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Jueves 2 de octubre, 2014 | 7:26 am

Bache económico

Luis M Cruz | Lunes 3 de junio, 2013
Luis M Cruz

Retrazos en el ejercicio pronto y oportuno de los recursos que se necesitan para enfrentar el bache económico

Retrazos en el ejercicio pronto y oportuno de los recursos que se necesitan para enfrentar el bache económico.

 

1. Bache económico.

 

Cuando todo parecía estar yendo tan bien, de pronto algunas cosas empezaron a salir mal y la economía mexicana entró en un bache económico. La economía dio una muestra contundente de que su desempeño no puede pensarse aislado del resto del mundo y entro en una fase de desaceleración que ha obligado a ajustar no solo las expectativas inmediatas, sino también las bases sobre las que estaría descansando el despegue productivo y social del país.

 

El primer trimestre del año, según reportó el Inegi, significó una reducción drástica en la cifra del crecimiento al 0.8%, cuando debería haber estado al 3.5% cuando menos. Habiendo concluido mayo, la caída en la producción manufacturera ha continuado con el consiguiente efecto en las exportaciones, con lo que es más que previsible que el balance del segundo semestre será tan magro como el primero.

 

En consecuencia, la SHCP debió acusar el golpe de realidad y ajustar la expectativa de crecimiento del año a un 3.1%, que significaría, para lograrlo, crecer en el segundo semestre a una tasa superior al 6%, que no hay indicadores en el resto del mundo de que pudiera lograrse.

 

Las instituciones financieras internacionales como el FMI y la OCDE han recortado la expectativa global de crecimiento al 3%, confirmándose que los Estados Unidos se han desacelerado al 1.9%, la eurozona está en su sexto trimestre en recesión con (-0.2%) y China crece a la mitad que lo hacía hace una década, al 7.5%, con la consecuente baja en el consumo de commodities, sobre todo, petróleo, acero y cobre, productos que han bajado su precio en el mercado mundial con el consecuente efecto en las economías exportadoras de estos bienes, como lo es la mexicana.

 

Crecer poco ha sido una tragedia en los últimos doce años, cuando el promedio de crecimiento de los gobiernos de la primera alternancia no supero el 2%, situación que amenaza ahora extenderse al primer año de gobierno del Presidente Peña Nieto.

 

Para superar el bache hace falta desatar el crédito y el gasto público, en políticas contracíclicas que defiendan el empleo, protejan el ingreso y compensen las pérdidas de las pequeñas y medianas empresas. Se requieren programas de empleo temporal al igual que acelerar el programa de compras de gobierno y adelantar la entrega de los paquetes de ayuda social, por ejemplo, del Procampo y de Oportunidades .

 

Sin embargo, nada de esto está sucediendo. No solo el gasto publico está contenido, reportando Hacienda un subejercicio de 44 mil millones de pesos en el primer trimestre, sino que anunció también ajustes al gasto proporcionales a las pérdidas de ingresos por el menor crecimiento registrado, la fortaleza del superpeso que significan menos pesos por los dólares obtenidos en la venta de petróleo y por ende, la menor recaudación total de unos 50 mil millones de pesos si realmente se lograra la meta de crecer al 3.1%.

 

Y parece ser que nada de una política contracíclicas sucederá al menos hasta después de las elecciones locales del 7 de julio, entrados en gastos como están los partidos de oposición para detener la acción del gobierno con la presunción de efectos de clientelismo electoral. Las exigencias del blindaje electoral del PAN y el PRD podrían acentuar el impacto de la desaceleración mundial en la economía mexicana, al retrasar el ejercicio pronto y oportuno de los recursos que se necesitan para enfrentar el bache económico, lo que hace necesario deslindar las cuestiones de los partidos del desempeño general de la economía. Lo que los ciudadanos necesitan ahora es un acuerdo para que el gobierno actúe a tiempo, sin que las amenazas de los partidos al futuro del Pacto lo pongan contra las cuerdas.

 

2. Elecciones el próximo 7 de julio.

 

En 14 entidades habrá comicios locales el próximo 7 de julio. Salvo en un estado, que es Baja California, se renovaran presidencias municipales y las legislaturas estatales. En Baja, los ciudadanos elegirán también al gobernador de entre el priista Fernando Castro Trenti y el panista Francisco Vega de Lamadrid, ambos con larga trayectoria local.

 

En el pasado reciente, el PRI construyo su retorno a la Presidencia de la Republica sosteniendo su fuerza en las entidades, en donde siempre ha tenido una presencia considerable. Sumando a ello el “efecto Peña”, que le agrega un aspecto carismático a la lógica de saber gobernar, el PRI es imbatible en el interior del país.

