividades y tiempos concretos, retornando después a sus lugares de origen.

Después, en el sexenio de Felipe Calderón, el acento puesto en la guerra contra el narcotráfico subordinó nuevamente los otros temas, al prevalecer el enfoque de los halcones que pugnan por sellar la frontera y elevar los niveles de seguridad. Sin embargo, el efecto de estas medidas no detuvo ni redujo el flujo migratorio, que año con año se fue incrementando pasando de unos 250 mil a inicios de la década del dos mil, a casi 500 mil al cierre de la administración Calderón.  En otra parte de la paradoja, las remesas de los connacionales en Estados Unidos se han sostenido como la segunda fuente de divisas para nuestro país, oscilando entre 20 a 25 mil millones de dólares al año, casi tanto como el ingreso por venta de petróleo al exterior.

Al ser ahora otras las condiciones, estando por retirarse las fuerzas norteamericanas de Irak y de Afganistán, viviendo la frontera una situación de mayor seguridad y reconociéndose en los Estados Unidos el creciente peso del voto latino y su mayor influencia en la política, un grupo de diez senadores demócratas y republicanos han concretado un plan, duro, pero al fin un plan, para regularizar la situación de los ilegales como también para establecer una vía regulada de ingreso a trabajadores temporales.

El acuerdo, que podría ser presentado en el Senado en los próximos días, establecería un status legal provisional a quienes hubieren arribado a Estados Unidos con anterioridad a 2011, con opción a obtener la residencia permanente dentro de diez años; permitiría a los hijos de inmigrantes que fueron llevado a ese país siendo menores de edad la residencia inmediata; se establecería un programa de regularización, previo pago de una multa inicial de 500 dólares más cualquier impuesto atrasado que no hubiera sido enterado y se requeriría la verificación de antecedentes penales o policiales. Además, los republicanos exigen de la Secretaría de Seguridad Nacional, certificar al Congreso la existencia de una mayor seguridad en las fronteras.

Sin duda, no será un día de campo para los inmigrantes ilegales, pero sí establecen un camino para salir de la clandestinidad y regularizar su situación de vida, que es el componente humano del mismo. No será la “gran enchilada” pero sí un camino para resolver este problema. Tampoco será el freno a la inmigración, pues es la pobreza y la falta de oportunidades en que se encuentran las poblaciones originarias lo que impele a los migrantes a buscar el sueño americano. Será en la medida en que el empleo y las oportunidades existan en México y Centroamérica como los flujos migratorios podrán reducirse. De ahí la relevancia e impulso del gobierno mexicano por volver a crecer, dice el Presidente Peña, a tasas del 6%, de realizarse las reformas estructurales en que estamos empeñados.

1. 3.    La lucha por el control de armas.

En lo que se refiere a las armas, el interés del Presidente Obama sufrió un revés, al ser rechazada su moción por 60 votos en el Senado, persistiendo la obcecación republicana por permitir el libérrimo acceso a las armas en los Estados Unidos.  Obama, más que molesto, considera que el revés no es sino un primer round en la batalla por establecer un control en la venta de armas, para impedir casos como los de la matanza de Newton en Connecticut hace algunos meses.

Realmente, las propuestas desde nuestro punto de vista son casi irrelevantes; se refieren simplemente a requerir antecedentes penales y psiquiátricos a individuos que deseen adquirir armas. Lo relevante para el interés mexicano está en que, al establecerse estos requisitos, también se estaría creando un registro de venta de armas, como verificando que fueran ciudadanos estadunidenses quienes las adquieren, poniendo un coto al contrabando o que una misma persona pueda comprar un gran lote de armas o municiones para su uso personal.

La otra cuestión que subyace en el proyecto intentado por Obama, es evitar que los poseedores de armas puedan obtener armas de asalto, cargadores muy grandes o de gran potencial.  Como él ha dicho, es tan sólo el primer round de este torneo; habrá otros, sin duda, siendo ya  un tema central en el camino de las elecciones intermedias de 2014 en ese país. En sus propias palabras, si este Congreso se rehúsa a escuchar al pueblo estadounidense y a aprobar una legislación sobre armas que tenga sentido común, entonces el verdadero impacto tendrá que venir de los electores”.

1. 4.    Pocas sesiones.

Al Segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura le quedan pocas sesiones, no más de cuatro o cinco. En el curso legislativo, se encuentran aún varias iniciativas relevantes, para desahogar las cuales podría no ser tiempo suficiente.

Con la impronta del Pacto por México, las Cámaras han estado funcionando en distintos ritmos. En la Cámara de Diputados, se han conjuntado la agenda letgislativa con la que viene del Pacto para hacer avanzar proyectos relevantes, como son la nueva Ley de Amparo, la ley contra la trata de personas; la reforma del fuero para dar paso a una inmunidad constitucional mas limitada; la Ley General de Víctimas, así como la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones.  Aún falta procesar varias otras de similar relevancia, algunas de ellas generadoras de gran polémica entre los empresarios, como son la homologación de criterios para cubrir contribuciones entre el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social o el pago de regalías del 5% en la explotación minera; otras más que podrían generar nuevas corrientes de inversión en el turismo, como la regulación de la propiedad inmobiliaria de extranjeros en litorales mexicanos, y otras para subsanar omisiones legislativas, como la reforma al artículo 116 que faculta a los Congresos estatales a legislar en materia de candidaturas independientes en el plano local; el 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de protección a derechos de las víctimas.

En el Senado, en ejercicio de la facultad revisora en unas ocasiones, o bien en exceso de las mismas en otras, se está revisando la reforma en Telecomunicaciones para radicalizar aún más las opciones previamente aprobadas por los diputados, y se procesó una iniciativa para regular la deuda de Estados y municipios que pareciera no corresponderle a sus facultades, pues en materia de empréstitos la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados, por lo que pudiera haber lugar a controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, según sea el caso, derivado de una posible violación al procedimiento legislativo.

La Cámara de Senadores argumenta, con apoyo en el artículo 135 de la Constitución, que en una reforma constitucional como la que propone, sí puede ser cámara de origen; para la Cámara de Diputados, según lo ha percibido la Junta de Coordinación Política, no se estarían llenando los requisitos pues con base en el artículo 72, la materia de empréstitos es de su exclusividad, con lo que se estarían invadiendo facultades. 

Esta contradicción de tesis podría ser materia de una intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea en controversia constitucional entre las Cámaras como han dicho que interpondrán los senadores Cordero y Barbosa, o bien, en acción de inconstitucionalidad por alguna entidad o municipio que sintiera afectados sus derechos, precisamente atendiendo a la probable violación del procedimiento legislativo.

Si la intención de la legislación propuesta es positiva, en tanto propone la regulación de los excesos en materia de contratación de deuda por las entidades o los municipios que en muchos casos los han puesto al borde de la quiebra técnica (como Coahuila, Michoacán, Jalisco o Chiapas), ¿por qué no haber cubierto con celo el proceso parlamentario y, como en otras ocasiones ha sucedido, turnar a la Cámara de origen la o las iniciativas para su desahogo? La duda es tal que, inclusive al enviar la minuta votada por el Senado, el oficio de turno no indica con base en qué supuesto de la Constitución se apoya la misma, por lo que habrá de corresponder a la Cámara de Diputados resolver si rechaza o recibe para su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público la referida minuta.

Por supuesto, conforme se acerca la fecha del cierre del periodo ordinario como también el de inicio de las campañas electorales del año, en donde habrá 13 elecciones locales y una general para gobernador en Baja California el próximo 7 de julio, los ánimos se caldean e inician los debates más políticos que legislativos. Así, se han registrado desencuentros para complicar el escenario legislativo, relativos a la comisión investigadora sobre la Condusef, que se ha querido centrar en la investigación del caso Monex, pero en realidad debe investigar cualquier exceso cometido en las elecciones federales recién concluidas, sean del PRI, del PAN o del PRD.  De igual forma, al detectarse en Veracruz el probable uso político de programas sociales previo al inicio de la campaña electoral, ha habido denuncias que buscan poner a prueba al Pacto por México, haciendo de las elecciones una moneda de cambio.

Lo más probable es que, al calor de la contienda electoral, se enrarezca el ambiente de los acuerdos. Las Cámaras podrán hacer su mejor esfuerzo para procesar adecuaciones a la reforma Telecom o para encauzar el tema de la regulación de deuda de los Estados y municipios, enriqueciendo los acuerdos relevantes que se logren, sin que deje de percibirse que la temporada de caza electoral prácticamente ha comenzado.

1. 5.    IV Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios.

El IV Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios se realizó en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, contando con la participación de destacados investigadores, académicos e integrantes de instituciones de estudios e investigación parlamentarios, asi como la magistral participacion al cierre del mismo del doctor Diego Valades, prestigiado investigador emerito del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Unam..

Dentro de la variedad de temas abordados, inherentes todos a la labor legislativa o el status que guarda el Congreso mexicano en relación con los congresos americanos o europeos, sobresalieron los estudios sobre las funciones inherentes al poder Legislativo, no siempre bien comprendidas por la sociedad en su conjunto. En el Congreso suelen coexistir tres funciones fundamentales: el ejercicio de la representación política; legislar, que es crear o modificar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y controlar políticamente a los otros poderes, mediante la rendición de cuentas.

En el primer caso, el relativo al ejercicio de la representación política, es quizá uno de los que mayor desafección despierta en la ciudadanía, pues debido a la percepción mediática pareciera que el discutir o debatir, como debe suceder en el Parlamento, en realidad estorbara las decisiones públicas o la buena marcha de las políticas del gobierno. Es en el Congreso donde las voces pueden expresarse, hacerse oír y adquirir sonoridad. Ha sido quizá un mal ejercicio de la comunicación política lo que ha llevado al alejamiento de la ciudadanía, sobre todo cuando en situaciones de urgencia, parecieran requerirse más decisiones y menos deliberación.

En lo que se refiere a la función de legislar, se comentó que en general, la productividad de los Congresos se ha incrementado al presentar los representantes populares un gran número de iniciativas, muchas más que las enviadas por el Poder Ejecutivo, pero que esta numeralia tiende a afectar la percepción de eficiencia. En realidad, en el Congreso suelen procesarse de buena manera las leyes que la sociedad requiere, suelen ser buenas leyes, pero no basta una legislación apropiada para garantizar su cumplimiento requiriéndose varias otras cosas para este fin. El Congreso suele apoyar con algo fundamental, que es el presupuesto, pero siempre corresponde,  como señala la Constitución, al Ejecutivo Federal proveer lo necesario en la rama técnica o administrativa, a la exacta observancia de las leyes.

