Antonio Cuéllar

En la discusión de la cosa pública, no puede existir valor más apreciado que el de la libertad de expresión, un instrumento indispensable para conocer la realidad social e identificar las ideas que ayudan a la concepción de ese plan razonable que todo gobierno traza para delinear, a través del derecho, los caminos que conducen al bienestar general.

A lo largo de varias décadas de la segunda mitad del siglo pasado, la intervención oficial del gobierno en los procesos para la designación de la representación política nacional y su sucesión era tan ostensible, que el sentimiento de desconfianza sobre la legitimidad del sistema era un sello indeleble que debilitaba, al final de cuentas, a su primer orquestador.

La aplicación del chayotazo o de la mano dura en contra de los comunicadores y periodistas en lo particular -uno de los recursos utilizados para manipular al colectivo-, condujeron a un desacreditamiento generalizado de los medios y, por ello, de todo el régimen democrático constituido alrededor suyo, que provocó una crisis social cuyo primer estallido comenzó en 1968 y que concluyó materialmente en el año 2000, con la caída del “Partido Oficial”.

Toda esa experiencia, que hoy forma parte de las páginas de nuestra historia, dio lugar a la consolidación de todo un sistema electoral entre cuyos pilares fundamentales se encuentra el de la protección y tutela al derecho a la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho a la información y la libertad de acceso a los medios de información. La prerrogativa constitucionalmente concedida a toda persona para expresar libremente sus ideas y opiniones, en torno de cualquier asunto que le interese, sujeta a la premisa de conducirse con veracidad y siempre que respete el derecho de terceros, es un valuarte de nuestro sistema democrático del que se privilegian no sólo quienes informan y se ven informados, sino México entero.

La noticia difundida la semana pasada sobre los resultados de una investigación hecha por la UIF, dependencia de la SHCP, sobre supuestas operaciones financieras ilícitas destinadas a patrocinar la realización de un programa documental sobre “El populismo en América Latina”, constituye un hecho relevante que viene a poner en tela de juicio el valor y la jerarquía que se debe conceder a la libertad de expresarse y a la libertad de informar, como una parte de nuestro sistema democrático electoral.

Se dice que a través de dicho programa se manipuló al electorado durante el proceso de elección mismo, hecho que según el titular de la dependencia constituye un delito y daña a la democracia.  Extraña resulta la acusación, cuando proviene de una dependencia cuyos privilegios en materia de acceso a la información de particulares originalmente estuvo limitada a la investigación de delitos de terrorismo, narcotráfico y secuestro.  No solamente ahora ésta investigará la trayectoria del dinero para fines vinculados con la delincuencia organizada, sino también en los ámbitos fiscal y electoral.

El punto consiste en definir, ¿qué tanta libertad y qué tanta información se puede o no compartir sobre el gobierno, los partidos y sus candidatos?

La trama ha continuado el fin de semana, pues también bajo la lupa se encuentra la trayectoria del historiador Enrique Krauze y la revista Letras Libres, a los que se acusa de haber recibido dinero de Coppel y Organización Ramírez con el objeto de producir toda una serie de artículos dirigidos a destacar las notas y características populistas y autoritarias derivadas de la retórica empleada en campaña por el hoy Presidente de la República. -Paradójicamente, la entrevista que denuncia el hecho, la nota más compartida a través del Internet, la hizo la periodista Carmen Aristegui, quien habría sufrido por su parte la dolorosa consecuencia de verse despedida de MVS por haber conducido investigaciones contra el entonces Presidente Enrique Peña Nieto-.

En toda la Ley General en materia de Delitos Electorales, no existe disposición alguna que criminalice el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los particulares a favor o en contra de algún partido o candidato, ni dicho tipo delictivo debiera existir, pues si así fuera sería sujeto de proceso cualquier persona que, a través de redes sociales, hubiera expresado su preferencia a favor de uno u otro candidato. Medio país debería de ser procesado.

La cuestión estriba en determinar, entonces, si la falta de información o el exceso de ésta pueden o no ser contrarios al interés público, siempre  alrededor de la premisa esencial de que la democracia y los procesos para la designación de nuestros gobernantes dependen de que la población se encuentre verazmente informada.

El avance de la tecnología y el surgimiento de las redes sociales ha dado cabida a nuevos mecanismos de información para la población, que encuentra en ellos un medio accesible, siempre vivo y gratuito, para acercarse a las plataformas que les resultan más confiables para enterarse del acontecer cotidiano. Esos medios han sido extraordinariamente beneficiosos para la solución de problemas tan graves como los ocurridos con motivo del temblor destructivo del 19 de septiembre de 2017, como igualmente perniciosos cuando se ha tratado de la divulgación de falsedades sobre acciones u omisiones atribuibles al gobierno, o a los gobiernos de los Estados.

Estamos en un punto en el que se debe valorar cuál es el bien tutelado, cuál es la problemática que se enfrenta y qué acciones se deben de emprender para resolverla. ¿Expresión e información contradicen en algún modo el valor de la democracia?

No es la tecnología a través de las nuevas plataformas de la información, ni tampoco es la libertad de expresión de cada ciudadano reflejada en aquellas, incluso de manera desmedida, los que perjudican a la democracia; es la falta de preparación y entendimiento de la ciudadanía sobre el valor de la veracidad y el descuido de la obligación de encontrar medios fiables para acceder a la información.

La realización de pesquisas para la identificación de enemigos y culpables no favorece al Estado Mexicano, no propone la paz y la reconciliación que se pregona, ni pondera el sufrimiento nacional ya atravesado a lo largo del siglo pasado para llegar al estado actual de nuestra participación o intervención en el terreno de la cosa pública.

Constituye un derecho humano preponderante, que se encuentra por encima, inclusive, del interés nacional de contar con un proceso electoral eficiente, el de contar con libertad absoluta para expresar nuestras ideas y opinión con relación a nuestro gobierno, nuestros partidos políticos y sus candidatos.  Cualquier norma o acción pública que lo contradiga, debe juzgarse contraria a nuestra Carta Fundamental y el acuerdo nacional por el que fue ésta promulgada. Cualquier acusación encaminada a criminalizar la libertad de información y de expresión, constituyen en sí mismas la antipolítica… ya la semana que entra hablaremos de la ética en la honrosa labor de informar.

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