 

De ahí que ahora los partidos de oposición busquen construir lo que no quisieron hacer cuando fueron gobierno, es decir, un sistema de dispersión del poder aplicable a las elecciones, bajo el supuesto de que la democracia solo existe si pierde el PRI.

 

En esta lógica del “fraude anticipado”, se busca hacer de la operación de las maquinarias electorales de los partidos una situación de perversión de la democracia, creando fantasmas mediáticos y presunciones en redes sociales de actuaciones en el lindero legal del partido adversario. Así, la presión mediática se convierte en un sucedáneo de las pruebas que debieran presentarse cuando se está violando la legalidad electoral.

 

Por ejemplo, presentar 30 o 40 fotografías, videos o conversaciones entre estructuras políticas no constituye un testimonio de prácticas generalizadas en 14 entidades del país, al menos bajo los estándares de observación electoral de las Naciones Unidas que debieran mostrar un alud de testimonios independientes para corroborar el dicho siempre interesado de los partidos políticos.

 

Lo que los partidos enfrentados al PRI buscan en realidad, es crear un contexto en el que puedan magnificar un rendimiento electoral que, desde la elección federal de 2012, ha sido decreciente. Suponer que la derrota en la elección federal no se debió al hastío de los ciudadanos y a la mala actuación del entonces partido gobernante es equivalente a que la gente ahora votará masivamente por el PAN y/o el PRD olvidando los malos resultados de un gobierno deplorable, que dejó un legado de casi 100 mil muertos en la fallida guerra del narco, 52 millones de pobres y estados y municipios endeudados por el centralismo asfixiante en el ejercicio de los recursos públicos.

 

Anticipando una debacle, los partidos de la coalición perrepan buscan ganar fuera de las urnas el apoyo que los ciudadanos podrían negarles al emitir sus votos. Pocas cosas hacen pensar que la gente respaldará a quienes dieron malos resultados. De ahí que la mejor opción para estos partidos sea desacreditar los comicios, apelando al viejo recurso del fraude anticipado que llena todo de sospechas o peor aún, apelando al recurso del centralismo electoral que sería simplemente insoportable en una estructura federal. En realidad, las elecciones debieran ganarse con argumentos, resultados y votos, no descalificando el proceso o deslegitimando sistemáticamente los resultados.

 

3. Después de los comicios.

 

El día después del 7 de julio, el país deberá seguir su curso en la ruta de las reformas estructurales, las que el país necesita y que fueron convenidas entre el gobierno federal y los principales partidos políticos en el Pacto por México.

 

En el Congreso está en curso suficiente material legislativo como para llamar a varios periodos extraordinarios, tantos como sea necesario para legislar el paquete de reforma financiera; concluir el nombramiento del consejero sustituto de Sergio García Ramírez en el IFE, ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para subsanar la falta de cumplimiento de la ley en que incurrió la Cámara de Diputados al no elegirlo entre cinco aspirantes que reúnen todos los requisitos, como reconoce el dictamen de la Comisión de Gobernación. 

 

Se integraron los grupos de trabajo para elaborar el paquete de reformas legales correspondientes a la reforma constitucional en materias educativa (ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creación del Servicio Profesional Docente y adecuaciones a la Ley General de Educación) y se habrá de hacer lo propio para las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones.

 

Habría materia también con los dictámenes correspondientes a la regulación de la deuda de los Estados y Municipios, en el ámbito de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, así como para establecer la facultad constitucional del Congreso para legislar en materia de un código procesal único y una Ley General Penal.

 

El Pacto por México, que es la plataforma de concertación política convenida por el gobierno federal y los partidos políticos, no ha sido nunca sucedáneo de la facultad legislativa del Congreso. Es una arena para la construcción de acuerdos políticos, que luego deben adquirir la forma de iniciativas de ley sujetas al proceso legislativo de turno a comisión, dictamen, debate y votación en el pleno sucesivamente en cada una de las Cámaras del Congreso.

 

Así ha sido en todos los casos, cumpliendo acuciosamente con todos los pasos del procedimiento legislativo previsto en la Constitución. Por ello, no toda la labor legislativa proviene del Pacto, como sí lo son las iniciativas de los acuerdos fundamentales comprometidos.

 

Del Pacto vendrán otros proyectos de reformas,  como son la energética, la hacendaria y la política y electoral, en donde los detractores del Pacto están trenzados en este momento. Y será en el Congreso en donde se procesen, modifiquen, enriquezcan y eventualmente se aprueben las propuestas, tal y como ha sido hasta el momento.

 

Los resultados están a la vista: ocho paquetes de reformas constitucionales y más de 40 leyes o enmiendas a leyes secundarias tan solo en los dos primeros periodos legislativos.