En lo que se refiere al control político, en muchos Congresos hay avances notables; se establecen mecanismos de rendición de cuentas y de interacción entre los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Congreso, dialogando e interactuando de manera regular, tanto en comisiones legislativas como en el pleno, como es el caso, por ejemplo, del sistema presidencial norteamericano. Al Capitolio, el presidente de Estados Unidos acude y trabaja mano a mano con los congresistas; al igual que los representantes populares citan de manera regular a audiencias o comisiones a los integrantes del Gabinete.  En esta materia, aún falta por avanzar en la rendición de cuentas mexicana, en la cual, si acaso, se informa sobre el estado que guarda la administración pública, por escrito, sin que el titular del Ejecutivo acuda de manera regular y sistemática a las Cámaras para tratar los asuntos del Gobierno.

Finalmente, la evaluación de la eficiencia de un Congreso debiera corresponder a la relevancia de lo que hace, si está en consonancia con la agenda de prioridades del país y de la gente, más que por el número de iniciativas o proyectos legislativos que se presentan, dado que esto último es función más del número de legisladores, todos quienes desean, al menos, presentar un proyecto legislativo.

Finalmente, como diria el doctor Valades, hace falta armonizar la democracia electoral mexicana con la democratizacion de la institucion presidencial, que sigue siendo anticuada y requiere encontrar alguna forma de ejercer el poder con la participacion de otros grupos politicos, en donde el ideal seria lograr el gobierno de coalicion, con un programa de gobierno elaborado en comun.

1. 1.     La ola mexicana.

De una u otra manera, en el exterior hay una nueva percepción sobre el futuro de México. Por vez primera en por lo menos quince años, existe la sensación de que las cosas se están haciendo en la dirección correcta, la que le conviene al país y la que le permite participar de mejor manera en las corrientes de intercambio y de desarrollo mundial.  Nuestro país no está aislado, no discurre por su propia cuenta en el mundo, sino que cumple sus obligaciones financieras, comercia, sostiene su independencia y empieza a recuperar la influencia antes abandonada.

Ciertamente, hay existen zonas grises y hasta negras, como lo es la persistencia de la violencia, pero también hay conciencia de que este problema no tiene una solución única, no sólo porque tras el cambio de gobierno el país quedó infestado de delincuentes, quienes no obstante la cruenta guerra librada por la administración Calderón en su contra, en realidad crecieron en poder, armamento y en número, constituyendo la parte más amarga del legado de quien, bienintencionado o simplemente engañado, creyó que se trataba de un rally de Elliot Ness en las calles de Chicago.

La violencia en nuestro país, como ha sucedido en otros casos similares (Italia o Colombia, por ejemplo) requiere de un enfoque integral, que considere sus causas a la vez que combate los efectos. En el primer caso, la delincuencia organizada de hoy es muy distinta a la delincuencia común, pues trasciende las fronteras y es  un problema global. El principal mercado de consumo no está en nuestro país, sino al norte del mismo, en donde se le tolera y legaliza, se venden las armas libérrimamente y el sistema bancario es más que poroso para el lavado de dinero. Así, nuestro país es una zona de paso para uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, en el que se mueven decenas de miles de millones de dólares de los cuales, según las cifras de la Secretaría de Hacienda, se quedan aquí de 10 a 15 mil millones de dólares, sospechando también que buena parte de las remesas anuales atribuidas a los migrantes hasta por 20 mil millones de dólares adicionales, están fuertemente influenciadas por los dólares del narco.

No obstante, la percepción en el exterior no es ya la de un país en guerra, sino la de un país que está enfrentando sus atavismos, con gobernabilidad democrática, yendo de manera plural, con una dirección política correcta, a resolver los problemas estructurales, tanto económicos, como sociales, políticos y de seguridad.  Han sido cambios largamente debatidos y esperados, que han figurado en las agendas públicas en la última década, pero que no es sino hasta ahora que tienen una verdadera posibilidad de realizarse, cuando, al tenor del Pacto por México, la fuerza política mayoritaria en el país ha logrado integrar una coalición reformista.

De ahí estudios como los que publican The Economist o los principales diarios de la prensa norteamericana, quienes al evaluar los primeros cuatro meses de gobierno del presidente Peña Nieto, sostienen que nuestro país se encuentra en una nueva etapa, con un promisorio arranque y una mejor perspectiva de éxito.

En las reformas emprendidas, la conciliación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso corre a la par de la conjunción de voluntades expresada en el Pacto por México, al encontrar el Presidente Peña Nieto una mancuerna idónea en quien ha sido un reformador incansable desde el tiempo de la primera alternancia. El diputado Manlio Fabio Beltrones abrió el camino de las reformas en el sexenio anterior, al encauzar en la Ley para la Reforma del Estado la agenda de los cambios estructurales, poniendo un coto a la polarización en que la izquierda y la derecha estaban entonces empeñados. ¿Quién no recuerda el duelo Calderón-López Obrador tras los magros resultados de la elección federal de 2006?

1. 2.     Elecciones en Venezuela.

Este domingo 14 de abril tienen lugar en Venezuela, las elecciones presidenciales extraordinarias convocadas tras la muerte del presidente Hugo Chávez, quien dejara a cargo a uno de los dos candidatos contendientes, Nicolás Maduro, con el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Henrique Capriles, en la otra esquina.

En realidad, el finado presidente Hugo Chávez estuvo nuevamente en campaña y es muy probable que la gane, cual moderno Cid campeador, aún después de muerto. El aparato político y electoral del chavismo sigue muy bien aceitado, además de que el Ejército y el Partido Socialista Unido de Venezuela, baluartes del chavismo, dominan los principales bastiones. El proceso electoral dista mucho de una justa equitativa, libre, justa y clásica, propia de las democracias, pues el control de medios, del dinero y del aparato del gobierno estuvo desde el principio inclinado al sucesor designado por Chávez, quien incluso no tuvo que renunciar a la presidencia en calidad de encargado que ostenta.

Los principales sondeos cerraron hace una semana anticipando el triunfo de Maduro con un diferencial de 10 puntos sobre Capriles, en una relación de 44 a 34% respectivamente. Así, con los dados cargados, las elecciones del domingo, salvo un vuelco del descontento, anticipan el triunfo del chavismo, encarnado ahora en la figura de Nicolás Maduro.

Para Venezuela, lo que viene tras las elecciones es un proceso de profundos ajustes. Tan sólo el bolívar se ha devaluado ya en más del 30%, con un aparato productivo casi de autoconsumo y el petróleo como la principal mercancía de exportación.  Si gana Maduro, deberá iniciar rápidamente una operación cicatriz, dentro y fuera del chavismo, pues el país quedará polarizado en una elección que sólo habrá de complacer a los propios chavistas. No se requiere la apelación a algún mecanismo sofisticado de fraude, por lo que la jornada electoral habría de conducirse con las debidas apariencias democráticas. El resultado, en todo caso, se cocinó con anterioridad, al hacer de las elecciones presidenciales un referéndum sobre el legado de Hugo Chávez más que sobre el futuro de Venezuela, prefigurando un gobierno de Chávez sin Chávez. Apelando al discurso de la propia izquierda, se tratará de un fraude institucionalmente anticipado.

1. 3.     La rebelión magisterial.

La rebelión magisterial, incubada en la resistencia a la reforma constitucional en materia educativa recientemente aprobada por el Constituyente Permanente, ha ido extendiendo su radio de acción, pasando por la permisividad de los ejecutivos locales de Guerrero y Oaxaca fundamentalmente. Ha destacado sin duda la decisión del gobierno federal para seguir adelante con uno de los primeros acuerdos convenidos en el Pacto por México para recuperar la rectoría del Estado en materia educativa y aspirar a una educación de calidad, con un servicio magisterial docente orientado al desempeño y los resultados.

Para seguir adelante, el gobierno federal debió reducir el activismo del SNTE, personificado en la cacica Elba Esther Gordillo, ahora en la cárcel enfrentando un proceso por desvío de miles de millones de pesos de las arcas del sindicato hacia ella misma y sus familiares, no obstante lo cual la rebelión magisterial ya había iniciado su marcha por las rutas históricas de las reivindicaciones gremiales de los maestros. Año con año, entre el 1 de marzo y el 15 de mayo, las autoridades educativas y el SNTE negocian el incremento salarial y las prestaciones magisteriales, al tiempo que, simbióticamente, la disidencia magisterial nucleada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se moviliza con los argumentos de democracia y salario.

Ahora, más que democracia, la disidencia magisterial rechaza la reforma educativa y exige más prestaciones y salario. En Guerrero, se ha eslabonado, como suele suceder con expresiones prolongadas del descontento, con otros frentes de lucha, al que se han incorporado inclusive las guardias comunitarias de territorios azolados por la delincuencia organizada y son visibles ya los vínculos con organizaciones guerrilleras como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que provee una lógica de confrontación con el Estado. El de Guerrero, ha evolucionado rápidamente de un movimiento magisterial a una movilización de mayor envergadura, que se identifica como el Movimiento Popular Guerrerense.

La movilización magisterial es ya visible en otras entidades de la cuenca centeísta: en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos y el Distrito Federal, convergiendo hasta esta última demarcación, en donde las marchas magisteriales se han ido propalando sin llegar, por fortuna aún, a establecer algún plantón en el Zócalo capitalino o en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública, como sucedió en otras épocas de la lucha magisterial.

En la medida en que el gobierno logre separar las reivindicaciones económicas de los maestros, de suyo atendibles, de los contenidos de la reforma educativa, que muy pronto estarán discutiéndose en el seno del Congreso, es posible que la protesta magisterial logre encauzarse de manera institucional. Es posible por ello, que las movilizaciones trasciendan el 15 de mayo pero vayan desvaneciéndose conforme se acerque la conclusión del año escolar y el periodo vacacional de verano, lo que exige contemporizar con las demandas magisteriales de carácter económico, así como procesar el paquete legislativo de la reforma secundaria allá por julio, cuando los profesores estén de vacaciones. Si se decidiera ir simultáneamente por el control magisterial y el paquete legislativo secundario, no siempre la confrontación tendrá el saldo blanco del desalojo de maestros que realizara la Policía Federal en la autopista del Sol.

