El grupo de Guerreros Unidos no se convirtió en un cártel en un día o en un año. La omisión de las autoridades federales y estatales, la ausencia de las instituciones en la región de Guerrero, constituyeron el combustible que alimentó a esta organización.
Esa es la responsabilidad que toca asumir, públicamente, a las autoridades mexicanas. A los gobiernos estatales y cada una de sus instituciones, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), al secretario de Gobernación y al presidente de la República, no sólo de esta administración, también desde Felipe Calderón. La omisión es su responsabilidad, antes del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, durante la noche de Iguala y después, hasta el día de hoy.
Las revelaciones que presentó ejecentral en su pasada edición, sobre los mensajes de texto que la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) siguió, minuto a minuto, desde abril de 2014 hasta octubre de ese año, y que permiten reconstruir lo que ocurrió en la verdadera noche de Iguala, muestran el uso político que ha tenido para Estados Unidos este caso y cómo también en ello han sido omisas las instituciones mexicanas.
Por eso, el fiscal del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, tendría que estar insistiendo, incansablemente, desde que llegó en abril de 2016, a las autoridades estadounidenses para que le entreguen toda la información que poseen sobre Guerreros Unidos y el ataque a los estudiantes.
Y no sólo eso, hace tiempo que debiera estar exigiendo que deporten a México a José Ulises Bernabé García, quien era el juez de barandilla en Iguala y es justo la persona que estaba de guardia en la comandancia la noche en que desaparecieron los normalistas, y ese fue el último punto que se les vio a gran parte de ellos.
Inexplicablemente, la DEA, Migración y el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantienen en retención a Bernabé García, a pesar de que ingresó ilegalmente a su país y la ley les permite deportarlo. Lo tienen bajo custodia a pesar de que está vigente desde junio de 2015 la ficha roja en Interpol, para localizarlo y detenerlo, porque en México existen órdenes de aprehensión en su contra por el secuestro de los estudiantes y su posible vinculación con el cártel de Guerreros Unidos.
El exjuez, que llegó a su turno a las ocho de la noche en las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala y horas más tarde vio a más de una decena de los normalistas, porque los llevaron los agentes. Y como autoridad debió registrar su llegada, tomar sus datos y determinar algún tipo de responsabilidad; en cambio, no dejó registro de la presencia de los estudiantes, la hora y menos quién se los llevó del lugar. Nada, no supo nada, así lo declaró en noviembre de 2014 ante la PGR, cuando compareció como testigo y luego huyó.
En ese momento, los investigadores no sabían de su grado de responsabilidad, fue hasta que meses más tarde, en mayo de 2015, Francisco Salgado Valladares, exjefe operativo de la policía municipal de Iguala, confesó que un grupo numeroso de jóvenes ingresaron a las galeras municipales y fueron sacados después de la media noche “con el consentimiento” de Bernabé García por César Nava, el entonces subdirector de la Policía Municipal de Cocula, Guerrero, y quien tenía a su mando el grupo parapoliciaco de Los Bélicos, financiado y dirigido por el cártel.
A Bernabé García le decían El Gay y las declaraciones lo vinculan directamente a Guerreros Unidos. Su declaración es clave y su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes enorme. Y, nuevamente, Estados Unidos no ha colaborado con México en su caso, pero el fiscal Higuera tampoco lo ha exigido, al menos eso confirman todas las agencias estadounidenses.