 

El 7 de julio los partidos deberán rendir cuentas a los ciudadanos de su actuación. Es previsible que el PRI obtenga la mayoría de los triunfos, incluido Baja California, pues ha sido el partido más cercano a las causas populares. Tras ello, el gobierno federal, los estatales y los municipales podrán actuar abiertamente para enfrentar la crisis de la desaceleración mundial, el Congreso proseguir en la ruta de las reformas necesarias y los ciudadanos en la exigencia de resultados y oportunidades de empleo, oportunidades y bienestar. 

 

4. Reforma política y electoral.

 

En la lógica político-electoral de los partidos, la exigencia de adelantar la agenda del Pacto por México y ventilar ahora una reforma político-electoral, ha puesto sobre la mesa el amplio espectro de posibilidades que sólo la imaginación o la realidad política podría limitar.

 

En el Pacto por México, se habían presentado los puntos relativos a crear, en el sistema presidencial, la posibilidad potestativa del Presidente de la Republica para integrar un gobierno de coalición, en cuyo caso se ratificaría si los integrantes del Gabinete en el Senado y se registrarían las políticas públicas convenidas por la coalición gobernante. En caso de crisis de gobierno, esta sería superada por los nuevos nombramientos de secretarios de Estado que realizara el titular del Ejecutivo Federal.

 

En lo que se refiere a una reforma electoral, lo que se convino en el Pacto fue superar las situaciones observadas en la pasada elección federal, llevando a la ley la causal de nulidad por rebase de topes de campaña, la fiscalización durante las campañas, la prohibición de artículos publicitarios, la regulación pública de las encuestas electorales y una mejor distribución y uso de los tiempos en radio y televisión.

 

Se convino asimismo legislar la operatividad de las reformas constitucionales ciudadanas, las famosas “cartas ciudadanas” que nos ponen en línea con la democracia participativa: las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana.

 

Sin embargo, las propuestas que hacen ahora los detractores del Pacto y el eje perrepan, exceden en mucho lo que se había comprometido. La facción del PAN que encabeza Gustavo Madero propone centralizar la función electoral y crear un Instituto Nacional de Elecciones, algo que en ningún Estado o municipio de la Republica Federal que somos ha sido solicitado, simplemente apareció como una exigencia del PAN de Madero.

 

Los detractores del Pacto en el Senado simplemente recogieron las propuestas que se quedaron fuera del anterior ciclo de reforma política en el sexenio de Felipe Calderón y realizaron una gran ensalada con ellas, que aún les falta aderezar pues algunas son contradictorias. Ahí se ven las propuestas de segunda vuelta en la elección presidencial y de gobernadores, la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales, la desaparición del fuero presidencial, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso, el voto de censura y la autonomía del Ministerio Público y hasta el arquetipo del jefe de gabinete y ratificación del gabinete presidencial.

 

En el plano electoral, nada que ver con el centralismo propuesto por el grupo de Madero y si con la idea de profundizar el actual modelo electoral, que por cierto es el que la ONU recomienda en los países en transición como el modelo electoral óptimo, centrado en el uso de dinero público, fiscalizable en todo momento, así como el control estricto del tiempo en medios electrónicos y su distribución equitativa entre los contendientes.

 

Lo cierto es que para abordar estos temas, en los que evidentemente la dispersión sugiere la falta de consenso, se ha instalado una mesa de dialogo en el Pacto por México, como también el eje perrepan del Senado habrá de elaborar y presentar su iniciativa. Es un proceso de larga data, no podría tener un resultado inmediato, pues no se trata solo de mezclar todo lo que está disponible cual ensalada watusi. Se trata de hacer una reforma política y electoral congruente con nuestro desarrollo político hacia la democracia y el respaldo de los Estados y Municipios, como es usual en una Federación.

 

La propuesta del Gobierno, que se ha dicho no existe, si ha sido perfilada en los compromisos firmados del Pacto por México. Ahí está a la vista, no la ven quienes no quieren hacerlo.

 

5. Más instrumentos a la reforma de seguridad y justicia penal.

 

En 2008, hace cinco años, el Congreso aprobó la reforma al sistema de seguridad y justicia penal, que esencialmente lleva el paradigma de la justicia del “presunto culpable” a la presunción de inocencia, la oralidad en procesos penales y la reforma del amparo, todo en consonancia con la más amplia protección a los derechos humanos de otra reforma congruente, como fue la del artículo 1o constitucional en 2011.

 

Ahora, el siguiente paso, como ha explicado el diputado Manlio Fabio Beltrones, es la configuración de un Código de Procedimientos Penales único para todo el país, acompañado, en palabras del Presidente Peña, de una Ley General Penal. Para lograrlo, lo primero será aprobaran en algún inminente periodo extraordinario de sesiones, la facultad constitucional del Congreso para legislar en esta materia. Los resultados los veremos pronto. 

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