1. 4.     Super, super peso.

Insólitamente, nos encontramos conque el peso, nuestro peso, es una de las monedas con mayor solidez en el mundo, atrayendo ingentes cantidades de dólares en busca de refugio ante los riesgos de otras regiones más volátiles.

Esto, que deberían de ser buenas noticias, ni modo, también es motivo de preocupaciones. Como bien dice el dicho popular, “cuando hay para carne, es vigilia”, pues la solidez del peso, que ronda las 12 unidades por dólar (¡hace tres meses estaba a más de 14!) no se debe a una mayor productividad, nuevas tecnologías o a un crecimiento de nuestros recursos o nuestra producción y exportación de mercancías de alto valor agregado, sino, sobre todo, a la especulación sobre la confianza despertada en los mercados por el rumbo que está tomando nuestro país.

En realidad, la producción industrial de México está reduciéndose, en tanto que la solidez del país se incrementa, sobre todo, por la perspectiva favorable despertada por un gobierno más eficaz para tomar decisiones y hacerlas cumplir, además de una sólida consistencia de las finanzas públicas y las reservas en dólares, quizá la mejor parte del legado de los gobiernos azules, quienes siempre sostuvieron la estabilidad macroeconómica basad ante el llamado “consenso de Washington”, tejido y sostenido estoicamente desde los tiempos del presidente Salinas.

De esta forma, dada la continuidad en la política macroeconómica ya en sus veinte años en nuestro país, este año fue posible que el gobierno federal propusiera un presupuesto bien balanceado, con cero déficit, con una perspectiva de crecimiento del 3.5% y reservas en dólares por más de 160 mil millones, un peso relativo de la deuda pública del 34% del PIB y desembolsos por servicio del orden de 25 mil millones de dólares anuales (incluidos el pago de intereses de la deuda interna), los grandes inversionistas globales se están trasladando al mercado de dinero de nuestro país. El resultado, que es la apreciación de nuestra moneda, pone en riesgo las exportaciones, pues al encarecerse el peso, también se encarecen los productos mexicanos, reduciendo con ello su demanda.

De ahí que lo que debieran ser buenas noticias, como malas han sido cuando se devalúa el peso y de inmediato los precios internos se incrementron, en realidad resultan ser malas nuevas. Por supuesto, los  precios internos no bajan y más bien están rebotando debido al incremento en el costo de los energéticos, lo que está poniendo en serio riesgo la meta de inflación de este año. La apreciación del peso significa también que los dólares por venta de petróleo representan menos pesos para el erario y para el financiamiento de las políticas públicas, y que las importaciones, al ser más baratas, también habrán de incrementarse. Tal es la economía vudú que estamos viviendo, que hace que a los países periféricos como el nuestro siempre les toque pagar el costo de lo que hacen los países hegemónicos. Así, la incertidumbre presupuestal en los Estados Unidos y tanto la crisis de deuda pública como la aversión al riesgo en la zona europea están poniendo a prueba a nuestro super, super peso.

1. 5.     IV Congreso Internacional de Estudios Parlamentarios.

Los próximos 17 al 19 de abril tendrá lugar en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, el IV Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, con el tema de “El Poder Legislativo y la Calidad de la Democracia”.

El foro, que congrega a los estudiosos sobre el Parlamento de Estados Unidos, y América Latina primordialmente, habrá de abordar distintas temáticas alusivas en torno a dos ejes fundamentales: la situación del Poder Legislativo en México ante el regreso del PRI al poder; y el status o estudios comparados de las Legislaturas en América Latina.

Con gran acierto organizado por el comité encabezado por los doctores Jeffrey Weldom, Alvaro Fernández de Lara y Helena Varela Guinot, del ITAM, la UAM y la Ibero, respectivamente, el programa contempla la participación de legisladores y especialistas, la realización de veinte paneles de debate, así como dos conferencias magistrales impartidas por el doctor Mark P. Jones, de la Universidad de Wisconsin; y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM , el doctor Diego Valadés, con el tema de “el Estado del Presidencialismo en México”.

En el Congreso habrán de presentarse resultados de investigación sobre el Poder Legislativo y sus relaciones con los otros poderes, a la vez que permitirán la presentación de libros alusivos y la participación de legisladores, investigadores y directivos de Institutos y Organismos de Investigación Legislativa (AMEXIIL).  Sin duda, los diálogos y debates habrán de resultar un verdadero festín para el público interesado en los temas congresionales, al permitir contrastar de una manera informada la situación en nuestro país respecto de lo que sucede en otras partes del mundo.

Es posible consultar mayor información sobre el evento en la página web www.amep.com.mx; todo público es bienvenido.

1. 1.    El ambiente de las reformas.

Transcurridos cuatro meses del inicio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en el país se percibe un clima distinto, si bien algunas cosas, como las expresivas cifras de la violencia criminal, parecieran ser las mismas. Lo que es distinto ahora es que las cosas comienzas a suceder, se empiezan a tomar medidas y a andar el difícil camino de las reformas que por décadas se han intentado y han naufragado, sea por desencuentros o por cálculos propios de las lides políticas y electorales.

Desde la primera alternancia, a partir del año 2000, en la agenda nacional han figurado los temas estratégicos de las reformas económica y política. Se hablaba entonces, como también sucedió en 2006, de las reformas energética (“despetrolizar” a México, se decía); educativa (educar para la competencia al igual que para la vida era necesario desde entonces); de telecomunicaciones (un gran negocio de más de 100 mil millones de dólares, en injusta dominancia de las grandes televisoras y la telefónica de Carlos Slim); así como fiscal (¿quién no recuerda los debate sobre la generalización de los impuestos al consumo y la simplificación tributaria?) y, finalmente, de la propia gestión pública (para hacer más y gastar mejor).

La diferencia entonces y ahora, es que los gobiernos de la primera alternancia, no obstante haberse resistido a reformar en lo esencial el poder omnímodo de la institución presidencial mexicana, no supieron o no pudieron construir las coaliciones y las condiciones necesarias para transitar por las reformas. Siempre les ganó el interés mezquino de la inmediatez electoral y así, en el tiempo del presidente Fox, lo que querían era “quitarle el freno a México” intentando deshacerse de la primera fuerza política del país, que el PRI nunca dejó de ser no obstante haber perdido la Presidencia de la República.

En el tiempo de Calderón, con la obsesión que el titular del Ejecutivo Federal tenía por el juego de los policías y ladrones, judicializó la política y naufragó en la desconfianza y el entorno lúgubre de  una guerra imposible de ganar al narco, como tampoco pudo ganarla electoralmente hablando al PRI, que elección tras elección avanzaba en las preferencias de los ciudadanos y que, buscando descarrilarlo, finalmente intentó aliarse con los adversarios históricos de la derecha en una insólita coalición perrepán para detener la maquinaria priísta en los estados de Puebla, Oaxaca y Sinaloa, paradójicamente, con candidatos que en algún tiempo fueron priístas.

Ahora, no obstante haber ganado las elecciones presidenciales con una cómoda  mayoría de casi siete puntos, además de obtener los grupos más grandes de diputados y senadores en el Congreso, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, construyó una alianza plural para integrar una coalición reformista y sumar al proyecto de cambios a otras fuerzas políticas. El Pacto por México, construido en la secrecía del periodo de transición de gobierno, cual eficaz plataforma de concertación, integró la agenda de las transformaciones largamente anheladas con los intereses propios de los principales partidos.

Así, en la segunda alternancia de nuestra joven democracia, las cosas son diferentes, pues ahora empiezan a suceder los cambios, con acuerdos, mediante la política, mediante el diálogo y la negociación en la que, finalmente, todos pueden ganar al hacer avanzar los asuntos fundamentales del país. Este aire de cambio y de realizaciones es lo que también se percibe en el exterior, en donde México vuelve al primer plano y es, como han dicho las calificadoras, la estrella de los países emergentes, no sólo por la estabilidad y disciplina macroeconómica, sino también porque la expectativa de realización de los cambios fundamentales, las famosas reformas estructurales, es ahora más viable que nunca antes.

1. 2.    La contrarreforma educativa.

Que exista un buen ambiente para las reformas, incluida la suma de voluntades de los principales actores políticos del país, no equivale a que el camino esté despejado. Lo propio en las democracias es que todos los actores se expresen y que las resistencias al acuerdo de una mayoría sean resueltas en la arena pública. La democracia moderna, como bien ha dicho el politólogo inglés Ralph Darendorf, no es sino una arena para encauzar y resolver los conflictos de una manera civilizada, con prevalencia del derecho.

De esta manera, en el país se han estado gestando y expresando las distintas resistencias y choque de intereses de quienes se han visto o se sienten afectados por los cambios que, dicho sea de paso, no se pensaba que realmente podrían suceder.

En el caso de la reforma educativa, una vez lograda la reforma constitucional que le devuelve esencialmente la rectoría en la materia al Estado mexicano, que le ha sido disputado por las organizaciones gremiales del magisterio, fue necesario que el gobierno de la República aplicara la ley y sujetara a proceso penal a la ex lideresa sindical, la maestra Elba Esther Gordillo, la gran corruptora de la política pública por más de dos décadas. Sin embargo, no obstante estar sujeta a proceso, los hilos de su poder no están del todo sueltos. Subsisten en los cargos sindicales sus allegados, al igual que en el partido político de origen magisterial todavía al arbitrio de sus familiares cercanos. Y subsiste el llamado a la resistencia que hiciera en diciembre pasado, en contra de la reforma educativa, sobre todo en los aspectos que buscan crear la carrera docente magisterial que sujetaría la permanencia y promoción de los maestros frente a grupos, preciosamente a su competencia, a sus capacidades mediante evaluación que realizaría un Instituto de Evaluación Educativa al que se dotaría de autonomía.

La resistencia magisterial se ha hecho evidente porque, a la reforma constitucional debe seguir la reforma secundaria, es decir, establecer en un paquete legislativo las reformas legales, sean adecuaciones a la ley existente, la Ley General de Educación, así como nuevas leyes para crear el servicio docente magisterial y crear con autonomía constitucional al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, incluidas las polémicas maneras en que habrán de nombrarse sus integrantes.

