¿Y la responsabilidad de Ángel Aguirre Rivero en Iguala y el tema de Ayotzinapa?
Los padres de los desaparecidos, ¿tienen en su fuero interno la convicción de que están vivos, más allá de la entendible necesidad de creer y del duelo enorme…de dos años?
A la primera pregunta habría que responderse a partir del comportamiento de la clase política mexicana: cuando se trata de destruir a un actor político poderoso o hacerlo a espaldas del adversario a cambio de que la responsabilidad no caiga en el terreno de quienes promueven la acusación, quien puede hacerlo…lo hace.
Si efectivamente Aguirre Rivero, gobernador entonces de una de las entidades permanentemente en problemas por temas de desigualdad y violencia política y delincuencial, fue corresponsable en alguna medida de los sucesos del 26 de septiembre de 2014 debió haber sido sujeto de una persecución penal posterior a su debilitamiento y caída.
Como se alcanza a leer de las múltiples revisiones y recomendaciones analíticas y observaciones sobre uno de los casos que contribuyó al desmantelamiento de la imagen del PRD, del presidente Enrique Peña Nieto y, en mucho menor medida y por unos meses, de Andrés Manuel López Obrador quien, se asegura, respaldó tanto a Aguirre como a la familia Abarca, cuya responsabilidad por cierto aún no está jurídicamente aclarada y finiquitada del todo, Aguirre es aún señalado como una de los actores cuyo desempeño debe también retrospectivamente visitarse.
Como es de conocimiento del Ejército Mexicano y de la Marina, Aguirre Rivero entregó constantemente datos e información acerca de la presencia de Los Rojos y de Guerreros Unidos en las reuniones realizadas en Acapulco, Iguala y en la Ciudad de México con personal de inteligencia.
Es probable que algunas variables diferentes e ignoradas hasta la fecha, acerca de cómo se procesan la información de riesgos y amenazas por el Estado mexicano fueron desoídas, ignoradas, desatendidas o subestimadas.
Esto claro, tales datos y observables se agregaron a la información que en materia de actividad criminal conocen las fuerzas armadas desde hace al menos 25 años de los grupos delincuenciales previos incluso al surgimiento de los dos grupos mencionados.
El gobierno federal sabía de la operación de esos grupos como sigue teniendo evidencia de la operación de la escuela normal vinculada a la creación de un proyecto insurreccional que el Estado mexicano en su conjunto considera más conveniente tolerar que atacar.
De la entrega de información de Aguirre desde al menos 2012 se desprendería una de las hipotéticas razones por las cuales el ex gobernador guerrerense no fue sujeto a terminante persecución penal: entregó toda la información útil y oportunamente para la prevención de riesgos al gobierno federal. Mucha anticipación y poca fortuna.
Aguirre Rivero tendría la capacidad de demostrar que así lo hizo. Por ello las cosas parecen quedarse donde están en relación con él.
Respecto de la convicción más intima de los padres de los desaparecidos acerca de su sobrevivencia, las opciones son dos y básicamente dos: o siguen secuestrados después de dos años o fueron ejecutados antes o después y en otro lugar o donde la “verdad histórica defendida” por la PGR establece aún el día de hoy.
Existe el riesgo para el gobierno federal de que la PGR, reabra otra investigación que tendría únicamente la opción de confirmar o rectificar lo cual en ambos casos no parecería abonar nada ni al trabajo forense, pericial y a la evidencia jurídica positiva y menos aún a la percepción de la habilidad política debilitada del gobierno federal para enfrentar temas controvertidos.
Así, seguiremos muchos años planteándonos una discusión de carácter político ideológico antes que de evidencias sustantivas sobre el tema terrible de lo que fue la pérdida/ausencia de jóvenes mexicanos que acompañaron un proyecto magisterial insurreccional y fueron víctimas de grupos delincuenciales en complicidad con personajes de gobierno.
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