Hannia Novell

A dos años de su implementación, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) ha sido víctima de un juicio sumario. A este modelo se le ha responsabilizado del aumento en los índices delictivos en ciertas zonas del país debido a que “ha permitido” la liberación de miles de delincuentes, según sus detractores.

Uno de ellos, quizás el más férreo, es el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hoy candidato plurinominal al Senado de la coalición Por México al Frente. En noviembre del año pasado, antes de dejar el cargo, reveló que en 2015 había en los reclusorios capitalinos 39 mil 223 internos; en 2016, la cifra bajó a 31 mil, y al pasado 3 de noviembre quedaban 28 mil 222.

De hecho, anticipó que para el cierre del año habrían 27 mil presos y, en lo que él mismo consideró “un cálculo aventurado”, detalló que de 11 mil reos liberados, alrededor de tres mil 500 cometieron el delito de robo con violencia.

Incluso, remató que mientras por un lado se aplicaban recortes a los presupuestos de seguridad y por otro lado se liberaba a presos, al final se estaba generando “un coctel muy difícil para la sociedad (…) que puede ser peligroso”.

¿Qué hay de cierto en eso? El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) fue presentado como un “cambio en el paradigma de la impartición de justicia en el país”, cuyos objetivos eran garantizar el debido proceso, el acceso a una justicia pronta y eficaz, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia y la reparación del daño, además de una nueva “racionalidad” para la ejecución de penas, por lo que no todos los delitos debían castigarse con cárcel.

A favor del nuevo modelo, organizaciones como México SOS han sostenido que 60% de los delincuentes liberados son los que estaban en prisión por delitos que no sobrepasaban los cinco mil pesos y que sólo sobresaturaban los penales.

Antes de condenar al NSJPA es necesario reconocer que el antiguo modelo era insostenible pues uno de sus pilares era la corrupción. Es lógico que después de operar durante casi un siglo, era imposible exigir que en sólo 48 meses se eliminaran todos sus vicios.

También es cierto que, en una actitud autocrítica, es indispensable señalar los pendientes, que son muchos para garantizar el éxito del nuevo sistema. Entre ellos la creación de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, un área vital encargada precisamente de evaluar el perfil de riesgo de los detenidos, con el que los jueces podrían determinar la prisión preventiva o la libertad.

Otro elemento fundamental es que a pesar de que desde hace 10 años se contemplaba la creación de unidades de justicia alternativa, defensorías de oficio y áreas de atención a víctimas, no se contrató personal suficiente y capacitado para esas nuevas responsabilidades.

Por último, la policía es el punto más débil del nuevo sistema. Meses antes del 19 de junio de 2016, cuando entró en vigencia el NSJPA en todo el país, 90%de los agentes no estaban capacitados pues sólo habían recibido un taller exprés con los fundamentos básicos, pero sin la especialización necesaria.

Al final, lo preocupante es que ninguno de los cuatro candidatos presidenciales se ha ocupado del tema. Y aquí está uno de los temas de los que depende la viabilidad de la Nación: sin justicia no hay Estado de Derecho, ni inversiones, ni trabajos y sí, por el contrario, una espiral de violencia de la que difícilmente podremos escapar.

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