En el curso de construcción de las iniciativas secundarias de la reforma educativa, la movilización magisterial independiente, que históricamente se ha nucleado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha procedido en las entidades en que tienen sus reales, como son notoriamente, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal. En estas entidades, las movilizaciones han puesto en jaque a las autoridades locales, quienes en realidad no pueden satisfacer sus demandas, mediante bloqueos de carreteras, vialidades y cerco o toma de edificios públicos.

La movilización se expande, recuerda en mucho aquella que en 1989 llevaría, prácticamente en las mismas fechas, a la caída del cacicazgo sindical de Carlos Jonguitud Barrios y entronizaría a una nueva cacica surgida de su sombra, en este caso, Elba Esther Gordillo. Es obvio que el gobierno mexicano, al proceder contra la lideresa sindical, no resolvió la cuestión de fondo, que sería la transformación del SNTE en una nueva organización sindical, quizá federada, quizá descentralizada. La contrarreforma educativa camina ahora en las marchas de la disidencia magisterial, como intenta hacerlo también por las venas del SNTE, por donde aún corre el poder de Elba Esther.

Finalmente, la aprobación de las leyes concierne al Congreso, en donde el consenso de la reforma educativa se ha construido y habrá de procesar las iniciativas de legislación secundaria cuando éstas sean presentadas, incluidas las provenientes de las legislaturas estatales. Otra batalla será la implementación de las mismas, lo que habrá de requerir dosis adicionales de paciencia, política y eventual aplicación de la ley para autoridades y docentes. Quizá se equivoca el titular de Educación Pública, quien considera que contra el Derecho no hay derecho. En el mundo, lo que prevalece es la lucha por el Derecho, es decir, los distintos procesos, incluidos los judiciales, a través de los cuales los ciudadanos deben hacer valer sus derechos, unas veces ganando, otras negociando y otras perdiendo.  Por lo pronto, más de 10 mil maestros de la Coordinadora desquician la ciudad de México, otros tantos bloquean las carreteras guerrerenses y otros, ya se encuentran en plantón en el zócalo oaxaqueño.

1. 3.    La contrarreforma Telecom.

En materia de Telecomunicaciones, eficazmente, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que hasta hace muy poco se pensaba que era imposible. Hablar de convergencia tecnológica, de “total play”, de acceso universal, libre y a bajos precios a la banda ancha, de poner en orden a los actores dominantes, fueran las grandes televisoras del llamado “duopolio” que con tanta altanería buscaron siempre condicionar o chantajear al poder público, o bien, la gran empresa telefónica de la que ha emergido el mayor consorcio de negocios del planeta, con el hombre más rico del mundo a la cabeza aún cuando los servicios que presta no son precisamente los de vanguardia mundial en calidad y precios; hablar de todo esto parecía una herejía y los políticos que lo hacían, se arriesgaban simplemente a ser borrados de la percepción pública o satanizados por los poderes fácticos.

Con decisión, hasta podría decirse que con arrojo, tanto los firmantes del Pacto como los diputados que impulsaron y votaron favorablemente la reforma Telecom, fueron realmente por la gran reforma de las telecomunicaciones, que de aprobarse en sus términos en el Senado, permitiría la apertura de al menos dos y hasta tres nuevas cadenas televisoras nacionales, trayendo más competencia y, es de esperarse, mejores contenidos a las pantallas y los hogares mexicanos; habría acceso a precios realmente bajos y competitivos tanto en telefonía móvil como acceso a internet en banda ancha (¡Como en Corea del Sur, a centavos y acceso total en todo tiempo y en todo lugar! ¡Un sueño!); se pondría orden en el mercado relativo, con nuevos reguladores con más facultades para sancionar el incumplimiento de las concesiones o los abusos de los agentes dominantes, limitando ésta por lo pronto al 50%, y por supuesto, garantizando el interés público en el otorgamiento de concesiones, por las que sus titulares deberán pagar las contraprestaciones económicas al Estado conforme a valores de mercado.

Sin duda en una paradoja de la democracia, al ejercer el Senado su facultad de revisión en la manera en que lo está haciendo (violando el reglamento interior que en su artículo 178 establece el turno a un máximo de tres comisiones, a efecto de agilizar el proceso legislativo), la presidencia del Senado en manos del senador Ernesto Cordero, decidió turnarla a ¡seis comisiones, cuatro de dictamen y dos de opinión!, además de convocar a foros y consultas con expertos, como si estos temas no hubieran sido todos más que discutidos en los años anteriores.

La táctica del turno a comisiones  múltiples es conocida en los parlamentos cuando se quiere retrasar o complicar un dictamen en el que concurren tantos intereses. Así, en realidad, lo que está sucediendo en el Senado es hacer posible el conflicto de intereses, que buscarán unos radicalizar aún más los cambios previstos en la Minuta, por ejemplo, reducir la dominancia a un 30%, lo que llevaría a los actuales actores hegemónicos a desinvertir, vender o abandonar buena parte de sus negocios; o bien, defender intereses concretos, como los expresados por el proverbial senador Javier Lozano, que en defensa de la actual Cofetel y del insostenible Mony de Swaan rechaza la autonomía de los órganos reguladores pero buscará quitarle al Ejecutivo la facultad de opinión no vinculante en el otorgamiento de concesiones, tan necesaria a la salvaguarda del interés nacional, tal y como sucede en todos los países del mundo. Seguramente estarán también en las probables modificaciones que convienen a los poderes fácticos el limitar la inversión extranjera en telecomunicaciones (que está al 100% en la minuta actual) como también establecer el derecho de tanto en la renovación de concesiones.

Todo ello, en una contrarreforma que habrá de consumir las siete sesiones restantes al periodo ordinario, que de no aprobarse en el Senado gobernado por el binomio perrepán de los senadores Codero y Barbosa en el tiempo que le resta al actual periodo de sesiones, pues simplemente le habrá hecho el servicio, precisamente, a los poderes fácticos o intereses dominantes del duopolio televisivo y la gran telefónica del hombre más rico del mundo.

1. 4.    Nunca debió suceder.

Tristemente, se ha inaugurado en nuestro país un memorial por las víctimas de la violencia sucedida sobre todo en el tiempo fúnebre del sexenio anterior, en el lugar en el que anteriormente las propias organizaciones victimales no querían que se instalara, en las inmediaciones del Campo Marte del Ejército Mexicano. En este monumento, residirá la memoria de 60 mil muertos y 27 mil desaparecidos durante la fallida guerra del narco, a los que habrán de sumarse, guste o no, los que están sucediendo en este gobierno, que suman al mes de marzo 3 mil 919 víctimas mortales más.

Tiene razón el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Este memorial nunca debió suceder. Quizá el mejor homenaje a las víctimas de la violencia hubiera sido la expedición de la Ley General de Víctimas en el tiempo propicio para ello, cuando el gobierno del presidente Calderón debió empeñarse en participar en su redacción y construirla, no obstaculizarla como lo hizo hasta el final. Ahora, el mejor homenaje es no sólo su promulgación sino el perfeccionamiento de que ha sido objeto, con lo que la Cámara Baja está lista a aprobar en sus términos la minuta enviada por el Senado, tal y como ha anticipado el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a favor siempre de la reparación, resarcimiento, rehabilitación y no repetición del daño de las víctimas de violación de los derechos humanos.

Distintos analistas de inmediato hicieron notar que en los primeros cuatro meses de la actual administración las cosas parecieran ser igual a las del trágico tiempo de Calderón, con una altísima incidencia de muertes asociadas a la violencia criminal. Ciertamente, nada puede justificar la incapacidad del Estado para garantizar la integridad y la vida de los habitantes, que es su primer y esencial deber. El gobierno del Presidente Peña, al asumir su responsabilidad, admite que en la reducción de la violencia no habrá milagros, sino un camino arduo que habrá de tomar su tiempo, ofreciendo un año para dar resultados. ¡Un año! En el que el número de víctimas, si se aceptaran las registradas en los primeros cuatro meses como una tendencia, podría superar los 15 mil muertos.

Tal herencia del fundamentalismo guerrero de Calderón es inaceptable. La política de seguridad del gobierno entrante no es equivalente a la del gobierno que se fue; el acento ahora está en la prevención del delito, en el uso de los recursos de inteligencia del Estado para anticipar y controlar los eventos criminales, y en un enfoque distinto en la relación con los Estados Unidos, el principal mercado de consumo de enervantes del planeta, para buscar controlar las armas y combatir las finanzas de los grupos criminales con mayor énfasis en el lavado de dinero.  Pero el contexto en que le fue entregada al nuevo gobierno  la situación criminal en nuestro país fue realmente crítica y es lo que explica por qué no habrá soluciones mágicas:  las tropas en las calles, ocupando grandes zonas del país; una fuerza de 36 mil elementos de la policía federal, en contradicción con los elementos del Ejército Mexicano; la Procuraduría General de la República virtualmente desmantelada y politizada; la proliferación de cárteles enfrentados entre sí, que originalmente eran cuatro y ahora son más de 16, cada vez mejor armados y más violentos y crueles que los anteriores; además de la expansión del consumo de enervantes en el vecino país del norte, la creciente tolerancia en ese país al consumo de drogas, visible en la legalización de la marihuana, y la persistencia en la venta libre de armas y su contrabando a nuestro país.

La consultora Stratfor, vocera de los círculos duros en Washington, hace ver los riesgos inherentes al cambio de estrategia en el combate a la criminalidad en nuestro país, que pone el acento en la disminución de la violencia y menos en el combate al narcotráfico, insinuando que quizá el gobierno estaría buscando llegar a un acuerdo con los grupos criminales o que, como sucedió en el pasado reciente, la acción gubernamental estaría beneficiando a un cártel en detrimento de otros.  Pero en otros círculos de poder norteamericanos, como son los del FBI o el Departamento de Estado, lo que realmente les preocupa es la expansión de la violencia, que estaría migrando de cárteles de la droga a otras actividades de la criminalidad global más sofisticados, incluidas las redes empresariales que se confunden con delitos financieros y del lavado de dinero.

Lo cierto es que la estrategia de seguridad en nuestro país ha cambiado, el énfasis ha sido puesto en la prevención y la inteligencia contra el delito, cuyo resultado observable deberá ser no sólo la reducción de la curva de muerte, sino también, la reducción de la violencia y de los grupos criminales cuyos resultados habrán de observarse, como ha dicho el gobierno, en un año del que ya han transcurrido cuatro meses. Resultados, como bien sabe el Presidente Peña, que es lo que necesitan los ciudadanos.

