Tarde, pero finalmente acertado, el procurador general Jesús Murillo Karam cerró la investigación sobre lo que hoy es oficialmente el homicidio de 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre. Pudo haberle ahorrado al presidente Enrique Peña Nieto y él mismo, 81 días de desgaste donde las fuerzas antagónicas al gobierno levantaron murallas de incredulidad y sospecha sobre la cientificidad de la investigación federal –los cuestionamientos sobre la cadena de custodia-, y sobre los verdaderos autores materiales del crimen –llueven acusaciones contra el Ejército-.
El procurador no aportó ninguna nueva información de relevancia para el caso, aunque corrigió el móvil del asesinato, que no es menor. No se debió a que iban a sabotear el informe de labores de la esposa del ex alcalde de Iguala –los dos presos por el crimen-, como originalmente se informó, sino porque la organización criminal que controlaba la zona, “Guerreros Unidos”, los confundió con sus rivales, “Los Rojos”. El cierre de la investigación sobre el crimen de los normalistas no significa el final del proceso penal. Quedan por llenarse algunas lagunas, aclararse varias inconsistencias y resolverse importantes contradicciones de este caso, cuyo expediente se pasó de maduro en las oficinas de la PGR.
La palabra de Murillo Karam vale menos que el 7 de noviembre pasado, cuando en una conferencia de prensa dio a conocer los generales del caso que le habrían permitido cerrar el caso. Aquél viernes, el procurador informó sobre los autores intelectuales, los criminales, el móvil y el número de personas detenidas hasta ese momento. Jurídicamente, se dijo en este espacio el 19 de noviembre, el caso estaba cerrado, aunque penalmente abierto. Se dejó pasar la oportunidad.
La información con la que concluyó este martes, es la que se tiene desde los primeros días después del crimen, revelada a la prensa el ex fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, el 6 de octubre, donde afirmó que los policías de Iguala habían entregado a 17 normalistas a sicarios de “Guerreros Unidos”, quienes los asesinaron. El informe no mencionó directamente el basurero de Cocula, donde la PGR ubica el lugar donde los asesinaron, pero señalaba que los sicarios se desplazaban por varios municipios, incluido el de Cocula.
Desde que la PGR atrajo el caso, identificó a un miembro de la banda apodado “El Chuky”, como quien dio la orden de asesinarlos. “El Chuky” desapareció discursivamente desde el 7 de noviembre, cuando Murillo Karam describió, con testimonios de varios sicarios detenidos, cómo había sido la detención de los normalistas y su ejecución. Quien aportó los principales detalles que llevaron al procurador a dar por casi cierta la evidencia del asesinato de los normalistas, fue Agustín García Reyes, “El Chereje”. Desde entonces, la PGR identificó a quien dio la orden de asesinar a los normalistas, como “El Cepillo”.
En el cierre del caso, Murillo Karam utilizó el testimonio de “El Cepillo”, Felipe Rodríguez Salgado, capturado hace 10 días, como el determinante para la conclusión, aunque su aportación testimonial tampoco aportó novedades a la investigación. Ni el procurador ni el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, que lo acompañó, explicaron cómo concilian testimonios que señalan en forma contradictoria como el que ordenó la muerte de los jóvenes. Zerón admitió que siguen buscando a “El Chuky”, de quien sólo tienen un retrato hablado.
El caso se cerró sobre la certidumbre de la PGR de los cuatro testimonios de los sicarios de “Guerreros Unidos”, quienes dijeron que entre los normalistas iban tres miembros de la banda rival, “Los Rojos”, cuya participación en los sucesos del 26 de septiembre, fue documentada en este espacio el 19 de noviembre, con base en los mismos testimonios. De acuerdo con las declaraciones de los sicarios, dentro de los normalistas había una célula de 17 rojos. Ese mismo número es el que según los policías municipales a la Fiscalía de Guerrero, les habían ordenado detener y entregar a “Guerreros Unidos”. En ese texto se dijo que la infiltración del narcotráfico en la Normal era una verdad impronunciable para el gobierno. Murillo Karam volvió a negar que tuvieran evidencia de infiltración, que la hace en la única declaración reiterada que no fue tomada como verdad legal al cerrarse el caso.
El misterio de Iguala está jurídicamente resuelto, pero las claves finales no las aportó “El Cepillo”, sino su jefe Sidronio Casarrubias, jefe de “Guerreros Unidos”, quien tras ser capturado el 16 de octubre, se convirtió en el principal testigo de la PGR. Al igual que con los testimonios que hablaron de infiltración de “Los Rojos” –cuya célula recibía órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, diputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac-, el procurador ha ignorado, hasta ahora, la acusación de Casarrubias en contra del gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, a quien identificó como uno de sus protectores.
El procurador Murillo Karam no se metió en honduras, y focalizó el fin del caso como una confusión de los criminales. Ni infiltración documentada del narcotráfico en los normalistas, ni señalamientos contra Aguirre, dos grandes veneros de información para abrir líneas de investigación, que nunca se abrieron. Al gobierno no le interesaba revelar todos los detalles que envuelven al crimen de los normalistas, sino resolver este caso por el que sangra inconteniblemente la nación.
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