El México que con alegría recibe al Papa Francisco, es una Nación que se transforma y trabaja para enfrentar sus desafíos, consciente de su diversidad cultural y de la pluralidad de su espectro político.
- Bienvenido el Papa.
Sin duda, el tema que domina el imaginario colectivo de la semana es el de la visita papal iniciada el 12 de febrero y que habrá de concluir el viernes 19. Como señalara el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, además de su destacado rol religioso, en el que el Papa es el líder de la Iglesia católica, en el plano secular es jefe del Estado Vaticano y un vigoroso promotor de diversos temas de la agenda global de nuestro tiempo, como la paz, la defensa del medio ambiente, la protección humanitaria de quienes escapan de regiones azoladas por la guerra, la lucha contra la violencia del crimen organizado, el daño causado por las adicciones y el tráfico de drogas, el combate de la pobreza y la desigualdad, así como la defensa de los derechos y la protección de los menores y las mujeres, por decir algunas de ellas.
Previamente, desde El Vaticano se había manejado un tono contradictorio, de aspereza diplomática, por los dichos que el Papa Francisco pudiera señalar en nuestro país. Siendo de origen jesuita, su posición suele ser incómoda al poder. Adicionalmente, el Episcopado mexicano ha estado inconforme con la gestión del gobierno mexicano, al que buscarían presionar para obtener lo que están buscando, que es manos libres en asuntos de la conciencia, como son la educación no secular y el acceso a la propiedad de medios de comunicación.
Por otra parte, la percepción pública aún incierta de violencia y menoscabo de Derechos Humanos, más los asuntos de corrupción que siguen trascendiendo en la opinión pública, constituyen el aporte a un discurso social prácticamente revolucionario. Al respecto, la Secretaría de Gobernación ha señalado que la caterva de delitos en nuestro país ha disminuido consistentemente en los últimos tres años, en los delitos que más afectan la sensibilidad pública, como son el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión, insistiendo en el que al Papa le han hecho llegar datos incompletos o distorsionados.
Es comprensible una cierta inconformidad del Papa con el statu quo y la exigencia al Estado mexicano para que asuma responsabilidades excepcionales, como excepcionales se considera son las violaciones acreditables en Derechos Humanos en los casos de Ayotzinapa al igual que otros en Michoacán, Guerrero o Veracruz.
El discurso es previsible que resulte incómodo en tanto refleja la indignación ante el efecto de problemas globales en nuestro país como son la migración, el narcotráfico, la concentración de la riqueza en pocas manos o el cambio climático, por lo que habrán de prevalecer palabras tanto de aliento a los que sufren, como de exhorto en contra de la violencia, la corrupción y la situación de injusticia y pobreza en que aún prevalece en nuestro país.
Lo útil en todo caso de una visita papal de estas características puede ser, como en el judo, el aprovechar la fuerza de su denuncia para sumarle políticas públicas que atiendan esas polémicas, datos y evaluaciones en que se están resolviendo los casos. Si no se responde con información y datos, las denuncias habrán de cubrir el imaginario colectivo.
- 99 años de la Constitución.
En estos días, se realizó en San Luis Potosí el VII Congreso Nacional de Derecho Constitucional, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma DE San Luis Potosí y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Siendo ya el Centenario del Congreso Constituyente (se instaló el 1o de diciembre de 2016), se trajo a colación todo el debate en torno a la vigencia y futuro de la Carta Magna.
Sobre todo ahora que está en curso un Congreso Constituyente para la Ciudad de México, que podría hacer pensar a algunos que si se puede lo menos (una nueva Constitución para la Ciudad de México) entonces también se podría lo más (una nueva Constitución para el país entero).
Ciertamente, a la fecha se han dado 227 ciclos o decretos de reforma constitucional, que han afectado 697 veces la redacción del articulado constitucional, de cuyos 136 artículos solo 27 quedan aún en situación originaria.
Existe la propuesta del texto reordenado y consolidado del IIJ/Unam, que distingue entre textos con materia constitucional y leyes de desarrollo constitucional para descargar en estas las cuestiones reglamentarias o procedimentales, inclusive los artículos transitorios. Es una propuesta académica de excelente factura, coordinada por los doctores Diego Valadés y Héctor Fix Fierro, que de ser asumida, renovaría el vigor y la vitalidad que hasta ahora ha tenido nuestra Carta Magna.
Se habló de continuar con la actual Constitución no obstante las numerosas reformas que ya tiene, lo que hace patente la necesidad de actualizar en muchos casos su redacción y en otros, aligerarla de cuestiones procedimentales como la definición de los tiempos de difusión de los partidos o las actividades que deben realizar los ya numerosos órganos autónomos constitucionales, que bien podrían ser materia de sus leyes orgánicas.
Se dijo que podría darse una reforma constitucional integral vía el procedimiento que establece el artículo 135 o bien, mediante convocatoria a un Congreso Constituyente; y, por supuesto, se aludió también a la salida más retórica para elaborar una nueva Constitución, mediante un Congreso Constituyente convocado ex profeso.