1. 5.    Al cierre del periodo legislativo.

Tras el periodo vacacional de Semana Santa, que suele partir en dos el periodo legislativo de inicios del año, le restan unas siete sesiones útiles al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Como es habitual, la evaluación de lo hecho en el Congreso en un entorno de opinión pública reacio a los políticos tenderá más a los números fríos y la descripción de excesos, que a los hechos concretos y relevantes del proceso legislativo. Así, en promedio, cada mes se presentan unas 100 iniciativas de todo tipo, por los actores facultados para ello: el Presidente de la República, los legisladores federales, las legislaturas estatales y, ahora, los ciudadanos que cumplan los requisitos de ley (las firmas constatadas por el IFE del 0.25% del padrón electoral, esto es, unos 100 mil ciudadanos). 

Las evaluaciones más superficiales dirán que la eficiencia del Congreso es cercana a cero, pues de unas 300 iniciativas turnadas, habrá aprobado alrededor de 20, que, dato poco observado, en realidad suele corresponder con el número de iniciativas que los grupos parlamentarios comprometen al establecer  la agenda legislativa al inicio de cada periodo ordinario.

Si tal fuera el caso y el Congreso buscara satisfacer a los detractores más superficiales subiendo la marca como si de hacer tortillas se tratara, la incertidumbre jurídica se apoderaría del país, pues nunca sería posible saber cuál sería la ley vigente, dado que con el cúmulo de iniciativas, siempre estaría cambiando. En realidad, en la ciencia de la legislación, de lo que se trata es de legislar lo necesario, pero hacerlo bien, mediante el diálogo, la negociación y los acuerdos, que es lo que hace valer la representación política de los ciudadanos.

En este sentido, la agenda legislativa ha traído aparejada el debate y aprobación de temas relevantes para el país y para los ciudadanos: la reforma educativa; la reforma en telecomunicaciones; la reforma del fuero constitucional, que ahora será inmunidad constitucional sólo en el ejercicio del cargo; la nueva Ley de Amparo, cuya entrada inmediata en vigor ha revolucionado la práctica interna del Poder Judicial al igual que la impartición de justicia, de lleno ahora sí en la décima época jurídica, garantista y con un mejor derecho. Tan sólo estos resultados de la labor legislativa harían valer en cualquier latitud del mundo una mejor valoración de la labor del Congreso.

Más aún, en las siete sesiones que restan al actual periodo ordinario de sesiones, ambas Cámaras del Congreso habrán de procesar otros temas también fundamentales; como debiera ser en el Senado, la aprobación de la reforma constitucional en Telecomunicaciones; la reforma constitucional que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, así como la regulación de la contratación de deuda para Estados y Municipios, ahora sobreendeudados por la penuria fiscal en que se encuentran.

En la Cámara de Diputados, las próximas tres semanas habrán de procesarse, en los términos enviados por el Senado y convenidos por las organizaciones victimales, las adecuaciones a la Ley General de Víctimas; adecuaciones a minuta de reforma constitucional para transformar, con autonomía constitucional, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el IFAI); la regulación de la facultad de investigación que le fue transferida del a Suprema Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el establecimiento de un derecho sobre las ganancias a las empresas mineras en beneficio, precisamente, de los municipios en donde se realizan las actividades de extracción; la normalización de la propiedad habitacional unifamiliar de miles de extranjeros en litorales mexicanos, así como la aprobación de la Estrategia Nacional de Energía, el primer paso hacia la esperada Reforma Energética, al establecer con precisión cuál es la situación del sector energético, sus límites y el potencial a desplegar en los próximos años.

Por supuesto, si en el Senado logran superar los atavismos y aprobar, con o sin modificaciones, la minuta de los diputados en materia de Telecomunicaciones, la Cámara Baja estaría dispuesta a atender el tema de inmediato, así fuera en un periodo extraordinario de sesiones. Lo mismo habrá de suceder en el momento en que, en el seno del Pacto por México, se integre el paquete legislativo de la reforma secundaria en materia educativa, en el cual la Cámara de Diputados podría ser el órgano legislativo de origen.

No deja de ser paradójico que, no obstante los resultados legislativos relevantes que podrán observarse al cierre del periodo ordinario de sesiones, en el ánimo de la opinión pública subyacen algunos yerros de una administración cameral caótica que en muchos casos sorprende a los propios legisladores; como el reparto de Ipad en usufructo (es decir, sin costo) dentro del contrato de renovación del servicio telefónico; la contratación de una aplicación de software a un alto precio sin que fuera realmente necesaria; la distribución de pines emblemáticos de oro a los diputados; la contratación de vales de despensa para el personal de la Cámara, hasta el periodo de asueto de Semana Santa; todo ello, en aparente contradicción con el aire de austeridad republicana que debiera prevalecer en los poderes públicos.  Haciendo a un lado la deleznable paja de estas cuestiones que son, algunos de ellos, simples yerros administrativos que ya se han corregido, en la exigente opinión pública bien pudiera prevalecer la idea de un Congreso que trabaja y le está cumpliendo al país y a la ciudadanía. 

1. XV Congreso Nacional de Amexiil.

En la ciudad de San Cristobal de Las CasasN Chiapas, se realizo el XV Congreso Nacional de la Asociacion Mexicana de Institutos y Organismos de Investigacion y Estudios Legislativos (Amexiil), organizacion que aglutina a los cuerpos tecnicos de apoyo en las legislaturas Estatales y federal, asi como centros academicos con el mismo proposito.

En el foro, realizado con el auspicio del Congreso de Chiapas y el Instituto de Investigaciones Legislativas de la entidad, se abordaron los temas de la actualidad legislativa, entre los que destacaron el proceso de foermacion de la agenda legislativa, fuertemente influenciado por el contexto y las realidades politicas generales y locales, asi como la evaluacion del trabajo congresional y el impacto legislativo.

En el mismo evento, con el apoyo del presidente de la Camara Baja, Francisco Arroyyo Vieyra; del Coordinador de los Diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del titular del Centro de Estudios de Derecho Parlamentario, el tambien chiapaneco Sami David, este organismo se integro a Amexiil, contribuyendo al fortalecimiento de los cuerpos de analisis e investigacion parlamentaria.

Al respecto, en los coloquios realizados se insistio en la necesidad de evaluar de mejor manera la labor que realizan los legisladores en las Asambleas Legislativas, injustamente imputados de generalidades que no atienden a la relevancia de la funcion legislativa, que es legislar, representar y controlar y hacer funcionar el sistema de pesos y contrapesos. El simple analisis del lugar comun, a la manera en que algunos estudios cuantitativistas como los que realiza Integralia suelen realizar, no explica la relevancia de la agenda legislativa y sus resultados, ubicados siempre en los temas de importancia del pais y de la gente.

Por ejemplo, en la cauda de reformas que han transformado el pais en la ultima decada, primero al amparo de la Ley para la Reforma del Estado  y aceleradamente ahora en el marco del Pacto por Mexico, podria acaso hablarse de pereza legislativa si se estan aprobando leyes trascendentales, como la laboral, la legislativa y ahora la de telecomunicaciones. El Congreso, en donde se asienta la representacion politica de los ciudadanos, no puede ser visto como una maquina insumo-producto, sino como un cuerpo politico que representa el sentir de la Nacion y realiza los cambios que el pais necesita, encauzados a traves de la Constitucion y las leyes.

En el marco de las sesiones de Amexiil, finalmente, se realizo la renovacion de su dirigencia, recayendo ahora la responsabilidad en el maestro Javier Martinez, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios de Investigacion Legislativa del Estado de Mexico, y en la Vicepresidencia, el licenciasdo Carlos Torres, director general del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Guanajuato.

La proxima reunion de Amexiil habra de realizarse en Morelia, Michoacan, en el auspicio del Congreso de este Estado, en el marco de las efemerides por el Bicentenario del Congreso de Apatzingan, justo en el surgimiento de las raices constitucionales de nuestro pais.

2. Ecos de la Aprobacion Telecom.

Una vez aprobada en la Camara de Diputados en un proceso unico en el que, de origen, la iniciativa de reforma en materia de Telecomunicaciones fue firmada por los actores relevantes del Pacto Por Mexico, lo que por inedita vez le dio el caracter de un proyecto legislativo con respaldo del Ejecutivo Federal y los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN PRD y PVEM, la Camara de Senadores se apresta a revisar la minuta, con celo y responsabilidad como dicen algunos legisladores, pero con el imperativo propio en las democracias, de no bloquear simplemente un buen proyecto por cuestiones particulares.  

La aprobacion de la reforma Telecom en la Camara de Diputados conforme al pronostico, acentua sin lugar a dudas la capacidad politica para conducir la Camara, armar y sostener el consenso no obstante la tension mediatica.

Una buena decision al motivar la firma conjunta del Ejecutivo, los coordinadores parlamentarios fundamentales y los liderazgos de los partidos en el Pacto por Mexico, se sostuvo en el procesamiento legislativo en el optimo, destacando la larga jornada de aprobacion de la misma.

En terminos politicos, se logro el “mejor imposible”, que a partir de las actuales posiciones de los grupos dominantes, abre el juego y con nuevas reglas, para un mercado mas grande; es decir, viendo al futuro tecnologico y las comunicaciones en la era digital.

En el Senado, conforme al proceso de revision legislativa, y de acuerdo con  las voces acostumbradas que hablan de dignidad legislativa o de realizar consultas y “debates en serio”, con toda probabilidad habra ajustes en algunos puntos polemicos, como pudiera ser la facultad no vinculante (es decir, no obligatoria del Ejecutivo Federal a traves de la SCT en casos de otorgamiento o revocacion de concesiones; la determinacion de la autoridad responsable de establecer el monto de las contraprestaciones economicas de los concesionarios o bien, reducir aun mas el porcentaje de dominancia, del 50% como esta en la Minuta, a quizas solo un tercio o menos aun.  Hay poco espacio para realizar demasiados cambios, como no sea detener la aprobacion por algun tiempo. Debera tenerse en cuenta que casi cualquier alteracion seria un juego a favor de los intereses y los monopolios.

