Hannia Novell

Son bandidos, me niego a llamarlos de otro modo. Nada de “huachicoleros”, son delincuentes y como tal deben ser tratados.

Durante los seis primeros meses del año pasado, los medios dimos cuenta del asesinato de dos agentes del Ministerio Público; de amenazas de muerte a presidentes municipales; así como de balaceras en comunidades rurales del estado de Puebla.

Todos estos hechos ocurrieron en una región conocida como el triángulo rojo, conformada por los municipios de Acajete, Amozoc, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Quecholac y Palmar de Bravo. Todos con  un denominador común: por ellos atraviesan ductos de Pemex.

De acuerdo con cifras de la propia empresa productiva del Estado, Puebla se ha convertido en la entidad que concentra el robo de combustible en todo el país. Entre 2011 y 2015, las tomas clandestinas en ese estado crecieron 915 por ciento.

En 2015 se detectaron 815 puntos de ordeña, más del doble que el año previo; y durante el primer semestre de 2016 se localizaron 601 tomas  clandestinas. Esto es casi la tercera parte del total nacional.

Del poliducto que une a Minatitlán con la CDMX, y que precisamente atraviesa esos municipios poblanos, se sustrajeron 800 mil barriles entre octubre y diciembre de 2015, lo que equivale a 128 millones de litros de gasolina. Ese combustible era vendido a cinco pesos por litro a gasolinerías hechizas e incluso a estaciones establecidas. El negocio implica ganancias ilícitas de hasta siete millones de pesos diarios.

Estos datos ayudan a entender la violencia de esta última semana que, insisto, no es nueva, pero que por su crudeza marcó la agenda nacional. Estos delincuentes que realizaban originalmente una ordeña “artesanal” y que robaban el producto con tambos o bidones, dado lo lucrativo de la actividad, han perfeccionado sus técnicas.

De las propias comunidades han contratado a menores de edad, a adolescentes y jóvenes que les sirven de halcones. Han creado sus propios grupos de seguridad a los que han dotado de armas largas. Han generado “fuentes de empleo” en zonas caracterizadas por la falta de oportunidades y la pobreza aprovechando su necesidad.

En diferentes notas realizadas por ADN40 televisión, hemos difundido testimonios de pobladores de estas zonas que se escudan diciendo que son pobres y que el petróleo es de todos.

Con ese falso discurso se engañan y se convencen grupos de que cuentan con el respaldo social en las comunidades donde operan. La semana pasada, los habitantes de Palmarito bloquearon la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 185, además de quemar llantas para exigir la salida de las fuerzas castrenses. Denunciaron que 13 de ellos estaban desaparecidos y responsabilizaron a los soldados.

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, aclaró: son 14 y no estaban desaparecidos sino detenidos por ser parte de estos grupos de bandidos.

Otro caso: en San José Bellavista, el 29 de octubre de 2015, decenas de pobladores intentaron linchar a cuatro militares cuando cateaban bodegas con bidones de gasolina. Fueron desarmados y retenidos durante dos días, hasta que policías federales, estatales y municipales los rescataron.

Lo más grave es que de la ordeña de los ductos han pasado al secuestro y la extorsión. En el primer bimestre del año, en el triángulo rojo fueron robadas 50 pipas, además de que se han multiplicado los levantones con todas las características del narco.

Nada de esto se podría explicar sin la complicidad de las propias autoridades. Es indispensable que los gobiernos federal y estatales acuerden medidas urgentes para frenar a estos grupos que pretenden imponer su ley. Lo ocurrido es una llamada de atención. Si no se apaga este incendio, puede extenderse con consecuencias inimaginables. México corre el riesgo de ser territorio de chupaductos.

@ HanniaNovell
Periodista, reportera y conductora. Premio Nacional de periodismo por su cobertura en Irak y reconocida por el Foro Económico de Davos, como joven líder mundial.

Compartir