La academia suele ser prolija en generar una tormenta de ideas (brain storm); en la política, parece complicado asumir que éstos sean los tiempos para meterse a una reforma profunda de la Constitución, así estemos ante el Centenario de su vigencia.
En el argumento de que ha sido reformada innumerables veces no se sustenta la necesidad de su cambio; al contrario, lo que revela es su efectividad como mecanismo de regulación de conflictos y creación de acuerdos políticos, para encauzar los cambios por la vía del Derecho.
- Economía y finanzas públicas.
La evolución del entorno económico mundial, cargado de tensiones por la inestable situación de China en su transición hacia una economía más abierta, la profunda caída del precio del petróleo que trae una cauda de ganadores y perdedores, así como la guerra de divisas provocada también por la devaluación del yuan chino, han acentuado la tendencia hacia la prevención y ajuste de expectativas.
Los petróleos de referencia, el West y el Brent, siguen debilitados en su valuación en torno a los 30 dólares sobre todo porque se está registrando una disminución drástica en la perforación de nuevos pozos petroleros, lo que podría contribuir a la disminución del sobreabasto actualmente existente.
En este sentido, el precio de la mezcla mexicana de exportación se ha recuperado un poco, pero en ocasiones se acerca peligrosamente a los 20 dólares el barril y en otras, sube hacia los 26 dólares la unidad.
Empero, dada la conjunción de las otras variables del entorno están planteando, vía las instituciones financieras internacionales y las agencias calificadoras, un ajuste eventual al gasto público.
Podría pensarse, y me parece que así es, que el presupuesto mexicano ya habría interiorizado los principales impactos, como es el ingreso petrolero mediante la contratación de coberturas petroleras en 49 dólares el barril (un buen negocio, pues la previsión del FMI es que se situará en 37 dólares promedio en el año) y la reducción por segunda ocasión del gasto, esta vez por la vía del “presupuesto base cero”, que habría permitido la desaparición o fusión de numerosos programas anteriormente fondeados de manera inercial.
Empero, un ajuste adicional en el gasto estaría planteándose, siguiendo el argumento muy político de que, en esta ocasión, es el Gobierno Federal al que le corresponde ajustarse el cinturón. Ahí vienen ya para el 2017, según anunció el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, algunos miles de despidos en Pemex y la burocracia federal, como también la contención del gasto y reducción de partidas no sustantivas de comunicación, asesorías y gastos de representación, que constituyen el “core” de la austeridad gubernamental.
Finalmente, como lo dijera Janet Yellen, la titular de la Reserva Federal norteamericana, los próximos meses seguirán siendo de incertidumbre y tensiones globales, al indicar que las condiciones financieras globales se habían vuelto menos favorables al crecimiento económico, y de mantenerse así podrían afectar las perspectivas de actividad económica y de empleo no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo, no obstante lo cual la Reserva Federal seguirá contemplando la normalización gradual de la tasa de interés de referencia, pero quizá a un menor ritmo en función de los datos y del entorno de mercado.
- El mito del avión presidencial.
El caso del nuevo avión presidencial le ha servido al proverbial señor López para proseguir la habitual campaña antisistema, asumiendo la aeronave como sinónimo de exceso, corrupción e impunidad; “en 2018 lo vamos a vender”, dice.
Quizá no se ha sabido explicar con suficiencia el costo o razones del nuevo avión, como pudiera ser, por ejemplo, la publicación de la bitácora de mantenimiento de los viejos aviones que causan problemas de seguridad en todos los aeropuertos del mundo, que los sitúan en el rango de alto riesgo para la seguridad del Estado, o los comparativos, manejados en Proyecto 40 por Raymundo Rivapalacio, que permiten ver que ni es el avión más caro, ni se compara con el del sultán de Brunei (que es un Airbus) ni tiene nada que ver con el Air Force One, que son dos aviones muchísimos más caros que el mexicano; por cierto, el Presidente Obama no tiene un avión avión como el mexicano, sino dos, mucho más caros y modernos.
Sin que deje de ser un buen avión, el Dreamliner es un avión apropiado para la seguridad del Estado mexicano y habrá de dar servicio en las próximas dos décadas a sucesivos equipos presidenciales. Fue adquirido, además, por el gobierno de Felipe Calderón, a quien debiera preguntársele en todo caso por qué optó por este modelo y no por algún otro.
- Pensiones de los ex Presidentes.
Las elevadas pensiones que por decreto presidencial de tiempos de Miguel de Lamadrid se otorgan a los ex Presidentes de la República son otro tema que de tanto en tanto genera inconformidad. Es claro que por su naturaleza política éstas no son explicables por cualquier criterio de seguridad social.
La razón principal de su existencia es que los ex Presidentes estarían obligados a retirarse de la vida política. Sin embargo, al diluirse esta regla de exclusión, en donde los ex presidentes Fox y Calderón realizan actividades públicas, profesionales y políticas, esta situación se ha vuelto, sencillamente, un privilegio que, en un mar de desigualdad, parece excesivo, por lo que habría de resolverse de mejor manera en el futuro cercano.