La reforma Telecom, en realidad, crea avidez por ir a fondo en otros temas y realmente soltar amarras para volver a crecer a tasas del 5% y mas, generar empleos y recuperar la estabilidad, certeza y paz social.  

3. Reforma financiera.

Entre las cosas que vienen, la SHCP anticipo la reforma financiera, que podria ser enviada a la camara de origen (la de Diputados seguramente si se pretende que las cosas se hagan)) en los proximos dias, para establecer un nuevo hit congresional.

La reforma financiera podria ser un exito si se orientara a impulsar el mercado interno, al facilitar el acceso al credito y mejorar las tasas, regulando los actuales abusos entre las altas comisiones por servicios y tasas activas frente a las pasivas.

La reforma financiera debiera tener al menos dos grandes apartados: el que se refiere a la banca comercial, para que la banca privada regrese al negocio del credito, que es la esencia de ser del sistema bancario; y la reestructuracion de la banca de desarrollo, que en los años azules se distorsionara, alejandose del objetivo originario de otorgar financiamientos a proyectos sustentables, regionales y locales con beneficio social.

Una buena reforma financiera seria un formidable motor del crecimiento interno. Ya en el pasado el Congreso intento regular los excesos de la banca privada, cuando se le otorgo al Banco de Mexico la facultad de regular el diferencial entre tasas activas y pasivas, lo que no ha hecho hasta el momento, asi como cuando se establecieron cuentas “cero comisiones” para depositos de nomina hasta 8 mil 200 pesos mensuales. En el contexto actual y con la avidez establecida por realizar  reformas a fondo, sera el tiempo de ir por mas.

4. Ley General de Victimas.

El Senado voto una serie de ajustes, definiciones y precisiones a la Ley General de Victimas. Los cambios introducidos precisan, sobre todo, la aplicacion de las prevenciones de reparacion, restitucion y no repeticion, si bien no cambian lo fundamental, que es el proteger los derechos de las victimas aun con el caracter subsidiario del Estado en los casos de violacion a derechos humanos.

En lo demas, el acotamiento resalta el modelo victimal adoptado, que siempre se apoyo en el mejor derecho internacional: la victima recibira atencion integral especializada, se sujetara con el apoyo de abogados o defensores voictimales al debido proceso y sera un juez quien ordene la reparacion o restitucion, topada a 500 salarios minimos, a la autoricad competente, que sera una Comision Ejecutiva integrada por siete miembros, pero no una instancia autonoma, sino obligada siempre al debido proceso.

Por obvias razones, las adecuaciones a la Ley General de Victimas enviadas a la Camara de Diputados, podrian tener un curso muy agil, para resolver cuanto antes este tema que la administracion Calderon busco descarrilar y desacreditar al grado de negar la existencia de las propias victimas, que ahora podran disponer de un instrumento en los terminos del mejor derecho internacional al respecto.  

5. Temas en el rezago senatorial.

Sin demerito de la necesaria deliberacion para bien procesar las leyes, pareciera que en el Senado se han erigido diques contestatarios para detener los cambios de relevancia, las mas de las veces por pruritos legislativos.

Existen en el regazo senatorial, iniciativas pendientes de acuerdo que le cuestan al pais no solo por la mora en las decisiones, sino por el costo presupuestal de la operacion de aparatos burocraticos desmovilizxados por la falta de acuerdo. Tal es el caso, por ejemplo, de la Comision Nacional Anticorrupcion, que debiera haber sido creada a finales del año pasado pero esto aun no sucede, con lo que la inoperante Secretaria de la Funcion Publica sigue devengando sueldos, salarios y avios sin que este aplicada a la funcion que deberia, como tampoco se corona la reorganizacion de la administracion publica federal impulsada por el gobierno entrante.

Lo mismo sucede con la eventual creacion del Instituto de Evaluacion Educativa, que debiera ser una prioridad de la legislacion para poner en marcha tan relevante institucion en la nueva carrera docente magisterial por lo menos en el proximo periodo lectivo, pero que parece no estar en el radar del diunvirato perrepan que se ha impuesto en la Camara Alta.

Ni que decir del terma de la transformacion del fuero de los altos servidores publicos a la nueva figura de la inmunidad constitucional que debera protegerles solo en el ejercicio del cargo y sin que ello signifique sustraccion al proceso judicial en casos de comision de delitos graves, con lo que la inmunidad no se vuelve la impunidad que tanto molesta a los ciudadanos. El dejo de la “dertente” senatorial llego al extremo de discutir con la mesa directiva de la Camara Baja una cuestion de sintaxis, en torno a unos puntos suspensivos que en la practica parlamentaria suelen colocarse para indicar que el texto actual sigue vigente, cuando se realizan cambios a algunos articulos de la Constitucion o de alguna ley. Estos puntos suspensivos se referian a que la proteccion constitucional para el titular del Estado mexicano, el Presidente de la Republica, no fue modificado y se mantiene en los terminos usuales en el resto del mundo, en tanto que para los demas servidores publicos se transforma en la nueva figura de la inmunidad constitucional. ) Asi, por unos puntos suspensivos, tambien esta reforma constitucional esta detenida en el Senado.

Asi, en estos terminos de rijosidad y contrastacion senatorial, la reforma en Telecomunicaciones llegara al Senado, un Senado de liderazgos divididos que podria estar marchando a un ritmo diferente al que el pais esta andando.   

1. Aprobada la reforma Telecom

La reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones fue aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado para la revisión acostumbrada en el proceso legislativo, en un tiempo y una forma en verdad inusitados.

Sin duda prevalece el oficio político y la disposición de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones; del PAN, Luis Alberto Villarreal; del PRD, Silvano Aureoles, y del PVEM, Arturo Escobar y Vega, quienes hicieron honor a la firma estampada en el envió de la iniciativa por el Presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacionales de los partidos como testigos de honor, que la convirtieron en una iniciativa preferida, con un altísimo grado de consenso en el arranque de la misma.

La reforma en Telecomunicaciones constituye algo así como el sueño dorado de los críticos de los negocios dominantes que han dominado las comunicaciones en las últimas décadas. Incluye medidas de gran fondo, utilizadas en otras partes del mundo para favorecer la competencia, la libertad y el acceso a la información en beneficio de los ciudadanos y el público consumidor, así como principios de democratización de los medios que fueron enarbolados en las expresiones de voz del movimiento juvenil en la reciente campaña electoral federal.

Cuestiones como el acotamiento de la dominancia al 50%, el llamado “total play” que posibilita a los concesionarios a ofrecer todos los servicios que la convergencia tecnológica digital posibilita, previo pago de la contraprestación respectiva al Estado mexicano; el acceso gratuito a la banda ancha garantizado por el Estado; la creación de dos órganos reguladores autónomos y con verdaderos dientes para otorgar, revocar o sancionar las concesiones; el derecho a la información y el derecho de replica, así como la obligación de portar y ofrecer las señales de televisión abierta a todos los portadores (el llamado “must carry” y “must offer” en términos anglosajones); todo ello, pensado imposible hasta hace pocos meses.

Hubo, por supuesto, la necesaria y larga discusión legislativa, tanto en comisiones como en el pleno, para discutir los cambios y hacer las precisiones correspondientes, varias de carácter técnico, que permitieron enriquecer y mejorar los planteamientos originales; como fueron la reciprocidad en la regla de inversión en radiodifusión; el traslado de la opinión no vinculatoria en otorgamiento o revocación del titular del Ejecutivo Federal al ámbito de especialización de la SCT, que despersonaliza e institucionaliza cualquier decisión, el debido cuidado en la propiedad cruzada de medios y la polémica regla de cual señal es posible técnicamente de subir y bajar libremente de los satélites, habida cuenta que los transponders satelitales poseen una capacidad delimitada tecnología para el manejo de un cierto ancho de banda, que hace imposible que todas las señales estén disponibles todo el tiempo en todos los lugares mediante el baño satelital, entre las precisiones técnicas que se hicieron.

Así, proverbialmente, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones esta debidamente aprobada y enriquecida en la Cámara de Diputados, con antelación al asueto de Semana Santa. Al retorno del descanso, en el Senado habrán de escucharse las voces de siempre, que pretendiendo ser radicales, suelen, al detener el curso de reformas con tan alto grado de consenso  impulsadas por una amplia coalición reformista, tornarse en servidores de los intereses afectados.

De aprobarse en el Senado lo que los diputados han votado, aun faltara por legislar el cuerpo de leyes reglamentarias de las nuevas disposiciones constitucionales, por lo que es posible que la entrada plena en vigor del nuevo modelo de telecomunicaciones suceda en 2014.

2. Una coalición útil y eficaz.

El transito expedito de reformas complejas en el cuerpo legislativo es posible en los regímenes parlamentarios, cuando se tiene una coalición política grande y estable para la toma de decisiones, es decir, los gobiernos de coalición.

En el sistema presidencialista, donde la división de poderes es mas nítida, es posible construir un alto grado de respaldo político negociando y estableciendo una coalición gobernante, es decir, negociar y pactar el respaldo político a una agenda de cambios en la que al menos quienes integran el pacto se reconozcan en la suma positiva de apoyo a los acuerdos que de otra manera no seria posible hacer transitar.

En los míticos Pactos de la Moncloa, las fuerzas políticas españolas comprometidas con la transición democrática reconocieron la necesidad de romper mitos y dar pasos agigantados a la integración del país en la Unión Europea, algo que quizá les este haciendo falta en el manejo actual de la crisis fiscal española, en la que se han dado incluso tensiones separatistas en regiones tan importantes como Cataluña.

La opción del Pacto por México recoge en mucho ese principio de integrar una agenda amplia y ambiciosa, para romper atavismos y mirar y encarar el futuro.  Prácticamente en todas las agendas para un mejor futuro y las medidas comprometidas en el Pacto por México son las mismas; desde los ensayos de Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, propuestos a los futuros dirigentes del país; en las plataformas de los partidos y candidatos en la campaña electoral; las agendas de los grupos parlamentarios y los planteamientos que se han ido perfilando para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo revelan el hartazgo por la mediocridad en que hemos estado en los últimos años y exigen cambios fundamentales que nos permitan vencer los rezagos y dar pasos hacia adelante.

