Raymundo Riva Palacio.

1ER. TIEMPO: Omisiones en “El Michoacanazo”. Nada podría pintar mejor a Eduardo Medina Mora  como funcionario público que la forma como procedió con el llamado “Michoacanazo”, cuando en mayo de 2009 se detuvo a 11 alcaldes, 16 colaboradores del entonces gobernador Leonel Godoy, y un juez estatal, como parte del desmantelamiento de la red de protección institucional de La Familia Michoacana con el gobierno estatal. Medina Mora era el procurador general, y su oficina debía aportar las pruebas contra ellos. Sin embargo, en la integración del expediente hubo errores, en el mejor de los casos. La Policía Federal  le entregó computadoras que habían  decomisado a las autoridades, donde estaban las nóminas y los pagos a La Familia Michoacana, pero la PGR las entregó al juez apagadas y sin informarle el contenido de ellas, por lo cual nunca fueron tomadas como evidencia. Le facilitó intercepciones telefónicas que aportaban pruebas a la relación de los políticos con los narcotraficantes, pero la PGR tampoco las judicializó, por lo que fueron ignoradas por el juez. La Familia Michoacana se envalentonó y comenzó a cazar a policías federales. En julio capturó a 12 en el municipio de Arteaga y el jefe militar de la organización, Servando Martínez La Tuta, ordenó que el video de su tortura y ejecución se difundiera en las redes sociales. Como respuesta, la Policía Federal acusó el 14 de julio a Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, y diputado electo en ese momento, de ser el enlace de La Familia Michoacana con varios alcaldes de la entidad, y lo detuvo. Ese mismo día, el gobernador Godoy viajó a México para hablar con Medina Mora y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y al terminar el día, el procurador había ordenado al Ministerio Público Federal su liberación. Entre 2010 y 2011, las omisiones de la PGR en la presentación de evidencias hizo que todos los detenidos de “El Michoacanazo” recuperaran su libertad. En octubre de 2012, el Consejo de la Judicatura destituyó a Efraín Cázares López, el juez que dejó en libertad a los alcaldes y funcionarios de “El Michoacanazo”, por esa acción, pero a Medina Mora no lo tocaron. El presidente entrante, Enrique Peña Nieto, lo promovió y lo incorporó a su administración. Godoy Toscano fue acusado de lavado de dinero y se difundió una grabación inculpatoria con La Tuta. Desde 2009 es prófugo de la justicia, pero una vez más, ninguna repercusión sufrió Medina Mora.

2O. TIEMPO: La “Operación Limpieza”. El 2 de octubre de 2008, el principal titular en la primera plana de El Universal debió haber sido la revelación de un operativo dentro de la PGR en contra de prácticamente toda la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pero no se publicó. En la víspera, el procurador Eduardo Medina Mora le había pedido al propietario del periódico, Juan Francisco Ealy Ortiz, que no la publicara, que le diera un mes para investigar y que entonces le daría la información adicional que tuviera. Ealy Ortiz accedió y le abrió toda la puerta a Medina Mora, quien como acto seguido le pidió que le permitiera ver los documentos que tenía el diario. Hubo objeciones a ello por parte de la Dirección Editorial —en ese entonces a mi cargo—, porque eso sería el equivalente a revelar una fuente de información, pero no fueron tomadas en cuenta. Medina Mora llegó acompañado a El Universal de Marisela Morales, a quien había puesto a cargo de la SIEDO, para revisar los documentos. Ella apuntaba todas las referencias que llevarían a descubrir el origen del expediente que había obtenido el reportero Francisco Gómez. Medina Mora actuó para suprimir la información —se enteró de lo que tenía el periódico cuando el reportero pidió la posición oficial de la PGR—, porque se le había salido de control. Lo que había hecho Medina Mora era una purga interna, con el respaldo de Morales, quien no tenía mucho tiempo en haberse incorporado en la SIEDO, acusando a la mayor parte de los mandos de estar vinculados al Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, incluido, de manera muy relevante, Noé Ramírez Mandujano, quien era el responsable del combate a los cárteles de la droga. Medina Mora utilizó para el caso a dos testigos protegidos, “Jennifer”, que lo proporcionó el FBI, y “Felipe”, que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en México. Medina Mora y Morales vieron las lagunas que habían dejado en el expediente que revisaron en El Universal, que había sido obtenido en los tribunales, y buscaron corregir sus fallas de origen. De cualquier forma, en los siguientes cuatro años la “Operación Limpieza”, comenzó a colapsar y finalmente todos los acusados recuperaron su libertad. Aquella operación la definió Medina Mora como la acción anticorrupción más importante del gobierno de Felipe Calderón, y quedó marcada por la forma como se manipuló a testigos protegidos para hacer confesiones ministeriales sin sustento, mentiras y fabricación de evidencias. 

3ER. TIEMPO: El amigo de los gringos. La guerra contra las drogas emprendida por Felipe Calderón se decidió en septiembre de 2006 en una reunión en Cuernavaca, donde el entonces Presidente electo recibió información abultada del jefe de la DEA de qué tanto estaban penetradas las instituciones mexicanas por el narcotráfico. Calderón estaba acompañado por Jorge Tello Peón, quien iba a ser el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, y Eduardo Medina Mora, quien había sido jefe del Cisen y secretario de Seguridad Pública. Medina Mora fue quien la organizó, y el que, pese a no tener una relación institucional tan larga con las agencias de inteligencia estadounidenses como Tello Peón y García Luna, se convertiría en el mejor aliado de Washington en México. La utilización de “Jennifer” y “Felipe” en la “Operación Limpieza” había sido sólo un ejemplo. Pero durante su gestión, la DEA adquirió un papel central en la procuración y administración de justicia, de la mano del entonces procurador Medina Mora, quien les fue abriendo cada vez más y más la puerta. Los ministerios públicos federales fueron siendo relegados de manera gradual para permitir a los agentes de la DEA interrogar a los detenidos por el tema del narcotráfico. Colaboradores muy cercanos de Medina Mora llegaron a participar en interrogatorios junto con agentes estadounidenses, e instruía a los ministerios públicos a hacer las preguntas que les pasaban. La relación que mantuvo con las agencias estadounidenses sólo quedó al descubierto en una que fracasó de manera rotunda, la llamada “Rápido y Furioso”, donde la Agencia de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento del Tesoro, permitió que narcotraficantes mexicanos compraran armas en Estados Unidos, los dejaban pasar por la frontera sin problemas, y vigilaban la ruta del trasiego. ATF perdió el control de la operación y de las armas que supuestamente estaban bajo su vigilancia, terminaron siendo usadas para asesinar, incluso, a estadounidenses. Cuando se acusó al gobierno de Felipe Calderón de haber participado en esa operación, se negó tajantemente. Sin embargo, bajo el mando de Medina Mora en la PGR, funcionarios de la dependencia asistieron a seis cursos y seminarios relacionados con la operación. Si no le dijo nada a Calderón, no fue inusual. Medina Mora hizo muchas cosas por cuenta suya. 

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