Nuestro país tiene el potencial para crecer más rápido y de mejor manera si se toman las decisiones correctas. Se requiere invertir y aprovechar mejor los recursos que tenemos, para lo que es indispensable un sistema educativo nacional que forme capital humano en la nueva era del conocimiento y las capacidades; una reforma por la competitividad y el empleo, entre las que se cuentan los apartados de telecomunicaciones y energía, campos potenciales de inversión y empleo como para crecer a mas del doble de lo hecho hasta ahora, por lo menos proponernos crecer al 5%. Habrán de venir una reforma financiera, para acercar el crédito en forma barata y expedita tanto a las pequeñas y medianas empresas, como a las clases medias y consumidores con responsabilidad y capacidad de pago; vendrá la reforma hacendaria, para fortalecer el fisco, pero también para mejorar el gasto publico y la distribución de recursos entre los Estados y el Gobierno Federal.

Todo ello, seguramente coronado por una reforma de la seguridad social universal, que contemple tanto la protección de la salud, como el seguro de desempleo y los fondos para el retiro.

En lo político, tal como esta planteado en el Pacto por México, hará de culminarse la reforma del sistema presidencial, para dotarlo de nuevos instrumentos en el dialogo entre los poderes; esta planteada la posibilidad del gobierno de coalición si el Presidente decide optar por esta formula para mejorar el respaldo legislativo, y sin duda hará falta recuperar la presencia del Ejecutivo en el Legislativo, otorgándole voz y acceso cotidiano a las labores legislativas y estableciendo sesiones especificas para atender los asuntos del gobierno, a la manera de los “question time” británicos.

3. Concordancia con la agenda legislativa.

La capacidad de concertación mostrada en el Pacto por México parecería subordinar la agenda y la atención de los legisladores, pero esto es mas un efecto mediático que una realidad. La agenda legislativa tiene una lógica propia e integra otros proyectos que vienen de las fuentes tradicionales de la legislación. En el curso legislativo se presentan cotidianamente iniciativas, que son dictaminadas en comisiones y votadas en el pleno de manera ordinaria.

Así se aprobó la nueva Ley de Amparo; la ley contra la discriminación y la trata de personas; se esta precisando la redacción de la Ley General de Victimas; se reformo la ley orgánica de la Administración Publica Federal y muy pronto se estarán analizando y votando importantes cambios en materia de aprovechamientos en minería en beneficio de los municipios mineros; se regularan las llamadas “cartas ciudadanas” de la candidatura independiente, la iniciativa ciudadana y la consulta en temas de trascendencia nacional, que son formas de participación directa de los ciudadanos en la política, entre muchas otras iniciativas que se inscriben en una lógica concordante con la visión del Pacto por México y el rumbo parta modernizar nuestro país.  

4. Apuntes sobre la reforma energética.

En el 74 aniversario de la Expropiación Petrolera,  las voces del gobierno de la Republica y destacando en ello las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, permiten atisbar algunos rasgos de una reforma energética largamente anunciada.

Por un lado, en la Estrategia Nacional Energética enviada al Congreso para su aprobación, la Secretaria de Energía establece el escenario de lo que sucedería de no hacer hoy cambios fundamentales; el horizonte de cobertura de energéticos tendría un quiebre hacia el año 2016, cuando nos convertiríamos en importadores netos de petróleo y sus derivados.

Por otra parte el director general de Pemex subraya que la petrolera esta en mejor situación de la que se cree, que es un mito la mala situación financiera o la quiebra de la paraestatal y que se buscaría mejorar la gestión corporativa y el modelo de negocios para devolverle vitalidad y capacidad de producción, refinación y reposición de reservas.

Sobre estas bases, el Presidente Peña anticipa una reforma energética que modernice a Pemex, sin privatización de la empresa ni enajenación del petróleo a los particulares, poniendo el acento en el mejor aprovechamiento de los recursos. De esta manera, centra el discurso en como hacer mejor las cosas, para bajar el precio de la electricidad para las empresas y las familias mexicanas, alejándose del falso dilema de privatización o declinación que en cierta izquierda radical se ha querido plantear.

Ello es posible, sobre todo, si se logra diferenciar en la reforma lo que son hidrocarburos convencionales como el petróleo, de los hidrocarburos no convencionales, como es el “gas de piedra” o de esquistos (conocido como “shale gas”), cuya abundancia en los yacimientos del norte permite augurar una época de gas suficiente y barato para la competitividad de la industria y la baja de precios de tarifas eléctricas y gas en beneficio de los hogares mexicanos.

El sector del “shale gas” es un área de nuevo desarrollo, susceptible de ser emprendida con el concurso de la inversión privada, al igual que en los servicios de transporte de petrolíferos mediante ductos, refinación y almacenaje, en donde podrían realizarse esquemas de concesiones o bien, asociaciones publico-privadas.

5. La reforma financiera.

Bienvenido el anuncio de una reforma al sector financiero que permita acercar el crédito a los usuarios, con tasas activas mas bajas en los financiamientos y,  sobre todo, mayor disponibilidad del crédito a quienes lo necesitan, que son las pymes y las familias mexicanas.

Existe en nuestro país una banca comercial, cuyos márgenes de intermediación descansan en el cobro de altísimas comisiones y el financiamiento caro del consumo mediante las tarjetas de crédito o “dinero plástico”, practicas ambas que han llevado a la distorsión que el negocio de la banca, que debiera ser el préstamo y el crédito, es ahora el de la usura y el cobro de cuotas abusivas a los usuarios de los servicios bancarios.

Existe además, una banca de desarrollo, cuya finalidad original era la de financiar proyectos de beneficio social con tasas preferenciales. Tras la década gerencialita de la que venimos, la banca de desarrollo se transformo en una variante de la banca comercial, al considerarse a estos prestamos preferenciales como una forma de subsidio.

Por ello el anuncio de la Secretaria de Hacienda, de que en los próximos días se enviara al Congreso una iniciativa der reforma financiera, hace pensar que habrá propuestas de buenas y sanas prácticas en la prestación de servicios bancarios y en el otorgamiento de créditos y el cálculo de tasas. Ha sido proverbial que en nuestro país los bancos cobran tasas hasta cinco veces más altas en el cobro de servicios o tasas de interés al público consumidor. Más aun, la diferencia entre las tasas activas (las que cobra el banco) y las tasas pasivas (las que paga a los ahorradores) suele ser hasta ocho veces más alta las unas de las otras.

En lo que se refiere a la banca de desarrollo, no solo es necesario su reordenamiento, sino también la devolución del objetivo fundamental de este tipo de banca, que no es comercial, sino la de financiar los proyectos sustentables y de beneficio social, local y regionalmente, que tal es la promoción del desarrollo a partir de las regiones.

Si ha de ser útil, una reforma financiera debe concluir en menores cobros de comisiones, menores tasas de interés en la banca comercial, mayor disponibilidad y accesibilidad al crédito para los consumidores, así como en una verdadera banca de desarrollo, que no sea competencia desleal de la banca comercial, sino promotora de los proyectos locales y regionales de beneficio social.

1. 1.   Cero y van tres.

Con la iniciativa de reforma en Telecomunicaciones, concertada en el ámbito del Pacto por México y con el aval de las fuerzas políticas fundamentales del país (el Ejecutivo Federal, el PRI, el PAN, el PRD, el PVEM y sus respectivos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados), cero e irían tres reformas de las llamadas estructurales, comprometidas por el Presidente Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial y al asumir el gobierno de la República.

La primera fue, en el lapso de la presidencia electa, vía las iniciativas preferentes, la reforma laboral, que si bien formalmente la presentó el gobierno saliente, en realidad contó con la anuencia de la administración entrante, pues de lo que se trataba era de no perder ni un instante en la promoción de los intereses del país. La reforma laboral, considerada fundamental para resolver el ciclo pernicioso que se había establecido en el plano laboral, que impedía la contratación de jóvenes, de aprendices y hasta la formalización de importantes sectores de la economía, fue enviada a la Cámara de Diputados como cámara de origen y resuelta en tiempo y forma óptimos conforme a la calidad con la que fue enviada.

Los mercados saludaron la flexibilización de la contratación que abre el mercado a miles de trabajadores temporales que de otra forma quedarían destinados a la informalidad, señalando que por sí misma no crearía empleos pero se reflejaría en el crecimiento del PIB en al menos medio punto porcentual, además de elevar la calidad promedio del empleo en el país, todo ello sin demérito de las conquistas históricas del movimiento obrero inherentes a la protección social y la estabilidad del empleo, basado ahora principalmente en la productividad.

La reforma laboral implicó, además, la agilización de la justicia laboral, al exigir un máximo de un año para la resolución de los juicios, considerando este límite temporal en el cálculo de los salarios caídos lo que limita el incentivo de muchos litigantes para prolongar artificialmente los conflictos. Se evitaron en la reforma las pretensiones patronales para limitar el derecho de huelga o destruir la contratación colectiva mediante prácticas de supuesta democracia en el trabajo mediante recuentos a modo, restituyendo la disposición constitucional de asignar la titularidad a una organización sindical sin que deba estar a prueba cada que se quieren ejercer los derechos laborales.

Otras cuestiones alusivas a la democracia sindical o la rendición de cuentas de los sindicatos del apartado “A”, que es el que regula la Ley Federal del Trabajo, fueron considerados por la mayoría legislativa excesivos para esta reforma, dado que violarían los tratados y el mejor derecho internacional relativos a la autonomía sindical, pero además, sobre todo, porque querían resolverse casos de excesos sindicales en el apartado incorrecto, pues los sindicatos acusados de opacidad, corrupción o latrocinios son, sobre todo, los del apartado “B”, como el SNTE, los petroleros o los burócratas.

1. La segunda gran reforma.

La segunda gran reforma estructural fue la primera eslabonada al amparo del Pacto por México, que es la reforma educativa. Con esta reforma, se recuperó la rectoría del Estado en materia educativa insólitamente dejada en manos del sindicato magisterial mediante sucesivos acuerdos gubernamentales por una supuesta calidad de la educación firmados por los gobiernos de la primera alternancia con su aliada electoral, la profesora Elba Esther Gordillo, lo que le significó transferencias ingentes para las finanzas sindicales, convenientemente transformadas en personales o familiares por varios miles de millones de pesos durante el largo reinado de la cacica magisterial.

La reforma constitucional considera, sobre todo, el establecimiento de la carrera docente magisterial, con integración, promoción y evaluación basado en el mérito y la calidad, de lo que eventualmente también podría depender la permanencia de los nuevos profesores, salvaguardando los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación hasta el momento.  Para estos efectos, la reforma crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con carácter técnico y autonomía constitucional, ofreciendo al sistema educativo una garantía para la calidad del mismo.

Obvio, al afectarse los intereses y la dominancia del Sindicato en la determinación y operación de la política educativa, la ruptura política de la maestra con el gobierno federal fue inminente. La maestra convocó a la rebelión y la resistencia a la reforma educativa, y el gobierno del Presidente Peña ejerció y aplicó la ley, deteniéndola y procesándola por lo que fue evidente durante años, que es la corrupción sindical y el desvío de los recursos de los maestros a las cuentas personales de la profesora Elba Esther Gordillo y de sus familiares.

1. 3.   Tres y contando.

La tercera gran reforma estructural emprendida, que sería la segunda en el contexto del Pacto por México, es la reforma en materia de Telecomunicaciones enviada con el más amplio respaldo político a la Cámara de Diputados, utilizando las facultad de iniciativa conjunta, primera vez en la historia que esto acontece, del Presidente Peña Nieto, los coordinadores parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM, con las firmas como testigos solidarios de los presidentes de cada uno de estos partidos.

La reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones tiene tal grado de consenso que es esperable un procesamiento preferentísimo, “very fast track” en la Cámara de Diputados. Podría pensarse, como algunos acusan, que no se habrá discutido lo suficiente, siendo que en realidad los temas han sido discutidos por los actores de las telecomunicaciones desde la polémica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desechar algunos artículos que consideró inconstitucionales en la Ley Federal de Radio y Televisión respecto de las prórrogas de concesiones y permisos, pero que en realidad tenían secuestrado el desarrollo de tan importante sector para el desarrollo del país.

Conforme a las limitaciones referidas, un concesionario o permisionario no podía realizar o prestar servicios en toda la capacidad que el espectro electromagnético le permite, conforme al desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo ahora que, en la era digital, es posible la convergencia tecnológica, es decir, que un mismo prestador de servicios puede proveer acceso a banda ancha, servicios de telefonía, de televisión, de voz y datos, todos ellos digitalizables.

Peor aún, en el marco jurídico vigente, un permisionario o concesionario puede no cumplir los términos de la concesión porque la probabilidad de que le sancionen es limitada, al carecer de “dientes” los órganos reguladores, tanto la Comisión Federal de Competencia como la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y en materia de prórrogas o licitaciones de espectro radioeléctrico, tanto la concurrencia de los actores postulantes como el pago de las contraprestaciones al Estado quedaban sujetas al poder de los llamados “poderes fácticos”, que solían inclusive a someter a sus designios, vía presiones políticas y mediáticas, a los propios intereses del Estado o de la sociedad.

1. 4.   Novedades en la Reforma Telecom.

De ahí que en la propuesta de reforma a las Telecomunicaciones presentada por los integrantes del Pacto por México, todos estos rubros han sido profusa y convenientemente abordados fuera del parecer de los “poderes fácticos”, pero también sin afectarlos en sus actuales posiciones, dado que no se contempla expropiación alguna. Lo que se contempla en la propuesta de Telecomunicaciones, es la modernidad, las garantías de acceso de la población a los servicios digitales y la mayor competencia, en beneficio de los precios que el consumidor debe pagar por los servicios que requiere.

En este sentido, conforme a la propuesta, habrá “total play”, es decir, cada concesión (y sólo habrá concesiones, ya no permisos) podrá prestar todos los servicios que sea capaz de hacer, con el sólo límite de la calidad, el precio y la posición en el mercado, que no podrá exceder del 50% del mismo; y cada concesionario deberá portar y ofrecer la señal propia y de los demás, es decir, deberá “cargar” o transmitir la señal abierta de sus competidores; así como ofrecer sin costo para los repetidores, la señal abierta que produzca. Asimismo, un proveedor de televisión podrá incurrir en el mercado telefónico y viceversa, con lo que actores dominantes como Televisa y Televisión Azteca podrán ofrecer servicios de telefonía, en tanto que Telmex o Telcel podrán incursionar en el mercado de  la televisión abierta o restringida.

Al efecto, la propuesta de reforma en Telecomunicaciones considera la creación de dos nuevos órganos reguladores, ambos con autonomía constitucional y de carácter técnico; en materia de Telecomunicaciones, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con facultades para otorgar y revocar las concesiones, licitar el espectro radioeléctrico, regular las prácticas y tarifas de interconexión y prestación de servicios, así como establecer medidas antimonopolios y aplicar las sanciones. Se prevé también la creación de tribunales especializados en el Poder Judicial, en materia de telecomunicaciones y de competencia. Se crea asimismo, la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, que tendrá similares facultades regulatorias para los demás segmentos del mercado diferentes al sector telecomunicaciones. En la forma que se integrará el órgano colegiado, reside la clave de su autonomía no sólo respecto del gobierno, sino también de los poderosos agentes regulados. Tres instituciones también autónomas (el Banco de México, el INEGI y el futuro Instituto Nacional para la Evaluación Educativa) escrutarán y validarán el perfil idóneo de los aspirantes, identificando entre 3 y 5 con las calificaciones aprobatorias más altas, de entre los cuales el titular del Ejecutivo Federal nombrará a uno, que deberá ser ratificado por el Senado de la República. Esta forma debiera evitar la captura de los integrantes por los poderes fácticos, así como el nombramiento de incompetentes, como algunos que actualmente se desempeñan en los órganos reguladores.

La propuesta de reforma en Telecomunicaciones, que bien podrá ser aprobada en la semana que inicia dado el altísimo grado de consenso alcanzado (qué paradoja, las reservas no son para objetarla sino para radicalizarla aún más, como el proponer la inversión extranjera al 100% también en materia de radiodifusión o bien, reducir el componente máximo de dominancia del 50% propuesto, al 35%, con lo que se combatirían más eficazmente los monopolios, por citar algunas), considera también el cumplimiento exacto de los derechos constitucionales, incorporando el de acceso a la Banda Ancha para todos los mexicanos, garantizando el derecho a la información así como regulando el derecho de réplica, pendiente desde hace varios años.

Es previsible que la reforma transite ágilmente por la Cámara de Diputados; no así en el Senado, donde los poderes fácticos pudieran estar mejor representados, pues no obstante la gran discusión que durante años se ha sostenido en el ámbito público sobre la necesaria apertura y desmonopolización de las telecomunicaciones, los senadores calderonistas, Ernesto Cordero y Javier “el kid manos de intestino” Lozano han externado una posición retardataria, al igual que el dominante senador perrepán, Miguel Barbosa, para legislar, dicen, con más responsabilidad y menos prisa, pero que muy pronto podremos ver con qué intereses se juntan.

Lo que es inevitable es que esta iniciativa, revolucionaria y modernizadora del sector Telecomunicaciones, sea resuelta favorablemente por el Congreso. No es que el lugar para las grandes empresas se reduzca, sino que las prácticas monopólicas y abusivos precios y deficiente calidad imperante en el mercado ya no tendrán lugar. La reforma en telecomunicaciones, desde la postura actual de las organizaciones dominantes, plantea nuevas reglas del juego, a favor de la competencia, mejor regulación, la calidad y mejores precios para el público consumidor. Como bien dijo el diputado Manlio Fabio Beltrones al firmarla, no es una reforma contra alguien, sino que es una reforma a favor de México.

1. 5.   XV Congreso Nacional de Institutos y Organismos de Investigación Legislativos.

Los próximos 20 al 23 de marzo, tras los apuntes que en materia de reforma energética sin duda habrán de percibirse en la celebración del 75º Aniversario de la Expropiación Petrolera, habrá de realizarse en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el auspicio del Congreso de aquella entidad, el XV Congreso Nacional de Institutos y Organismos de Investigación Legislativos.

En este Congreso, en el que participan los órganos de apoyo técnico de las Asambleas Legislativas de todo el país, habrán de examinarse los temas de la agenda legislativa nacional y su impacto en las agendas locales, pues en la vorágine de los cambios constitucionales como los referidos líneas arriba, los Congresos de los Estados juegan un rol importante, al integrar el poder constituyente que debe refrendar los cambios constitucionales acordados por el Poder Legislativo Federal.

Los institutos y organismos de investigación legislativos sufren una problemática particular, pues son vulnerables a la excesiva rotación de cuadros políticos que rompen cualquier lógica de trabajo, sobre todo penando en términos de servicios civiles de carrera. Si cada tres años cambian los integrantes de un Congreso (seis en el caso del Senado de la República), siendo común que quienes recién se integran busquen empezar desde cero, desechando todo el conocimiento y experiencia previamente adquirido. El año que recién concluyó incorporó cambios en 13 Congresos, incluidas las Cámaras Federales, en tanto que en 2013, habrá de cambiar la integración de otros 14.

La presión de los cambios de integrantes de los Congresos, una función normal en el proceso de rotación de las élites políticas, provoca también ciclos de recambio entre los investigadores y personal directivo asignado a los órganos de apoyo técnico. Si el azar es favorable y la responsabilidad de los legisladores también, un Congreso puede ganar cuadros significativos en esta rotación; pero si el voluntarismo o cuatismo prevalece, suelen perderse elementos valiosos, al igual que los conocimientos en técnica e investigación legislativa, e inclusive, hasta los acervos bibliográficos o del banco de datos.

De ahí que un problema fundamental para los organismos de investigación asociados en AMEXIIL (la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Investigación Legislativos) sea el lograr establecer un adecuado equilibrio entre esta necesidad de rotación de las élites legislativas, con la estabilidad de un servicio civil de carrera. La investigación legislativa, por su naturaleza y cercanía con los ritmos, tiempos y apremios de las agendas legislativas, reúne condiciones particulares que no pueden ser satisfechas por la investigación académica, que suele disponer de temáticas más amplias, contextos privilegiados y tiempos más largos para realizarse.

De ahí que la formación de investigadores legislativos y su permanencia en el ámbito de los Congresos sea una de las principales tareas a analizar y emprender en el venidero Congreso a realizar en San Cristóbal de las Casas, además de consolidar su Mesa Directiva, cuya presidencia corresponde asumir al maestro Javier Martínez Cruz, Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México.